Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

“No es la policía. Es la gestión de Kicillof y Berni”, tuiteó la actual diputada nacional y ex gobernadora de PRO, María Eugenia Vidal. Que quede claro. Para la representante del macrismo la policía no tuvo la culpa en la muerte del hincha ni en la represión. Una defensa a ultranza de un verdadero ejército para reprimir, como lo es la bonaerense, además de ser parte de cuanto delito rentable existe en el conurbano bonaerense.

Vidal también dijo que cuando ella gobernó recuperó “la ley y el orden” y que hubo “una Provincia más segura y sin impunidad”. Todo bajo un marketing electoral al mejor estilo Patricia Bullrich, mostrando que en Juntos no hay halcones o palomas, sino políticas pro represores.

Cuidado con Vidal y el PRO. Si sos una estudiante que lucha por la educación, sos una “delincuente”, y si vas a la cancha y te reprimen, la culpa no la tiene la policía.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Nunca un gobierno peronista reprimió al pueblo”. Esto dijo Cristina Fernández de Kirchner en su último discurso ante la causa Vialidad. Un claro (doble) discurso, del cual siempre alardea el peronismo kirchnerista.

La frase de Cristina, más que de salvación, ofició de premonición ante los hechos por venir: la salvaje represión contra mujeres y niñes mapuches orquestada por Aníbal Fernández, y el posterior asesinato del hincha de Gimnasia por parte de la policía de Berni y Kicillof, sus delfines. Cristina, nacida en La Plata e hincha del Lobo, no emitió opinión sobre el tema.

Esta polémica sobre si el peronismo reprime o no la venimos teniendo desde hace años. Debate que siempre surge cada 24 de marzo, en el que se repudia con marchas multitudinarias al golpe genocida de 1976. Los actuales hechos lo prueban.

“Renuncio por la tremenda violación a los derechos humanos”, dijo la ex ministra de Mujeres ante la represión del gobierno contra la comunidad mapuche. Esto confirma lo que venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista, que el peronismo no defiende los derechos humanos, sino que los viola. Por eso nunca Cristina a pesar de ser abogada, firmó un hábeas corpus en favor de los perseguidos políticos.
Por su parte, siempre hemos señalado que la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y el Punto Final no fueron obra del gobierno peronista kirchnerista, sino de la lucha de varias generaciones que venimos llenando las calles durante décadas contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy. Y a no olvidar que en 2006, en pleno gobierno de Néstor Kirchner, desapareció Julio López en La Plata, y nunca se supo nada más de él.

Si hablamos de represión de un gobierno peronista recordemos el operativo de Berni del año 2020 que desalojó violentamente con topadoras y quemó las casillas de familias humildes que ocuparon un pedazo de tierra en Guernica. Solo pedían por vivienda digna, cosa que el gobierno nunca les dio. La represión contó con el apoyo de Andrés “Cuervo” Larroque, en ese momento ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Que el peronismo reprime está probado por otros hechos aberrantes, como el asesinato de Darío y Maxi (la masacre de Avellaneda) bajo el gobierno peronista duhaldista de 2002, quien hizo la tarea sucia previo a la asunción de Néstor Kirchner. En 2010, en pleno gobierno de Cristina, fue asesinado el joven Mariano Ferreyra a manos de la patota del burócrata de la Unión Ferroviaria ligado al kirchnerismo, José Pedraza.

Siempre hay dirigentes peronistas que van a correr el arco para negarlo. Jorge Rachid, médico del Instituto Patria, dijo en estos días que las mujeres mapuches fueron reprimidas por culpa “de una mujer blanca jueza cómplice de una Corte corrupta”, no de Aníbal Fernández. Y que “a Kicillof le tiraron un muerto”.

Como siempre decimos, el ajuste no pasa sin represión. Y el peronismo en el gobierno es ajuste y represión. Por eso desmentimos la otra frase de Cristina ante un encuentro con jóvenes de La Cámpora diciéndoles que “el peronismo está más vigente que nunca”. Aunque duela, decimos lo contrario, que el peronismo no va más, porque es sinónimo de más ajuste, entrega y sometimiento ante el FMI y porque reprime y viola los derechos humanos. Derechos humanos que también incluye a quienes se siguen hundiendo en el hambre y la indigencia mientras las ganancias capitalistas siguen en ascenso. Por eso bregamos para superar al peronismo por izquierda, construyendo Izquierda Socialista para seguir fortaleciendo al Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Mariano Barba
 
El 5 de octubre comenzó el operativo extraordinario de desalojo contra la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, cercano a Bariloche, provincia de Río Negro. Varias mujeres mapuches con niñas y niños, entre ellas la Machi Betiana Colhuan Nahuel (autoridad espiritual de la comunidad) permanecen presas. Exigimos la inmediata libertad de todas ellas y la devolución de las tierras a la comunidad como parte de su legítima recuperación.
 
