Escribe José Castillo

Mientras afuera del Congreso se desataba la represión, el gobierno se apuraba para lograr la aprobación del proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados. La urgencia se debía a que este viernes se reúne el directorio del FMI y Macri debe llegar con los “deberes” hechos.

El peronismo, una vez más, cumple el rol de sumarle los votos que necesita Cambiemos para que el proyecto de presupuesto 2019 sea aprobado. No nos debe llamar la atención. Es lo mismo que han venido haciendo desde el mismísimo comienzo del gobierno de Macri. Así fue que, en su momento, Cambiemos logró aprobar el pago a los fondos buitres, los presupuestos 2017 y 2018 o el ajuste contra los jubilados de diciembre pasado.

En este caso, el apoyo de la oposición peronista era una exigencia del propio FMI. Por eso Macri acordó previamente con los gobernadores, que ya no solamente ajustaban en sus propias provincias, sino que firmaron acompañar el acuerdo con el Fondo.
Por supuesto que el gobierno no necesitaba que todos los bloques en que está dividido el peronismo en el Congreso votaran afirmativamente. Así, tal como pasó otras veces, hubo una “división del trabajo”.
Estuvieron los diputados del peronismo federal, cercano a los gobernadores, que incluso acompañaron con su firma el dictamen de Cambiemos para que llegue al recinto y se pueda hacer la sesión. El miércoles, los legisladores de San Luis dieron la nota de entrada, siendo los que le garantizaron el quórum a Cambiemos para que pudiera dar comienzo a la sesión.

A partir de ese momento comenzó la larga sesión, llena de discursos de todo tipo. Hubo inflamadas intervenciones de muchos diputados, que denunciaron retóricamente el ajuste, mientras ayudaban a que avanzara la sesión y Cambiemos se acercara al objetivo de lograr la aprobación.
Incluso en el momento en que se desató la represión en Plaza Congreso se generó una crisis que obligó a parar la sesión. Se montó un show televisivo de una pelea entre Massot (PRO) y Filmus (Unidad Ciudadana). Posteriormente los bloques peronistas hicieron lo posible por “tranquilizar todo” y que se pudiera continuar con el tratamiento del presupuesto. El propio diputado kirchnerista Agustín Rossi pidió que terminara la represión porque… ¡había que continuar la sesión! Sostuvieron esa posición a pesar incluso de la posición provocadora de Elisa Carrió, que respaldó abiertamente que se atacara a los manifestantes.

A posteriori se escucharon fuertes discursos opositores de los diputados del Frente para la Victoria, del Frente Renovador de Massa y del nuevo interbloque conformado por los ex renovadores Felipe Solá, Daniel Arroyo y Facundo Moyano, junto con el Movimiento Evita y Victoria Donda.
Claro que todos ellos, cuando se les pregunta cuál es la salida, proponen “renegociar” el acuerdo con el Fondo y los pagos de deuda.
Nadie, salvo los diputados del Frente de Izquierda, dijeron lo obvio: que la única salida era repudiar este presupuesto, votarlo en contra y romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y poner en marcha un programa alternativo de emergencia que priorice las necesidades populares.

Escribe Pablo Almeida, Delegado general ATE Mecon

Una enorme movilización expresó el repudio a la aprobación del presupuesto del FMI. Una vez más la respuesta del gobierno de Macri fue desatar una feroz represión. Lamentablemente, la CGT no se movilizó ni se pronunció frente a esto. Más que nunca, es necesario que la CGT y las CTA llamen al paro general de 48 horas y a un plan de lucha contra el ajuste.

