Escribe Fernanda Giribone, dirigenta de Izquierda Socialista

La modificación parcial de la Carta Magna, iniciativa del Gobernador Gerardo Morales, pretende avanzar en restricciones para las protestas. Busca “reglamentar” las marchas, manifestaciones y reclamos acorde a los estándares de Naciones Unidas, asimismo pretende habilitar el cobro de multas para las contravenciones.

La reforma de la constitución provincial, que hace días propuso el Gobernador en un ostentoso acto, apunta a fortalecer el régimen policíaco y represor y busca, por sobre todas las cosas, limitar la capacidad de lucha y organización de los trabajadores y el pueblo. En este camino uno de los puntos fundamentales que plantea es la prohibición de los cortes de ruta, así como también la sanción ante lo que la justicia pueda considerar "usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada".

En medio de una creciente crisis económica, que no para de agudizarse, ninguna de las necesidades del pueblo trabajador está en discusión para el gobernador Gerardo Morales que, por el contrario, bajo el lema de "Institucionalizar la paz" pretende prohibir -o restringir al máximo- las luchas y protestas para facilitarse la tarea de ajustar los bolsillos de los jujeños. Morales prepara así el terreno para aplicar los planes de ajuste que exige el FMI reforzando el plano represivo porque, para poder pagar la deuda externa, todavía tienen que lograr aplicar más ajuste, tarifazos y más inflación para pulverizar nuestro salario.

Otro punto fundamental de la reforma es “prohibir el indulto a quienes hayan sido juzgados por actos de corrupción”, lo que es un verdadero peligro de la mano de la Justicia adicta al ejecutivo de nuestra provincia, que desde el Ministerio Publico de la Acusación viene fabricando causas contra luchadores. Recordemos que, en el marco, de estas causas armadas, hace meses se realizaron varios allanamientos a locales de distintas organizaciones, y se están impulsando causas contravencionales a referentes políticos de la oposición, mientras otros se encuentran “investigados”.

Mientras Gerardo Morales hace este preocupante planteo, que está avalado por sus socios del PJ, algunos pocos referentes del PJ provincial se rasgan las vestiduras diciendo que esta reforma constitucional, si bien no contempla la posibilidad de una re-reelección del ejecutivo provincial, será utilizada de alguna manera por Morales para perpetuarse en el poder. Estos dichos dejan en claro cuáles son las prioridades de cada uno.

Si bien, desde Izquierda Socialista no descartamos esta posibilidad, consideramos que esa, de ninguna manera es la preocupación principal del pueblo trabajador, que ve día a día desvanecerse el poder adquisitivo de su salario ante la inflación, mientras la burocracia sindical hace oídos sordos y deja pasar el ajuste. Y consideramos que la verdadera salida para el pueblo pasa por impulsar un plan económico obrero y popular que reactive la economía, y genere nuevos puestos de trabajo con mejores salarios. Debemos dejar de pagar la millonaria deuda externa y utilizar ese dinero para priorizar las reales y urgentes necesidades de nuestro pueblo: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, y más plata para educación, salud y vivienda.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo de Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Se acaba de dar a conocer el índice de inflación de 7% para agosto. El peor agosto de las últimas décadas. Otro mazzaso contra el pueblo trabajador. Siete de cada diez productos masivos aumentaron en el último mes. Cada día que pasa sube la pobreza culpa de una inflación que generan los grandes empresarios y el gobierno deja correr, siendo cómplice de la suba sideral de los precios.

Hace unas semanas el gobierno se reunió con los denominados 'gigantes' de la venta masiva. ¿Quiénes son? La Serenísima (Mastellone), Arcor, Molinos, Quilmes, P&G (multinacional yanqui) y Unilever, quienes representan casi el 70% de lo que se consume en las góndolas. ¿Qué les dijo el gobierno? Que no hagan “locuras ni picardías con los precios” y que “acompañen”. ¡Parece una broma! Nada de precios máximos, ni ningún castigo para estos delincuentes de guante blanco que engordan sus ganancias con los alimentos y productos básicos que necesitan millones.

Precios por las nubes, salarios, jubilaciones y planes sociales de pobreza e indigencia. Todo como parte de un brutal ajuste que el gobierno aplica para cumplir con el FMI. La CGT sigue apoyando al gobierno y Yasky y Baradel se reunieron con el embajador yanqui. Exigimos que estos burócratas rompan la tegua con el gobierno y las patronales y llamen a pelear por un inmediato aumento salarial y jubilatorio igual a la canasta familiar para paliar la enorme carestía de vida.

