Escribe José Castillo

El peronismo kirchnerista trata desesperadamente de no quedar pegado con las consecuencias del ajuste exigido por el FMI que está llevando adelante el gobierno del Frente de Todos. Pero, a la vez, se muestra “serio y responsable” ante el establishment económico. Un doble discurso al que se le ven cada vez más las costuras.

Desde diciembre pasado, se viene agudizando la crisis en el Frente de Todos. Recordemos: Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque de diputados oficialista, aduciendo que “no estaba de acuerdo en cómo se había negociado con el FMI”. Claro que no hizo nada para oponerse a que salga el acuerdo. Incluso llegó a decir que “no quería poner palos en la rueda”. La vicepresidenta Cristina aclaró que estaba en contra de “cómo” se había negociado, pero que por supuesto el kirchnerismo siempre había pagado y cumplido con los acreedores.

En los meses siguientes tuvimos varios discursos violentos de la vicepresidenta, siempre del mismo tenor. Acusando a Alberto Fernández y sus ministros de “que no funcionaban”, pero nunca planteando ninguna alternativa concreta al ajuste en curso.
Para tratar de maquillar esta realidad, el kirchnerismo ha presentado una serie de proyectos en el Congreso. Nos referiremos a continuación al más importante.

¿Pagar la deuda con la plata fugada al exterior?

Ya aprobado en el Senado, en los próximos días se tratará en Diputados el proyecto de Ley de Creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI. El kirchnerismo lo presenta como “la ley para que paguen la deuda externa los que fugaron capitales al exterior”. Es totalmente falso. Veamos.

Primero y principal, como reconoce el propio presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Carlos Heller: “nuestra propuesta no promueve crear un nuevo gravámen ni aumentar alguno de los existentes” (Página12, 26/6). O sea: no se trata de ningún nuevo impuesto para que paguen más los ricos. Continúa Heller: “se trata de que aquellos que evadieron impuestos los paguen”. Correcto, pero para esto bastaba con perseguirlos con la AFIP y exigir el pago bajo amenaza de fuertes sanciones.  

En cambio, el proyecto de ley confía en que recibirá la ayuda internacional de otros países que “compartirán información fiscal con la Argentina”. Los Estados Unidos, donde casualmente está el 80% del dinero fugado, se ha negado siempre a compartir dicha información. Como se ve, la voluntad real de cobrar a los evasores parece bastante baja.

Se trata, entonces, de un vulgar blanqueo. Expliquemos esto: se ofrece a los evasores declarar bienes o dinero en el exterior y, pagando menos que lo que deberían de multas e intereses, quedar limpios y blanqueados, para que así puedan recomenzar otra vez su ronda de  negociados, fugas y desfalcos.

La pregunta siguiente es, aún en ese caso, si ese dinero va a engrosar el presupuesto para dar trabajo, salario, educación vivienda o salud. Nada de eso: el proyecto lo dice expresamente, será para pagarle al FMI. Encima, Heller vuelve a mentir al decir que con eso se pagará al Fondo y así “nos evitaremos el ajuste”. El ajuste está en curso y por más que se recaude con este “blanqueo/impuesto” ni de lejos se llegará a un monto que permita evitar que la deuda se pague con el hambre del pueblo.

¿Qué significó la reunión Cristina-Melconian?

Mientras los kirchneristas intentaban mostrar este proyecto como “la” herramienta para que los grandes capitalistas paguen la deuda y así evitar el ajuste del Fondo, la vicepresidenta recibió en su despacho durante tres horas al economista liberal Carlos Melconian.

Aclaremos que Melconián es el actual director de la Fundación Mediterránea, el reducto de economistas financiado por las grandes empresas que, fundado por Domingo Cavallo, inventó nada menos que la convertibilidad durante el menemismo.

Hoy se propone explícitamente armar un “plan económico” para el 2023, comandado por Melconian. Sus recomendaciones son públicas y fáciles de enumerar: mantener a rajatabla el ajuste exigido por el Fondo hasta las elecciones, y luego, que el que gane avance con las reformas estructurales: fiscal (menos impuestos para los ricos y, por consiguiente, achicamiento del gasto en partidas sociales, salud, educación y vivienda); previsional (aumento de edad jubilatoria y eliminación de los regímenes especiales como el docente; y laboral (flexibilización y eliminación de todos los derechos conquistados por los trabajadores en décadas de lucha).

En las semanas anteriores, Cristina ya se reunió con otros economistas que plantean propuestas similares (como Martín Redrado, por ejemplo), pero sin darle la publicidad que ahora tuvo esta reunión. Melconian fue clarísimo: su programa, que por otra parte es exactamente el exigido por las grandes patronales, los bancos y el imperialismo, no es exclusivamente para la oposición patronal, sino que está a disposición de quién quiera llevarlo adelante. Cristina al reunirse con Melconian y la Fundación Mediterránea da un guiño en ese sentido. El peronismo puede ser el ejecutor de ese programa llegado el caso.

