Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Luego del emplazamiento votado en la sesión del 2 de julio en la Cámara de Diputados, el ultraderechista José Luis Espert (presidente de la comisión de Presupuesto) se vio obligado a convocar a las comisiones, donde se avanzó en el debate de dos temas clave en la lucha contra la motosierra del gobierno.

Con la presencia de trabajadoras y trabajadores del Garrahan, junto a residentes, se llevó a cabo el primer plenario con el objetivo de avanzar en un dictamen sobre una Ley de Emergencia para el hospital pediátrico de alta complejidad más importante del país. Hubo tres dictámenes: uno de Unión por la Patria, la UCR y otros bloques; y dos de rechazo presentados por La Libertad Avanza y el PRO. Desde el FIT Unidad presentamos también el nuestro, donde planteamos que no hay emergencia real sin incorporar la derogación de la resolución 2109/2025 (que transforma las residencias en becas precarizadas) y sin garantizar que ningún trabajador del hospital gane menos que la canasta familiar calculada por ATE-Indec, que en mayo fue de 1.800.000 pesos, con su debida actualización. Propusimos que el financiamiento surja del fin de las exenciones impositivas al negocio de la salud privada, un impuesto a los grandes laboratorios y el no pago de la deuda externa.

En un segundo plenario se dictaminó sobre una nueva Ley de Financiamiento Universitario, con un dictamen de mayoría respaldado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), federaciones de docentes y no docentes, y la FUA. Desde el FITU volvimos a presentar un dictamen propio. Las conclusiones que dejó la lucha por el presupuesto universitario son fundamentales para lo que se viene: en caso de que ambas leyes se aprueben, Javier Milei podría vetarlas. Por eso insistimos en que solo con la movilización se puede conquistar el presupuesto que necesitamos y torcerle el brazo a cualquier veto autoritario, avalado por los cómplices del gobierno en el Congreso.

Somos claros, lo que define es la lucha en las calles. La primera parada será el 17 de julio con la movilización de residentes y trabajadores de la salud, mientras seguimos exigiendo la convocatoria de una nueva Marcha Federal que retome el camino de las históricas movilizaciones de 2024 y saque a toda la comunidad educativa a la calle en defensa de las universidades públicas.

Porque una cosa es lo que pase en el recinto, y otra muy distinta es lo que se conquiste en las calles. Por eso seguimos reclamando que la CGT rompa el pacto con el gobierno y convoque un nuevo paro general. Si gana el Garrahan, ganan las universidades… y ganamos todas y todos.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Cuando uno acude a un hospital, sea por un grave accidente o una simple descompostura, será atendido por un médico residente. Lo mismo si está internado, quien está junto a su cama continuamente será un residente.

La residencia es un sistema supervisado de formación en trabajo al que acceden los profesionales una vez graduados. Inicialmente fue para médicos, pero luego se extendió a todas las profesiones de la salud; hay residencias de enfermería, radiología, laboratorio, odontología, psicología, trabajo social y sociología, entre otras.

Una historia de luchas por derechos laborales

Además de la formación de profesionales bien entrenados, las residencias (que existen desde hace  sesenta años) se han convertido en la base fundamental de la actividad asistencial durante 24 horas al día, de lunes a lunes en los principales hospitales del país. Su extenuante jornada tiene una parte asistencial, otra académica más un promedio de ocho guardias mensuales durante tres o cuatro años que se completa la formación y cesa la relación con el establecimiento.

En estas décadas, las sucesivas generaciones de residentes lograron el reconocimiento de su rol de trabajadoras y trabajadores de la salud en una lucha, que también tuvo en los años ’70 desaparecidos, presos y exiliados. Desigualmente según cada jurisdicción (nacional, provincial, municipal universitaria o privada) se fueron obteniendo derechos laborales como aporte jubilatorio, obra social, ART/seguro de mala praxis, vacaciones pagas, aguinaldo, licencia por enfermedad y maternidad y otros derechos.

¿Qué busca el gobierno?

La resolución 2109/2025 del ministro de Salud, Mario Lugones, viene a quitar los derechos laborales e ignora el carácter de trabajador del residente reduciéndolo a becario en formación con dos modalidades: una, la beca “Institución”, (en la que el residente recibe el haber) sin descuento jubilatorio, sin cobertura ART/mala praxis, ni aguinaldo ni vacaciones, que tiene que pagar de su propio bolsillo; la otra, la beca “Ministerio”, con recibo formal y el mismo haber bruto, pero al que se practican los descuentos previsionales, la cobertura de obra social estatal y ART/mala praxis a cargo de la institución.

