Escribe Claudio Funes

Una decisión de la Justicia otorga el beneficio de prisión domiciliaria a tres represores condenados por delitos de lesa humanidad. Se trata del genocida Miguel Osvaldo Etchecolaz, ex comisario y jefe de la policía bonaerense, que tiene nueve condenas a prisión perpetua en causas por torturas, secuestros y asesinatos. Así lo determinó la Sala II de la Cámara Federal de Casación integrada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. Los otros dos genocidas también beneficiados son: el militar retirado Mario Ocampo, sentenciado a prisión perpetua por ser hallado responsable de secuestros, tormentos y homicidios y el exjefe de Contrainteligencia del Batallón 601, Luis Ángel Firpo.

Casación además convalidó que se le aplique la ley más benigna, que en la práctica es la disminución de la condena que debe cumplir, al jefe del grupo de tareas de la ESMA, Jorge “Tigre” Acosta, que el año pasado sumó una condena a 24 años por delitos de violencia sexual.

Este proceder de la justicia patronal no es novedoso. Siete de cada diez genocidas hoy tienen prisión domiciliaria. Parece ser, en realidad es, que los jueces tienen distinta vara para otorgar beneficios a los presos comunes y a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Estas decisiones de la Justicia no hacen más que reforzar la impunidad, no solo de los genocidas, sino de todos aquellos que desde el poder le roban al pueblo trabajador y sectores populares con enormes actos de corrupción y persiguen a las y los luchadores. Ya el gobierno de Larreta utilizó miles de cámaras para espiar a dirigentes políticos, como Macri utilizó a la AFI y Cristina con el Proyecto X. La justicia patronal siempre estará al servicio de los poderosos mientras gobiernen los partidos patronales.

Hacemos nuestro el repudio a la resolución de la Cámara por parte los organismos de derechos humanos y junto con ellos continuamos reclamando el desmantelamiento de todo el aparato represivo, no a la prisión domiciliaria, juicio y castigo, con cárcel común y efectiva a todos los genocidas.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 5,1% de inflación en mayo significa que los empresarios inescrupulosos como Braun de La Anónima y tantos otros siguen remarcando bajo la completa impunidad del gobierno peronista del Frente de Todos.

Que siga aumentando la carne, la leche, el pan, las verduras y demás artículos de primera necesidad es una barbaridad. Encima el gobierno va a autorizar nuevas subas en los precios cuidados y va a achicar la lista. Precios cuidados que ni están en las góndolas, porque hay desabastecimiento. ¿Hay castigo para los culpables? Claro que no. ¿Dónde quedó la “guerra contra la inflación”? En nada.

¿Quiénes son los remarcadores? Arcor, La Serenísima, Danone, Ledesma, Unilever, Molinos, Mondelez, los hipermercados, frigoríficos y demás capitalistas de la cadena de producción y distribución. Son los que fijan los precios al valor dólar mientras pagan salarios en pesos devaluados. El gobierno no los combate porque también es cómplice de la inflación, cuando aumenta los combustibles de YPF, autoriza las subas en las prepagas o fija nuevas subas en las tarifas. Un proceso inflacionario que licúa los salarios y jubilaciones para recaudar para el FMI.

Hay que imponer precios máximos y a los grandes empresarios que no cumplan se les tiene que incautar la mercadería que acaparan, clausurarles sus establecimientos y hasta meterlos preso como dice la propia Ley de Abastecimiento, que nunca se cumple. Y lo fundamental es exigir a la CGT que rompa el pacto con el gobierno y llame a luchar para que los salarios y jubilaciones alcancen el valor de la canasta familiar, en vez de firmar paritarias a la baja y en cómodas cuotas.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

