Escribe Guido Poletti

Javier Milei afirma que el nuevo endeudamiento con el FMI no acrecentará la deuda argentina, ya que solo se trata de “cambiar una deuda por otra”. ¡Falso! Lo que realmente se propone es canjear Letras Inconvertibles de Tesorería, en la práctica un “papelito” que dice que el gobierno le “debe” al Banco Central, en pesos, sin intereses y renegociable ante cada vencimiento hasta el infinito, por deuda con el FMI. Se trata de una nueva deuda que sí exige pagar intereses (más del 5% anual en dólares), con estrictos plazos de vencimiento, en dólares y con un duro programa de ajuste a cumplir por el gobierno.

Se trata de un nuevo capítulo de la triste historia de la deuda externa argentina, que nació con la dictadura genocida y se duplicó al final de la misma debido a la estatización de la deuda privada llevada adelante por Domingo Cavallo. Una deuda ilegal, inmoral e ilegítima que luego fue reconocida por todos los gobiernos posteriores a 1983. Así, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De La Rúa, Eduardo Duhalde, los Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei ajustaron para pagar a costa del pueblo y, en todos los casos, terminaron con un nivel de endeudamiento superior al que accedieron al poder. Un caso paradigmático fue el de Néstor y Cristina, que agitaron falsamente que “nos habíamos desendeudado”, cuando la realidad fue que asumieron en 2003 con 190 mil millones de dólares de deuda, pagaron a lo largo de sus doce años de gobierno más de 200 mil millones de dólares en efectivo y terminaron con una deuda de 240 mil millones.

Afiche de la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) de la campaña contra la deuda

¿Y si no pagamos?

Hubo un solo momento histórico en que se frenó, aunque sea parcialmente, la deriva hacia la decadencia y el desastre: fue cuando la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 impuso el “no pago”. De ahí salió el dinero que financió el primer programa para los desocupados, el “plan jefas y jefes de hogar”. Años después, entre 2002 y 2005, cuando Argentina volvió a pagar, hubo plata con la que, no sin duras luchas, muchos sectores recuperaron parte de lo perdido en la década del ‘90.

En esos años en que no se pagó una parte sustancial de la deuda, nadie nos “embargó” ni mucho menos “invadió o bombardeó”, como agitan desde el establishment económico. Por el contrario, el país creció, tuvo superávit gemelos (comercial y fiscal a la vez), pudo aprovechar el boom de los precios de las commodities exportando bienes agrícolas y la economía creció ininterrumpidamente. Justamente, el límite de esas políticas fue cuando el gobierno kirchnerista retomó a pleno los pagos de deuda.

Una hipoteca histórica que nos condena

La deuda externa argentina es una estafa. Y las estafas no se pagan. El carácter ilegal, inmoral, ilegítimo y fraudulento de la deuda argentina fue llevado a tribunales por una investigación impecable de Alejandro Olmos (padre), que culminó con el fallo ejemplar del juez federal Jorge Ballestero en el año 2000. Lamentablemente, envió las conclusiones al Congreso Nacional, y desde entonces duermen en algún cajón.

No tenemos salida si seguimos rigiendo nuestra economía por el cronograma de pagos de la deuda externa. Esta es impagable, imposible de afrontar, y seguirá creciendo hasta el infinito. Hay que cortarlo de raíz: suspender inmediatamente todo pago en concepto de deuda externa, repudiarla y, de una vez por todas, que esos miles de millones de dólares que se destinan a este fin se usen para pagar salarios y jubilaciones justas, crear trabajo genuino, construir viviendas populares y financiar la salud y la educación públicas.

Escribe José Castillo

La visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos a nuestro país dejó un mar de interrogantes. El gobierno de Javier Milei había dejado correr el rumor de que se trataba de un gesto de apoyo de la administración de Donald Trump a su mandato y al plan motosierra, acompañando la firma del acuerdo con el FMI. Incluso se llegó a decir que Scott Bessent vendría con más “fondos frescos” para ayudar al gobierno. La realidad es que nada de eso sucedió. En una entrevista con Bloomberg, Bessent fue clarísimo al respecto: “No está en consideración una línea de crédito directa de Estados Unidos”.

La visita de Bessent, más allá de los habituales elogios al superajuste, vino cargada de exigencias que el gobierno nacional, por supuesto, se esforzará por cumplir.

La primera ya había sido esbozada por el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, semanas atrás: que Argentina cancelara el swap con China y se volcara al comercio y relacionamiento financiero prioritario con Estados Unidos, en desmedro del gigante asiático. Cuestión que hoy resulta imposible para nuestro país, ya que el swap con China es una parte sustancial de las reservas, además de que una cantidad fundamental de nuestras exportaciones tiene ese destino. Imposible de reemplazar por Estados Unidos, que hoy, por el contrario, pone más trabas y aranceles a las ya existentes exportaciones argentinas. Scott Bessent volvió a insistir en cancelar el swap con China, ahora bajando más a tierra el planteo: que parte del dinero recibido del FMI se use con ese fin. Si Milei llegara a aceptar ese reclamo, sería necesario profundizar (más aún) el superajuste en curso.

