Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista / FIT Unidad

El 31 de diciembre volvió a pasar. Edesur dejó a más de 400.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires sin luz, arruinándoles el festejo de Año Nuevo. “Gracias Edesur, por no dejar fiesta sin arruinar”, se transformó en tendencia en Twitter. Algo parecido a lo que había sucedido el año pasado, donde un larguísimo apagón, obligó a millones a tirar a la basura la comida almacenada para la ocasión, podrida por las altísimas temperaturas. Esta vez, Edesur ni siquiera pudo argumentar el alto consumo por la ola de calor. “Fue un globo de pirotecnia”, informó como excusa, para esconder la desidia de horas hasta que se retomó el servicio. La página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), el ente que teóricamente debe defender a los usuarios, permaneció caída todo ese tiempo.

La historia se viene repitiendo desde hace casi treinta años, las empresas privatizadas brindan servicios pésimos, no cumplen ni siquiera las inversiones mínimas a las que supuestamente están obligadas por los contratos, pero sí embolsan millones de pesos. En los años del peronismo menemista, cobraban tarifas altísimas, dolarizadas. Ello no impidió que se produjera en 1999 el mayor apagón que registra la historia de la Ciudad de Buenos Aires, con zonas que llegaron a quince días sin luz. Después del Argentinazo de diciembre de 2001, la indignación popular obligó a los gobiernos a pesificar las tarifas, Duhalde primero y los Kirchner después se las arreglaron para que las empresas no perdieran, reemplazaron los tarifazos por enormes subsidios. Cuando llegó Macri se volvió a los tarifazos. Ahora, con el gobierno peronista del Frente de Todos, existe un mix: subsidios que se mantienen, por un lado, y tarifazos exigidos por el FMI por el otro. Conclusión, las empresas nunca pierden.

Pero eso no es todo. Las mismas distribuidoras que reciben todas estas prebendas mantienen una enorme deuda con Cammesa, la empresa del estado nacional que les provee la energía que ellas luego distribuyen. Entre Edenor y Edesur adeudan nada más ni nada menos que 220.000 millones de pesos. Seamos claros: Edenor y Edesur les cobran a los usuarios por una energía que reciben sin pagar, por lo menos desde principios del 2020.

El gobierno del Frente de Todos, cínicamente, en el mismo momento en que promete multar a Edesur por el apagón de Año Nuevo, les perdona la deuda a ambas, Edenor y Edesur. Es un escándalo. Acepta que paguen sólo 80.000 millones y en 96 cuotas, a tasa subsidiada. El acuerdo fue firmado por la secretaria de Energía Flavia Royón, el Enre (el supuesto defensor de los usuarios) y las empresas, una de las cuáles respondió al gobierno horas después con el brutal apagón que citamos al comienzo de la nota. La “multa” que pagará Edesur por el apagón serán apenas monedas en comparación con la deuda perdonada.

En síntesis: Vila y Manzano, dueños de Edenor y amigos de Alberto Fernández, y la italiana Enel, dueña de Edesur que ya ha avisado que obtuvo lo suficiente y está por retirarse del negocio, embolsan superganancias a costa del pueblo trabajador, que lo paga de su bolsillo, en forma directa, con los tarifazos, e indirectamente, con los impuestos que financian los subsidios a estas empresas. El gobierno peronista del Frente de Todos ajusta y beneficia a las patronales, en el mismo momento en que descarga un brutal ajuste sobre las espaldas de los trabajadores y sectores populares que, recordemos no es sólo el tarifazo eléctrico, sino también en el transporte, naftas, medicina prepaga y otros rubros.

Volviendo a las privatizadas, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio (Macri, Larreta, Patricia Bullrich), Milei y todos los candidatos patronales están de acuerdo con las privatizaciones. Pero, hay que terminar con todo esto, con empresas que se burlan de los usuarios y son apañadas por todos los gobiernos. La única salida pasa por la inmediata rescisión de los contratos, y la reestatización del servicio bajo gestión de los propios trabajadores y usuarios. Un camino que solo propone el Frente de Izquierda Unidad. Esta es la manera de brindar servicios de calidad, con tarifas sociales para quiénes la necesiten.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con un discurso en tono electoralista y mirando el calendario electoral (en el que el peronismo la tiene muy difícil), la vice presidenta inauguró en Avellaneda el polideportivo Diego Armando Maradona junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente Ferraresi. El acto se da tras el desplante de la selección nacional por no ir a la Casa Rosada, mientras millones siguen festejando la tercera copa mundial de la mano de Messi y la Scaloneta.