Negando el carácter de trabajadora y trabajador del residente, el gobierno ultraderechista aspira a mantener el funcionamiento del sistema público con mano de obra servil, pagándole un mínimo estipendio. Busca disminuir los costos al sacar los beneficios sociales que le corresponden como a cualquier trabajadora o trabajador complementando esta rebaja pagando sueldos de miseria al resto de las y los trabajadores de salud de planta, recortando los presupuestos de tecnología de diagnóstico y tratamiento como así también abandonando y dejando caer la infraestructura sanitaria. La maliciosa argumentación de “becas de capacitación” sólo encubre más precarización laboral y conduce a más vaciamiento sanitario, todo en perjuicio de la atención de las y los trabajadores y el pueblo.

Apoyemos al Garrahan y a las y los residentes para frenar el ataque contra la salud pública

Esta ofensiva especial contra las y los residentes busca también quebrar la pelea actual de todas y todos los trabajadores del Garrahan, hospital orgullo de la sanidad argentina. Nos dan un ejemplo de lo que hay que hacer para derrotar los planes del gobierno de destrucción de la salud pública. Debemos rodear de solidaridad su lucha para defender las conquistas de las y los trabajadores de la salud y al mismo tiempo garantizar la salud pública a la clase trabajadora y sectores populares. La concentración convocada por las y los trabajadores del Garrahan para el día 17 de julio es una cita de honor para poner un freno a los planes de súper ajuste del gobierno.

Escribe Salud en Marcha

La lucha del Hospital Garrahan se ha convertido en un emblema del enfrentamiento a la motosierra del gobierno ultraderechista de Javier Milei. En unidad y con una enorme masividad, los distintos sectores de trabajadoras y trabajadores del hospital enfrentan los embates de un gobierno que desfinancia a la salud pública de conjunto,  pulveriza los salarios de su personal y que desde principios de año arrecia con despidos tanto en el propio Ministerio de Salud así como en los Hospitales nacionales como el Bonaparte, Posadas y Sommer. 

A través de sus voceros mediáticos y sus trolls en las redes sociales el gobierno recurre a todo tipo de noticias falsas y campañas de desinformación  intentando confundir y de esa quebrar el enorme apoyo que tiene la lucha en defensa del hospital pediátrico de alta complejidad de mayor prestigio del país y Sudamérica. Pero no lo logra, el apoyo popular a las y los laburantes del Garrahan y su lucha es masivo.  Se expresa en las calles cada vez que se movilizan, en las redes sociales y en las muestras de solidaridad de distintos sectores artísticos de renombre en cada oportunidad que son convocados.  

Pero el accionar bochornoso del gobierno de la motosierra no termina ahí. Los aprietes a los distintos de luchadores no cesan, lo último ha sido el ataque realizado a los residentes que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. Y en las últimas horas el gobierno volvió a redoblar la apuesta designando como director médico del hospital a Mariano Pirozzo, el mismo que intervino, poco tiempo atrás, el Hospital Bonaparte para llevar adelante 200 despidos y vaciamiento de la institución.  

Pese a todos los ataques la lucha sigue firme y las y los laburantes redoblan el desafío exigiendo la recomposición salarial para que ningún trabajador o trabajadora cobre por debajo de 1.840.000 pesos ( monto mínimo que necesita una familia para vivir según las mediciones de la junta interna de ATE Indec). En masivas asambleas han votado un paro de 24 horas para el jueves 10 y otro para el 17 de julio. Ese día convocan a una movilización de Congreso a Plaza de Mayo a la que ya han confirmado su asistencia distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas. 

El 17 tenemos que ser miles y miles en las calles apoyando la lucha del Garrahan. Desde Estatales y Salud en Marcha, integrantes de la corriente A Luchar, exigimos a las conducciones de ATE que pasen de los discursos de apoyo a los hechos y convoquen y organicen realmente un paro y movilización contundente en todos los sectores del estado. Un triunfo de las y los trabajadores del hospital será no solo una derrota del ultraderechista  Milei y el ministro destructor de la Salud Mario Lugones sino también el punto de apoyo que hoy necesitamos todos los sectores que somos atacados por la motosierra. Hoy más que nunca, si gana el Garrahan ganamos todas y todos.

