Escribe Rubén “Pollo” Sobrero

Después de meses donde la cúpula de la CGT pactó con el gobierno de Javier Milei, finalmente se vio obligada a llamar a una marcha el 9 de abril con las y los jubilados y un nuevo paro nacional para el día siguiente. Ahora las y los luchadores, delegados y dirigentes combativos debemos impulsar asambleas, plenarios y todo tipo de acciones que ayuden a garantizar una gran movilización el miércoles 9 y un parazo el jueves 10.

A pesar del pacto de la CGT, este año las luchas y movilizaciones no se tomaron vacaciones y asistimos a multitudinarias marchas. El 1F fue la marcha antifascista contra los dichos de Milei en Davos; el 8M en el Día de la Mujer Trabajadora y todos los miércoles, las protestas de las y los jubilados frente al Congreso. La represión impuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su “protocolo antipiquete” contra los jubilados, hizo que, miles de trabajadores, trabajadoras e hinchas de fútbol nos movilicemos en repudio a esa violencia y en apoyo a sus reclamos. En ese marco, enfrentamos juntos una feroz represión y cacería por parte del gobierno, que terminaron con el reportero gráfico Pablo Grillo en terapia intensiva y varios heridos por golpes y balas de goma.

En cada una de esas marchas se escuchó un grito reclamando: “¿A dónde está que no se ve esa traidora CGT?”. Lo mismo ocurría en las provincias con los paros de docentes y de estatales, de las y los trabajadores de salud, o fábricas como Praxair, donde la burocracia no solo no apoyaba, sino que era cómplice de los ajustes y despidos, como Sasia en nuestra Unión Ferroviaria o Rodríguez en UPCN, entre otros. Sólo llamaban a algún paro cuando la situación se hacía insostenible, como los docentes de Ctera o los maquinistas de tren, entre otros gremios, pero siempre con medidas aisladas.

Se abre una nueva situación

El apoyo popular a las y los jubilados y el repudio masivo a la represión del 12 de marzo, impulsó a que varios gremios se plegaran a las protestas del miércoles 19 al Congreso y obligó a la cúpula de la CGT a convocar a la marcha el 9 de abril en apoyo a las y los jubilados y un paro nacional para el día 10. La marcha del 19 fue multitudinaria y el gobierno no pudo volver a reprimir temiendo las repercusiones negativas de la semana anterior.

El 24 de Marzo fue otra fecha contundente: más de un millón de personas en todo el país se movilizaron en contra de la última dictadura militar y la impunidad. También contra el gobierno y su negacionismo, en un escenario donde crece el malestar contra Javier Milei por una inflación que no deja de subir en contraste con salarios y jubilaciones en niveles de pobreza. La nueva situación es un logro de la lucha y de la bronca popular que tenemos que aprovechar con todo para construir una gigantesca marcha junto a las y los jubilados el día 9 y un parazo el día 10.  

Pero a pesar del llamado de la CGT a parar, no tenemos ninguna confianza en que se movilizarán para que sea un éxito, ni para contrarrestar las presiones y amenazas del gobierno y las patronales que tratarán de impedirlo. Es tarea de las y los luchadores, activistas, el sindicalismo combativo y la izquierda, hacer todos los esfuerzos para garantizar una fuerte movilización y un gran paro nacional. Vamos a exigirles a los dirigentes de sindicales que llamen a asambleas y plenarios de delegados, como haremos desde A Luchar y el sindicalismo combativo donde dirigimos. También llevar adelante asambleas en los lugares de trabajo donde se pueda y, donde no, hacer reuniones de activistas para ver cómo garantizar el paro.

Desde nuestra corriente sindical A Luchar comprometemos todos nuestros esfuerzos para construir una jornada exitosa y llamaremos a coordinar con los sectores luchadores las acciones necesarias y a conformar una columna común independiente en las marchas que se realicen. Es hora de responder a la voluntad de lucha creciente, y reclamarle a la CGT la continuidad con un plan de lucha para derrotar el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI.

Escribe Ana Valverde, referenta de Utjel

La lucha de las y los jubilados contra la motosierra de Javier Milei comienza a dar sus frutos. Las persistentes marchas frente al Congreso comenzaron a adquirir visibilidad. Durante más de un año, pequeños grupos de jubiladas y jubilados, no bajamos los brazos y enfrentamos frío, lluvias, calor y sobre todo la feroz represión ordenada por la ministra Patricia Bullrich cada miércoles. Pero no desistimos, y aquí estamos, más fuertes que nunca.