Con una ferocidad propia de operativos represivos conjuntos entre varias fuerzas fue desalojada la comunidad por orden de la jueza federal Silvana Domínguez. Desde hace muchos años y en especial desde el 2017 los gobiernos nacional y provincial querían el desalojo. Está en disputa un terreno de menos de cuarenta hectáreas y en especial un predio de siete hectáreas donde habita la comunidad.

La gobernadora de la provincia Arabela Carreras, de Juntos Somos Rio Negro, y el presidente Alberto Fernández, acordaron desalojar el predio. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, fue el encargado de organizar el operativo a través del Comando Unificado de Seguridad zona Villa Mascardi conformado por la Federal, la Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Un verdadero ejército de represión. Dos aviones de la Fuerza Aérea transportaron a tropas especiales. A su vez, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de Río Negro (COER) cortaba la ruta para garantizar el ingreso de unos 250 efectivos en territorio mapuche con perros, drones y grupos tácticos.

El argumento usado por el gobierno fue el incendio perpetrado el 25 de septiembre por personas con el rostro cubierto contra la propiedad Los Radales y una casilla utilizada por gendarmes. Ninguna investigación “descubrió” hasta el momento a los autores. En la comunidad de la zona aseguran que fue un hecho montado para justificar el accionar posterior de desalojo.

Las ricas tierras argentinas están siendo entregadas a multimillonarios locales y extranjeros (ver "Los que se quedaron con las tierras"). En Villa Mascardi operan algunos de esos empresarios como el Grupo Burco (Bélgica), Eduardo Elsztain (dueño del Llao Llao), entre otros millonarios. Pero el mayor propietario de la zona es Parques Nacionales, o sea, tierras fiscales de frontera que jamás deberían ser privatizadas.

Acusan de usurpadores a la comunidad mapuche pero ese predio nunca fue sometido a las normas de la ley 26.160 que obliga a los gobiernos provinciales a realizar el relevamiento de las tierras de las comunidades originarias para su posterior devolución prohibiendo los desalojos mientras dure dicho relevamiento. La aplicación de esta ley no la cumple la gobernadora Carreras en ninguna comunidad de la provincia. Peor aún, cuando la justicia determinó que se abra un camino hacia Lago Escondido, apropiado por el magnate Joseph Lewis, la mismísima gobernadora se presentó ante el tribunal para apelar el fallo. Actúa como abogada de los multimillonarios. Por eso en Mascardi rápidamente acordó con Aníbal Fernández el desalojo. Juntos actúan como garantes de las inversiones capitalistas a cualquier precio. En 2017 bajo el gobierno macrista de Patricia Bullrich se asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, ahora es el peronismo del Frente de Todos el gestor de este nuevo y semejante atropello represivo.
 
Por la inmediata liberación de las presas

El procedimiento de la detención de las presas fue con mucha violencia. Estaban trabajando en el territorio y de pronto comenzaron a recibir andanadas de gases, siendo reducidas bajo amenaza que las ejecutarían si se resistían. No exhibieron en ningún momento ninguna orden de allanamiento. Recién horas después y ya a bordo de un móvil policial les informaron sobre la existencia de una orden judicial.

En las marchas de repudio al desalojo miembros de la comunidad mapuche comparaban el operativo de desalojo con el trato que recibieron hace 150 años cuando el genocida presidente Roca lanzó la conquista del desierto. En el siglo diecinueve, luego de quitarles las tierras, ese mecanismo de traslado se realizaba con la comunidad originaria completa para desarraigarla y someterla a la servidumbre. Ahora, reaparece la historia. En esta oportunidad, además de la represión y desalojo, las presas fueron trasladadas esposadas a 1.800 km (cárcel de Ezeiza) para ser interrogadas. Así de cruel es el actual accionar del peronismo en acuerdo con Cambiemos y todas las fuerzas patronales. Patricia Bullrich y Macri festejaron el desalojo. Y Cristina no abrió la boca. Solo la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Gómez Alcorta, renunció a su cargo. No pasó de eso.

