El presidente y la ministra recibieron al policía Chocobar en la Casa Rosada. El agente mató por la espalda a un delincuente que asaltó a un turista estadounidense en la Boca. El gobierno usó el hecho para reforzar el gatillo fácil, la mano dura y la defensa del accionar del aparato represivo ante los reclamos sociales.

Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional Izquierda Socialista/FIT

El gobierno había visto el video donde se constató que Chocobar no actuó en “legítima defensa”. También sabía que un juez lo imputó por homicidio. Igual lo recibió. ¿Por qué? Fue un gesto para ratificar la mano dura.
El policía disparó nueve veces contra Kukoc, el joven de 18 años, a corta distancia, por la espalda y nunca acudió en defensa del turista asaltado. La madre del joven asesinado señaló: “El policía debía haber arrestado a mi hijo, pero lo asesinó. Le tiró como a un animal, lo fusiló”.
El gobierno de Macri intenta posar como que combate la inseguridad premiando a policías “en cumplimiento de su deber”. Pero la inseguridad crece precisamente por la complicidad del gobierno y las mafias policiales con la droga, la prostitución, la trata y zonas liberadas para ello. Y porque el gobierno expulsa con sus planes de ajuste a millones de jóvenes sin futuro, algunos terminan como mano de obra barata de los narcos y esas mafias delictivas.
El gobierno usa el falso argumento de la “puerta giratoria” y que el kirchnerismo fue “permisivo” con la delincuencia. Pero Néstor Kirchner apostó a la mano dura aprobando las leyes de Blumberg, los presos aumentaron y la delincuencia también. Ahora con Macri crecieron los casos de gatillo fácil y las torturas en las comisarías.
No hay forma de combatir a la delincuencia si no se termina con esa complicidad político-policial con las mafias y los planes de hambre y pobreza. Mientras damos esa pelea hay que organizarse en los barrios para disuadirla.

Hay que desmantelar el aparato represivo

Macri y Bullrich dicen que hay que defender a la policía e “invertir la carga de la prueba”. Esto quiere decir que todo policía, gendarme, prefecto o fuerza especial puede matar impunemente, se tiene que creer y presumir que actuaron bien. O sea, la pena de muerte por la vía de los hechos, la que fogonea el gurú presidencial Durán Barba. Una locura total.
Es lo que sostuvo el gobierno con Santiago Maldonado. Por eso no hay ningún gendarme imputado, ni retirado de la fuerza, sino premiado, como Echazú, el gendarme ensangrentado sospechado de haber tenido una refriega con Maldonado. Recordemos que Gendarmería entró en forma ilegal y sin orden judicial al predio de los mapuches porque son considerados por el gobierno como “violentos, terroristas y en delito permanente”. Tampoco hay ningún prefecto detenido ante el probado asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel por apoyar el reclamo de tierras de la comunidad mapuche en Mascardi, Bariloche. El gobierno simuló un “enfrentamiento armado” que nunca existió.
Con el gesto de recibir a Chocobar, el gobierno va más allá. Además de insistir con el uso de las pistolas Taser (descargas eléctricas que en muchos casos son mortales), quiere hacer creer que hay que dar una vuelta de página, terminar con “el recelo” y “sed de venganza” que tendría la población con los militares y fuerzas represivas desde la dictadura, y dar vía libre para fortalecer el aparato represivo.
El gobierno usa la inteligencia de la Gendarmería que viene del kirchnerismo para reprimir las luchas obreras y populares y criminalizar y judicializar la protesta social. Es lo que pasó a fines de diciembre, con miles de policías reprimiendo la protesta contra el robo a los jubilados. Con cientos de gendarmes amedrentando a los trabajadores que luchan, metiéndose adentro del hospital Posadas, en el INTI, infiltrando policías de civil en las marchas o persiguiendo periodistas para que no difundan “las malas noticias” del ajuste y la represión.
Llamamos a los luchadores, organizaciones de derechos humanos, obreras y populares a desenmascarar esta nueva embestida del gobierno contra las libertades democráticas y exigir el desmantelamiento del aparato represivo.