La noticia estremeció a millones. Por lo que dijo y por la impunidad de la que goza el empresario y delincuente de guante blanco Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados La Anónima. Ante la pregunta sobre qué hace ante la inflación Braun dijo entre risas: “¿Qué hace La Anónima? Remarca precios todos los días". Fue durante el foro de AEA (Asociación Empresaria Argentina), donde también estuvieron Coto, Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Magnetto (Clarín), entre otros.
Braun ya había dicho que se había beneficiado con la hiperinflación de Alfonsín: “Para nosotros la inflación fue un momento muy positivo. Para un supermercado que paga a los 60 días y vende al contado, yo decía ‘no era un rey, era un emperador’. Nuestro balance en el 86, 87, 88 fue espectacular”. Familia con una vieja historia de explotación y genocidio. Los Braun junto a los Menéndez crearon en 1908 lo que actualmente es La Anónima, con 159 sucursales en 80 ciudades. Familias pertenecientes a la Sociedad Rural llegando a tener 1.376.160 hectáreas en la Patagonia con el exterminio de pueblos originarios. Capitalistas a los que el “libertario” neofacista Milei reivindica como “benefactores de la humanidad”.
Escuchar este sincericidio de un explotador semejante mientras crece el hambre y la pobreza con una inflación del 80% y que aún no esté preso, es solo por la impunidad de la que vienen gozando bajo todos los gobiernos. Son los que alegan que tienen que aumentar los precios culpa de la guerra en Ucrania, cuando el propio Braun confesó que lo viene haciendo desde siempre.
Da indignación escucharlos decir que la inflación es un problema “multicausal”. A la inflación la generan estos grupos empresarios que manejan el monopolio de los alimentos y los suben cuando quieren, igual que Arcor, Molinos Río de La Plata, los hipermercados, La Serenísima, Ledesma, etcétera. Los cuales después llevan sus ganancias a los paraísos fiscales. Son los que fijan los precios al valor dólar mientras pagan salarios miserables en pesos.

¡Precios máximos y castigo a los remarcadores!

¿Qué hace el gobierno ante esto? Los funcionarios de Alberto Fernández dijeron que las declaraciones de Braun fueron “desafortunadas”. O sea, que Braun siga robando pero que no lo diga en público. Patético, de un presidente que habló de “guerra contra la inflación”. Cristina lo llamó “ladrónima”. ¿Pero qué propone la ex presidenta contra Braun? No se le escuchó decir nada. Complicidad.
El actual gobierno peronista del Frente de Todos (como el anterior de Macri) es socio de los monopolios formadores de precios. Si ni siquiera hace nada ante el desabastecimiento del 65% de los productos que integran Precios Cuidados, que encima ahora el gobierno les autorizará nuevas subas. ¿Así se combate la inflación? Parece un chiste.
El gobierno no solo no combate la inflación sino que es cómplice, cuando aumenta los combustibles de YPF, autoriza las subas en las pre pagas o con los nuevos tarifazos. Comparte el proceso inflacionario porque licúa los salarios y las jubilaciones, lo que le permite pagar menos salarios a docentes, estatales, en Salud, a jubiladas y jubilados, para recaudar para el FMI.
Se dice que los controles de precios siempre fracasaron. Mentira. Nunca se aplicaron. ¡Basta de impunidad para los que suben los precios de los alimentos mientras baja el consumo de la leche, la carne y las verduras! El gobierno dice que la Ley de Abastecimiento no se va a aplicar porque es un “recurso de última instancia”. Quiere decir que tiene las herramientas para combatir la inflación pero no la decisión política. Esta ley que está desde hace décadas permite imponer precios máximos -accesibles a las mayorías- y si los empresarios no cumplen o desabastecen se les tiene que incautar las mercaderías, productos y alimentos bajo apercibimiento de clausurarles sus establecimientos y hasta meterlos preso. Además hay que nacionalizar el comercio exterior, donde se van nuestros alimentos y se hacen grandes negociados, comercio exterior manejado por las multinacionales Cargill, Bunge, Dreyfuss y otras.
¿Braun no debería estar preso? Claro que sí. A confesión de parte relevo de prueba. ¿Algunos de estos mercenarios que lucran con los precios fue a la cárcel alguna vez? No. Esto se tiene que acabar. Mientras llamamos a seguir luchando por un aumento inmediato de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar con el ejemplo del triunfo que acaban de protagonizar los autoconvocados docentes de San Juan.

La inflación de mayo terminará oficialmente cercana al 5%. Para junio, vienen los tarifazos de gas, luz, aumentos de colectivos y prepagas. Encima, en varias provincias ya hay serios problemas para conseguir gasoil. Los salarios siguen siendo virtualmente arrasados por los aumentos de los bienes de la canasta familiar, que suben prácticamente todas las semanas.

Por eso, a pesar del pacto que se empeña en mantener con el gobierno la burocracia de la CGT y las CTA, las luchas empiezan a crecer. En la mayoría de los casos se dan donde hay direcciones combativas o procesos de autoconvocados. Así, tenemos la pelea que están llevando adelante los trabajadores del Sutna, la de los docentes autoconvocados de San Juan, la de los docentes universitarios, la de los trabajadores de la salud de Río Negro o la de los municipales de Córdoba, entre otras. A esto tenemos que sumarle las luchas que exceden el tema del salario, como la de docentes y familias del Gran Buenos Aires por la falta de gas en las escuelas, o la movilización que se gestó en un nuevo aniversario del  #NiUnaMenos. Y esta semana se volverán a movilizar los movimientos piqueteros combativos contra el congelamiento de los planes y exigiendo trabajo genuino.