La repercusión nacional e internacional hizo que las devolvieran a la cárcel en Bariloche y liberaran a Andre Despó Cañuqueo, una de las detenidas.

Desde Izquierda Socialista seguiremos impulsando las movilizaciones exigiendo la libertad de las presas,el retiro de todas las fuerzas represivas y la devolución-recuperación de las tierras en Villa Mascardi para sus legítimos dueños, que es la comunidad mapuche.

Escribe Claudio Funes

“Terroristas”, “maputruchos”, “usurpadores”. El adjetivo que mejor convenga es utilizado para expulsar violentamente a las comunidades mapuches, no importa si delante hay mujeres embarazadas, abuelos o niñas y niños.

Nuevamente los grandes capitalistas del negocio inmobiliario y los dueños de enormes extensiones vuelven a imponer sus intereses.

Según el Registro de Tierras Rurales, 62 millones de hectáreas (35% del territorio Nacional) figuran como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los propietarios privados). Esta proporción aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia Argentina.

A continuación, se detalla una lista, aunque incompleta, de quienes son los verdaderos usurpadores que acaparan las tierras en la Patagonia. El listado incluye además al Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, de características similares al resto de la Patagonia.

    -  Grupo Benetton (Italia) 900.000 hectáreas.
    -  Walbrook (Gran Grupo Bretaña) 600.000 hectáreas.
    -  Lázaro Báez (Argentina) 470.000 hectáreas.     
        Veinticinco estancias en la provincia de Santa Cruz.           
        Todas estas propiedades fueron compradas
        entre 2008 y 2015.
    -  Familia Sapag (Argentina) 420.000 hectáreas en la
         provincia de Neuquén. Felipe Sapag fue cinco veces
         gobernador de la provincia.
    - Familia Menéndez (Argentina) 400.000 hectáreas.             
         Una rama de esta familia es parte de La Anónima S.A.,
        empresa que realizó el barrido étnico del extremo sur             
         de la Patagonia argentino-chilena.
    -  Grupo Heilongjiang Beidahuang (China)
         330.000 hectáreas.
    -  Familia Zingoni-Arze (Argentina) 250.000 hectáreas.
    -  Familia Ochoa-Paz (Argentina) 180.000 hectáreas.
    -  Minera Vale (Brasil) 160.000 hectáreas.
    -  El Palauco S.A. (Argentina) 150.000 hectáreas.
    -  Gold Corp (Canadá) 130.000 hectáreas.
    -  Roberto Hiriart (Chile) 100.000 hectáreas.
    -  Familia Rambeau (Argentina) 94.000 hectáreas.
    -  Grupo Burco (Bélgica) 80.000 hectáreas.
    -     Grupo Bemberg (Argentina), socio comercial
         de Mindlin, Burco y Lewis. 73.000 hectáreas.
    -  Solmat Agropecuaria S.A. (Argentina) 72.000 hectáreas.
    -  Cristobal López (Argentina) 67.000 hectáreas.
    -  Ailin-co S.A. (Argentina) 65.000 hectáreas.
    -  Ted Turner (Estados Unidos) 56.000 hectáreas.
    -  Estancias Schajman S.A. (Argentina) 50.000 hectáreas.
    - Ashley Kent Carrithers (Estados Unidos)
         41.000 hectáreas.
    -  Marcelo Mindlin (Argentina) 40.000 hectáreas.
    - Joseph Lewis (Gran Bretaña) 38.000 hectáreas.
         Usurpador del Lago Escondido.
    -  Jacob Suchard (Suiza) 35.000 hectáreas.
    -  Paolo Rocca (Argentina) 32.000 hectáreas.
         Es dueño del Grupo Techint y según Forbes es la persona
         más adinerada de Argentina.
    -  Holding Salentein (Holanda) 25.000 hectáreas.
    -  Grupo Eidico (Argentina) 24.000 hectáreas

Existen grandes terratenientes de otras regiones de Argentina que poseen propiedades menores en la Patagonia, como Eduardo Elsztain, George Soros, la Corporación Fortabat, Eduardo Eurnekian, la familia Pérez Companc y Bulgheroni, entre otros.

Fuente: Federico Soria, Redacción La Tinta.

