Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde Izquierda Socialista repudiamos la proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner para que sea candidata. Lo hacemos sin ocultar nuestras diferencias políticas y su responsabilidad en los casos de corrupción que existieron bajo su gobierno.

Una periodista me preguntó días atrás si nuestra posición contra la proscripción se fundamentaba en que Cristina era inocente. Respondí que no es inocente y que nuestro partido denuncia desde hace años sus causas de corrupción.

El crecimiento vertiginoso del patrimonio de la familia Kirchner estuvo directamente ligado a los negocios compartidos con Lázaro Báez, quien pasó de ser empleado bancario a convertirse en dueño de Austral Construcciones. Este entramado de corrupción derivó en causas judiciales que llevaron a la cárcel a varios funcionarios del entorno de Cristina Kirchner, entre ellos su ex secretario de Obras Públicas, José López, quien ocupó ese cargo durante los doce años de gobiernos kirchneristas.

Lo que señalamos es que, pese a ello, rechazamos los fallos judiciales que, a través de leyes burguesas, proscriben políticamente, como en este caso a Cristina Kirchner, impidiéndole ser candidata de por vida para ejercer cargos públicos y quitándola del padrón electoral, atacando también el derecho de quienes la quieren votar y no lo pueden hacer. Rechazamos estos fallos, leyes y distintas disposiciones que atenten contra los derechos democráticos elementales. Por eso estuvimos en contra, junto al FIT Unidad, del proyecto de “Ficha Limpia”: fallos y leyes que pueden ser usadas contra la izquierda y contra quienes luchan.

Decimos entonces no a la proscripción. Y lo hacemos sin dar ningún apoyo político a Cristina ni al peronismo, ni cuando gobernaron ni ahora. Muchas compañeras y compañeros peronistas consideran que la causa fue armada; respetamos esas opiniones, aunque no las compartimos. Lamentablemente, posturas como las del PTS, que repiten que se trata de una “causa armada”, alimentan ese razonamiento equivocado. Se amparan en la teoría del lawfare, según la cual todo sería un complot judicial orquestado por Estados Unidos contra gobiernos supuestamente populares. Esa mirada sugiere que esos gobiernos patronales tendrían algo de progresivo, cuando en realidad gestiones como las de Lula Da Silva, el MAS en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador o el propio kirchnerismo han gobernado para los de arriba. Es cierto que el imperialismo manipula y saca rédito en estas situaciones, y que estos casos forman parte de disputas entre sectores burgueses. Pero eso no borra que los hechos de corrupción existieron y existen.

Luchar contra la corrupción capitalista en todos los gobiernos

La corrupción es inherente al sistema capitalista. Basta repasar hechos ocurridos en Argentina y en otros países, tanto bajo gobiernos patronales de derecha liberal como de centroizquierda. En nuestro país, puede recordarse la estafa con “los pollos de Mazzorin” durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, o la voladura de la fábrica militar de Río Tercero bajo el peronismo de Carlos Menem, con el objetivo de ocultar la venta ilegal de armas a Ecuador. Otro ejemplo es el de Fernando De la Rúa, quien murió sin ser condenado por el escándalo de la Banelco, utilizado para hacer votar una ley de flexibilización laboral. Luego vino Macri, que nos endeudó con el FMI por 45 mil millones de dólares. Hoy esas políticas se profundizan con el gobierno ultraderechista de Javier Milei, que encabeza lo que ya se denuncia como una nueva estafa cripto.

Esto tiene también un correlato internacional. Actualmente, el presidente “socialista” del Estado Español, Pedro Sánchez, enfrenta denuncias por hechos de corrupción que involucran a ministros y referentes del PSOE. En Panamá, el ex presidente derechista Ricardo Martinelli fue condenado por lavado de dinero. En Francia, uno de los casos más recordados es el del ex mandatario de derecha liberal Nicolas Sarkozy, también condenado por corrupción. Y así podríamos seguir.