Cristina corroboró con su discurso lo que ya se palpa en los comentarios populares y las encuestas, que habla solo de sus problemas, de sus causas judiciales, no de la tremenda inflación, los salarios y jubilaciones de pobreza, y de cómo salir de esta malaria. De esto último no hubo ninguna mención. Al contrario. Volvió a decir, por ejemplo, que los precios aumentan culpa del “partido judicial” (usando a jueces patronales y corruptos repudiados por millones), salvando de esta manera a los grandes capitalistas y monopolios formadores de precios como Arcor, Molinos, Techint, Coto y las multinacionales que viven remarcando los precios bajo la impunidad del gobierno del Frente de Todos.

Cristina no habla de “los problemas de la gente”, como se dice. Primero, porque apoya decididamente a Sergio Massa, quien está aplicando un mayor ajuste para cumplir con el FMI. Segundo, porque Cristina es parte de este gobierno, aunque intente ningunearlo. Y finalmente, porque el peronismo kirchnerista no tiene ningún plan económico alternativo más que cumplir con las recetas del Fondo Monetario.

Cristina se refiere permanentemente a las supuestas bondades de los 12 años kirchneristas de 2003/2015, como si en esos años se hubiera vivido en un paraíso. Lo cierto es que millones la pasaban mal, por eso lamentablemente ganó Macri en 2015.

Cristina recordó que en esos gobiernos se le dijo "chau al FMI", cuando lo que ocurrió fue que se le pagó de contado a ese organismo imperialista. Dato que usa para intentar tapar que hoy el peronismo, con el voto del macrismo de Juntos por el Cambio, avaló en el Congreso el pacto mafioso Macri-FMI para pagar una deuda fraudulenta que fue a la bicicleta financiera.

El llamado "Argentinos hay que despabilarse” y el guiño que le hizo a la juventud, es parte del desesperado intento por convencer de que el peronismo es salida para el pueblo trabajador. Pero ya 5 millones dejaron de votar al Frente de Todos en 2021 ante la defraudación de que venía “para combatir a la derecha”, donde una parte muy valiosa fue al Frente de Izquierda Unidad.

Al final Cristina llamó a movilizar el próximo 24 de marzo “a 40 años de la democracia". Intenta hacer creer que la disyuntiva es “democracia” o “antidemocracia”, de lo que ella denomina mafias paralelas. Atento a ello volvió a hablar de proscripción del peronismo, cuando nada le impide que sea candidata, y cuando el peronismo vino gobernando 27 de los 39 años desde 1983 a esta parte, y solo se ve pobreza, robo salarial, saqueo, megaminería y pagos al FMI.

Opuesto a lo que dijo Cristina, desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad llamamos a luchar por el salario y las jubilaciones, contra el mayor ajuste, por no pagar más una deuda usurera y fraudulenta, por desembarazarnos del FMI, inaugurando otro plan económico, obrero y popular. Peleando por un gobierno de las y de los trabajadores y una Argentina Socialista. Para ello postulamos a la única alternativa política al servicio de los intereses del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud, que es el FIT Unidad, tanto en las luchas como en las elecciones. Para ello nuestro partido postula la fórmula presidencial única de la izquierda Bregman-Solano para dar la pelea electoral en 2023 de manera unitaria contra todos los políticos y partidos del sistema, del Frente de Todos, Juntos y el liberfacho de Milei. Porque la única salida, es la izquierda.

