El gobierno acaba de aplicar un nuevo ajuste contra los jubilados. Alberto Fernández sigue los consejos del FMI. Un “ahorro” para pagar la deuda.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández miente descaradamente al afirmar que con los jubilados “no hay un ajuste”. Vamos a los números concretos, 2,7 millones de jubilados tendrán un aumento menor al que le hubiera correspondido de acuerdo a la ley de movilidad derogada por el nuevo gobierno peronista en diciembre pasado. Todos tendrían que haber percibido un aumento de 11,56%. Sin embargo, aquellos que tienen jubilaciones y pensiones desde 16.195 pesos para arriba cobrarán sustancialmente menos.

Así, los que cobran 20.000 pesos recibirán apenas 9,8% de aumento perdiendo 352 por mes en comparación a lo que hubieran cobrado con la fórmula original. Los que cobran 30.000, dejarán de cobrar 1.278 mensuales, ya que para ellos el aumento será menor aún, de 7,3%, y así sucesivamente. Y nótese que estamos hablando de jubilados que, en todos estos casos, cobran menos que la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría en 38.000 pesos. Eugenio Semino, titular de dicha Defensoría ha denunciado que con los sucesivos cambios de fórmula jubilatoria, los jubilados ya han perdido más del 20% de sus haberes.

La “justificación” del gobierno es que buscó “priorizar” a los jubilados que cobran la mínima. De esta manera, los que en la actualidad reciben 14.067 pesos pasarán a cobrar 15.891, un incremento de 12.96%, o sea 197 pesos más que con la fórmula derogada en diciembre. ¡La famosa “mejora” o “prioridad” no llega a 200 pesos por mes! El kilo de pan, comprado con la tarjeta alimentaria, está a 65 pesos: un jubilado de la mínima tendrá el “privilegio” de comprar tres kilos más de pan. A eso se reduce todo.

Lo concreto es que el gobierno se “ahorra” de pagar 5.500 millones de pesos por mes. Aun restando otros aumentos (como AUH o asignaciones familiares, que salen de la misma caja), el ajuste es de 5.100 millones mensuales. De marzo a diciembre son 10 meses: 51.000 millones de pesos que les correspondían a los jubilados e irán a las manos de los usureros de la deuda.
Pero la cuenta es peor aún: en junio se deberían volver a ajustar las jubilaciones, ahora por otro 14%. Pero, como la ley de diciembre derogó la fórmula, otra vez será reemplazada por alguna “suma fija” similar a la actual. Ya sabemos cómo terminará esto: el gobierno le volverá a robar a los jubilados otros 50.000 millones de pesos.

Todos estos números son tan claros que incluso fueron calculados por el Centro de Economía Política (CEPA), consultora cercana al oficialismo (ver https://centrocepa.com.ar/informes/244-el-impacto-del-aumento-de-las-jubilaciones-en-marzo-de-2020.html). Claro que, ante la difusión pública de estos datos, la propia consultora y el presidente Fernández salieron a decir que “se los había sacado de contexto” y empezaron a “sumar” otros montos para tratar de justificar que no había existido tal ajuste. Pero ni aun así lo lograron: incluso si sumamos el bono por dos meses que se les pagó a los que percibían la mínima, el gobierno terminará pagando en concepto de jubilaciones 50.000 millones de pesos menos que lo que hubiera resultado si se ajustaba como marcaba la ley.

En la campaña electoral Alberto Fernández había prometido: “el 10 de diciembre vamos a aumentar un 20% las jubilaciones”. No pasó. Como vemos, ni siquiera se cumplió con los reajustes previamente establecidos. A los jubilados se los “reperfiló” a la fuerza. ¿Para qué? Sobre esto no caben dudas: para “ahorrar” para tener fondos para pagar la deuda. El mismo gobierno que dice que “no hay ajuste” para la tribuna, al mismo tiempo se reúne con el FMI y los acreedores externos y, en el marco de la renegociación de la deuda, les pone como ejemplo de que están haciendo los deberes todo lo que están “ahorrando” por haber eliminado la cláusula de reajuste jubilatorio.
Los jubilados vienen cobrando importes miserables desde siempre. Cristina, cuando era presidenta, llegó a vetar una ley que establecía el 82% móvil. Macri les robó escandalosamente con el cambio de fórmula en diciembre de 2017. Ahora, cuando por única vez esa fórmula iba a resultar favorable, Alberto Fernández la deroga y la reemplaza por este “aumento”. Otra vez pierden los jubilados. Por eso decimos: ¡basta de robo! Plata para jubilaciones, no para la deuda. Exigimos un aumento de emergencia para que ningún jubilado cobre menos que la canasta de la tercera edad (38.000 pesos), que se apliquen las fórmulas indexatorias que corresponden, y de allí en adelante, el 82% móvil de acuerdo al salario en actividad.