Pero ahí no terminaron las demandas del secretario del Tesoro. La apertura a la importación de maquinaria usada (en particular agrícola) fue otro de los planteos. Las consecuencias también son claras: cierres y despidos en la industria de maquinaria agrícola de nuestro país. Bessent también quiso aprovechar el alineamiento cipayo total de Milei para avanzar con un viejo anhelo yanqui: modificar la ley de patentes medicinales. Un golpe mortal contra los laboratorios nacionales y la música para los oídos de las multinacionales. De nuevo, más cierres de plantas y menos puestos de trabajo.
Finalmente, exigió prioridad para las empresas yanquis en el acceso a minerales estratégicos, como el litio y otros que pudieran aparecer en nuestro territorio.

Esto es lo que “paga” el alineamiento incondicional con Trump y el imperialismo yanqui. No se trata ya sólo de la anécdota ridícula de un presidente argentino buscando (y fracasando) en tratar de obtener una foto con su par yanqui. Ahora, con esta visita mediante, empiezan a aparecer los verdaderos costos que, como siempre, los pagará el pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

La inflación de marzo “sorprendió” con un 3,7%, acumulando en el primer trimestre del año un 8,6%. Abril, con la devaluación exigida por el FMI, también dará un número cercano al 4%, y se espera otro tanto para mayo. Todos estos son los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si nos remitimos a la suba de los alimentos y bebidas, el número es peor aún: 5,9% sólo en marzo, acumulando un 10,9% desde comienzos de 2025.

La contrapartida a todo esto son los salarios. El gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Trabajo, se niega sistemáticamente a convalidar negociaciones paritarias por encima del 1% mensual. Solo en lo que va del año, todo salario en blanco sufrió un mazazo terrible, que se suma a todo lo perdido el año pasado. Por supuesto, mucho peor lo pasan los trabajadores informales. Todo un sendero de pulverización de los ingresos, incluidas las jubilaciones. En este último caso, basta un único ejemplo: el reajuste de marzo fue de apenas el 3,7%, por lo que bastó la inflación de ese mes para comérselo.

La perspectiva hacia el futuro inmediato no es alentadora. Hace apenas un par de meses, el ministro de Economía, Luis Caputo, nos prometía que, para abril, la inflación mensual ya estaría con un “1” adelante. Ya sabemos que no será así, sino con un “4”. Los propios economistas amigos del gobierno ahora señalan que, con optimismo, tasas cercanas al 1% recién se podrán alcanzar en el último trimestre del año. Pero, aún con este dato, el gobierno insiste en que no se homologarán paritarias superiores al 1% mensual. ¡A sabiendas se planifica seguir reventando los salarios!
Milei y Caputo mienten cuando hablan de reactivación. La única realidad, masivamente expresada, es que al pueblo trabajador no le alcanza para llegar a fin de mes. La reciente encuesta de la consultora Scentia, que muestra una nueva caída, ahora superior al 5% en el consumo masivo de marzo (comparado con los valores ya de crisis de marzo de 2024), refleja la realidad de 16 meses consecutivos de descenso del consumo popular.

Es urgente un aumento salarial de emergencia, que lleve el salario mínimo al valor de la canasta familiar, tal como es calculado por las y los compañeros de la Junta Interna de ATE-Indec, hoy en 1.768.976 pesos, ajustado mensualmente por inflación. Además, que, a partir de ese valor, se reabran todas las paritarias, sin techo, para recuperar el poder adquisitivo perdido. Del mismo modo, la jubilación mínima también debe tener un reajuste de emergencia para que nadie perciba menos que el valor de la canasta del adulto mayor, calculada según la Defensoría de la Tercera Edad en 1.200.523 pesos, y que, a partir de ese número, se aplique el 82% móvil.

El gobierno ultraderechista tiene en la mira, como eje de su ajuste y su motosierra, al conjunto de la clase trabajadora. Por eso, hay que responder con firmeza y contundencia, como lo hacen las y los jubilados todos los miércoles. Después del último paro general, hay que seguir con nuevas medidas de fuerza y un plan de lucha. En lo inmediato, concurriendo masivamente a la marcha convocada para el 30 de abril y exigiendo su continuidad con un nuevo paro general de 36 horas y un plan de lucha.

