Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT y miembro del cuerpo de delegados del Sarmiento

La Cámara Federal porteña decidió dejar sin efecto la resolución del juez Martínez De Giorgi en la que procesaba al ex ministro de Planificación Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López, entre otros, por “negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y dádivas” en relación a las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

La “justicia” patronal, avizorando el futuro cambio de gobierno luego de la aplastante derrota de Macri en las PASO, recalcula y se da vuelta como un panqueque. Una costumbre que se extiende a todos los ámbitos.

La nulidad alcanza a la falta de mérito que se había dictado para el primo del presidente, Ángelo Calcaterra y Corcho Rodríguez, entre otros empresarios, “por no haberse corroborado el circuito de coimas”. De rebote, ahora Calcaterra queda “enganchado”, no porque se quiera realmente condenar a los culpables, sino como efecto contrario a la absolución de los funcionarios K.

A raíz del escándalo desatado en Brasil, conocido como Lava Jato, se supo que los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado coimas por 35 millones de dólares a funcionarios argentinos por las obras del Soterramiento entre 2007 y 2014. Obra donde hubo direccionamiento de la licitación a favor del consorcio. A pesar de lo evidente, Macri, que condenaba de palabra la corrupción kirchnerista, le dio continuidad a la obra, hasta que el ajuste pactado con el FMI le impidió continuarla para seguir beneficiando a los otros integrantes Iecsa (Calcaterra ), Ghella (Franco Macri).

El cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento viene denunciando, desde 2006, este gran monumento a la corrupción que es el soterramiento. Manifestando que los corruptos, tanto peronistas kirchneristas como macristas deben ir a la cárcel. Los ferroviarios tenemos claro qué obras de infraestructura son necesarias para mejorar el servicio, hacerlo más seguro, eficiente y con tarifas populares. Por ello decimos que es necesaria la reestatización de todo el sistema ferroviario, carga y pasajeros, bajo gestión de sus trabajadores y usuarios.

El sindicalismo combativo y la izquierda, somos los únicos que levantamos esta propuesta de fondo a favor del pueblo trabajador, que es el que utiliza el sistema ferroviario diariamente. También somos los únicos que exigimos cárcel a De Vido, Calcaterra y demás corruptos, sean políticos o empresarios; porque la coima necesita de los dos. Por todo esto, estimado lector, le proponemos que en octubre vote por el Frente de Izquierda-Unidad.

Laura Marrone (Izquierda Socialista), junto a Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO) presentó en la Legislatura porteña un repudio alasesinato de Jorge Martín Gómez, de 40 años, ocurrido en el barrio porteño de San Cristóbal, quien murió en el hospital Ramos Mejía luego de recibir una patada en el pecho por parte del policía de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Ramírez. Estos hechos fueron de público conocimiento debido al video de las cámaras de seguridad que se difundió en las redes sociales. En el video se ve un gran despliegue que incluye a dos patrulleros, una moto y seis policías para reducir a un solo hombre que según ellos, entorpecía el tránsito.

Este asesinato, se da en el marco del crecimiento de la represión, los abusos policiales y los casos de gatillo fácil, incentivados por el gobierno de Macri y su ministra de seguridad Bullrich. Estos hechos se suman a los abusos policiales cotidianos por parte de las fuerzas policiales en los barrios populares y la criminalización de la protesta social que se viene desarrollando ante las luchas contra el ajuste en curso, como ocurrió días atrás con los docentes y estatales de Chubut.

Desde las bancas del FIT-Unidad repudiamos las declaraciones de Marcelo D’Alessandro, ministro de justicia y seguridad porteño y de Patricia Bullrich, que siguen la línea de la llamada doctrina Chocobar para justificar el gatillo fácil y los abusos policiales, al servicio de fortalecer el aparato represivo en el marco del acuerdo con el FMI. La mayoría automática del PRO en la Legislatura rechazó nuestro repudio al asesinato policial, incluso negándonos la palabra para evitar pagar un costo político mayor. Pero tuvo que aprobar un pedido de informe sobre el accionar policial ese día que termino con la muerte de una persona. Exigimos el juicio y castigo a los responsables de este crimen.

Una persona con demencia senil murió tras ser golpeado por la seguridad de Coto. Una manifestación de vecinos autoconvocados repudiaron el accionar de la empresa, reclamando justicia.

Escribe Laura Marrone, legisladora de Izquierda Socialista/FIT y candidata a Diputada Nacional por CABA

Vicente Ferrer tenía 68 años y sufría demencia senil. Vivía solo en un departamento del barrio de San Telmo, en Ciudad de Buenos Aires. El 27 de agosto murió por traumatismo craneoencefálico y hemorragia cerebral luego de ser reducido por dos empleados de la seguridad privada del Supermercado Coto de su barrio. A Vicente lo persiguieron por haber sustraído una botella de aceite, 500 gramos de queso y chocolate, por un valor que no superaba los 900 pesos.

Al día siguiente, más de 300 vecinos indignados se autoconvocaron en las puertas del supermercado para expresar su indignación por la actuación de Coto. Cubrieron de carteles las paredes del local y llenaron la acera de velas en señal de repudio y dolor.
Vicente vivía la violencia que sufren tantas personas mayores, jubilados con ingresos mínimos o directamente sin jubilación y que ya no tienen para comer, pagar servicios o comprar medicamentos. Jubilados que pasan hambre y hasta frío, a veces para no gastar en gas. Son casi 4,5 millones los que cobran la jubilación mínima de 11.520 pesos, apenas 6,6 dólares por día, la mitad de una hora de trabajo de un empleado doméstico en Estados Unidos.

