Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El diputado nacional Máximo Kirchner habló en la sesión donde se aprobó el DNU de la deuda, fundamentando su voto en contra. Veamos lo que dijo. Vaya como anécdota su saludo al “marco democrático en el debate que se va a dar la discusión, no como la última sesión en esta Cámara”. Al finalizar se dirigió a Javier Milei señalando: “Usted tiene una responsabilidad única hasta el 10 de diciembre de 2027, ejérzala. Esto va a fracasar”.

¿Qué es lo que va a fracasar para Máximo Kirchner? Que el nuevo acuerdo que se va a firmar con el FMI no se va a poder cumplir. De eso se lamenta, diciendo que Argentina debería firmar un acuerdo que se pueda cumplir. Nada de desconocer al FMI ni de dejar de pagar una deuda usurera y fraudulenta.

El diputado dijo textual: “Tenemos que encontrar la forma de que nuestro país pueda pagar. Así no va a poder pagar nunca. Y mientras más tiempo transcurra sin poder pagar, más agarrados del pescuezo nos van a tener”.

Clarísimo. Es lo mismo que hizo en el 2022. El peronismo kirchnerista votó en contra del acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI reconociendo los 45.000 millones de dólares con que nos endeudaron Mauricio Macri y Luis Caputo en 2018. ¿Por qué votó en contra? ¿Porque ese acuerdo iba a traer más hambre, entrega y sometimiento? No. Lo rechazó porque según sus palabras de entonces, “no asegura la sostenibilidad del endeudamiento luego del 2025.” Es decir, Máximo está de acuerdo en que hay que llegar a una “negociación razonable”. Una voltereta para encubrir que su política no es romper con el FMI, como muchos pueden creer.

Cuando en 2022 votó en contra, en un comunicado dejó en claro que “eso no implicaba el desconocimiento de la deuda”. Por su parte, Cristina Fernández había dicho: “Vamos a tener que hacernos cargo de este muerto que nos dejaron”. A lo que Máximo reforzó señalando que “el gobierno se hará cargo de la herencia macrista porque el pueblo argentino siempre se ha hecho cargo de sus deudas”. Lo cual no es cierto, porque precisamente la rebelión popular del Argentinazo en 2001 obligó a que Argentina deje de pagar por varios años, y no fue embargada ni boicoteada por eso.

Conclusión: bajo los gobiernos peronistas kirchneristas de Néstor y Cristina Kirchner de 2003/2015, y el de Alberto y ella de 2019/2023, la deuda externa siempre se pagó y nunca se rompió con el FMI. Lo opuesto a lo que postula el Frente de Izquierda Unidad. Por eso cuando el kirchnerismo dice que lo que hace falta son más bancas peronistas, preparémonos para votar por más diputadas y diputados del Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Atilio Saluso

La ex presidenta Cristina Fernández habló el sábado pasado en un Congreso Educativo en la Facultad de Sociales de la UBA. Criticó a Javier Milei y a los diputados peronistas que le avalaron el DNU de la deuda.

Allí dijo: “Tenemos que mirar por casa cómo andamos. Sería deshonesto no decir que sin los diputados peronistas de Catamarca, Tucumán, Misiones y Salta, ese cheque en blanco no hubiera existido. Lo digo con mucha pena y dolor”.  

Podríamos agregar que antes ya se había dado el caso del senador Edgardo Kueider, quien fue en las listas del Frente de Todos con Alberto y Cristina Fernández en 2019, y le votó la Ley Bases a Milei, encontrado cruzando Paraguay con 200 mil dólares y esta semana apareció un video contando dólares en su oficina cuando era funcionario del ex gobernador Gustavo Bordet de Entre Ríos. ¿Eso no lo sabía Cristina?

Cristina critica, ante la evidencia de sectores peronistas que son funcionales a Milei, para llamar ahora ante el proceso electoral en curso a que hay que “votar bien”, es decir, a quien ella ponga. Alguien dijo irónicamente: “Hacele caso a Cristina. No votes a peronistas que después se van con Milei”. Tiene razón. Hay que votar al FIT Unidad para asegurarlo.
                         