Escribe José Castillo

Los socialistas respetamos todas las creencias religiosas y el derecho irrestricto de profesar cualquiera de ellas o no tener ninguna. Creemos que es algo que pertenece al ámbito privado de cada individuo y que debe estar estrictamente separado de toda intervención del Estado al respecto.
Por eso diferenciamos las distintas religiones (el cristianismo en este caso) de las iglesias que se autoproclaman sus representantes. Así, sostenemos que la Iglesia católica, como institución, a lo largo de sus casi 2.000 años de historia, ha cumplido un rol violento y absolutamente reaccionario. Fue responsable y ejecutora de matanzas de musulmanes y judíos en la Edad Media durante las cruzadas, del genocidio de los pueblos originarios de América, de la ejecución en la hoguera de miles de mujeres acusadas de “herejía” y brujería. La Iglesia católica bendijo a los reyes, se opuso ferozmente a la Revolución Francesa, a la independencia de los pueblos latinoamericanos. Más cerca en el tiempo, el Papa Pío XII fue colaboracionista del nazismo, y la cúpula eclesiástica argentina cómplice de la dictadura genocida.

Todo esto sin olvidar que, por supuesto, en la base de la Iglesia hubo y hay curas que defendieron al pueblo trabajador, denunciaron las injusticias y se jugaron contra las dictaduras. Tales son los casos del obispo Oscar Romero, asesinado por la dictadura salvadoreña, o Enrique Angelelli y los padres palotinos, en el caso de la dictadura argentina. Sin embargo, reafirmando su rol histórico, aún estos mártires de la propia Iglesia, fueron desconocidos en su momento por la cúpula eclesiástica y hasta por el propio Papa de entonces. El propio Jorge Bergoglio, como jefe de los jesuitas argentinos, desautorizó y dejó librados a su suerte a los sacerdotes villeros Francisco Yalis y Orlando Yorio, permitiendo entonces su secuestro por los grupos de tareas de la dictadura, hecho por los que tuvo que dar cuenta incluso en uno de los juicios contra los genocidas.

Escribe Adolfo Santos

La marcha del próximo 30 de abril, convocada por la CGT, es una oportunidad para seguir manifestándonos contra el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Junto al sindicalismo combativo, sectores de jubilados, organizaciones sociales combativas y la izquierda, marcharemos de forma independiente, exigiendo un paro de 36 horas y un plan de lucha.

Presionada por la situación insoportable que sufren la clase trabajadora, las y los jubilados y los sectores populares, la cúpula de la central sindical se ha visto obligada a romper el pacto con el gobierno de Javier Milei. Después de dejar pasar el brutal ajuste, convocaron a una  marcha, que resultó multitudinaria, en apoyo a las y los jubilados el 9 de abril, y a un fuerte paro general el día 10. Ahora convocan a esta nueva marcha en vísperas del 1° de Mayo, Día de las y los Trabajadores.

En Buenos Aires se realizará a partir de las 14, desde avenida 9 de Julio e Independencia hasta el Monumento al Trabajo, ubicado en avenida Paseo Colón al 800. La marcha se replicará en distintas ciudades del interior del país. Ya confirmaron su adhesión las CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otros movimientos populares, demostrando que será una jornada importante.

El grito de las y los jubilados cada miércoles, los conflictos por salario y contra el cierre de empresas que deja a millares de desocupados, los reclamos de choferes de más de veinte líneas de colectivos, elevados al Consejo Directivo de la UTA exigiendo la reapertura de una paritaria libre para discutir una recomposición salarial, y la lucha de las y los docentes, docentes universitarios y trabajadores de la salud, imponen una respuesta unificada contra el plan del gobierno de ultraderecha.

El nefasto acuerdo con el FMI, además del saqueo, significa un mayor ajuste en la tentativa de que, una vez más, la crisis la pague la clase trabajadora y los sectores populares. Por eso, no hay lugar para “negociar” con el gobierno, como pretenden algunos dirigentes de la CGT. Más que nunca, tenemos que exigir la unidad para enfrentar las reformas laboral y jubilatoria que quieren imponer con el apoyo de los partidos patronales, y derrotar el plan motosierra.

La bronca y la disposición de lucha demostradas en las movilizaciones y paros anteriores demuestran que hay fuerza para la pelea por nuestros reclamos, dándole continuidad con un nuevo paro de 36 horas y un verdadero plan de lucha. Además, es posible luchar por un plan económico obrero y popular, alternativo al modelo de Milei, los gobernadores y el FMI. Necesitamos romper con el Fondo Monetario para frenar la sangría que va a parar a los cofres del sistema financiero, establecer impuestos a las grandes fortunas y colocar esos recursos al servicio de las urgentes necesidades de las y los trabajadores.

Para avanzar en estas medidas, hay que construir una salida política independiente. A diferencia de esto, luego de la marcha del 30, la cúpula de la CGT convoca a una reunión con los gobernadores, especialmente con Axel Kicillof. Una vez más, pretenden dar una salida vinculada a un sector del peronismo, repitiendo una historia de retrocesos para la clase trabajadora. No son alternativa: solo el Frente de Izquierda puede dar una salida de fondo para el pueblo trabajador y los sectores populares.