La corrupción es una lacra más del capitalismo, cuyos distintos gobiernos avalan o directamente integran, con el objetivo de favorecer a grupos empresarios, multinacionales, al capital financiero y también a los políticos patronales. La combatimos, al mismo tiempo que rechazamos la utilización de fallos judiciales para proscribir y atacar derechos democráticos, denunciando el uso selectivo de leyes burguesas según la conveniencia de esta justicia patronal. Una justicia que no juzgó ni condenó a Macri y que todavía no se pronunció ante la estafa cripto de Milei. Se trata de un fallo funcional al gobierno, que avanza con medidas profundamente antidemocráticas, como la transformación de la Policía Federal en un “FBI argentino” o los permanentes ataques al periodismo y a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta.

¿Más peronismo o Frente de Izquierda?

Con estas consideraciones ratificamos el rechazo a la proscripción que impide a Cristina ser candidata. Al mismo tiempo, sostenemos que la herramienta política para enfrentar a la ultraderecha no es el peronismo, que ya gobernó con pobreza e inflación, como lo hizo el gobierno de Alberto y Cristina, y que hoy permite el avance de la motosierra de Milei con una CGT que continúa pactando con el gobierno. No es cierto, como afirma el PJ, que “a Milei se lo combate con más peronismo”. Por eso seguimos planteando que el Frente de Izquierda Unidad representa una alternativa política que pelea por un cambio de fondo.

Mientras levantamos la voz contra la proscripción, desde Izquierda Socialista seguiremos luchando contra este sistema capitalista explotador y corrupto, postulando un gobierno de las y los trabajadores y una Argentina socialista.

La Corte Suprema ratificó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. Lo hizo en un año electoral, a días de que la ex vicepresidenta y titular del PJ anunciara su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires. Repudiamos esta proscripción, más allá de nuestras diferencias que mantenemos con Cristina Kirchner y las políticas del peronismo.

Estamos en contra de toda decisión judicial o política que cercene elementales derechos democráticos, como en este caso, como así también todo ataque contra las y los luchadores sindicales, sociales, ambientalistas y pueblos originarios. Estos jueces cortesanos no tienen ninguna autoridad jurídica, política, ni moral para hacerlo. Jueces a quienes no los elige nadie (por eso deben ser elegidos por el voto popular), viven en el privilegio, ganan sueldos millonarios y tienen cargos vitalicios.

Nos oponemos a esta proscripción, mientras denunciamos que esta justicia no dice una palabra ante los hechos corruptos que se dieron con Macri (vaciamiento del Correo, negociado con el soterramiento del Sarmiento o el endeudamiento por 45.000 millones de dólares con el FMI). O ante Milei, dejando correr el pacto entreguista y corrupto que firmó con el FMI a través de un DNU o su participación directa en la estafa cripto.

Señalamos que este fallo de la Corte va en consonancia con la política ultraderechista de Milei, que persigue al periodismo, reprime a las y los jubilados, tildó de 'terroristas y golpistas' a quienes nos movilizamos contra la Ley Bases, blinda con fondos millonarios a la SIDE para perseguir a opositores, gobierna a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, veta leyes que se logran con la movilización de distintos sectores y abraza a genocidas del pueblo palestino, como el sionista Benjamín Netanyahu, entre tantas otras barbaridades.

Estamos en contra de la proscripción de Cristina Kirchner y lo hacemos desde una política de independencia de clase. De esa manera venimos enfrentando a los gobiernos peronistas kirchneristas. Denunciando sus entramados de negocios capitalistas corruptos con la obra pública, donde Lázaro Báez pasó de empleado bancario a tener 300 propiedades y 400 mil hectáreas. Esta corrupción también se vio con el festival de subsidios que recibía la patronal de TBA y el Grupo Cirigliano del ferrocarril Sarmiento, plata que no iba a las unidades, lo que hizo colapsar el servicio, ocasionando en 2012 la masacre de Once con 52 muertos y 800 heridos, mostrando que la corrupción mata.