Escribe José Castillo

Algunos analistas, buscando defender al gobierno, han desempolvado viejas discusiones. Sin ponerse colorados, empiezan a utilizar los mismos argumentos que hasta hace pocos meses usaban quiénes justificaban a Cambiemos.
Dicen que no se pueden aumentar las jubilaciones porque el sistema “está quebrado” debido al aumento de la esperanza de vida, que ese es un problema mundial, que los actuales pagos jubilatorios son insostenibles porque hay apenas 1,5 activos por cada pasivo, etcétera.

Son todas mentiras. El Anses tiene problemas de financiamiento, es cierto. Pero se debe centralmente a que, desde los años ‘90, Cavallo y Menem redujeron sustancialmente los aportes patronales. ¡Y ninguno de los gobiernos posteriores los repuso! También a que más del 30% de los trabajadores lo hace en negro, y por lo tanto sin aportes, con la vista gorda y hasta la incentivación por parte de los distintos gobiernos, que incluso tienen trabajadores en negro en sus propias plantillas del estado. Y finalmente a que la caja del Anses (incluyendo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad) está siendo sistemáticamente usada para cualquier otra cosa además de lo que debería ser su utilización exclusiva: con ella se pagó deuda en la época del kirchnerismo, se llegó a realizar préstamos a empresas multinacionales (como la General Motors) y se la llenó de bonos basuras. ¡Y durante la presidencia de Macri el Fondo perdió el 30% de su valor!
En síntesis: reponiendo los aportes patronales, eliminando el trabajo en negro, haciendo que los fondos del Anses y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se usen exclusivamente para las jubilaciones y pensiones y, por sobre todo, dejando de pagar la deuda externa, alcanzaría y sobraría para que los jubilados cobren por encima de la canasta de la tercera edad y para que sus haberes se ajusten de acuerdo al 82% móvil.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni se animó a un poco más. En medio del indignante ajuste y rebaja de las jubilaciones dijo en un programa de radio que “no sería un disparate” que una mujer se jubile a los 65 años en vez de los 60 actuales. “En algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar pensando en algún sistema gradual”, dijo el titular de Trabajo que supuestamente debe velar por las y los trabajadores.

Escribe Mariano Barba

La proliferación de asentamientos auto convocados es la respuesta que buscan miles de familias neuquinas que no pueden acceder a un lote o vivienda dado los valores inmobiliarios sobrevaluados por la proximidad del yacimiento Vaca Muerta.  El reclamo es viable de resolverse si con la lucha se impone el loteo social de miles de hectáreas fiscales bajo administración del estado municipal, provincial y nacional que existen en el ejido de la capital. ¿Por qué no se destinan esas tierras a viviendas y loteos a precio de fomento? Porque tanto la actual intendencia a cargo del Movimiento Popular Neuquino, como la anterior a cargo de Cambiemos, se reservan los lotes para hacer negocios inmobiliarios con amigos del poder e inversionistas privados que están aterrizando en la provincia por lo atractivo de Vaca Muerta.

Una parte de las tomas están asentadas en esas tierras fiscales y otras en terrenos abandonados que pertenecen a familias millonarias de la zona que las recibieron a valores insignificantes y hoy pretenden hacer gran negocio inmobiliario.  Los vecinos ocupantes tienen gran claridad de esta situación por eso insisten en que se le entreguen esos terrenos, o se los traslade a otros con todos los servicios, de lo contrario están dispuestos a  permanecer en los mismos y exigir la provisión de los servicios públicos básicos como el agua, la luz, el gas y cloacas. El gobierno solicitó el desalojo de las ocupaciones y desde la fiscalía donde se tramita una mediación exige que dejen las tierras e impide que ingresen distintos elementos para consolidarse. Como respuesta los vecinos se han organizado con delegados por sectores y permanecen en los terrenos meticulosamente trazados donde aspiran a construirse su casa.

Desde la banca de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad ejercida por Angélica Lagunas y la actividad de varios compañeros estamos acompañando a los vecinos en la gran rebelión por la tierra porque es parte de un reclamo central en esta provincia rica en gas y petróleo pero con más del 30% de pobreza. Varios proyectos presentamos en el concejo deliberante, entre ellos, el más importante, es la exigencia de declarar la Emergencia Habitacional que disponga de la construcción de los servicios públicos y entregar dos mil lotes semestrales a las familias empadronadas en las tomas y a las que figuran en los listados del registro provincial de aspirantes a una vivienda. Y para la toma asentada en terrenos baldíos abandonados pero de propiedad  privada exigimos que sean expropiados por razones de utilidad pública para la construcción de las viviendas de los ocupantes. La lucha está en pleno desarrollo.
    

Condenado en 2011 a 22 años y 6 meses de prisión por crímenes de lesa humanidad solo cumplió 8 años de condena. Fue liberado a pesar de las pericias que lo consideran un peligro para terceros. Reside en Nother 602, Dto1, Adrogué.
Viernes 21 de febrero a las 17. Convocan organizaciones políticas y sociales.