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Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Termina 2022 marcado por el tercer año de gobierno peronista del Frente de Todos, con índices sociales alarmantes, saqueo y entrega al FMI. Un año en el que, además del atentado contra la vicepresidenta, se dieron los triunfos en las huelgas del Sutna y los residentes de Salud por salario, a pesar de la traición de la CGT y las CTA. Para lo que resta del año y en vistas al 2023, Izquierda Socialista llama a redoblar los esfuerzos para postular al Frente de Izquierda Unidad, en las luchas y en las futuras elecciones, como parte de la pelea estratégica por lograr un gobierno de las y los trabajadores y de la izquierda y una Argentina socialista, contra este sistema capitalista que defienden tanto el peronismo, como Juntos por el Cambio y Milei. Levantamos desde ahora la fórmula presidencial unitaria Bregman-Solano para no ir divididos a las PASO.

Este 10 de diciembre se cumplieron tres años de gobierno peronista del Frente de Todos y treinta y nueve años de lo que se denomina “la recuperación de la  democracia”. El año que viene será fecha redonda, cuarenta años desde aquel 1983 en que se votó por primera vez tras la sangrienta dictadura militar. Es un buen disparador para mirar cómo está hoy la Argentina y el pueblo trabajador.

Hay un mensaje común entre los políticos patronales. Dicen que en estos años se lograron avances pero que sigue habiendo muchas “deudas de la democracia”. Una democracia, como se ve, al servicio de los ricos y grandes capitalistas.

Empecemos por señalar que la caída de la dictadura y la conquista de las libertades democráticas se dieron por la lucha de la clase trabajadora y sectores populares, no por Alfonsín ni el peronismo. A casi cuatro décadas de ello, solo se puede observar más pobreza e indigencia, marginalidad social y dependencia con el FMI.

¿Cómo puede ser que a un país rico lo hayan dejado ante semejante desastre y postración? Esto ocurrió por culpa de todos los gobiernos, sean radicales, peronistas con sus distintas alas, el macrismo, los denominados de centroizquierda, centroderecha o nacionales y populares. Eufemismos que tratan de diferenciarlos y no unirlos por lo esencial, nada más y nada menos que por gobernar manteniendo los pilares de este sistema capitalista generador de más ajuste, saqueo y destrucción ambiental, obligando a  millones a vivir con ingresos miserables ante una inflación del 100%.

Con el ejemplo del Sutna y los residentes

El hambre y el robo salarial fruto de las actuales políticas incentivan las luchas. Muchas de ellas han triunfado, generando un gran aliciente. Hace semanas las y los residentes de CABA, con una verdadera “marea blanca” de autoconvocados rebelados, lograron un gran triunfo salarial. Esta lucha sigue en el Garrahan, el Posadas y otros sectores. Personal de salud a quienes tanto Alberto Fernández y Larreta los consideraban imprescindibles y esenciales en la pandemia, ahora son descartables, víctimas de salarios miserables y pluriempleo explotador.

Este año también se dio la heroica lucha de los trabajadores del neumático nucleados en el Sutna, que con una tremenda fuerza desde abajo y una conducción combativa derrotaron a las políticas de las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, logrando un gran triunfo y avance salarial. Esto demuestra que las luchas se pueden ganar, augurando como perspectiva para el año que viene que la pelea por el salario y contra la brutal inflación será una constante, más allá del rol traidor de las conducciones sindicales burocráticas. El triunfo del sindicalismo combativo y unitario en el gremio Ademys, y la amplia campaña de solidaridad contra el desafuero de su dirigente Jorge Adaro, demuestran que hay que seguir fortaleciéndolo para coordinar las luchas y fundamentalmente para dar pasos en una nueva dirección combativa y democrática para el movimiento obrero.
 
Indigencia para millones, grandes ganancias para una minoría

El informe conocido la semana pasada por parte del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) arrojó datos escalofriantes. La pobreza ascendió al 43% y la indigencia al 8%, porcentajes que si se les descontara la asistencia social llegarían al 50% y al 20% respectivamente.

Lo inédito es que el registro devela que los nuevos pobres no son solo quienes no tienen nada, sino las y los trabajadores formales, de sectores populares y medios. Los ocupados pobres crecieron al doble desde 2017. Estas cifras son más alarmantes cuando se mide el impacto sobre las mujeres, niñas y niños. Otro tanto pasa con las y los jubilados, sumergidos en una mínima de 50.000 pesos, por debajo de la canasta de indigencia que está en 62.000 pesos.