No hay que olvidar los planes económicos que se aplicaron en los años kirchneristas bajo el rótulo de la “redistribución de la riqueza”, mientras se pactaba con la Barrick, Chevrón y era pagador serial de la deuda externa. Donde se judicializó la protesta social, metió preso a nuestro dirigente combativo ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero acusado falsamente de quemar trenes, se impuso el espionaje de la Gendarmería a través del “Proyecto X” y la propia Cristina Kirchner siendo presidenta designó al represor Milani al mando del Ejército. O más recientemente ante el desastroso gobierno de Alberto y Cristina, que por pactar con el FMI, dejó un 42% de pobreza y un 211% de inflación, al mismo tiempo que pedía el voto “para combatir a la derecha”. Sin olvidar también que Cristina Kirchner vetó el 82% a los jubilados y actualmente percibe jubilaciones millonarias.

Mientras repudiamos la proscripción contra Cristina Kirchner, llamamos a unir las luchas contra el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI, en especial por un aumento inmediato de salarios y jubilaciones, contra los despidos y los recortes en discapacidad y las universidades, en defensa de la salud y la educación pública. En función de ello, como se reclama desde cada lucha, exigimos a la dirigencia peronista de la CGT que rompa el pacto con el gobierno y apoye los reclamos en curso, como la emblemática lucha del Garrahan, convocando a un nuevo paro general de 36 horas y a un plan de lucha nacional. Al mismo tiempo que llamamos a fortalecer al Frente de Izquierda Unidad para pelear por una salida de fondo, en las calles y en las elecciones.

Comité Ejecutivo Nacional de Izquierda Socialista

12-6-25

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad 

Un nuevo escándalo protagonizado por el facho de José Luis Espert se viralizó tras la filtración de un video grabado durante un encuentro de Comunicación Política que se desarrollaba en la Universidad Católica Argentina (UCA). En las imágenes se puede ver al diputado libertario relatando un supuesto diálogo con Florencia Kirchner, en el que afirma haberle dicho: “¿Y? ¿Cómo no vas a estar amargada si sos la hija de una gran puta? Hija de una gran puta”.

Rápidamente, el auditorio repudió los dichos de Espert y comenzó a exigir que se retirara del lugar. “Tomatelá, tomatelá”, se escuchaba entre los asistentes. El diputado respondió con ironía: “No sabía que estaba politizado esto”, e intentó defender su postura: “Yo solo conté lo que hice, nada más que eso. [...] Soy muy natural, así como he tuiteado en los últimos días que Cristina Fernández es una gran chorra, como la Corte Suprema lo ha definido”. Su comentario encendió aún más el clima. En otros videos se puede escuchar al público gritar: “¡Que se vaya, que se vaya!”. Finalmente, Espert tuvo que abandonar el encuentro.

La viralización del hecho llevó a que la UCA emitiera un comunicado en el que “repudia las expresiones agraviantes realizadas por el diputado nacional Espert, quien expuso en el panel legislativo con pluralidad de participantes”, y aclaró que no fue responsable de la organización del evento.
Repudiamos el uso de términos cargados de misoginia, como “hija de puta”, utilizados como si fueran un insulto.

Las declaraciones de Espert no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de un discurso atravesado por el odio, las amenazas y una orientación claramente misógina y fascista. No olvidemos que, ante las críticas del Frente de Izquierda al protocolo antipiquetes, había tuiteado: “Cárcel o bala”. También se ha manifestado reiteradamente a favor de la baja de edad de punibilidad, diciendo aberraciones como: “A los delincuentes tenés que llenarlos de agujeros” o “transformemos en queso gruyere a un par de estos delincuentes”. Este personaje repudiable será uno de los principales candidatos de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, y lo enfrentaremos con todas nuestras fuerzas.

Escribe José Castillo

Se trata de un nuevo megaendeudamiento, lo mismo que ya había hecho Luis Caputo como ministro de Mauricio Macri en 2018. Ahora lo repite al servicio de Javier Milei. Va a terminar igual: antes que tarde, la deuda impagable volverá a hacer volar la falsa estabilidad por el aire. 

Milei y su ministro de Economía  han lanzado desde hace unos dos meses un verdadero festival de nuevo endeudamiento. Con un objetivo concreto: “aguantar” el dólar, generando una falsa sensación de estabilidad que dure, por lo menos, hasta que termine el cronograma electoral en octubre.