En las semanas previas la bronca venía creciendo desde abajo. Era masivo el repudio al proyecto de presupuesto 2019, que achica todo, salarios, jubilaciones, salud, educación, obra pública y todas las partidas sociales al servicio de aumentar astronómicamente los pagos de deuda externa, tal como exige el FMI.
La CGT, una vez más, jugó un rol central traicionando la lucha. No llamó al paro, lo que hubiera permitido una movilización mucho más masiva. Y, por supuesto, tampoco convocó a marchar. No dijo una palabra durante todo el día, ni siquiera cuando todos los canales de televisión mostraban casi en cadena la brutal represión del gobierno.
Por su parte, Moyano y el Frente Sindical para el Modelo Nacional tuvieron una presencia casi formal. Es que donde verdaderamente se jugaron a movilizar había sido el sábado anterior en la misa de Luján (ver nota en esta página).
Sin embargo, y a pesar de todos estos hechos que buscaron quitarle masividad a la convocatoria, se dio una muy importante jornada de lucha contra el ajuste. Hubo movilizaciones en Buenos Aires y en el interior del país, como Córdoba donde se cortó el puente Centenario desde la mañana.
En Capital, el martes se movilizaron los movimientos sociales, que confluyeron en un acampe frente al Congreso. El miércoles desde temprano estuvieron en la calle los docentes, que cumplían un paro de 24 horas llamado por Ctera, con un fuertísimo impacto en todo el país. Marcharon del Congreso al Palacio Pizzurno, donde se realizó un acto denunciando el ajuste del presupuesto educativo y de ciencia y técnica, el cierre de programas educativos nacionales y el congelamiento del incentivo. Posteriormente la columna de Ctera marchó hacia la 9 de Julio. Lamentablemente, la burocracia de Ctera no confluyó a Plaza Congreso ni planteó continuidad alguna para continuar la pelea.

También hubo paro de ATE, que aportó importantes columnas que se dirigieron a la Plaza Congreso.
A partir del mediodía decenas de miles de trabajadores se fueron acercando, hasta que todas las zonas aledañas al Congreso estuvieron cubiertas de manifestantes. Muchos más se hubieran sumado en las horas siguientes si no se desataba la feroz represión. Millones más lo siguieron por televisión, indignados por lo que se votaba adentro del Congreso y por lo que sucedía afuera.
El sindicalismo combativo, que venía convocando desde hacía varios días, aportó una importante columna. Estuvieron presentes los ferroviarios del Sarmiento con el Pollo Sobrero y el resto del cuerpo de delegados, trabajadores del Sutna, médicos de la Cicop, docentes de Ademys, los Suteba Multicolor, Amsafe Rosario, AGD-UBA, entre otros. Marcharon las CTA, los bancarios y otros gremios. Los movimientos sociales aportaron fuertes contingentes de compañeros. El FIT, al igual que el resto de las fuerzas de izquierda, ocupó un importante espacio frente al Parlamento.

Feroz represión y cacería de manifestantes

Ya desde el día anterior, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había comenzado la provocación anunciando que “había anarquistas que llamaban a quemar el Congreso”. Cuando los primeros grupos empezaron a llegar se conocieron denuncias de que, misteriosamente, se encontraron “bolsas de restos de materiales de la construcción”, evidentemente colocados por los servicios de inteligencia en las calles.

Después del mediodía comenzó la represión, que rápidamente se transformó en una auténtica cacería sobre todas las columnas. Lo hicieron con camiones hidrantes, disparando gases lacrimógenos y balas de goma. Grupos de motociclistas de la policía atacaron a decenas de cuadras a trabajadores que se estaban retirando, e incluso “cazando” y deteniendo a casi treinta manifestantes, entre ellos dirigentes de Astilleros, de Télam, del Suteba Ensenada, ATE y de movimientos sociales como la Garganta Poderosa, de los que exigimos su inmediata liberación.
La situación fue tan grave que terminó generando una crisis dentro del propio recinto del Congreso. El jefe de la bancada de PRO en Diputados, Emilio Monzó, tuvo que aceptar que se llamara a un cuarto intermedio en la sesión y decir que “hemos decidido terminar con esta situación (la represión) y garantizar el derecho de manifestarse de la gente. Nos van a enviar el listado de los detenidos”, reconociendo explícitamente lo brutal y descontrolada de la represión que estaba llevando adelante el gobierno.

¿Cómo la seguimos?

La represión sólo generó que aumentara más aún la bronca. La CGT, el gran ausente en la plaza, tampoco dijo una palabra en todo el día, ni sobre el propio presupuesto ni acerca de la represión.
Toda esta indignación y la fuerza de la movilización que vimos en Plaza Congreso ahora se tiene que transformar, más que nunca, en organización para seguir peleando. Tenemos que discutirlo con los compañeros en cada lugar de trabajo, hacer asambleas allá donde sea posible y sacar pronunciamientos de los cuerpos de delegados, exigiéndole a la burocracia de la CGT, a Moyano y el Frente Sindical para el Modelo Nacional y a las CTA que se convoque a un paro general de 48 horas, con movilización a Plaza de Mayo y un plan de lucha contra el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

Escribe Gabriel Massa

Por no pagar lo que debían al Estado por la concesión del Correo Argentino entre 2001 y 2003 los Macri acumularon una deuda de 300 millones de pesos. Por los intereses y actualizaciones desde entonces la deuda sumaba el año pasado más de 4.000 millones.