Siguen los debates y las investigaciones sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Se reanudó, además, el juicio por la causa de la obra pública. Mientras gobierno y oposición patronal tratan de utilizar estos hechos, cada uno intentando llevar agua para su molino en un anticipo de la campaña electoral de 2023, la realidad para el pueblo trabajador pasa por otro lado, muy lejos de esas maniobras.

Es que el ajuste, que ya es “el ajuste del ajuste”, sigue pegando cada día más sobre el bolsillo popular. Y decimos esto porque nunca, desde el mismísimo comienzo del gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019, se cumplió con la promesa electoral de entonces, de “llenar la heladera” o “pagarle a los jubilados con la plata que se quedaban los bancos por las leliqs”. Ni hablar de que se iba a llegar a un acuerdo con el FMI que evitara el ajuste. La heladera nunca se llenó, los bancos siguieron embolsando millonadas con las leliqs y el acuerdo con el FMI vino con todos los ingredientes del saqueo. Por eso el gobierno ya había sufrido el castigo electoral de noviembre del año pasado.

Pero por sobre todo esto, ahora vino un ajuste mucho mayor. Fue dicho con todas las letras y reconocido por el propio gobierno, para cumplir con los números acordados con el Fondo. Por eso los salarios y jubilaciones se siguen pulverizando frente a la inflación, ya se vienen los tarifazos en gas y electricidad, hubo recortes en educación que dejaron sin computadoras a miles de pibas y pibes, y achicamientos en salud que generaron indignación y movilizaciones de padres y trabajadores de personas con discapacidades.

Por eso crece la bronca. Y en varios casos ya se ha transformado en pelea contra el ajuste. Un ejemplo son los docentes, en plena pelea en provincias como Santa Fe, o los Sutebas Multicolores con su parazo de esta semana. Otro es la larga lucha que no cesa de los trabajadores del Sutna.

Todo ello mientras la burocracia de la CGT no rompe con la política de ajuste del gobierno. Y, peor aún, tenemos el vergonzoso caso de dirigentes de la CTA que no solo no apoyan las luchas, sino que se van a sacar fotos con el mismísimo embajador yanqui.

Y, ya que hablamos de los yanquis, no olvidemos que mientras acá se juega a debatir sobre si se hace o no una ley sobre el “odio”, la verdadera política se discute en Washington, donde el ministro Massa arregla el ajuste presente (y uno mayor aún para el año que viene) con la jefa del FMI Kristalina Georgieva. O avanza en el saqueo de nuestros recursos, ofreciéndoles más privilegios a los monopolios del gas y el petróleo.

Resumiendo: tenemos un gobierno que negocia descaradamente el ajuste en Estados Unidos, mientras acá la vocera presidencial sigue insistiendo con que “el ajuste no existe”, y que solo “se trata de reasignación de partidas no ejecutadas”. ¡Pregúntenle al bolsillo del pueblo trabajador si el ajuste existe o no!

La oposición patronal de Juntos por el Cambio quiere aprovechar la bronca contra el gobierno. Pero, ¡a no equivocarse! Toda su interna se dirime en tratar de mostrar quién es el mejor candidato para ajustar y tener “mano dura” contra los que salgan a luchar. Mucho menos representan una alternativa válida para el pueblo trabajador los liber-fachos de Milei, que acaba de hacer una conferencia nada menos que con Domingo Cavallo, el ministro hambreador del gobierno peronismta de Carlos Menem.

Tenemos que salir a pelear contra el ajuste. Los docentes y trabajadores estatales de varias provincias nos marcan el camino. Para eso necesitamos una nueva dirección sindical, combativa y democrática, que desplace a la burocracia traidora. La reciente votación en Ctera es un buen ejemplo, ya que a pesar del fraude la lista opositora Multicolor, encabezada por Angélica Lagunas, acaba de hacer una extraordinaria elección, ganando en la provincia de Neuquén como muestra de la bronca contra la burocracia sindical.

Por sobre todo, la discusión es política. Millones se preguntan a dónde va el país, sumido en la crisis y la decadencia. Ninguno de los partidos patronales tiene una propuesta capaz de dar respuesta a los angustiantes interrogantes del pueblo trabajador. Es necesaria otra alternativa política, la que venimos construyendo desde hace años con el Frente de Izquierda Unidad. Planteamos un programa de emergencia obrero y popular que, partiendo de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, priorice aumentar los salarios y las jubilaciones para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, y ponga en marcha un plan de construcción de viviendas populares para crear trabajo genuino y más plata, en vez de recortes, para la educación y la salud pública. Un programa que solo podrá ser llevado adelante por un gobierno de las y los trabajadores, que comience a transitar el camino hacia una Argentina socialista.

Desde Izquierda Socialista estamos comprometidos en construir esta alternativa. En estos días estamos realizando actividades abiertas en todas las provincias y municipios del Gran Buenos Aires, para que conozcas nuestras propuestas y puedas sumarte. Te esperamos.