El gobierno de Macri insiste en ponerle un techo a las paritarias de 15%, sin cláusula gatillo. En concreto, los trabajadores veremos una vez más cómo la inflación (que cualquier analista económico garantiza que no bajará de 20% en 2018) se comerá nuestro salario. Los que sí tendrán cobertura frente a la inflación serán los acreedores de una deuda que sigue creciendo cual bola de nieve.
El gobierno acaba de lanzar la semana pasada un nuevo bono que le garantiza a quienes lo adquieran un 3,75% anual por encima de la inflación. Así nos endeudamos de un saque en 70.481 millones de pesos (3.500 millones de dólares).
Esto se suma a los 9.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento con que el macrismo había “debutado” en 2018, lo que hace que en apenas dos meses la deuda haya crecido 12.500 millones de dólares. Y ahí no terminará, ya que el plan del gobierno es seguir tomando nuevos créditos por casi 20.000 millones más.
El gobierno paga tasas usurarias (las más altas del mundo), pone cláusulas gatillos para que los acreedores queden cubiertos cualquiera sea la inflación y, lo peor, cada vez pagamos más de intereses, de un dinero que sale de despidos en el Estado, salarios de hambre, tarifazos y escuelas y hospitales que se caen a pedazos.
El endeudamiento, con todas estas garantías para los pulpos acreedores, ya se acerca peligrosamente a los 400.000 millones de dólares. Una hipoteca imposible de levantar, que empobrece a nuestro pueblo mientras le da millonadas a los parásitos que viven de la especulación financiera internacional. Por eso insistimos: la única salida es dejar de pagar ya mismo esa inmoral deuda externa, poniendo todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.
J.C.

Llenar el tanque de un auto ya es para millonarios. El litro de nafta premium en el interior del país supera los 32 pesos. La semana pasada YPF aumentó el precio 3,5% y, ni lerdo ni perezoso, al otro día vino el aumento en las estaciones de servicio de Shell.
Estos incrementos siguen a los que sucedieron hace menos de tres semanas, donde la petrolera estatal también había “picado en punta” con un aumento de 4,5%, obviamente seguido luego por las otras firmas.
La realidad es que, desde el mes de octubre, cuando el ministro Juan José Aranguren “liberalizó” el precio de los combustibles, estos se encarecieron en más de 30%. El ministro, ex CEO de Shell, garantiza así enormes superganancias a los monopolios petroleros, acompañado por la gerencia de la estatal YPF, que “aumenta primero”, dándole la excusa al resto para seguirla.
Mientras los precios de las naftas y el gasoil “vuelan para arriba”, la extracción de petróleo sigue en baja, nuestras reservas son saqueadas y a todos los pulpos petroleros lo único que les interesa es el negocio de la “extracción no convencional”, al estilo Vaca Muerta, que destruye el medio ambiente mientras flexibiliza y superexplota a los trabajadores. ¡Hay que terminar con este robo! La única salida pasa por reestatizar todo el negocio petrolero y gasífero para construir una empresa monopólica estatal, que unifique todas las actividades, desde la exploración, extracción, refinación y comercialización, poniendo el gas y el petróleo al servicio de un proyecto de desarrollo que resuelva las urgentes necesidades de las mayorías populares.
J.C.