El propio gobierno de Cambiemos (con pleno conocimiento del presidente) negoció con representantes del Grupo Macri en 2016 un acuerdo por el que se le hacía una quita de 99% a su deuda. El 1% restante se pagaría en quince cuotas con un interés anual de 7%… hasta el año 2030. Esto provocó en su momento un enorme escándalo nacional y una denuncia de la fiscal Gabriela Boquín, que terminó obligando a anular el acuerdo.

Ante las repercusiones y repudios el gobierno se vio obligado a iniciar una investigación administrativa. La investigación fue realizada por la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación, que publicaron resoluciones donde afirman la “inexistencia de irregularidades en el acuerdo entre el Gobierno y el Correo” y la “inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno”. Cumplida esta formalidad, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña publicaron un decreto por el que dieron por terminada la investigación administrativa, tras estas dos resoluciones de dos organismos del Estado controlados por el macrismo.

Mientras tanto la cuestión sigue en la Justicia. Desde fines del año pasado está en manos del juzgado federal del juez Ariel Lijo, que lleva adelante una causa penal en la que está involucrado Macri, el ex titular del Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad y otros funcionarios que intervinieron en el acuerdo. El juez tenía un plazo legal de cinco días para expedirse, pero hasta ahora no sacó ninguna resolución.

Por otro lado, el Grupo Macri reclama el pago de una indemnización de 2.300 millones de pesos más intereses por supuestos perjuicios que sufrió al ser expropiado el Correo por el gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, pretende que el Estado le pague tanto o más de lo que debe por el Correo.
Todo esto demuestra que la pretensión de que el gobierno de Cambiemos lucha contra la corrupción de políticos, jueces y empresarios es puro cuento. Macri encabeza una camarilla de empresarios tan corruptos y ladrones como los Kirchner. Y maneja a la Justicia y los jueces a su antojo tal como lo hizo el gobierno de Néstor y Cristina.

El Correo es un caso más de corrupción, que involucra directamente a la familia del presidente. Tal como venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, todos los corruptos deben ir presos y devolver lo robado. Esto vale también para el Grupo Macri, que hizo su fortuna saqueando al Estado con la obra pública y negociados como el del Correo.

Franco Macri, el padre del actual presidente, era nieto de un ministro de Obras Públicas de Benito Mussolini. Cuando cayó el gobierno fascista italiano, la familia tuvo que huir de ese país. Franco vino a la Argentina. Trabajó un breve tiempo de albañil. Pero hábil para las relaciones, logró casarse con la hija de una familia de la oligarquía agropecuaria de Tandil, los Blanco Villegas.

Durante la dictadura del general Onganía en los años ´60 y junto con su familia política, creó una empresa mixta, estatal-privada, que controló las exportaciones de carne. Luego fundó Impresit-Sideco, en asociación con Fiat. Por sus vínculos con funcionarios de la dictadura militar de entonces, logró incidir en decisiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ganando varias licitaciones para el diseño y construcción de plantas industriales, eléctricas, puertos, viviendas y otros proyectos.

En los años ´70 bajo el gobierno de Perón, Franco estableció una estrecha relación con José López Rega, lo que le permitió ganar licitaciones para la construcción de viviendas y expandirse a otros negocios, incluyendo la banca.
Luego del golpe de 1976, con su holding Socma, los Macri también fueron beneficiarios de importantes licitaciones bajo la peor dictadura de nuestra historia. Entre las obras que realizó se encuentran: la represa Yacyretá, la construcción del puente Misiones-Encarnación y las centrales termoeléctricas de Río Tercero y Luján de Cuyo. En la misma época se hizo cargo de la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires con Manliba. También tuvo participación central en la filial argentina de la empresa Fiat, donde llevó a cabo cierre de plantas y despidos masivos.
Hacia el final de la dictadura, con Domingo Cavallo al frente del Banco Central, las empresas de los Macri se beneficiaron -como tantos otros grupos empresarios- con la estatización de su deuda, por un valor de 170 millones de dólares. Al comienzo de la dictadura eran siete las empresas de Socma. A su finalización, más de cuarenta.

