Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

Desde Unión por la Patria se ha lanzado una campaña planteando que el voto al actual ministro de Economía es la única forma de enfrentar el avance de la derecha. No es así. La candidatura de Massa y el voto al peronismo en estas elecciones no es garantía en absoluto de enfrentar a Milei y Bullrich.

Por supuesto que preocupa el crecimiento de la extrema derecha de Milei, con su plan “motosierra” de quitar todos los derechos al pueblo trabajador, o con su propuesta de dolarización que no se trata de otra cosa que de pulverizar al extremo los salarios, las jubilaciones y cualquier otro ingreso, para que pasemos a ganar “monedas de dólar” por mes. Patricia Bullrich y su economista estrella, Carlos Melconian, no prometen nada mejor: hablan de ajuste, dicen que va a ser “doloroso” (para las y los trabajadores, ya que para ellos seguro que no) y reconocen que promueven reformas laborales y jubilatorias que, sin duda, son recortes de derechos y conquistas de décadas.

Frente a esta realidad, ¿es Sergio Massa la alternativa, como plantean desde Unión por la Patria? Empecemos por el principio. Hay un punto que une profundamente a los tres candidatos patronales, seguir cumpliendo con el ajuste del FMI y los pagos de deuda. El propio Massa lo reconoció en el acto de la semana pasada en Tucumán, una especie de “relanzamiento de campaña”, junto a gobernadores y otros dirigentes: “vamos a pagarle al FMI”. La cuestión es clara, si se va a seguir cumpliendo con el Fondo, entonces toda otra promesa de “redistribución de la riqueza”o “mejora salarial”, es sencillamente mentira, porque no hay dinero para las dos cosas. Los propios medios de comunicación hablan, sin eufemismo, de que en esta elección los tres principales candidatos son “pro mercado”, “pro FMI”. Mal se puede “enfrentar a la derecha”, si lo central del programa de los tres candidatos es el mismo. Un ejemplo de esto fue la devaluación que llevó a cabo el ministro Massa la mañana siguiente de las PASO, por exigencia del Fondo, que desató la feroz inflación que estamos sufriendo desde entonces.

Los que ya hacen guiños a Milei

El peronismo no es ninguna garantía de enfrentamiento a la derecha. La prueba más clara es que ahora mismo, con el simple resultado de las PASO, ya tenemos dirigentes que se acercan al candidato de La Libertad Avanza. El caso más patético es el del burócrata Luis Barrionuevo, que en un lapso muy breve pasó de promover la candidatura de Wado de Pedro a ser un virtual líder sindical de Milei. Otro caso es el de Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, que anunció que en una eventual segunda vuelta el “votaría Milei”. A esto le podemos sumar las reuniones de dirigentes sindicales con el líder de La Libertad Avanza, de la cual la que tuvo más repercusión fue la del burócrata de la construcción Gerardo Martínez, explicándole a Milei las bondades del modelo de la Uocra, donde los trabajadores no tienen indemnización por despidos, sino simplemente una “libreta” donde se depositan unos miserables pesos que es todo lo que recibe el operario una vez que lo dejan sin trabajo. Algo que generalizado haría las delicias de cualquier patronal y es lo que promueve Milei.

¿Qué garantías tenemos de que el peronismo enfrentará las medidas de un futuro gobierno de Milei?

El peronismo insiste en que son “ellos o la derecha”. Sin embargo durante el gobierno de Mauricio Macri, los legisladores peronistas le votaron innumerables leyes a Macri, que no tenía mayoría propia en el Congreso. La burocracia sindical de la CGT dejó pasar el ajuste hasta el extremo que tuvieron el repudio mayoritario de la clase trabajadora (recordar el acto donde se cantaba masivamente “poné la fecha…” reclamando un paro general).

Entonces, la pregunta concreta es: ante un avance de un eventual gobierno de Milei o Bullrich buscando imponer la reforma laboral o jubilatoria, ¿qué hará el peronismo? ¿La burocracia sindical llamará a movilizarse y enfrentarla? ¿Los diputados y senadores peronistas se opondrán en bloque? O, por el contrario, comenzarán los “pases” al nuevo oficialismo. Yendo a otro tópico, si Milei avanza con su planteo de derogar el aborto legal, ¿qué harán los bloques peronistas?