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista y Estudiante UNA (Universidad Nacional de las Artes)

Del 3 al 9 de julio se llevó a cabo en todo el país el Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa (Entra), una iniciativa enmarcada en la lucha contra el decreto 345, que busca desmantelar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

El organismo fue creado en 1997 por la Ley 24.800, tras años de debate y militancia. Su objetivo es fomentar la producción escénica con un enfoque federal. Cuenta con un directorio integrado por representantes de todas las provincias y es autárquico, lo que significa que son los propios teatristas quienes deciden cómo distribuir los fondos para sostener salas y proyectos en todo el territorio.

El decreto 345 apunta a disolver este esquema: elimina el consejo, le quita la autarquía y transfiere la gestión a la Secretaría de Cultura, es decir, al gobierno nacional. Se trata de un nuevo ataque en una avanzada sistemática contra la cultura pública, como ya ocurrió con el Incaa.

Frente a esto, se organizó una enorme respuesta colectiva. Más de 380 funciones a la gorra en todo el país mostraron la potencia del teatro como herramienta de expresión y acceso, y permitieron que miles de personas participaran de una experiencia artística. El teatro es identidad, memoria y resistencia. Lo fue en los momentos más oscuros de nuestra historia, y hoy vuelve a ser un lugar de encuentro y lucha.

El Entra cerró el 9 de julio con asambleas simultáneas en distintas ciudades. Allí se resolvió apoyar la movilización del 17 en defensa del Garrahan y la salud pública, y convocar una jornada federal de artistas el día que el Congreso debata la derogación del decreto. También se votó realizar una nueva edición del encuentro, esta vez ampliado a todos los sectores culturales.

La defensa del Instituto es parte de una causa más amplia: sostener y fortalecer la cultura nacional. Si logramos frenar este ataque, estaremos mejor preparados para enfrentar los que vendrán. En esa pelea estamos.

Escribe Atilio Salusso

Pastorcito milagroso

“Teníamos 100 mil pesos que se transformaron en 100 mil dólares”, dijo el pastor chaqueño Jorge Ledesma, a quien fue a bendecir Javier Milei en un evento donde los fieles pagaron entre 25 mil y 100 mil pesos. El pastor será investigado (¡andá a saber!) por lavado de dinero.
“Yo soy creyente, pero nunca se me transformaron los 300 mil pesos que cobro en dólares”, dijo un jubilado. Ledesma también tendrá que justificar el anillo de plástico de una seguidora que, según él, las fuerzas del cielo transformaron en diamante. Y el templo, emplazado en plena capital, que alberga a 15 mil personas (al mejor estilo Luna Park o Movistar Arena), y que habría costado 50 palos verdes.

Valijera x 10

Otro escándalo estalló en estos días con una tal Laura Arrieta, única pasajera que arribó en febrero de este año en un avión privado a Aeroparque con 10 valijas sin declarar ni escanear. No venían llenas de ositos de peluche, precisamente. Se sospecha que transportaban dólares para la campaña de Javier Milei o material de inteligencia ilegal para espiar y perseguir opositores.

El dueño del avión es Leonardo Scatturice, quien, junto a Arrieta, forma parte de la Conferencia Política de Acción Conservadora, que canaliza el vínculo entre Milei y Donald Trump. A esto hay que sumarle la megaestafa con la cripto-Libra y las cenas en Puerto Madero a 25 mil dólares el cubierto para financiar a los fachos libertarios. Lo que ellos llaman la “batalla cultural”.

Corte pedófila

“La Corte Suprema sobreseyó a un cura pedófilo. ‘Nos mató’, dicen las víctimas”. Ese fue el título de la terrorífica noticia publicada por Clarín el 6 de julio. El cura abusador se llama José Ilaraz, tiene 66 años y estaba condenado a 25 años de prisión por pedofilia. Pero mientras cumplía la condena, la Corte lo salvó argumentando que los delitos prescribieron.

“¿Cómo puede ser que los jueces de la Corte hayan priorizado la prescripción por encima del irreparable daño que hizo con cien menores?”, expresaron las víctimas. “Era nuestro guía, astuto, persuasivo, sigiloso, y buscaba a sus presas más vulnerables. Y nosotros éramos muy vulnerables”.
En diciembre de 2024, el papa Francisco había exonerado. Sin embargo, las víctimas sostienen: “Bergoglio se equivocó, actuó muy tarde, lo protegió hasta donde pudo y, cuando estaba acorralado, lo exoneró”.