Pero ahí no terminaron sus negocios ni su asociación con el Estado. Entre 1974 y 1987 (gobierno de Alfonsín) las empresas de los Macri recibieron 85 millones de dólares en subsidios del Estado.
Macri y su padre estuvieron en 1993 al frente de una operación con la firma Sevel de venta de autopartes e importación de autos de Uruguay, por la que luego serían acusados de recibir ilegalmente reintegros y otros beneficios indebidos.
Además, durante la década del ´90 participaron activamente de las privatizaciones de Menem. El caso más notorio es que tuvieron a su cargo el Correo Argentino entre 1998 y 2003. El gobierno de Néstor Kirchner lo expropió debido a que los Macri no pagaban el canon por la concesión desde el año 2000, llevando a la empresa a la quiebra.

Durante el gobierno kirchnerista, junto con la brasileña Odebrecht, entre otras, la empresa IECSA de los Macri se hizo cargo del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, un verdadero nido de corrupción por las coimas y sobreprecios asociados a la obra.
El actual presidente Mauricio Macri, hijo de Franco, ocupó altos cargos de dirección en varias de las empresas del grupo. En particular participó de un gran número de operaciones con el exterior y, a partir de las informaciones divulgadas por el escándalo conocido como Panama Papers, se le atribuye la propiedad de por lo menos cincuenta sociedades no declaradas en distintos paraísos fiscales. Mediante ellas realizaron transferencias de cientos de millones de dólares de la familia al exterior.

Editorial

Macri tuvo que terminar retrocediendo frente al intento de cobrarle a los usuarios una “compensación” a favor de las empresas gasíferas por la devaluación. Fue un auténtico papelón. Después que el secretario de Energía Javier Iguacel y el propio presidente habían salido públicamente a defender la medida tuvieron que dar marcha atrás ante el repudio creciente. Después todos trataron de despegarse. Dujovne, que estaba en Bali (Indonesia) en la Asamblea Anual del FMI dijo que “él no sabía nada y se enteró al subir al avión”. Los socios radicales de Cambiemos posaron por un segundo de “opositores” y se pronunciaron en contra proponiendo que se haga cargo el Estado. Iguacel, el nuevo secretario de Energía que venía supuestamente a reemplazar al “desgastado” Aranguren con todos los apoyos de parte de los pulpos petroleros y gasíferos, repentinamente quedó sólo y continúa en su cargo debilitado, colgado de un pincel.

Al mismo tiempo asistimos a la idas y venidas de la pelea de Elisa Carrió con el propio Macri, donde primero anunció que iba “a echar” al ministro de Justicia Germán Garavano, acusándolo de mafioso y socio de Daniel Angelici (el dirigente de Boca y operador judicial de Macri), luego pasó a decir que “era un chiste”, después “se durmió” ostentosamente mientras hablaba Macri en un acto, para finalmente terminar presentando el juicio político contra el ministro. Carrió se muestra como “la garantía de la lucha contra la corrupción” en un tiro por elevación directo contra el gobierno. Por supuesto que la dirigente de la Coalición Cívica también es muy selectiva en cuanto a quién acusa de corrupto: a Angelici y a Calcaterra sí, pero en su momento defendió a Macri de los Panama Papers y nunca dijo una palabra sobre los negociados que lleva adelante el Banco Central con los dólares y las tasas astronómicas al servicio de los bancos. Si le agregamos el capítulo en la Corte Suprema de Justicia, con los encontronazos entre el ex presidente Ricardo Lorenzetti y el nuevo presidente Carlos Rosenkrantz, tenemos el mapa completo de la crisis en que está sumido el Poder Judicial macrista. Todo esto no es sino una demostración de que la Justicia sigue siendo la de siempre, al servicio de las patronales y con camarillas, algunas oficialistas y otras opositoras peleándose por los distintos puestos de poder en los juzgados. Carrió refleja a los sectores medios desencantados con este gobierno, por eso critica para retenerlos, reflejando la crisis de Cambiemos y que ningún sector es mejor que el otro, ya que todos son parte del mismo gobierno.