La conclusión a todas estas reflexiones es clara: ni en las políticas de ajuste que ha llevado adelante durante estos cuatro años el gobierno, ni en los planteos de políticas futuras hay nada que nos indique que un gobierno de Massa tomará medidas a favor del pueblo trabajador. Y, en caso de ser derrotado, tampoco hay ninguna garantía, más bien lo contrario, de que los gobernadores, diputados y senadores de Unión por la Patria, ni que hablar los burócratas sindicales, no comiencen inmediatamente a pactar con el nuevo gobierno.

Por eso decimos que la única alternativa es el Frente de Izquierda Unidad. Porque es la única lista que presenta un programa distinto, obrero y popular, que, partiendo de no pagar la deuda y romper con el FMI, plantea cómo resolver las más urgentes necesidades populares. Pero también porque es la única opción que siempre estará enfrentando cualquier política de ajuste o de intento de quitar derechos, vengan de donde vengan.

Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

La jueza Loretta Preska falló a favor del fondo buitre Burford Capital, diciendo que el estado argentino debe abonar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.
Se trata de un auténtico escándalo. Burford nunca tuvo nada que ver con YPF. Simplemente le compró el juicio que había iniciado el Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) que reclamaba que a ellos no se les había pagado nada cuando se estatizó la compañía. Precisemos: la YPF privatizada pertenecía a la multinacional española Repsol. En 2008, Néstor Kirchner, con la excusa de “argentinizarla” hizo entrar, con el 25% de la propiedad, a sus amigos del banco de Santa Cruz (los Eskenazi). Estos nunca pusieron un peso, simplemente iban a pagar su entrada en el capital de la compañía con las ganancias que se generaran. Repsol, los Eskenazi y los gobiernos de Néstor y Cristina hicieron la vista gorda durante cuatro años más, mientras Repsol vaciaba la empresa y la dejaba sin reservas. Cuando finalmente, en 2012, se produce la estatización parcial, con la retirada de Repsol, el ministro de Economía de entonces, Axel Kicillof, dijo que el país no iba a poner un peso, ante los pasivos ambientales y de liquidación de reservas que estaba dejando Repsol. Fue puro doble discurso, ya que al poco tiempo se aceptó pagarle a Repsol 5.000 millones de dólares. El Grupo Petersen que, como dijimos más arriba, nunca había puesto un peso, también reclamó cobrar una parte, iniciando un juicio. Pasaron los años, y los negocios de los Eskenazi se demostraron tan truchos que el Grupo entero entró en quiebra (para ese entonces se habían “mudado” de la Argentina y su domicilio estaba en el estado Español). En ese momento apareció el fondo buitre Burford, quien le compró los derechos del juicio por sólo 16 millones de euros. Ahora, gracias al fallo de la jueza, Burford cobraría 16.000 millones de dólares: ¡el negocio más grande de la historia!

Ante este increíble fallo, Milei propone pagar vendiendo YPF. Otra barbaridad: hoy la empresa cotiza en 5.000 millones de dólares, por lo que si se hace lo que propone el candidato de La Libertad Avanza, nos quedamos sin empresa estatal de gas y petróleo y con una deuda a pagarle a Burford de 11.000 millones de dólares. Patricia Bullrich, por su parte, plantea lo mismo que hizo Macri en 2016 con los fondos buitres de entonces: pagar sin chistar. O sea, avalar un nuevo escándalo (uno más) de los tantos de la deuda externa argentina.

El gobierno nacional y el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, dicen que apelarán la sentencia. ¿Acaso alguien cree que si se llega a instancias superiores, incluyendo la Corte Suprema de los Estados Unidos, los jueces yanquis cambiarán el fallo a favor de la Argentina? Nada de eso sucederá, al contrario, nos dirán que ahora debemos 20.000 millones de dólares (y ya no 16.000 millones) porque se habrán acumulado nuevos intereses.