Escribe José Castillo

Los precios van camino a terminar el año con una suba promedio de 100%, e incluso con un número muy superior para los artículos de la canasta básica. Las grandes empresas son las ganadoras, haciendo superganancias con sus remarcaciones, mientras los salarios de los trabajadores siguen perdiendo poder de compra.

Entre julio y octubre los salarios de los trabajadores en blanco llevan perdiendo en promedio un 8%. Lejos, muy lejos quedó la promesa del actual presidente Alberto Fernández de que se iba a recuperar lo perdido durante el macrismo. En concreto, desde 2015, los trabajadores bajo convenio de la actividad privada llevan perdido el 25% del poder adquisitivo de los salarios. Mucho peor le fue a los salarios públicos (docentes, trabajadores de la salud, administrativos de todos los niveles -nacional, provincial o municipal). Y ni que hablar de los que están tercerizados o directamente en negro. Un sólo dato: el salario mínimo llegará a 57.900 pesos en noviembre (menos de la mitad de la canasta básica oficial de 119.757 pesos, y apenas un tercio de la canasta real calculada por los trabajadores de ATE Indec, de 192.651 pesos).

La famosa “guerra contra la inflación”, anunciada por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado, no pasó de un discurso más de los tantos de doble discurso. La inflación va camino al 100% anual, acelerándose desde julio pasado al nivel de 7% mensual. En este mes de octubre, en apenas una semana, ya hay una suba de precios promedio por arriba del 3%.

Mientras tanto, las patronales…

No es cierto que “todos pierden” con la inflación. La mayoría de las grandes empresas ganan, y mucho. El mecanismo es sencillo: el aumento “preventivo”. Traducido, las grandes patronales incrementan los precios de lista “por las dudas”. La vicepresidenta Cristina Fernández, transformada en una virtual “comentarista” de la política económica, lo reconoció criticando esta práctica. Son lágrimas de cocodrilo: ella misma fue la que acordó el ingreso de Sergio Massa y sus funcionarios al super-ministerio de Economía. Más aún: antes de Massa hubo varios funcionarios kirchneristas a cargo de la secretaría de Comercio, como Roberto Feletti, que hicieron la vista gorda ante el abuso de los empresarios. Que hoy las empresas ganen con esta práctica de aumentar más “por las dudas” fue incluso justificado por el viceministro de Economía, el liberal Gabriel Rubinstein.

Pero vamos a lo concreto. Uno de los principales monopolios de alimentos, Arcor, pasó de ganar 14.438 millones de pesos el año pasado a 19.935 en este. Molinos Río de la Plata, otra gran alimenticia, creció de 1.637 millones de ganancia a 5.195 millones. Molinos Semino pasó de perder 148 millones a ganar 69.

 El resultado operativo conjunto de Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor llegó a 519 millones de dólares, 22% más que en todo 2021. Mientras, el costo laboral de esas empresas bajó de 17,8% a 16,7%.

Ternium, del grupo Techint, está teniendo en 2022 un 34,6% de utilidades sobre ventas. Aluar, la empresa monopólica de aluminio del grupo Madanes (el mismo al que pertenece la empresa de neumáticos Fate), está ganando 15,9%. Molinos Río de la Plata, 11%. Y Arcor presenta una utilidad este año de 23,2%. Todos valores enormemente por encima de años anteriores.

¿Quién tiene que pagar la crisis?

Como vemos, los números sobran para demostrar que, de lejos, las y los trabajadores y el conjunto del pueblo está sufriendo la pulverización de sus salarios, a lo que podríamos agregar las jubilaciones y los montos de los planes sociales. Como contrapartida, las grandes empresas aprovechan el río revuelto de la inflación para ganar incluso más que en años anteriores.

Ninguna de estas empresas puede aducir que no está en condiciones de aumentar los salarios. Tienen margen de sobra. Los acuerdos paritarios quedaron absolutamente desfasados, algunos en valores de 60% en cuotas que aún no se han cobrado. Se impone exigir un aumento de emergencia, que lleve el piso salarial al valor de la canasta familiar calculado por los trabajadores de ATE Indec (192.651 pesos), ajustable mensualmente por la inflación. Para, a partir de allí, reabrir todas las discusiones paritarias y que cada categoría tenga aumentos que cubran lo perdido por la inflación. Para poder imponer esto a las patronales es necesario que la CGT y las CTA rompan su pacto con el gobierno, y salgan a pelear contra este ajuste, que es el exigido por el FMI.