No son los únicos conflictos internos que recorren al macrismo: Patricia Bullrich cuestiona a Carolina Stanley, diciendo que con los planes sociales “se financian las marchas y piquetes”. La propia gobernadora Vidal se hace “la comprensiva ante la cuestión social” y busca despegarse mediáticamente de Macri (lo que no le impide cerrar por decreto la paritaria docente). Vidal juega en tándem con la Iglesia Católica, que busca cumplir un rol de “contención social” y llama al diálogo a dirigentes sociales y sindicales. Son todas señales de un gobierno sumido en una crisis política profunda, que se acrecienta al calor de la indignación contra el ajuste y la carestía de la vida y que ya genera bronca y decepción no sólo en los trabajadores (que ya hace rato rompieron con el gobierno) sino en la propia base social de clase media de Cambiemos.

Macri lidera un gobierno cada día más débil, pero con un objetivo clarísimo y que lo trata de cumplir a rajatabla: continuar con el ajuste y cumplir al pie de la letra las exigencias del FMI. Y las consecuencias de esto las sufrimos todos los días. Esta semana acaba de subir nuevamente el pasaje de los colectivos y trenes de Capital y Gran Buenos Aires. Ya cargar 100 pesos en la SUBE no alcanza más que para un par de días. Este miércoles se conoce la inflación oficial de septiembre, que orillará el 7%, la más alta desde la hiperinflación de 1991. Se siguen publicando datos de cómo se derrumba el consumo popular. Y todos los días nos enteramos de nuevos despidos.
Para avanzar con la aplicación del ajuste el gobierno tiene claro cuál es el paso que sigue: la aprobación del presupuesto 2019, donde está “el corazón” de las medidas de recorte contra el pueblo trabajador. El FMI exige la aprobación rápida de esta ley con el apoyo de los gobernadores y legisladores de la oposición peronista.

El retroceso del gobierno con la “compensación” del gas dio un aliento. Fue una demostración de que, si peleamos, se pueden conseguir cosas. Eso fortalece la lucha de los docentes de la provincia de Buenos Aires, de los médicos de la Cicop y de todos los que están saliendo a exigir la reapertura de las paritarias, como sucede ahora con camioneros y metalúrgicos.
El problema, una vez más, son las direcciones burocráticas. El jerarca de la CGT Héctor Daer, ante la presión de abajo, se vio obligado a decir a regañadientes que “probablemente tengamos que llamar a otro paro antes de fin de año”. Por supuesto sin dar ninguna precisión. Moyano, por su parte, llama a ir a “rezarle a la Virgen de Luján”, junto con Sergio Palazzo y el conjunto del sindicalismo alineado con el kirchnerismo. Todo muy alejado de cualquier medida contundente para enfrentar el ajuste.

Lo más importante de los próximos días se producirá el 24 en el Congreso. Ahí se pondrá en juego el circo parlamentario entre los partidos patronales para aprobar el presupuesto. Esa es la exigencia del FMI: llevar adelante un ajuste que no es sólo del gobierno nacional, sino también de todos y cada uno de los gobernadores. Los distintos bloques en que está dividido el peronismo en el Congreso cumplirán su rol, algunos votando a favor y otros absteniéndose haciendo que aparezca “el número” de diputados que necesita el gobierno para aprobar la ley. ¡Será todo un show que tenemos que repudiar!

Ese día habrá paro de Ctera y tanto las CTA como el sector de Moyano y Palazzo anuncian que se movilizarán. El sindicalismo combativo y la izquierda llaman a marchar masivamente y transformar esa jornada en un auténtico hito en la movilización contra el ajuste y de repudio al FMI. Al mismo tiempo que planteamos que tenemos que oponerle un plan económico alternativo, obrero y popular, que comience por romper con el Fondo, dejar de pagar la deuda externa y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares. En el marco de que la salida de fondo pasa por pelear por otro gobierno, de los trabajadores y la izquierda.
El 24 tenemos que ser decenas de miles y desbordar la plaza del Congreso. El Frente de Izquierda llama a marchar masivamente. De ahí tiene que salir con mucha fuerza la exigencia de un paro general de la CGT y las CTA por 48 horas, con movilización a Plaza de Mayo y el lanzamiento de un plan de lucha nacional contra el ajuste. Organicémonos desde fábricas, oficinas, colegios y facultades para concurrir masivamente. Es la tarea de la hora.