La canasta de pobreza alcanzó los 139.000 pesos y según los cálculos de ATE Indec se necesitan 217.000 pesos como piso mínimo para que una familia tipo pueda acceder a lo esencial. Ante ello el gobierno profundiza el ajuste, con la baja de 20.000 planes Potenciar Trabajo, y la reducción de las partidas en Salud, Educación, Discapacidad y Vivienda, entre otras, plasmadas en el Presupuesto 2023 votado por el peronismo y Juntos por el Cambio.

Por otro lado, lo que creció en estos años del gobierno peronista del Frente de Todos fue la regresión en la distribución del ingreso, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. Esto no es casual. Se debae a que el gobierno, mientras vende que los males son por la pandemia y la guerra en Ucrania, deja en la impunidad a los formadores de precios para que los aumenten sideralmente; decreta el dólar soja a 230 pesos para los oligarcas del campo, pooles de siembra y multinacionales agroexportadoras; fija retenciones cero para las automotrices extranjeras; otorga más beneficios para las petroleras, megamineras y saqueadoras del litio; incentiva con un blanqueo a los que se fugaron millonadas al exterior; y pagó más de 12.000 millones de dólares de deuda externa a los usureros internacionales, mientras se vienen vencimientos superiores en monto desde el 2024 en adelante. Esta es la pura realidad.

La renuncia de Cristina a ser candidata provoca más crisis en el gobierno y el peronismo

Día tras día se sigue expresando la enorme crisis política del gobierno y del conjunto del peronismo. La condena a Cristina por enormes hechos de corrupción bajo su anterior gobierno ha provocado un tembladeral en sus filas. Si bien era una condena esperada, llevó a que Cristina renunciara a ser candidata, y a que se puedan reabrir otras causas que involucran a Máximo Kirchner.

“No voy a estar en ninguna boleta electoral”, dijo. Cristina graficó que sería un karma para ella y el peronismo ir a una campaña electoral en esas condiciones. Era la noticia que no hubiera querido recibir Axel Kicillof, quien se jugaba a no perder la estratégica provincia de Buenos Aires prendido a Cristina candidata. Tampoco el burócrata kirchnerista Roberto Baradel, de quien en el reciente congreso de Suteba lo único que se escuchó fueron arengas para su tropa por “Cristina 2023”.

Si bien puede haber un operativo clamor para revertir la decisión (Larroque y La Cámpora dicen que es definitiva), el desconcierto y desazón de sus seguidores ya está. Ante un Alberto Fernández que ha quedado en modo decorativo y un Massa echado a su suerte aplicando un brutal ajuste, diciéndole a su familia que aceptar ser ministro sería su último acto en la vida pública, quien quedaba era Cristina. ¿Y ahora? ¿Alguien puede creer que los nombres que se barajan en la sucesión como Wado De Pedro, Manzur y Capitanich van a generar pasión y entusiasmo?

El trasfondo de la decisión de Cristina hay que buscarlo en la crisis profunda del gobierno y del peronismo, perdiendo por todos lados. El año que viene seguirá el mayor ajuste, y las encuestas le daban que si bien tiene un 25% de núcleo duro, su imagen negativa llega a casi el 70%, lo que llevaría a que pierda en una segunda vuelta. Millones la ven preocupada solo por sus causas judiciales, no por la inflación o los bajos salarios, de lo cual no habla tras su claro apoyo a Massa y su alineamiento más decidido a Estados Unidos, como lo prueba su entrevista con el embajador norteamericano.
Su frase “me quieren muerta o presa”, o que la quieren proscribir porque no la bancan los poderosos, es la muletilla que vienen esgrimiendo desde el gobierno para salvar a un peronismo que lejos de ser una amenaza para los grupos concentrados, solo puede exhibir más ajuste, inflación y dependencia con el FMI.
 
La salida es la izquierda

El gobierno y la oposición patronal de Juntos por el Cambio hacen todo mirando las elecciones del año que viene. Se pelean por el manejo de los jueces (hubo una sesión escandalosa en Diputados) pero coinciden en el ajuste y el sometimiento al FMI.