Tenemos que sacar conclusiones. Mientras por un lado se presentan proyectos falsamente “progresistas”, por el otro se dan señales como la de Melconian. El kirchnerismo, busca despegarse de la gestión de Alberto, pero es totalmente responsable del ajuste en curso. Peor aún, en las reuniones “en serio”, se postula para ser parte del ajuste futuro.

No hay, entonces, más allá de los discursos para la tribuna, ningún programa alternativo popular en el kirchnerismo. El único plan diferente es el del Frente de Izquierda Unidad, que dice claramente que hay que dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos al servicio de resolver las urgentes necesidades de trabajo genuino, salario digno, salud, educación y vivienda. El peronismo kirchnerista no lleva a ningún lado, la salida hoy pasa por la izquierda.

Escribe José Castillo

El 6 de junio pasado, el gobierno del Frente de Todos presentó con bombos y platillos el llamado “proyecto de ley para gravar la renta inesperada”. El presidente Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán explicaron su alcance.

Se trata de  una sobre-alícuota del 15% en el impuesto a las Ganancias aplicable a aquellas empresas que tuvieron ganancias superiores a 1.000 millones de pesos. Pero, para estar alcanzadas por esta mayor tasa, las empresas deben haber tenido una márgen superior al 10% este año con respecto a sus ingresos, o que sus ganancias totales sean en 2022 un 20% superiores a 2021. Como se puede apreciar, más allá de los tecnicismos, son muy pocas las firmas que pueden quedar alcanzadas, como el mismo gobierno lo reconoce (se habla de 350 empresas y de una recaudación posible de, como mucho, 1.000 millones de dólares).

Permítasenos expresar nuestra desconfianza de que el gobierno quiera, efectivamente, que este proyecto avance y se apruebe. Daría la sensación de que se trata de toda una puesta en escena para posar de “progresistas” sabiendo que, al final, será rechazado por Juntos por el Cambio en Diputados. Al tratarse de un simple aumento de tasa en el impuesto a las ganancias, el gobierno podría haber recurrido a ejecutarlo por medio de una resolución de la AFIP. Como explicó el propio Martín Guzmán, “no se trata de un nuevo impuesto”. Sin embargo, se lo manda al Congreso como si así lo fuera, conociendo que no tienen ni de lejos los números para que se apruebe.

Un último detalle, no menor. El FMI no se opone a este proyecto. Porque sabe que, de última, si llega a implementarse e incluso cobrarse, el dinero recaudado irá a engrosar los pagos al organismo, tal como fue establecido en el acuerdo firmado por el gobierno en marzo.

Escribe Mariano Barba

Detrás del debate generado en el interior del Frente de Todos por el control y el manejo de los planes no se esconde nada progresivo, ya que ni la propuesta de Alberto ni la de Cristina Kirchner buscan resolver el problema de la desocupación con trabajo genuino.

El movimiento piquetero combativo viene dando una enorme pelea contra la pobreza creciente que impone el gobierno del Frente de Todos. Exige la extensión de los planes, más y mejor mercadería para los comedores y trabajo genuino. Por el lado del gobierno, los planes sociales también protagonizan una de las tantas peleas, pero solo por quién maneja los millonarios fondos. El plan Potenciar Trabajo superan los 300 mil millones de pesos anuales. En la actualidad alcanzan solo 19.450 pesos mensuales para cada inscripto, un valor de indigencia. El FMI aplaude estos valores como parte del ajuste pactado con el gobierno peronista, con quién acordó también que no habrá nuevos planes.

Con el drama de la desocupación y la pobreza, el manejo de los planes y subsidios sociales se ha transformado en un botín en disputa entre el kirchnerismo de Cristina, Máximo Kirchner y el “Cuervo” Larroque, nucleados en La Cámpora, contra sectores del Frente de Todos encabezados por el presidente y organizaciones sociales como el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) dirigida por Juan Carlos Alderete del PCR.  Varios de esos dirigentes son funcionarios del gobierno. Pérsico es el actual Secretario de Economía Social, dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de Juan Zabaleta que se encarga de administrar el plan Potenciar Trabajo. Dicho ministerio acaba de resolver un incremento del presupuesto para el mencionado plan, que ascendería a 304 mil millones de pesos, y el valor pasaría a 22.770 pesos mensuales para cada beneficiario. Una verdadera miseria. Existen en la actualidad 1.271.215 titulares activos de Potenciar Trabajo, de los cuales cerca de 1.000.000 son manejados por las organizaciones sociales afines al gobierno, unos 200.000 por los intendentes y unos 90.000 por los piqueteros combativos.