Gritamos por aumento en los haberes que ni siquiera alcanzan a cubrir un tercio de nuestro costo de vida, por la devolución de los medicamentos gratuitos, por la prórroga de la moratoria previsional y contra una reforma jubilatoria que pretende retirar más derechos. Y cuando parecía que íbamos a quedar afónicos, comenzaron a surgir expresiones de apoyo que han fortalecido nuestra lucha. Las dos últimas semanas nuestra manifestación se ha multiplicado. Los primeros en engrosar la fila fueron los propios jubilados y jubiladas y sus familiares que no aguantan más vivir en situación de pobreza y, en muchos casos, en la indigencia.

A los partidos de izquierda, que siempre nos acompañan, se sumaron hinchas de fútbol de diferentes clubes. Y llegaron organizaciones sociales y sindicatos como ATE, metalúrgicos, ferroviarios, La Fraternidad, bancarios y docentes, comprometidos con nuestra lucha. Desesperado con esta solidaridad, el miércoles 12 de marzo, el gobierno intentó disuadirnos con una violenta represión. Hirió de extrema gravedad en la cabeza al reportero gráfico Pablo Grillo disparándole una bomba de gas lacrimógeno, violentó a una jubilada de 81 años arrojándola al piso, causándole traumatismos, e hirió  con balas de goma a varios manifestantes.

Semejante violencia tuvo una gran repercusión nacional e internacional. Hubo condenas y el gobierno sintió el impacto negativo. El miércoles 19 la ministra Bullrich y el equipo del gobierno, demostrando el desgaste que le provocó la salvajada de la semana anterior, optaron por atrincherarse detrás de un inmenso vallado que terminó paralizando gran parte del centro de CABA. Sin la provocación de las fuerzas represivas, la protesta se desarrolló casi sin incidentes.

No es una lucha fácil. Milei responde directamente a las órdenes del Fondo Monetario que en el nuevo acuerdo debe exigir más ajustes y recortes. Además, porque esta política cuenta con el apoyo de los partidos patronales en el Congreso. En los últimos días, el gobierno de la “criptoestafa” viene dilapidando fondos jubilatorios para contener el dólar. Esto solo es posible por la complicidad de los partidos patronales y sus gobernadores que, a cambio de migajas, miran para otro lado.

Ahora, con la complicidad de la justicia, se suspendieron por 90 días los plazos para resolver la liquidación de las sentencias a favor de las y los jubilados. El motivo aducido por la Cámara Federal de la Seguridad Social y acatado por la Suprema Corte, es el exceso de expedientes y la falta de jueces. En vez de nombrar jueces para cubrir las vacancias, descargan el problema sobre las y los jubilados que han esperado años para que se haga justicia y ahora no consiguen cobrar. Las penurias crecen con haberes de hambre y preanuncian lo peor con el fin de la moratoria.

Estamos en un momento clave. Nuestra lucha y las movilizaciones de diferentes sectores han obligado a la CGT a romper el pacto con el gobierno y a llamar a un nuevo paro. Es más, esta nueva situación impuso que la dirigencia de la Central también convoque a nuestra marcha del miércoles 9.

Vamos a impulsar con fuerza esa marcha que nos permitirá potenciar nuestra lucha. Tiene que servirnos  para seguir golpeando a la motosierra de Milei para que la crisis no la paguemos las y los jubilados y poder recuperar las pérdidas y un haber mínimo acorde a la Canasta Básica Jubilatoria. Sólo con una gran movilización conseguiremos la restitución de los medicamentos con 100% de descuento y una nueva ley de Moratoria Previsional, entre otras medidas. Y el jueves 10  nos sumaremos al paro convocado por la CGT exigiendo un plan de lucha que le de continuidad a esa medida. Desde la Utjel, nos sumaremos con fuerza a esas jornadas para decir: Fuera Bullrich y Basta de Milei y su plan motosierra.

Escribe Adolfo Santos

El drama de las y los jubilados no es nuevo. Por décadas, los diferentes gobiernos han aplastado el haber jubilatorio a límites insoportables. Siguiendo ese derrotero, el gobierno ultraderechista de Javier Milei redobló la apuesta y profundizó el saqueo previsional para cumplir con las exigencias
del FMI.

Cuando el gobierno de Javier Milei se jacta de haber reducido el déficit fiscal, del otro lado de la ecuación está el brutal ataque a las y los jubilados. En nombre de que el sistema es deficitario, en vez de corregir los defectos, los gobiernos lo utilizan como variable de ajuste. En enero de 2024, frente a una inflación de 20,6%, el Gobierno nacional reconoció apenas el 12,5%. Aunque se reajuste por la inflación, si no se recuperan las pérdidas anteriores, se perpetúa un mecanismo de saqueo eterno de los haberes. Más aún si se complementa con un bono congelado desde hace un año en 70 mil pesos.