La postura de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad es la única que efectivamente se enfrenta a este nuevo intento de saqueo. Hay que desconocer la sentencia por cuestiones de soberanía, no aceptando la jurisdicción de tribunales en Estados Unidos. Y hay que complementar esto terminando con la forma jurídica actual de “YPF S.A.”, estatizando el 100% de la empresa, creando una YPF sociedad del estado, que a la vez se haga cargo de la totalidad del negocio petrolero, desde la prospección, pasando por la extracción, el refinado y la comercialización, gestionada por sus propios trabajadores.

Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

Sergio Massa anunció que a partir del 1 de octubre el nuevo piso para descontar impuesto a las ganancias sobre el salario subirá hasta 1.770.000 pesos mensuales. Pero, con esta inflación, lo más probable es que en unos pocos meses muchos trabajadores quedarán nuevamente comprendidos, por más que las subas salariales ni siquiera lleguen a compensar lo que se pierde con los incrementos de precios.  Massa dice, demagógicamente, lo que venimos denunciando hace años: “el salario no es ganancia”¿Porqué no lo deroga entonces?

A tal punto es una medida electoralista que Massa aprovechó el anuncio para pedirle a los trabajadores “todo el esfuerzo posible para construir el 22 de octubre el triunfo de los trabajadores, de la Argentina y el peronismo”. ¿Triunfo de los trabajadores mientras está   aplicando un brutal ajuste para cumplir con el FMI?

La burocracia de la CGT y las CTA, entre ellos Héctor Daer, Gerardo Martínez y Yasky, felicitaron a Massa por esta medida, mientras no hicieron nada para eliminar este vergonzoso impuesto por años, firmaron paritarias a la baja y nunca movieron un dedo para pasar a convenio a millones de trabajadores tercerizados, contratados y precarizados, los más explotados y pobres que no tienen derechos laborales, y quedaron afuera de cualquier medida que les compensara la brutal inflación de estos meses.

Massa ahora promete que enviará un proyecto de ley para eliminar la “cuarta categoría” de ganancias, pero durante años se opuso al proyecto de los diputados del Frente de Izquierda que plantea la anulación del impuesto al salario. No te confundas: los únicos que peleamos siempre por esta medida somos el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad, no el peronismo.

Escribe Mercedes de Mendieta, candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El lunes 4 de septiembre, envalentonada por el resultado electoral de las PASO, la candidata a vicepresidenta del ultraderechista de Milei, Victoria Villaruel, definió montar una verdadera provocación: un acto en nombre de la “memoria completa”, pero con el objetivo de defender a los genocidas. Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto con el Frente de Izquierda Unidad, nos concentramos en las puertas de la legislatura porteña para repudiar este acto y decir “Ni un paso atrás”.
 
El acto organizado por la legisladora de La Libertad Avanza Lucía Montenegro, junto con Victoria Villarruel, no fue una acción inocente. Después del resultado electoral que obtuvo Milei, viene a dar un mensaje para avanzar con las teorías negacionistas, poniendo en cuestión a las y los 30.000 desaparecidos, las y los niños apropiados entregados a los represores y las violaciones de derechos humanos cometidas por la última dictadura militar y sus cómplices civiles. Por eso, es importante desenmascarar que detrás de una acción llamada en nombre de la “memoria completa”, lo que buscan es generar un marco para volver a sembrar  dudas sobre los hechos ocurridos en la última dictadura militar. La estrategia de convocar en “homenaje” de las víctimas del “terrorismo” solo busca confundir, e intenta volver a poner en discusión teorías como la de “los dos demonios”, que “los militares actuaron en respuesta” o que “hubo excesos”, todo con un solo fin: negar la historia más oscura de nuestro país. Así actúan las corrientes negacionistas, buscando correr el eje del debate para generar confusiones sobre los hechos, no para llegar a conocer lo que pasó en los 800 centros clandestinos que había en nuestro país. Porque la única manera de llegar a la “memoria completa” es si se abrieran los archivos de la última dictadura militar y pudiéramos conocer todas las atrocidades de los genocidas y sus cómplices civiles, y terminar con la impunidad de los militares que Villarruel defiende. Lo que buscan es generar un marco de impunidad para los militares, porque el plan económico de Milei sólo es posible con represión.