Este 24M, las calles se llenaron en todo el país contra el gobierno negacionista de Milei-Villarruel. En el 49° aniversario del último golpe de Estado que llevó a cabo un genocidio contra las y los luchadores, jóvenes, trabajadores que peleaban por un cambio en el país. No fue un 24M más, tuvimos el enorme desafío junto al movimiento de derechos humanos de decir ¡Ni un paso atrás!

Durante el gobierno de Milei, se avaló la visita de las y los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas en la cárcel de Ezeiza, se desmanteló la Secretaría de Derechos Humanos y los sitios de la Memoria, y se pretende avanzar en un plan de represión contra la protesta social. No olvidamos ni perdonamos la brutal represión del 12 de marzo en la marcha de las y los jubilados a manos de Patricia Bullrich, que hirió gravemente al reportero gráfico Pablo Grillo.

Recién comenzado el día de la Memoria, Verdad y Justicia, el gobierno lanzó un video institucional desde la Casa Rosada a manos del reaccionario Agustín Laje, negando el genocidio llevado adelante por el Estado y hablando de una supuesta “verdad histórica”, una típica maniobra para falsear la historia y generar confusión, la misma que utilizan quienes levantan la falsa “teoría de los dos demonios”. Hablan de “guerra”, no de terrorismo de Estado, y niegan el exterminio que, a sangre y fuego, impuso un plan económico de saqueo de la mano del imperialismo norteamericano y el FMI ¡Una verdadera provocación! Pero al gobierno le salió mal. Más de un millón de personas llenaron las calles de todo el país, la Plaza de Mayo rebalsó hasta altas horas de la tarde. También en Rosario, Córdoba, Neuquén y en otras ciudades, miles se hicieron presentes.

Frente a las provocaciones del gobierno somos contundentes: si todavía hay impunidad es responsabilidad de todos los gobiernos que no abrieron los archivos de la última dictadura militar y por el pacto de silencio de los genocidas. La única manera de llegar a la verdad es sabiendo dónde están cada uno de las y los 30.000 desaparecidos, recuperando a los más de 400 infancias apropiadas y que haya cárcel común y perpetua para todos los genocidas y sus cómplices civiles. Cada juicio contra la impunidad, cada paso que dimos fue fruto de la enorme movilización del movimiento de derechos humanos que pelea en las calles junto a la enorme fuerza de las madres y abuelas. Juicios que lograron, por ejemplo, que el expolicia federal “Turco” Julián muriera en una cárcel común, después de haber sido condenado tres veces por delitos de lesa humanidad.

Por eso, esta marcha vale doble. Porque salimos a decir: ¡fuera la represora Patricia Bullrich! y en honor a nuestros jubiladas y jubilados, y más que nunca a enfrentar a un gobierno negacionista, provocador y represor que a 49 años del golpe de Estado busca una nueva estafa con el FMI, para seguir pagando una deuda externa que se inició bajo el terrorismo estatal y que es ilegítima, fraudulenta e ilegal.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad fuimos parte de las movilizaciones en todo el país, para reivindicar a nuestros caídos, desaparecidas y desaparecidos del glorioso PST. En Buenos Aires con una gran columna dijimos con fuerza #NuncaMas. #Son 30.000, fue genocidio. Abajo el nuevo acuerdo con el FMI. Fuera Bullrich. Basta de Milei.
 

El reportero gráfico Pablo Grillo se encuentra en recuperación, luego de que un gendarme le disparara una granada de gas en la represión del 12 de marzo. La enorme bronca se transformó en solidaridad cuando se pedían dadores de sangre. Los carteles de ¡Fuerza Pablo! se vieron en las luchas, en las canchas de fútbol y en las marchas. El material registrado señaló que fue deliberado y quién disparó. Exigimos castigo a los responsables materiales y políticos. ¡Fuera Patricia Bullrich! Mientras llenamos de solidaridad y de fuerza a Pablo y su familia.

El 12 de marzo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich realizó un despliegue represivo inédito con balas, palos, camiones hidrantes y gases, para apalear una vez más a las y los jubilados y a todas aquellas personas que nos movilizamos en su apoyo. Acompañamos el repudio a la ministra y el reclamo popular por su renuncia como responsable de ese accionar criminal. Exigimos la derogación del protocolo represivo que atenta contra las libertades democráticas y el derecho a manifestarse.