Como si esto fuera poco, el Gobierno ha restringido la gratuidad de medicamentos, eliminó los créditos baratos que otorgaba la Anses y acabó con la moratoria para los que no tienen la cantidad de aportes suficientes. Esta última medida dejará a 240 mil personas sin jubilación. Le cargan a las y los trabajadores la responsabilidad por los aportes no realizados, cuando es conocida la evasión del pago por las patronales o el aumento del trabajo informal. El mismo gobierno que exige 30 años de aportes, mediante la Ley Bases eliminó las multas laborales para el empleo no registrado, alentando la informalidad.

Un problema que viene de lejos

El déficit previsional no es nuevo, y tampoco es responsabilidad de las y los trabajadores. Fueron las políticas previsionales desastrosas de todos los gobiernos las que nos llevaron a esta situación. Un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL) dice que “en la década de 1950, la acumulación de títulos públicos en las cajas de previsión representaba el 47% del Producto Bruto Interno (PBI)”. Una fortuna que se licuó irresponsablemente al ser colocada en bonos de la Tesorería al 4% anual cuando la inflación llegaba hasta el 25%. Y en 1970 se dispuso el rescate de esos bonos en diez cuotas anuales sin ajuste. Un verdadero robo de las cajas previsionales.

Si le agregamos la permisividad ya citada de los gobiernos con la evasión y el trabajo no registrado, tenemos un combo perfecto para el desastre. “Entre 1974 y 2017, la informalidad ascendió desde un 24% al 33% del total del empleo. En tanto, se aprobaron jubilaciones de privilegio para jueces, diputados, senadores y concejales, entre otros. Y, con el argumento de abaratar la creación de empleo, las constantes reducciones de las contribuciones patronales que acentuaron el desfinanciamiento del sistema, agravado porque no evitaron el incremento de la informalidad”, Clarín 21/03/25.
Otro capítulo de esta historia se escribió en los ‘90 cuando se crearon las AFJP. Un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) concluyó que la transferencia de recursos previsionales al sector controlado por el sistema financiero fue en torno a los 8.000 millones de dólares. Lejos de resolver el problema previsional, lo agravó, disminuyendo las coberturas y beneficios. En 2008, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se estatizó el sistema, pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los ‘90, que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la Anses el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal.

Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, por el aumento de la inflación, las jubilaciones y pensiones tuvieron un deterioro del 19,5%, lo que generó fuertes protestas frente al Congreso. En 2021, durante el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina impusieron una nueva fórmula  de movilidad desligada de la inflación, lo que mantuvo las pérdidas frente al altísimo costo de vida.

Hay una deuda ineludible de todos los que gobernaron con las y los jubilados, y que el gobierno de Milei intenta perpetuar. Según datos oficiales, desde septiembre de 2013 a la fecha, las jubilaciones mínimas incluyendo el bono cayeron un 36,3%, mientras el resto se desplomaron un 49%. Para superar este achatamiento, exigimos un haber jubilatorio que cubra el costo de la canasta básica del jubilado calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, establecido en 1.200.523 pesos para el mes de marzo. Que se restituyan los aportes patronales y el 82% móvil. Repudiamos y combatimos el “ahorro” que se hace ajustando a uno de los sectores más vulnerables para obtener un superávit que irá a parar a los cofres insaciables del FMI.

Escribe María Lorca

La moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 quedó cerrada por orden del Gobierno nacional. Aunque tenía la posibilidad de extenderla por dos años más, el domingo 23 se cerró la ventana de tiempo que había disponible en la Anses para poder jubilarse sin cumplir con los 30 años de aportes, que permitía a adultos mayores acogerse a “comprar”, en cuotas, los años sin aportes. A lo largo de los veinte años de vigencia, la moratoria permitió que millones de adultos se jubilaran, sobre todo a que más de 2 millones y medio de mujeres accedieran a ese derecho, por eso la llamaron la “jubilación de las amas de casa”. Era una medida que reconocía la desigualdad de género, la brecha salarial y las tareas de cuidado que recaen mayoritariamente en las mujeres. Por realizar estas tareas domésticas que incluyen la crianza de sus hijos e hijas las mujeres tienen menos años de aportes que los varones, con el agravante que son las que están sometidas a trabajos más inestables e informales.