Si el peronismo está en crisis, ni hablemos de Juntos por el Cambio. Están en una crisis brutal, tanto PRO como la UCR. Pidieron que se mantengan las PASO para evitar rupturas internas y canalizar por esa vía sus peleas salvajes con varias candidaturas presidenciales, mientras Macri sigue en Qatar a fuerza de papelonazos tipo “Alemania es peligrosa porque representa la raza superior”.

Larreta, para oxigenarse, se fue a Estados Unidos para mostrarse como presidenciable. Patricia Bullrich, su contrincante, también viaja en estos días a ese país donde disertará sobre “corrupción y narcos”, mientras en el imperialismo yanqui donde nunca se condena a ningún capo de la droga y es el principal paraíso fiscal del mundo.

Milei, por su parte, viene creciendo con un peligroso discurso de ultraderecha, postulando sus políticas fundamentalistas de capitalismo salvaje, anti obreras y represivas. Reivindica al gobierno entregador de Carlos Menem y al Cavallo ajustador que estuvo con la dictadura, el peronismo y el radical De la Rúa. Milei siempre deja claro que podría ir a las elecciones en un pacto con la ajustadora y represora Patricia Bullrich. Por eso cuando las encuestas dan un gran porcentaje de electores que dicen que quieren “algo nuevo”, les decimos que todos ellos ya gobernaron y que lo único distinto es el FIT Unidad.

Decimos categóricamente que la salida es la izquierda. Lo único distinto y necesario para el pueblo trabajador es la unidad de la izquierda conquistada con el Frente de Izquierda Unidad, que nunca gobernó y viene enfrentando a todos los gobiernos capitalistas desde su conformación en 2011.

A las y los luchadores y a la extendida vanguardia sindical, del movimiento de mujeres y disidencias, de la lucha ambiental y juvenil, les decimos que den el paso de abandonar a los viejos partidos y políticos capitalistas y se decidan por fortalecer al FIT Unidad, en las luchas y para las elecciones.

El Frente de Izquierda viene creciendo en estos años con sus propuestas de fondo, acompañando los reclamos obreros y populares, siendo parte del sindicalismo combativo y denunciando a todos los políticos del sistema. Esta coherencia y trayectoria que llevó a que hiciera una gran elección el año pasado, logrando la mayor cantidad de bancas al Congreso Nacional, bancas en las legislaturas e incluso concejales en el conurbano donde se decía que nunca lo iba a lograr. Lamentablemente el FIT Unidad no se siguió postulando en los últimos meses por culpa de las políticas auto proclamatorias del PO y el PTS, las cuales venimos combatiendo y llamando a cambiar.

El FIT Unidad no puede ir dividido el año que viene a las PASO. Por eso desde Izquierda Socialista estamos proponiendo una fórmula única presidencial, con Bregman-Solano, para ir unidos con toda nuestra militancia frentista a dar la pelea electoral con una política unitaria contra los candidatos patronales. Se deben respetar los acuerdos y equilibrios entre las distintas fuerzas que conformamos el Frente, en base a los resultados de las últimas elecciones, manteniendo la rotación de las bancas. Para ello ponemos a disposición a nuestras figuras y candidaturas (ver "Ponemos a disposición nuestras principales candidaturas").

Apoyar las luchas y al sindicalismo combativo, y batallar por una salida de fondo postulando en los reclamos cotidianos y en las elecciones al FIT Unidad, es la mejor forma de sortear positivamente los próximos desafíos.

Escribe José Castillo

La pobreza sigue aumentando en nuestro país. Lo mismo la indigencia. Ya no basta con tener trabajo, tres de cada diez personas con empleo también son pobres. Es el resultado de años de planes de ajuste, ejecutados por todos los gobiernos al servicio de las ganancias empresarias y el saqueo de la deuda externa.

Se conocieron los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA del tercer bimestre del año. Los números son aterradores. La pobreza creció al 43,1% (17 millones de personas). Con estos valores se encuentra en los máximos niveles desde 2010, con la única excepción del comienzo de la pandemia.