El show de la nueva deuda

Todo empezó con la aprobación en abril de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares. Que tuvo un desembolso inmediato de 12 mil millones (y ahora habrá 2 mil millones más). A esto se sumaron 2 mil millones más de nueva deuda con otros organismos financieros internacionales (concretamente el Banco Mundial, el BID y la CAF).

Aprovechando este aval político del imperialismo, Caputo salió a buscar nuevos préstamos, ahora entre los pulpos especuladores privados. Así consiguió un REPO (Repurchase Agreement) donde una serie de bancos (Santander, BBVA, Citi, JP Morgan y Morgan Stanley) le hacen un préstamo de corto plazo al gobierno de Milei por 2 mil millones de dólares, con una tasa de interés de 8,25% anual en dólares (la más alta del mundo). Posteriormente el gobierno anunció que ya tiene negociado con los mismos bancos otros préstamos REPO de acá a fin de año por un monto total de 6.000 millones de dólares.

A esto se sumó que Luis “Toto” Caputo emitió un bono (o sea más deuda) llamado BONTE 2030 (el número refleja el año de vencimiento de esa deuda) por otros 2 mil millones de dólares. Escandalosamente, estos bonos pagan una super tasa de 27,5% anual, y encima tienen una cláusula donde los compradores pueden exigir la devolución de la plata prestada por adelantado en 2027 (al final del mandato de Milei, para cubrirse de cualquier eventual derrota electoral del presidente). Unas semanas después, el ministro de Economía volvió a emitir 5 mil millones de dólares más de esos mismos BONTE 2030.

A todo esto hay que sumarle la emisión de 10 mil millones de dólares en otros bonos, llamados BOPREAL (que escandalosamente los especuladores lo compran con pesos pero al vencimiento lo cobran con dólares), destinados a empresas extranjeras que quieran remitir a sus casas matrices utilidades o dividendos.

Si sumamos todo esto, nos da que Caputo comprometió nueva deuda externa argentina por un monto cercano a los 45 mil millones de dólares.

¿A dónde fue toda esta plata?

Evidentemente ni un dólar de todo esto fue para salud, educación, vivienda, ciencia o técnica o para salarios o jubilaciones. Al contrario, para garantizar a los pulpos acreedores que van a cobrar se redobló la apuesta de la motosierra con más ajuste, despidos y cierre de organismos.
¿Acaso, entonces, ese dinero fue a acumular reservas en el Banco Central? Apenas unos centavos, los estrictamente necesarios para el próximo vencimiento importante de deuda (en julio vencen 4.300 millones). El gobierno dibuja reservas formales por 40 mil millones de dólares, pero las reales, las efectivamente disponibles están negativas en -7 mil millones. 

Entonces cabe la pregunta: ¿dónde está esa plata? 

Se la están gastando para sostener artificialmente el dólar y así dar la imágen de “estabilidad” y de que pueden evitar que se les dispare la inflación. Los dólares se usan para el mercado financiero (léase fuga de capitales) y también para bancar la ficción del dólar barato, con la ola de importados que empezaron a entrar y van camino a reventar la industria nacional o a financiar a los sectores privilegiados que están viajando al exterior (de hecho desde enero a hoy la cuenta de turismo dio negativa en 9.300 millones de dólares, un monto equivalente a todos los dólares que pueden entrar por exportaciones de gas y petróleo).

Recordemos que en el último trimestre del año pasado, el gobierno de Milei ya se había comido otros 20 mil millones de dólares, en ese momento provenientes del blanqueo. Ahora, Caputo trata, casi desesperadamente y hasta ahora sin lograrlo, que la clase media se desprenda de los “canutos” de dólares guardados en el colchón. Incluso acaba de anunciar que desde ahora los capitales especulativos que entren al país (y que hasta ahora debían permanecer como mínimo 180 días), ya no tendrán restricción alguna. Toda una invitación, junto al nuevo blanqueo, a la entrada de dinero narco, de la trata o del tráfico de armas.