Del otro lado de la trinchera, las grandes patronales también tratan de marcar la cancha. Esta semana se está reuniendo la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en la que confluyen las más grandes empresas del país (Techint, Arcor, Globant, Grupo Miguens, BGH, La Anónima, Grupo Clarín, Roggio, Elsztain, Blaquier). Su programa es el de siempre: cumplir el ajuste con el Fondo y avanzar en las llamadas reformas estructurales (laboral y previsional).  Federico Braun, titular de la cadena de supermercados La Anónima, hasta se dio el lujo de provocar: “¿qué hace La Anónima con la inflación?”, preguntó, para enseguida responder “remarcar precios todos los días”. Todos los empresarios hablaron del “desastre” en que cayó la Argentina en las últimas décadas, como si ellos no fueran parte responsable. El presidente Alberto Fernández comentó esos dichos: “si querían verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en AEA”. Pero increíblemente sigue sin tomar ninguna medida contra esos monopolios que ya flagrantemente reconocen que son ellos mismos los causantes de la carestía. Peor aún, el ministro de Economía Martín Guzmán pasó por el mismo foro de AEA explicando con toda tranquilidad las “bondades” de su plan económico de ajuste a medida del FMI.

Es que el gobierno del Frente de Todos sigue sumido en lo más profundo de su crisis política, con las peleas casi cotidianas entre Alberto y Cristina, que esta semana se cobraron como víctima al ministro de la Producción Matía Kulfas, no sin que este generara un escándalo señalando el negociado de la obra del gasoducto de Vaca Muerta a medida del Grupo Techint.  

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional está culminando su primera revisión trimestral del plan de ajuste firmado con el gobierno en marzo pasado. Es un hecho que, pese al ajuste en curso, es muy difícil que se puedan cumplir las metas exigidas por el organismo en las revisiones de los próximos trimestres. Lo que se viene, entonces, ya no solo será seguir aplicando el actual ajuste y sometiéndose a las inspecciones del Fondo. El gobierno tendrá que ir a rogar un “waiver” (perdón) al propio organismo.

Este es el motivo principal del viaje de Alberto Fernández a la Cumbre de las Américas. Se terminaron las bravatas de “no participamos si Estados Unidos veta la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua”. Ni que hablar de las amenazas de hacer una cumbre paralela. Lo concreto es que finalmente el presidente de México Andrés Manuel López Obrador no concurrirá, así como tampoco los de Bolivia, Guatemala, Honduras y Uruguay (este último por Covid positivo), pero sí estará presente Alberto Fernández. Con el premio consuelo de que finalmente conseguirá reunirse con Biden (pero no en esta cumbre, sino en el mes de julio), donde irá a pedirle a los yanquis apoyo para el citado “perdón” que necesitará del FMI.

Todo esto nos lleva a dos conclusiones. La primera es que la consecuencia última de la miseria creciente, la inflación y los bajos salarios es el acuerdo con el FMI, que nos obliga a un ajuste siempre creciente. Ahí está la verdadera respuesta a la pregunta de por qué la Argentina está en caída libre desde hace varias décadas: porque estamos sometidos al mayor saqueo de nuestra historia, el pago infinito de una deuda externa ilegal, inmoral e impagable. La segunda conclusión es que cada día estamos más semicolonizados, dependemos para cada una de nuestras decisiones del visto bueno del FMI y del imperialismo.

Se impone entonces salir a pelear por reconquistar lo que consiguieron nuestros próceres hace más de doscientos años: por una segunda y definitiva independencia. Como ayer de los españoles, hoy es la pelea por liberarnos del FMI, de los buitres especuladores a los que les pagamos la deuda externa y del imperialismo. Ese es el camino, para así recuperar capacidad soberana y poner en marcha un programa alternativo, obrero y popular, que resuelva las urgentes necesidades de salario, trabajo, salud, educación y vivienda. Ese es el camino que proponemos recorrer desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe José Castillo

Alberto Fernández y Cristina volvieron a aparecer juntos después de tres meses. Cristina instó a Alberto a “usar la lapicera”, al mismo tiempo que criticaba discursivamente muchas de sus medidas. Un día después, todo se agravó con las declaraciones de Matías Kulfas, que llevaron a su renuncia. ¿A dónde va el gobierno del Frente de Todos?