Se trata de 17 millones de personas. La mitad de ellos, 8,5 millones, tienen además elementos de pobreza estructural (falta de cloacas, sanitarios, educación, problemas de hacinamiento).Tres de diez tienen tres o más carencias. El 9,4% se encuentra en “insuficiencia alimentaria severa”. El  9,9% no tiene acceso a agua corriente y dos de cada diez viven cerca de basurales.
Menos de dos de cada diez pobres acceden a un empleo pleno.

De estos 17 millones de pobres, 8,5 millones son directamente indigentes, no llegando a poder adquirir mensualmente la canasta básica de alimentos. Si no existiera la asistencia social la pobreza ya superaría el 50 y la indigencia el 20%, respectivamente. Sin embargo, como explicamos en otra nota más abajo, los montos de esa ayuda cada vez son más insuficientes.

La pobreza afecta no solo a los desocupados. De los que trabajan 29,8% no llegan a la canasta básica total (ver "Trabajadoras y trabajadores cada vez más pobres").

La pobreza crece al compás de los pagos de deuda externa

El crecimiento de la pobreza no es nuevo. En los últimos cuarenta años vivimos sometidos a los planes del FMI y pagamos miles de millones de dólares en concepto de una deuda externa ilegal, inmoral y usuraria, contraída por la dictadura y reconocida y pagada por todos los gobiernos posteriores. Mientras que en 1974 teníamos 4% de pobres, durante la década del ‘80 esto creció al 20%, pasó al 30% durante la convertibilidad y ahora está arriba del 40%. Agustín Salvia, director del Observatorio Social, lo grafica así:  “hay dos generaciones de pobres y una tercera en gestación”. En este siglo, un 7% de la población que antes podía ser considerada “clase media” cayó bajo la línea de pobreza y nunca más pudo recuperarse.  

La contrapartida de todo es que las patronales nacionales y extranjeras hicieron y siguen haciendo superganancias. Así, el reparto de la torta distributiva es cada vez más desigual. En el gobierno del Frente de Todos en particular, estamos viendo los privilegios que perciben los monopolios exportadores de soja, las multinacionales automotrices, petroleras y de la megaminería, o las grandes alimenticias e hipermercados, a los que se les brinda acceso a dólares a valores diferenciados, mientras se ajusta al pueblo trabajador. Y también, como siempre, la continuidad de los pagos de deuda externa a los pulpos especuladores y el FMI.

Se necesita un plan económico de emergencia

Terminar con la pobreza y la indigencia es la prioridad número uno. Para eso es necesario poner en marcha un programa de emergencia, obrero y popular. Que comience con suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper con el FMI, para poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares: un aumento salarial para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE Indec en 217.000 pesos), que luego actualice mensualmente por inflación; un incremento jubilatorio para llevar la mínima al valor de la canasta de la tercera  edad (151.478 pesos); un plan de viviendas populares que genere los millones de puestos de trabajo genuino que se necesitan para terminar con el desempleo; y plata para educación y salud de calidad.

Escribe José Castillo

Un hogar de familia tipo que percibía en julio pasado el Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar, alcanzaba en julio a cubrir el 97% de la canasta básica alimentaria. Hoy, apenas si llega al 87%. Eso implica que en apenas cuatro meses, perdió el 10% del poder adquisitivo. Hoy esa familia percibe 27.725 pesos por el Potenciar Trabajo (medio salario mínimo, vital y móvil), dos AUH (13.553 pesos) y la tarjeta Alimentar (13.500 pesos). Un total de 54.328 pesos, mientras que la línea de indigencia está en 62.106 pesos.

Sobre esta dramática realidad, el gobierno habla de ajustar más, reduciendo planes o “desenganchando” el Potenciar Trabajo del salario mínimo, vital y móvil, para que ni siquiera llegue al 50%. Una auténtica vergüenza, al servicio de que cierren los números del ajuste que ordena el FMI. Exigimos, tal como proponen los movimientos sociales combativos, un incremento urgente del valor de los planes, que no haya bajas ni congelamiento de los mismos y, sobre todo, que se lleve adelante un plan de obras públicas en base al no pago de la deuda para generar trabajo genuino.