Escribe Adolfo Santos

La traición de los dirigentes de la CGT no nos sorprende. Su falta de propuestas para enfrentar el plan motosierra que viene talando derechos y conquistas, está a la vista. Ahora acaba de dar un paso inaceptable: se incorporó al Consejo que pretende llevar adelante el Pacto de Mayo.

La CGT aprobó la participación de Gerardo Martínez en la mesa armada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para debatir cómo se irán aplicando las propuestas del Pacto de Mayo. El dirigente de la Uocra, uno de los sectores más afectadas por el ajuste, se sentará junto al siniestro Federico Sturzenegger, en nombre del gobierno; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, por las provincias; Carolina Losada en representación del Senado; Cristian Ritondo, acusado por enriquecimiento ilícito, por Diputados; y Martín Rappallini por la UIA. Nadie puede imaginar que, de los personajes que integran esta mesa, pueda salir una sola medida a favor de las y los trabajadores.

El Pacto de Mayo, lanzado el 9 de julio de 2024 en la histórica Casa de Tucumán, junto a veinte gobernadores de todos los partidos (UCR, PRO, PJ), tiene un objetivo totalmente opuesto al pacto por la Independencia de 1816. Ideado por Javier Milei y Sturzenegger pretende profundizar el ajuste y la entrega con proyectos al servicio del poder económico. Entre sus principales cláusulas propone las reformas previsional y laboral para retirar derechos, medidas para aumentar el ajuste fiscal, la “explotación de los recursos naturales” y defender la “inviolabilidad de la propiedad privada”, es decir, los bienes, tierras y fortunas de los bancos, los grandes empresarios y las multinacionales.

Repudiamos la presencia de la CGT en esa mesa cuyo objetivo es discutir el “modelo de país” que proponen Milei y el FMI. Un modelo que busca dinamitar el Estado, destruir la salud pública (como ya lo hace en hospitales como el Garrahan o el Bonaparte), desmantelar el INTA y el INTI, boicotear el Conicet y atacar la universidad pública.

Es el mismo plan que congela paritarias, despide trabajadores y cierra organismos como Vialidad Nacional o el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El peronista Gerardo Martínez, burócrata acusado de colaborar con la última dictadura, declaró: “Yo no pedí estar ahí, pero será una oportunidad para ser la voz de la CGT”.

No hay ninguna posibilidad de que la central sindical obtenga algún rédito en esa mesa de bandidos. Por nos preguntamos: ¿a quién defiende la CGT?

Quieren avanzar con una reforma laboral que ataca conquistas históricas. Buscan aprobar la ampliación de la jornada laboral, habilitar negociaciones individuales por empresa con condiciones a la baja, desregular el período vacacional, restringir el derecho de huelga y criminalizar la protesta. Ya han flexibilizado el régimen indemnizatorio: la indemnización será depositada en un “fondo de cese laboral” administrado por la Comisión Nacional de Valores, y su valor final dependerá de los vaivenes del mercado. Será un instrumento más de la timba financiera.

La CGT debe despertar de su siesta y convocar a la movilización contra este pacto antiobrero entre el gobierno de Milei, los gobernadores, los patrones y el FMI. La central sindical tiene que organizar la lucha por el salario, contra los despidos, por empleo digno, contra el cierre de organismos públicos y frente a los ataques a la salud y la educación pública. En lugar de eso, está enfocada en organizar para el 7 de agosto una celebración por San Cayetano, una actividad que no afecta en lo más mínimo al gobierno.

Este proyecto económico golpea con cada vez más fuerza a las y los trabajadores, a las y los jubilados y a los sectores populares. Por eso crecen las luchas y las movilizaciones. La CGT debe romper el pacto con este gobierno represivo y hambreador, y convocar a un paro de 36 horas con un plan de lucha para derrotar el proyecto económico de Milei y el Pacto de Mayo.

Escribe Atilio Salusso

Leila Gianni

Las redes facho-libertarias desplazadas del armado LLA-PRO estallaron. “Dos años estuvieron hablando de que la próxima vez iban a poner intelectuales de Miller (por Milei), pero ponen a una ex camporista responsable de 16 años de fracasos”, denunciaron, en referencia a Gianni, a quien se la ve en fotos de años atrás abrazada a la actual intendenta K y ahora candidata por la Tercera, la camporista Mayra Mendoza.
Al armador de las listas junto a Karina, Sebastián Pareja, lo acusaron directamente de defender “los intereses de la casta”.

El clan Menem

Resulta que Tech Security, empresa fundada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se llevará 4.000 millones de pesos por custodiar sedes del Banco Nación, además de otros jugosos contratos por servicios de seguridad en el predio de la AFA en Ezeiza, entre muchos más. Quienes pregonan “destruir el Estado por dentro” se benefician con grandes negociados precisamente con el Estado, es decir, pagados por todas y todos. 