¿Qué propone Cristina? Que esa masa de dinero y el listado de los beneficiarios lo manejen los intendentes del conurbano y los gobernadores y no las organizaciones sociales. De esa manera controlaría un nuevo padrón de cara a la interna política para el 2023. Y no es poco porque en la provincia de Buenos Aires el número de planes asciende a 650.000. La experiencia piloto ya comenzó en el municipio de Avellaneda gobernado por el Frente de Todos.

Trabajo genuino y un seguro al desempleo para vivir

La Cámpora quiere avanzar aún más en el control de los subsidios a los desocupados. “Lo de fondo es concretar una política de ingreso”, declaró Larroque, basándose en un proyecto de Juan Grabois apoyado por los intendentes encolumnados con Máximo Kirchner. Lo denominan Salario Universal Básico, fue presentado en mayo de este año por los tres diputados nacionales de Patria Grande y cuenta con el acompañamiento de otros once legisladores del Frente de Todos. Según el proyecto “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal…”, y será de  “13.000 pesos por mes para alrededor de 9 millones de personas”. Esta es la verdadera cara cruel del proyecto, ya que los 13.000 pesos solo servirán para consolidar la pobreza. Nada progresivo.

Desde Izquierda Socialista decimos que bien podría haber un Seguro al Desempleado por un monto mínimo equivalente a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil  (91.080 pesos), que se aproxime a cubrir gran parte de la canasta familiar. Pero la salida de fondo pasa por generar los millones de puestos de trabajo genuino que se necesitan. Un plan para  la construcción de 500.000 viviendas daría ocupación a dos millones de personas en forma directa y empezaría a resolver el déficit habitacional del país. También iría en ese camino la construcción de escuelas y hospitales. ¿De dónde sacar los fondos? Del no pago de la deuda al FMI y a los acreedores privados. Ni el gobierno de Alberto, ni el proyecto que respalda Cristina, ni las propuestas del Juntos por Cambio contemplan esta alternativa, porque todos están de acuerdo en priorizar el pago al FMI y los fondos buitres.

Escribe Mariano Barba

El último censo registró un crecimiento de la población de alrededor de 4,5 millones de habitantes en relación a diez años atrás. Pero el dato que muestra la parálisis en la que nos sumieron todos los gobiernos patronales es que la cantidad de asalariados registrados es igual que hace diez años atrás, unos seis millones. Es decir, no hay crecimiento del asalariado en blanco. Además hay tres millones de empleados públicos, cerca de cuatro millones de monotributistas (la mayoría en las escalas más bajas) y 400.000 autónomos. En total los registrados suman 13 millones, sobre una población activa de 23 millones de personas económicamente aptas para trabajar.

Estos datos de la actual realidad indican que existen en total casi diez millones de personas entre trabajadores precarizados y desocupados. Como la gran mayoría recibe un plan social o un ingreso vía AUH y la Tarjeta Alimentar, no son considerados por el Indec como desocupados. De esa forma el Indec anuncia que estamos con una desocupación que solo asciende al 7%.

Esta situación favorece enormemente a los empresarios ya que están habilitados por el gobierno para que sigan empleando en condiciones precarias, fuera de convenio, con renovación infinita de los contratos a término y con acuerdos por empresas que tiran por la borda conquistas de los últimos setenta años, como los que aplican en la industria automotriz acordados entre la conducción del Smata y los empresarios; o la que se aplicó en los últimos tres años en el petróleo permitiendo el avance del saqueo por parte de las multinacionales asociadas a YPF. Gran parte de estas modificaciones en el trabajo fueron motorizadas por el gobierno peronista de Carlos Menen, que en la década del ‘90 impuso, de la mano del ministro Domingo Cavallo y con la complicidad de la burocracia sindical, la privatización de todas las empresas públicas como teléfonos, ferrocarriles, obras sanitarias, YPF, electricidad, aeropuertos, aerolíneas entre otras. Todo ese cambio, que abrió el camino a la precarización laboral, nunca fue modificado por ninguno de los gobiernos posteriores entre los que están los doce años de kirchnerismo.

Para terminar con este descalabro que lleva a mayor desocupación y miseria necesitamos un plan económico alternativo que comience con el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI, para volcar todos estos recursos a la auténtica creación de trabajo genuino.
 

El diputado de la Libertad Avanza sumó una propuesta a su programa de vender órganos, arancelar la educación pública, eliminar la obra pública y más flexibilización laboral: “vender niños”.

En una entrevista afirmó, respecto a la venta de niños, “depende de en qué términos estés pensando”. El dirigente libertario cada día es más claro en su capitalismo extremo. Si a muchos le resultan llamativas sus declaraciones recientes, es porque expresan sin tapujos lo que empresarios, multinacionales y el FMI no se atreven a decir pero piensan y pretenden.

El capitalismo es saqueo y nos lleva a la barbarie, como lo venimos denunciando en nuestras páginas.