Todo este aporte sustancial de la mujer en la sociedad actual es negado desde que asumió Javier Milei. Por eso en vez de prorrogar la moratoria, la cerró definitivamente, destruyendo este derecho básico. Este cierre impacta directamente ya que sólo el 30 % de los varones y el 10 % de las mujeres en edad jubilatoria podrán acceder a una jubilación sin moratoria. Sino tendrán que acogerse a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que solo se puede tramitar a partir de los 65 años de edad. O sea, las mujeres que hasta ahora se acogían a la moratoria a partir de los 60 años, deberán esperar a cumplir 65 para tramitar la PUAM, cuyo monto asciende en la actualidad a 223.297 pesos, el 80% de la jubilación mínima, una miseria extrema si comparamos con el valor de la Canasta Básica de Jubilados que asciende a 1.200.000 pesos según la Defensoría de la Tercera Edad. Basta de quitar derechos a nuestros adultos mayores y de reprimirlos cada vez que reclaman por una jubilación digna.

Escribe José Castillo

El gobierno ultraderechista de Milei avanza en su nuevo acuerdo con el FMI. Como todos los anteriores, implicará más ajuste y sufrimiento para el pueblo. Lo vergonzoso es que La Libertad Avanza logró aprobar el DNU que lo autoriza a negociar con el Fondo con el apoyo de opositores patronales de todos los colores. Sólo el FIT Unidad tuvo una clara postura contra los buitres de la deuda.

El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el DNU del presidente Javier Milei que lo autorizaba para llevar adelante el nuevo acuerdo con el FMI. Lo hizo gracias al vergonzoso apoyo obtenido de la llamada “oposición dialoguista”. Esto incluyó al PRO, radicales (los “con peluca” y la mayoría de los “sin peluca”), incluyendo casi la mitad del bloque de Facundo Manes, peronistas, la bancada de Miguel Ángel Pichetto, miembros de partidos provinciales, la Coalición Cívica de Lilita Carrió. Algunos votando a favor, otros “ausentándose”, todos terminaron aportando a que Milei obtenga su cheque en blanco para entregar al país de pies y manos al Fondo. Así el Gobierno logró cosechar los 129 votos a favor con que obtuvo su victoria. 39 fueron de La Libertad Avanza (LLA) y 36 del PRO. Suman 75 votos. Lejos, lejísimo de ganar.

Esto expresa algo muy claro: el profundo acuerdo de todos los partidos patronales con seguir sosteniendo el acuerdo con el FMI y los pagos de la deuda. Una mención especial para el peronismo, que posa de opositor, pero resulta que sus diputados de Catamarca, Tucumán, Misiones y Salta votan a favor del acuerdo con el Fondo. Cristina se quejó de ellos en su discurso posterior del día sábado, pero siempre hay que recordar que tanto ahora como en los acuerdos anteriores, criticó lo firmado proponiendo alternativamente, “otro que se pudiera cumplir”. Es que, como la propia actual presidenta del PJ confesó alguna vez: “somos pagadores seriales”.

¿Qué se puede esperar de los acuerdos con el Fondo Monetario?

Si se concreta, este acuerdo será el número 29. Desde 1956, cuando se firmó el primero, hasta el último, del año 2022, durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, todos sin excepción significaron feroces ajustes contra el pueblo trabajador y saqueo de nuestras riquezas. Es que esto es lo que exige, por definición,  el FMI, con recortes de partidas sociales y requerimientos de reformas estructurales como flexibilización laboral o jubilatoria. Además de comprometerse a ser sometido periódicamente a “auditorías”, donde el Fondo inspecciona si se están cumpliendo o no sus exigencias, en una virtual entrega de nuestras decisiones de política económica.

El nuevo acuerdo con el FMI, como todos los anteriores, vendrá con las exigencias de siempre, mayor ajuste, flexibilización laboral y previsional. A lo que se sumará el requerimiento de que, más temprano que tarde, la Argentina proceda a devaluar su moneda frente al dólar, lo que disparará la inflación y pulverizará más aún los salarios y las jubilaciones.

La única alternativa fue la propuesta por el FIT Unidad

Sólo la bancada del Frente de Izquierda Unidad se opuso completamente y sin fisuras. Más aún, por iniciativa de la diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer, se presentó un proyecto integral que no sólo se oponía al DNU, sino que también proponía la suspensión inmediata de todo pago de deuda externa y su desconocimiento por ilegal, inmoral y usuraria, así como la ruptura todo acuerdo con el FMI, incluyendo las supuestas “obligaciones” generadas por los acuerdos firmados por Mauricio Macri en 2018 y Alberto en 2022. Este es requisito básico para, con ese dinero, poder llevar adelante un programa alternativo, de emergencia, obrero y popular, que priorice resolver las más urgentes necesidades de salario y jubilaciones dignas, trabajo genuino para todos, educación, salud y vivienda.