Escribe José Castillo

El gobierno está decidido a imponer un techo salarial de 15% en las paritarias, en cuotas y sin cláusula gatillo. Las cámaras patronales “acompañan”, contentas de poder pagarles menos a sus trabajadores. No podemos aceptar que nuestros salarios sean pulverizados por la inflación. Este 2018 empezó con todo. En enero ya tuvimos la serie de tarifazos en la luz, el gas y el transporte público en Capital y el Gran Buenos Aires. Los combustibles subieron dos veces en menos de cuarenta días. Y esto recién empieza: la suba del dólar, que pasó de 17 a 20 pesos desde diciembre, está siendo la excusa para que se remarquen todos los precios, con los alimentos a la cabeza. De hecho, ya se está acelerando la suba en aceites, carne y pan. En breve, se vendrán los aumentos de marzo: la canasta escolar, según un relevamiento de 37 útiles escolares realizado por la Asociación de Consumidores Libres, sube en promedio 28,5% con respecto al año pasado.
Para el mes de febrero se espera una inflación promedio de 2,5%. Si a eso le sumamos que enero terminó con un alza de casi 1,9%, en marzo se calcula entre 2,5 y 3% y que abril tendrá nuevos tarifazos, es muy probable que terminemos los primeros cuatro meses del año con una inflación acumulada de entre 9 y 10% ¿a quién quiere convencer el gobierno cuando dice que la suba de precios anual no pasará de 15%?
Los economistas más cercanos al gobierno calculan que terminaremos 2018 con una inflación de entre 19 y 22%. Es muy probable que el número sea más alto aún, cercano a 25%, como el del año pasado.
El gobierno de Macri “autoriza” o deja correr aumentos siderales de prácticamente todo (como vemos y explicamos más abajo con los combustibles). Les garantiza a los acreedores de deuda cláusulas gatillos en los nuevos bonos para que “no pierdan con la inflación” (como también explicamos en esta misma página). En síntesis, todos los empresarios y banqueros quedan “cubiertos”… a costa de los trabajadores.
Es que a sabiendas de todo esto, el gobierno de Macri quiere imponer un techo salarial de 15% en las negociaciones paritarias. Blanco sobre negro: que los que perdamos seamos los trabajadores. Sumémosle que en todos los casos lo que se ofrece son aumentos en cuotas. Eso no es lo peor: se oponen a la existencia de la “claúsula gatillo”. Si están tan seguros de que la inflación va a ser de 15%, ¿por qué no aceptan que si los precios suben por encima los trabajadores automáticamente reciban un incremento para cubrir la diferencia? La respuesta es clarísima: porque tanto el gobierno como las patronales saben que la inflación será superior a 15% y su objetivo explícito es que baje el salario real de los trabajadores.
Macri quiere imponernos este robo a nuestros bolsillos: por eso Vidal ya dijo que ese es el ofrecimiento inamovible para la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, que por su importancia es testigo para todo el sector público. Y las patronales aportan lo suyo: ese es el motivo por el cual plantean un irrisorio 9% de aumento a los bancarios, para “marcar la cancha” ante todo el sector privado.
Tenemos que salir a pelear y romper este techo salarial que quieren imponernos. Hay que exigir un salario mínimo igual a la canasta familiar para cada actividad: ¡nadie puede ganar menos de 25.000 pesos! Y para los trabajadores que ya tienen salarios por encima de ese valor hay que reclamar aumentos de acuerdo a la inflación real, cubriendo lo perdido en 2017 y las perspectivas de 2018. Y que ese aumento se pague en una sola cuota y con cláusula gatillo de aplicación inmediata si la inflación se dispara por encima de ese valor.
Está en juego nuestro salario: esto es lo que tenemos que discutir con nuestros compañeros de trabajo, promoviendo asambleas allá donde sea posible, sacando pronunciamientos con mandato desde los cuerpos de delegados, exigiendo que los paritarios sean electos en asamblea y, por sobre todo, planteando que los dirigentes burocráticos de los gremios y la CGT rompan su tregua con el gobierno y llamen a un paro general y a un plan de lucha para derrotar el ajuste macrista.

Escribe Juan Nordio Trabajador del INTI Córdoba

El INTI fue creado hace más de 60 años y desempeña una innumerable cantidad de actividades tales como la certificación de calidad de productos, la verificación de instrumentos de medición y la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la industria argentina. Los controles del INTI aseguran, por ejemplo, que los juguetes y las mamaderas no contengan sustancias tóxicas, o que cuando se carga combustible se entregue efectivamente la cantidad que se está pagando.
El INTI cumple un importante rol para la sociedad y para la industria nacional. Entonces cabe preguntarse por qué en lugar de fortalecerlo se produce el despido de 258 trabajadores, profesionales y técnicos con muchos años de experiencia.
La respuesta es que las actuales autoridades con el asesoramiento de la consultora vasca Tecnalia han detectado la posibilidad de hacer grandes negocios privatizando las áreas más rentables.
El desmembramiento del INTI traerá aparejado la falta de controles. Una de las áreas de mayor interés es la homologación y verificación de instrumentos reglamentados (surtidores de combustible, básculas para pesar camiones, alcoholímetros, etcétera), tarea que realiza el INTI desde el año 2003. En ese sentido el gobierno de Macri ya aprobó en noviembre el decreto 960/2017 por el que se le quita al organismo la exclusividad y permite a empresas privadas realizar estos controles.
Las petroleras dueñas de estaciones de servicio y las federaciones de expendedores se opusieron totalmente cuando el INTI comenzó a implementar el control de los surtidores y se negaron a pagar por el servicio. Es que permitir que ellos mismos realicen los controles es dejar que adulteren la cantidad de combustible que despachan perjudicando a los consumidores.
Una situación similar ocurrirá en los puertos donde sin el control de las balanzas que realiza el INTI, las multinacionales agroexportadoras (Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, etcétera) tendrán las manos libres para pesar los camiones a su antojo perjudicando a los productores y acopiadores de granos que envían su cosecha. Los importadores también se verán beneficiados ya que al quedar el control en manos privadas no será necesario cumplir estrictamente la normativa vigente a la hora de ingresar cualquier producto, perjudicando a la industria nacional y a los consumidores.
En síntesis, el desmembramiento del INTI será como poner al lobo a cuidar las ovejas.