A Vicente lo mató la violencia que una empresa poderosa como Coto ejerce sobre sus empleados para que defiendan su mercadería, a los golpes si es necesario, bajo amenazas de despidos y sanciones. Alfredo Coto, su dueño, posee la cadena más importante de supermercados nacionales, con más de 120 sucursales. Con una fortuna de 1.100 millones de dólares y una facturación anual de 53.000 millones pretende que sus empleados sean patovicas de la mercadería contra todo intento de hurto. Cuando existieron peligros de puebladas como en la crisis del 2001, exigió a sus empleados que pernoctaran en los locales munidos de palos de hockey para defenderlos de posibles asaltos.

A Vicente lo mató la violencia represiva con que la empresa de Seguridad Dogo Argentino, contratada por Coto y dirigida por ex policías forma a los vigiladores para que defiendan a los golpes y a tiros, si es necesario, la propiedad de las grandes empresas y supermercados, aun de pequeños hurtos de los que no tienen para comer. Solo en la Ciudad de Buenos Aires hay 560 empresas de seguridad y 22.400 vigiladores habilitados para tareas de seguridad, 900 de los cuales pueden usar armas.  Con la desocupación y la crisis las empresas de seguridad privada se tornaron un negocio floreciente.

A Vicente lo mató la Doctrina Chocobar de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Cuando la ministra otorga impunidad a las fuerzas de seguridad que mata por la espalda o a patadas está alentando a que esta doctrina se extienda también a las fuerzas de seguridad privada que hoy equiparan en número a las de la policía en la Ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 26.000 policías, un promedio de 873 por cada 100.000 habitantes, una cifra que triplica las recomendaciones de las Naciones Unidad de 300 por cada 100.000. Junto a la seguridad privada son casi 50.000 personas dedicadas a tareas de vigilancia.

Represión y violencia son las respuestas del gobierno y los empresarios a una población cada día más empobrecida y postergada. La reacción de los vecinos de San Telmo, sin embargo es un llamado a no naturalizar la violencia que la política de ajuste y hambre de este gobierno provoca sobre la población. 

Escribe José Castillo

Otra vez el FMI está de visita en la Argentina. Se reunió primero con el equipo económico del gobierno. Nada excepcional salió de ese encuentro: el ministro Hernán Lacunza aseguró que cumplirá estrictamente con las metas de ajuste pactadas en el acuerdo del año pasado y se mostró confiado en que el FMI desembolsará la próxima cuota del préstamo, que muchos analistas sostienen que está “en duda”.

Pero la “perla” era, sin duda, la reunión con el equipo económico del Frente de Todos, que fue presidida por el propio Alberto Fernández. Tras la misma, el Frente de Todos emitió un comunicado donde parece criticar tanto al gobierno de Macri como al Fondo: “Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”.

Quizás algunos compañeros puedan pensar que “por fin” Alberto Fernández se ha decidido a enfrentar al FMI. Nada más alejado de la realidad. El propio comunicado sostiene que “coincide con los cuatro objetivos principales del acuerdo con el FMI: recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública”, escondiendo que “coincidir” con los objetivos del Fondo es una lavada de cara para avalar el plan de ajuste del organismo.

Lo que sucedió es que la misión del FMI trató de que Alberto Fernández se hiciera corresponsable de los números del ajuste que debe presentar el gobierno para que se dé el visto bueno a la nueva cuota que debe enviar el organismo. Fernández, que ya le ha dado garantías de “gobernabilidad” a Macri no puede “firmar” como presidente antes de las elecciones y por lo tanto, deslinda esa responsabilidad ante el Fondo hasta que asuma. Donde sí continuará el acuerdo con el FMI, planteando una renegociación en los términos establecidos por el organismo (que incluye las reformas laboral y previsional). El FMI sigue cumpliendo su rol de “virrey” de la economía argentina. Una prueba más de que la única salida es romper con este organismo y dejar de pagar la deuda para resolver las más urgentes necesidades populares, como lo planteamos desde el FIT-Unidad.

Escribe José Castillo

Macri había planteado antes de las elecciones que, en la semana inmediata posterior, se reuniría el Consejo del Salario para discutir el aumento del salario mínimo, hoy en 12.500 pesos. Este monto es una auténtica vergüenza: no llega a cubrir la canasta de indigencia y es el más bajo de toda Latinoamérica con la excepción de Venezuela. Se trata de un valor de referencia muy importante: muchos trabajadores en negro o tercerizados cobran ese monto. A partir de su valor se calcula el piso en numerosos convenios y, por lo tanto su aumento impacta sobre otras categorías salariales.

La CGT, por boca de Daer, había dicho hace unas pocas semanas (incluso antes de la brutal devaluación) que había que subir el monto a 31.000 pesos. Claro que, inmediatamente descartó que estuviera siquiera en estudio cualquier planteo de paro general. Todo cuando era un secreto a voces que el gobierno de Macri se preparaba para fijar un “aumento” de apenas 18.000 pesos.

Pero ahora, con una inflación desbocada, el gobierno directamente decidió postergar la reunión del Consejo, en principio para el 30 de agosto. La medida no es inocente: ya cualquier cosa que salga de dicha reunión no se cobrará en setiembre. En concreto: incluso el más miserable de los aumentos para los trabajadores con salarios más bajos no se cobra al menos hasta octubre. ¡Cuando todos los aumentos están impactando ahora!
¡El aumento del salario mínimo debe cubrir el costo de la canasta familiar, hoy en 48.000 pesos! Es obvio que el gobierno y las patronales directamente se ríen ante este planteo. Por eso sólo lo podremos imponer con la movilización. La CGT y las CTA tienen que romper con la tregua que le dan al gobierno con la excusa de la gobernabilidad y llamar al paro de 36 horas y a un plan de lucha. No se les puede pedir a los trabajadores que esperen a diciembre para algo tan básico como comer. La exigencia es ahora.