Los números no cierran por ningún lado. El gobierno de La Libertad Avanza apuesta a usar todos estos nuevos dólares para “aguantar” hasta octubre. Aún cuando lo logre, se enfrentará después a los nuevos pagos de deuda. En 2026 habrá vencimientos por 20 mil millones y entre 2026 y 2031 serán 25 mil millones promedio por año.

Plata para la deuda o para las necesidades populares

La política de Milei no es novedosa: endeudarnos para pagar deuda, y así seguir alimentando la bola de nieve impagable de la deuda externa, que se continúa pagando con un super-ajuste (la famosa “motosierra”) a costa de la marginación y el hambre del pueblo trabajador y el saqueo de nuestras riquezas. El propio ministro Luis Caputo fue el mega-endeudador, con herramientas muy parecidas, durante el gobierno de Macri. Pero esto tampoco se inventó en ese momento: viene desde la dictadura genocida y luego fue avalado y pagado por todos los gobiernos posteriores, sin excepción.

Nuestra postura, la de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, es exactamente la opuesta: dejar de pagar inmediatamente la deuda externa, romper con todos los condicionamientos políticos y económicos que nos atan al FMI y volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, educación, salud y vivienda. 

Escribe José Castillo

El ultraderechista Javier Milei festejó que el índice de precios al consumidor de mayo fue del 1,5%, el número más bajo desde la pandemia. La Libertad Avanza afirma que ya “le ganaron la batalla a la inflación”.

Esto es falso. Primero, porque el gobierno celebra una inflación mensual que, en otros países del mundo (incluidos los de América Latina), equivale a la inflación de todo un año. Segundo, porque ya se anticipa que el índice de junio será más alto. En la primera quincena del mes, los precios de los alimentos volvieron a subir. Según datos de la consultora LCG, en la segunda semana de junio los alimentos y bebidas aumentaron un 1,7%, con subas destacadas en aceites (5,9%), verduras (4%) y carne (1,3%).

¿Por qué este índice fue menor que meses anteriores?

Es necesario analizar detenidamente un conjunto de causas. Una de ellas es que, desde abril, el gobierno sostiene artificialmente un dólar barato, a costa de mayor endeudamiento y del despilfarro de reservas.

También se están pulverizando, a niveles nunca vistos, los salarios y las jubilaciones. No se trata de un efecto colateral, sino de una política explícita de Milei: impedir que cualquier paritaria sea homologada por encima del 1%. En otras palabras, garantizar que los salarios sigan perdiendo sistemáticamente frente a la suba de precios. Esta dinámica provoca un derrumbe en el consumo. Solo en mayo, las ventas de productos de consumo masivo cayeron un 3,2% respecto a abril. Un dato de color que ilustra esta realidad: las ventas minoristas por el Día del Padre bajaron un 1,7% en comparación con 2024, que ya había registrado una caída del 10,2% frente a 2023.

Por otro lado, se verificó, en términos estadísticos, una desaceleración en el aumento de los alimentos durante mayo en comparación con los dos meses anteriores.

¿Significa eso que los precios bajaron o que ahora están accesibles? En absoluto: están carísimos. Lo que ocurre es que en marzo ya habían registrado un incremento muy fuerte (del 5,9%), siendo uno de los principales factores que empujaron la inflación general de ese mes al 3,7%. Esa suba previa eleva la base de comparación y da una ilusión de contención que no se traduce en el bolsillo.

En síntesis: el dato estadístico del 1,5% no resuelve el drama de la carestía. Millones de familias trabajadoras no llegan a fin de mes, o lo hacen endeudándose para poder comprar comida. Por eso es urgente un aumento de emergencia que garantice que nadie cobre por debajo del valor de la canasta familiar, estimada por las y los trabajadores de ATE Indec en 1.820.000 pesos, y que debe actualizarse automáticamente cada mes según la inflación. Para lograrlo, tenemos que exigirle a la CGT que rompa su tregua con el gobierno y llame a un nuevo paro general, de 36 horas y a un plan de lucha para enfrentar la motosierra de Milei.