Máximo y Georgalos

El titular de La Cámpora y diputado nacional hizo un posteo en Instagram tras recibir a las y los cinco despedidos de la alimenticia Georgalos. “Fueron despedidos de manera injusta. Este modelo de país solo asegura desocupación. Todos ellos empezaron a trabajar a partir de la presidencia de Néstor Kirchner”. Como se ve, puro electoralismo. Solo le faltó decir que hay que votar al peronismo. Justo cuando los despedidos denuncian al gobierno de Axel Kicillof y a su Ministerio de Trabajo por no hacer nada para reincorporarlos, a pesar de que los despidos son ilegales.  

CGT

La CGT se quedó sin cargos. Héctor Daer y el burócrata de UPCN Andrés Rodríguez, se sacaron hace unos días una foto con Axel Kicillof. Fueron a darle su apoyo y a pedir lugares en las listas. Pero la feroz interna del PJ lo impidió. Los popes sindicales dicen que volverán para que les reserven un lugar de cara a las elecciones de octubre. De lucha, nada.

Cuatro comunidades mapuches fueron violentamente reprimidas mientras acampaban en la puerta de la Gobernación neuquina, reclamando que se cumpla el acta firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, el 17 de septiembre del año pasado. En ese documento el funcionario se comprometía a otorgar la personería jurídica a las comunidades en un plazo de quince días. La documentación que respalda dicho reconocimiento ya está completa y archivada en el escritorio del gobernador.

La personería jurídica es un paso fundamental para que sus tierras puedan ser relevadas conforme a la legislación vigente, y así garantizar los derechos de uso y usufructo comunitario. Pero el gobierno no solo incumplió el compromiso: también rompió el diálogo y profundizó la persecución y criminalización de las comunidades mapuches. “Es un manoseo institucional, el incumplimiento de la palabra oficial”, denunciaron las autoridades originarias. “A la política centrada en la explotación de nuestros territorios comunitarios, en la contaminación, los sismos y la destrucción territorial, se suma el trato discriminatorio por parte de empresas petroleras que nos consideran extraños en nuestro propio territorio”.

Para sostener su reclamo, las autoridades se encadenaron durante seis días en las puertas de la gobernación. Estaban acompañadas por sus familias, acampaban en condiciones extremas, con leña para soportar el frío de la noche, y llevaron también caballos y cabras, para cuidarlos y evitar que fueran robados de sus casas, que habían quedado prácticamente deshabitadas.

La respuesta del gobierno fue una represión brutal, en línea con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el presidente, Javier Milei: desalojaron violentamente el ingreso a la Casa de Gobierno, golpearon y dejaron heridos, incluso a niños, y detuvieron a veinte personas. Gracias a la presión social y la movilización, fueron liberadas después del mediodía.

Desde Izquierda Socialista estuvimos acompañando el acampe y, el día de la represión, colaboramos con las comunidades para rechazar el ataque policial. En los días siguientes, seguiremos participando de las acciones de repudio que se están organizando, como la jornada de lucha del jueves 24, bajo la consigna: ¡Unamos las luchas contra la represión y el gobierno de las petroleras!

Corresponsal

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional

En nombre de Izquierda Socialista/FIT Unidad repudiamos las declaraciones del futuro embajador imperialista de Donald Trump en Argentina, Peter Lamelas. En el Senado estadounidense dijo que iba a venir a apoyar a
Javier Milei, a controlar el país recorriendo las provincias para pactar más entrega con los gobernadores, a asegurar las inversiones imperialistas como la de los laboratorios farmacéuticos estadounidenses, a defender a las multinacionales, a combatir a la izquierda e incluso defendió el repudiable fallo de la Corte contra Cristina Fernández.

Lamelas es el representante de EEUU, socio del genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, el que apoyó a los ingleses en Malvinas y el que maneja mayoritariamente al FMI que, de la mano de Milei, volvió a reforzar el encadenamiento del país con más endeudamiento, entrega y saqueo que le está haciendo pagar al pueblo trabajador.

Llamamos a repudiar esta nueva y peligrosa intromisión de un personero del imperialismo yanqui.

¡Fuera Lamelas de Argentina!
¡Fuera yanquis de América Latina!
¡Ruptura con el FMI!
¡No al pago de la deuda externa!
¡Basta de entrega y saqueo!
¡Por la Segunda y Definitiva Independencia!