La crisis política en el gobierno del Frente de Todos sigue acrecentándose prácticamente día a día. Había despertado mucha expectativa el reencuentro de Alberto y Cristina en una misma tribuna después de tres meses sin comunicación. El evento en sí ya fue un nuevo capítulo de crisis, con Cristina reprendiendo a Alberto, cuestionando que en la obra del gasoducto de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires se privilegió a Techint, e instando a Alberto a “usar la lapicera” (la frase que ganó los titulares de todos los diarios del domingo). Menos ampulosamente, el presidente respondió algunas de las críticas de Cristina, instando a hablar “del futuro más que del pasado” e insistiendo en la necesidad de mantener la unidad del Frente de Todos, “contra la derecha de Macri”.  

Pero, llovido sobre mojado, todo estalló al día siguiente, cuando el ministro de Producción Matías Kulfas refutó los dichos de Cristina, denunciando una posible corrupción a favor de Techint, pero llevada adelante por funcionarios afines al kirchnerismo (ver nota Fiesta para las multinacionales petroleras / Frío y carestía para el pueblo trabajador). Todo culminó con Alberto Fernández pidiéndole la renuncia a Kulfas, desmintiendo sus acusaciones, con el kirchnerismo festejando haberle volteado un alfil al albertismo y con el propio Kulfas ratificando sus denuncias en el escrito que entregó al presidente al despedirse del cargo.

El reemplazante de Kulfas terminó siendo Daniel Scioli. Se repite lo que ya se dio ante otras renuncias provocadas por el kirchnerismo. En todos los casos, sus reemplazantes terminaron siendo personas más acordes aún al paladar del establishment. Así pasó con Guillermo Hang, el secretario de Comercio que reemplazó a Feletti. Y ahora con Daniel Scioli. Recordemos que el nuevo ministro de Producción tiene todo un currículum en ese sentido. Entró a la política de la mano de Carlos Menem en la década del ´90, luego fue vicepresidente durante el mandato de Néstor Kirchner y más tarde gobernador en el gobierno de Cristina, para terminar como el candidato a presidente que perdería las elecciones frente a Mauricio Macri. En los últimos tiempos, ya con Alberto Fernández en el gobierno, fue embajador en Brasil, cultivando una buena relación con el gobierno reaccionario de Bolsonaro y con el conjunto del empresariado brasileño. Llega así ofreciendo toda una garantía a los grandes grupos económicos que continuarán los negocios que dependen de los contratos públicos, como el mismo que llevó al conflicto y la renuncia posterior de Kulfas, con el affaire del gasoducto desde Vaca Muerta y el rol privilegiado de Techint.

Que el gobierno del Frente de Todos está sumido en una profunda crisis ya no es un secreto para nadie. La supuesta “guerra” contra la inflación nunca arrancó, peor aún, esta se incrementó como nunca. Este mes se producirá el aumento de las tarifas de los servicios públicos de luz y gas, y ni siquiera existirá la tantas veces declamada “segmentación”: el tarifazo le caerá a todos por igual.

Mientras tanto, la interna entre Alberto y Cristina es abierta y nadie la disimula.  Cada vez es mayor la frustración de miles que tenían expectativas en el gobierno. Muchos, con razón, ven en Alberto Fernández y sus funcionarios más cercanos una responsabilidad principal en la continuidad de la miseria, la pobreza y la virtual pulverización de salarios y jubilaciones. Cristina Fernández y el kirchnerismo, por su parte, hace meses que vienen llevando adelante críticas a muchas de las políticas económicas. Pero estas son puramente retóricas. Son solo para tratar de despegarse del repudio popular a las consecuencias del ajuste. Pero no ofrecen nada diferente en concreto. Es que, en última instancia, tanto Cristina como Alberto siempre han sostenido seguir pagando la deuda externa y llevar adelante el acuerdo con el FMI. El kircherismo, más allá de su retórica de doble discurso, no plantea ningún programa alternativo al vigente del ajuste en curso. Ya lo dijo el propio Máximo Kirchner cuando renunció a la jefatura del bloque del Frente de Todos en Diputados: “no queremos poner palos en la rueda”. Lo mismo puede interpretarse del gesto de Cristina al regalarle la lapicera a Alberto. Se trata de un “hacete cargo y pagá vos los costos del ajuste”.

Por eso invitamos a reflexionar a aquellas compañeras y compañeros de trabajo, estudio o vecinos en los barrios que, teniendo expectativas en el gobierno del Frente de Todos, hoy asisten azorados a su crisis. Queremos ser francos: nuestra opinión es que no hay salida en el peronismo. Se impone la construcción de algo distinto, de otra alternativa política que, obviamente, no puede ser Juntos por el Cambio ni Milei. Es lo que postulamos desde Izquierda Socialista y venimos construyendo desde el Frente de Izquierda Unidad: un programa alternativo que, partiendo de no pagar la deuda externa y romper con el FMI, priorice resolver las más urgentes necesidades populares.