Por este motivo, reivindicamos la respuesta llevada a cabo con el acto convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia junto con sindicatos, organizaciones de derechos humanos y el Frente de Izquierda Unidad. Nos movilizamos para decir que no vamos a dar ni un paso atrás, porque la pelea lleva décadas, y que si logramos encarcelar a algunos genocidas fue gracias a la lucha que se dió en forma independiente de todos los gobiernos patronales. Dejando claro, además, que no podemos dar mensajes confusos: ante el crecimiento de la ultraderecha tenemos que organizarnos y ganar las calles.

40 años de lucha contra la impunidad

Muchas compañeras y compañeros nos preguntan cómo puede ser que después de tantos años de lucha hoy vuelva a ponerse nuevamente en debate el terrorismo de estado. Compartimos la bronca y la indignación, pero creemos que es importante señalar que todos los gobiernos fueron y son responsables. Por eso, en este caso, en primer lugar denunciamos la complicidad de las autoridades de la Legislatura que responden a Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio,  al otorgar vergonzosamente la autorización para que se haga este evento repudiable, mientras su candidata a presidenta Patricia Bullrich decía que lo que haga el espacio de Milei “no es algo que la atañe”.

Pero además, debemos reflexionar sobre el hecho de que nunca ha crecido tanto la ultraderecha en nuestro país como bajo el gobierno peronista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa. Y ello se debe a que con un discurso “progre”, llevan adelante un ajuste brutal sobre la juventud y las y los trabajadores y sectores populares. Por si todo esto fuera poco, tanto el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, como el candidato “alternativo” a Sergio Massa en las PASO de Unión por la Patria, Juan Grabois, reconocieron públicamente que sectores del peronismo ayudaron a armar las listas de Milei e incluso les cuidaron las boletas en la elección el 13 de agosto pasado.

Yendo más a fondo, tenemos que recordar también que todos los gobiernos patronales desde la vuelta a la democracia han contribuido a la impunidad sobre la cual se montan estos personajes: desde Alfonsín con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Menem con los indultos, la desaparición de Julio López durante el kirchnerismo o el intento de avanzar en el 2x1 durante el gobierno de Macri.

Vamos con la única lista que plantea la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy

Hoy más que nunca para enfrentar a la ultraderecha y salir de la crisis necesitamos romper los planes de ajuste al servicio de pagar la deuda externa generada por la dictadura y sostenida y acrecentada por todos los gobiernos de 1983 a la fecha.

Solo el Frente de Izquierda Unidad, además, plantea que para que haya “memoria completa” necesitamos abrir todos los archivos de la última dictadura militar y que se termine con la impunidad de los genocidas y sus cómplices civiles.  Por eso nuestra fórmula presidencial está encabezada por Myriam Bregman, una luchadora por los derechos humanos y abogada en la causa contra el genocida de Etchecolatz, a la que acompañan en distintas candidaturas muchas otras y otros luchadores por los derechos humanos.
 
 

Escribe Mercedes de Mendieta, candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Victoria Villarruel no es una candidata más, es una conocida defensora de genocidas. Resulta imprescindible desenmascarar a Villarruel: la abogada proviene de una familia de militares involucrados en el genocidio perpetrado por la última dictadura militar. De hecho su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, era Teniente Primero de Infantería en el Ejército Argentino y fue juzgado por su participación en el conocido “Operativo Independencia” en Tucumán en 1975. La misma Villarruel, de joven, organizaba grupos que visitaban al condenado a prisión perpetua Jorge Rafael Videla, quién encabezó el genocidio en nuestro país.

En las últimas semanas se hizo público que su nombre aparece como el vínculo civil de confianza en los cuadernos que organizaban la estrategia judicial y que por orden judicial le fueron incautados al represor Miguel Etchecolatz, luego de la desaparición de Julio López en 2006. Su labor, como decíamos, viene desde hace décadas, en concreto es la fundadora de “Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas” (Celtyv), una organización de origen civil, que está ligada al sector militar. Villarruel en numerosas entrevistas afirmó que: “Todo lo que han escuchado en los últimos años referido a los años ´70, es falso. Todo lo que han escuchado sobre el terrorismo de estado en la Argentina ha sido construido por la izquierda”. Hay que decirlo con todas las letras: Villarruel es abiertamente negacionista del terrorismo de estado y defensora de genocidas.