Quebró la empresa que, hace apenas un año y medio, había lanzado las golosinas con la marca “No hay plata”. El empresario que intentó congraciarse con Javier Milei, terminó fundido en menos de dos años, en medio del derrumbe del consumo popular. Todo un mensaje cínico que vale la pena recordar este 9 de julio, Día de la Independencia, justo cuando el gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza completa en los hechos la frase: “No hay plata… salvo para los pulpos acreedores”.

Mientras se le niegan recursos a las y los trabajadores del Hospital Garrahan (por citar solo una lucha, tan emblemática como urgente), el Estado paga en efectivo 4.300 millones de dólares en concepto de vencimientos de deuda.

Los superpoderes y su motosierra cumplieron un año. Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger lo festejaron con todo. Con las facultades delegadas, el gobierno recortó (y en varios casos cerró) 101 organismos estatales. Fueron despedidos 50 mil empleados (el 10% de la planta estatal). En el último día de vigencia del DNU disolvieron Vialidad Nacional, la Agencia de Seguridad Vial, y liquidaron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

El tendal de despidos que esto provoca será un auténtico desastre. Vialidad Nacional se ocupa de reparar y mantener en estado transitable todas las rutas nacionales del país que no se encuentran concesionadas. ¿Qué va a pasar ahora? El gobierno habla de privatizarlas. Pero la gran mayoría de las rutas nacionales que serán privatizadas no las quiere nadie: no son rentables en términos capitalistas. Ahora, sin Vialidad, no queda nadie para repararlas. Sufrirán rápidamente un deterioro que dejará a cientos de pueblos y localidades aislados, en forma similar a lo que sucedió en los ’90, cuando se cerraron los ramales ferroviarios.

El INTA y el INTI son dos organismos con más de 60 años de historia, y proveedores de tecnología de punta para sus respectivos sectores. Dejarán de brindar servicios que son esenciales: ¿quién certificará la seguridad eléctrica de los artefactos a la venta? ¿Y la alimentaria? ¿Quién garantizará la calidad de los materiales con que se fabrican los distintos productos? ¿Quién brindará asesoramiento científico-técnico a los pequeños productores agropecuarios?

Se retrocederá tanto en competitividad como en calidad e incluso en seguridad de los bienes que producimos y consumimos. Se dejarán de exportar cientos de productos simplemente porque ya no tendrán los certificados técnicos que exigen otros países como control.
Milei nos lleva a una reprimarización de nuestra economía (es decir, sólo exportación de materias primas), donde ganarán los pulpos transnacionales del saqueo.

En estos días tuvimos un nuevo espejo de la Argentina que nos deja este gobierno ultraderechista y entreguista: la primera ola de frío nos dejó sin gas, por el simple hecho de no haber terminado obras de infraestructura que estaban ya realizadas en más del 70%. ¡El gobierno se ufana de los dólares que entrarán por el gas y el petróleo de Vaca Muerta, y ni siquiera puede garantizar que el suministro llegue a toda la población! ¿Negligencia? Creemos que no: a los portadores de la motosierra simplemente no les interesa.

El pueblo trabajador sigue luchando. El gobierno ultraderechista, reprimiendo. Como acaba de suceder con las y los trabajadores de Georgalos en la Panamericana, lo que, sin duda, no frenará su pelea. Como tampoco lo hará con la lucha de Secco, la del personal de salud del Garrahan y otros hospitales, y por supuesto, con las ya clásicas marchas de los miércoles de las jubiladas y jubilados. Son luchas que hay que apoyar y unificar para que triunfen, al mismo tiempo que exigimos a la CGT que rompa su ya escandalosa tregua con el gobierno y llame a un nuevo paro nacional, esta vez de 36 horas. Como lo acabamos de plantear en el segundo plenario nacional de nuestra corriente sindical A Luchar, realizado el sábado pasado.

Mientras tanto, empieza a correr el reloj del calendario electoral. Se cierran las alianzas en la provincia de Buenos Aires, donde se dará una elección testigo en septiembre, previa a las nacionales de octubre. La Libertad Avanza busca plebiscitar su gestión nacionalizando la elección, para salir fortalecida y avanzar con la motosierra, duplicando la apuesta con la flexibilización laboral y la liquidación definitiva del sistema jubilatorio.

El peronismo, por su parte, se unifica, generando un auténtico amontonamiento que no logra disimular la creciente crisis con su base. Intenta polarizar, mostrándose como la “oposición” y buscando capitalizar la bronca contra el gobierno, después de un año y medio en el que dejó correr el ajuste.

En este panorama, el Frente de Izquierda Unidad es la única opción para el pueblo trabajador. Con su apoyo y presencia incondicional en todas las luchas, con la oposición sistemática y consecuente de sus legisladores al plan motosierra y, sobre todo, con su programa alternativo, obrero y popular, que parte de no pagar la deuda y romper con el FMI para priorizar las urgentes necesidades de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.