Escribe José Castillo

El superministro de Economía Sergio Massa culminó su gira por los Estados Unidos. Se reunió con referentes del Departamento de Estado y del Tesoro yanqui, ofreció más privilegios para profundizar el saqueo en Vaca Muerta y se sometió al exámen del FMI.

Todo el equipo económico hace una semana que está haciendo gestos de genuflexión frente al gobierno yanqui y el establishment económico internacional. El ministro Massa comenzó su gira reuniéndose con funcionarios de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (equivalente a nuestro ministerio de Relaciones Exteriores). También fue recibido por el consejero de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Jack Sullivan.

Posteriormente hizo valer su imagen de “hombre confiable de los yanquis” para lograr que el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, se avenga a destrabar préstamos de ese organismo para la Argentina. Cabe destacar que ese dinero no irá a obras específicas, sino simplemente a engrosar las reservas para así poder cumplir con los requerimientos del FMI y los vencimientos de deuda externa.

Una parada importante fue la reunión en Houston con los magnates de la industria petrolera y gasífera, donde Massa se comprometió a otorgar más privilegios a estas transnacionales y dar vía libre para el incremento del saqueo de Vaca Muerta (ver "Reunión de Houston: mayores privilegios para las multinacionales del gas y el petróleo").

Luego, en la reunión con funcionarios del Departamento del Tesoro (el equivalente yanqui a nuestro ministerio de Economía), si bien la reunión fue con el asesor David Lipton, Massa logró que, al menos, pase un momento a saludar y sacarse una foto la secretaria Janet Yellen. En todas las reuniones, Massa mostró su buena llegada a la cúpula política norteamericana y dijo lo que todos esperaban: sobreactuó el alineamiento internacional argentino con el país del norte y se dedicó a mostrar los “esfuerzos” que hace el gobierno para cumplir con el ajuste del FMI. Janet Yellen, en la brevísima conversación con Massa (demostrando que una semicolonia como Argentina no merece más tiempo para un funcionario de primera línea yanqui), no se privó de exigir que el gobierno debe avanzar en “reformas estructurales” (ya sabemos lo que eso significa: flexibilización laboral, mayor ajuste jubilatorio y menos impuestos para las grandes empresas y fortunas).

En la conferencia de prensa posterior, el ministro Massa fue clarísimo: “ellos obviamente tienen enorme interés en que Argentina vuelva rápido al mercado de capitales como una forma de avanzar aún más en la recuperación de la credibilidad global de la Argentina”. Traducido: el objetivo de máxima del gobierno argentino es restablecer las líneas de endeudamiento con los yanquis, lo mismo que se planteó y logró en sus primeros dos años Mauricio Macri. Y que, sabemos, terminó en la crisis de 2018 y el pedido de auxilio al FMI.

La reunión más importante: el FMI

Mientras Massa desarrollaba todo ese periplo arriba relatado, el resto del equipo del ministerio de Economía, encabezado por el recientemente reclutado economista “estrella” del establishment local, el viceministro Gabriel Rubinstein, se dedicaba a rendir exámen número a número con la cúpula técnica del FMI. Finalmente llegó la reunión más esperada, Massa, acompañado por el presidente del Banco Central Miguel Pesce y la anterior ministra Silvina Batakis, se reunió con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo.

Las explicaciones de Massa en todas sus reuniones, y obviamente mucho más con Kristalina Georgieva, pasaron por mostrar que estaba cumpliendo con el ajuste. Se jactó de que los jubilados están siendo reajustados por debajo de la inflación, de que los salarios del sector público también se están desvalorizando frente al ascenso de los precios, de que se congeló toda la planta del Estado, de que se está avanzando con los tarifazos en la electricidad, el gas y el agua y de que se recortaron partidas sustanciales en educación, salud, vivienda y obras públicas. Todo con el objetivo de alcanzar el número exigido por el FMI y llegar a fin de año con un déficit fiscal no mayor a 2,5% del PBI.

A todo esto Massa le agregó la información de los privilegios que se le han otorgado a los monopolios exportadores de soja y a los grandes terratenientes, para lograr que estos liquiden las cosechas que estaban reteniendo y así acercarse a cumplir con la otra meta exigida por el Fondo llegar a 5.800 millones de reservas de acá a fin de año.

A pesar de toda esta puesta en escena del ministro de Economía, quedó claro que el FMI no te regala nada. Massa se fue sin la revisión técnica del Fondo aprobada, apenas con la promesa de que sucedería en breve. Sí se llevó “tarea para el hogar”: presentar un presupuesto 2023 donde el ajuste debe ser aún más profundo, ya que el programa firmado con el Fondo exige reducir aún más el déficit, hasta el 1,9% del PBI. Dato de color: Massa tampoco logró que esta vez se pudiera agendar una reunión entre Alberto Fernández y Joe Biden. El presidente del Frente de Todos va camino a obtener un récord: nunca un presidente argentino intentó tantas veces reunirse con su par yanqui y siempre salió desairado.

Una visita alejada de las necesidades populares

La visita de Massa y su equipo a los Estados Unidos fue la más clara manifestación de cuáles son las prioridades del gobierno peronista del Frente de Todos: el sometimiento al ajuste del Fondo Monetario Internacional, la humillación absoluta ante el imperialismo yanqui y el mayor saqueo de nuestras riquezas. Exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. La verdadera salida pasa por romper con el Fondo, dejar de pagar la deuda, estatizar nuestros recursos gasíferos y petroleros, así como la banca y el comercio exterior, y utilizar todo eso para priorizar las reales y urgentes necesidades de nuestro pueblo: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, y más plata para educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

Una de las reuniones más publicitadas de Sergio Massa en su gira por Estados Unidos fue la que realizó con las grandes multinacionales petroleras en la ciudad de Houston.

El encuentro, realizado en el Rush Conference Center del Instituto Baker de la Rice University, contó con la participación, además de Massa, de las secretarias de Energía, Flavia Royón, y Legal y Administrativa, Renata Scafati, los presidentes de YPF, Pablo González, y de Enarsa, Agustín Gere y el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro.

El ministro realizó la presentación del Plan Gas, en todas sus facetas e incentivos a la producción y posterior exportación. Massa aseguró que las empresas contarán con libre acceso a divisas para importar, para reenviar utilidades a las casas matrices, y no descartó otros “beneficios adicionales” a quienes cumplan con incrementos en la producción. O sea, habrá vía libre para el saqueo y la destrucción ambiental.

Asimismo, Massa anunció que volverá a poner en vigencia el Régimen de Promoción de Hidrocarburos de 2014, que fue el que dio nacimiento a Vaca Muerta con Chevrón. Recordemos que dicho acuerdo se desconoce en sus detalles, porque fue calificado como “secreto”. Todas las regulaciones posteriores de Vaca Muerta se hicieron sobre la base de dicho régimen.

Además de la presentación general, el ministro Massa luego accedió a reuniones bilaterales con directivos de Total, Chevron, British Petroleum, Bridas y ExxonMobil.

Tanto ofrecimiento de privilegios obviamente dio sus frutos, la francesa Total y la yanqui Chevron anunciaron nuevas inversiones en Vaca Muerta para 2023.

Estos anuncios profundizarán en el futuro inmediato el saqueo, el daño ambiental y la superexplotación de los trabajadores petroleros que se está dando en Vaca Muerta. Esto se viene incrementando en forma ininterrumpida en los últimos tres años. Así, en 2020 la producción de petróleo por fracking en la zona llegó a los 120 mil barriles diarios, en 2021 a los 168 mil barriles y este año ya se está en un ritmo de 226 mil barriles. YPF está a la cabeza, extrayendo el 59%, seguida por Shell y Vista Oil con el 12% cada una y Panamerican Energy con el 7%.  Cuatro empresas concentran el 90% de la producción total de petróleo en Vaca Muerta. El 10% restante se lo reparten otras diez empresas, siendo la más importante Tecpetrol (Grupo Techint) con el 2,5%.

Con respecto al gas extraído en Vaca Muerta, YPF aporta el 39%, Tecpetrol el 22% y Pampa Energía (Grupo Midlin) el 10%. Estas tres empresas se reparten el 70% de la producción total de gas en Vaca Muerta.

En ambos negocios, gas y petróleo, hay un extenso campo para propiciar el saqueo por parte del capital transnacional. Eso es exactamente lo que está ofreciendo el ministro Massa, en su desesperación por “conseguir dólares” para cumplir con el ajuste exigido por el FMI y los pagos de deuda externa.

El gas y el petróleo son recursos estratégicos y no renovables. Igual que la naturaleza que se destruye con la crisis ambiental que se está generando en la zona de Vaca Muerta, además del pisoteo de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

El camino para que esos recursos se puedan aprovechar racionalmente no es ofrecer más privilegios para el saqueo. Al contrario, hay que rescindir todas las concesiones y concentrar todo el negocio petrolero, desde la prospección, pasando por la extracción, el refinado y la comercialización, en una YPF 100% estatal, gestionada por sus propios trabajadores. Del mismo modo, tenemos que concentrar el hoy totalmente descentralizado negocio gasífero, recreando una gran Gas del Estado que garantice el uso de este vital recurso, priorizando su acceso al conjunto de la población argentina.