Desde comienzos de la pandemia, hace casi dos años, hemos venido planteando que, a los efectos de enfrentarla y derrotarla, es necesario centralizar todos los recursos públicos y privados para lograr una respuesta unificada y coordinada. Solo de esta manera se garantizaría que la atención fuera igual para todas y todos en la totalidad del país.

Pero nada de eso ocurrió. El sistema privado siguió sus propios criterios fundados en el lucro y no en las necesidades epidemiológicas. El sistema de salud estatal se fragmentó. Salvo algunas directivas centralizadas en los primeros meses, cada provincia encaró a su manera la lucha contra la pandemia respondiendo a las presiones empresariales locales y a las urgencias electorales, dejando de lado, como en el sistema privado, las reales necesidades epidemiológicas.

Insistimos en que hay que tomar medidas urgentes y centralizadas por el estado, porque la pandemia no terminó y sigue planteada la necesidad de acabar con ella. En primer lugar, es necesario completar la vacunación de toda la población, con todas las dosis y refuerzos requeridos. Habrá que desarrollar también una campaña informativa sobre los beneficios de la vacunación para esclarecer a quienes aún desconfían. Además, no se trata solo de citar y esperar que la gente se presente. Hay que proceder a vacunar en los lugares de trabajo y en los domicilios.

En segundo lugar, se tienen que realizar testeos masivos para rastreo y seguimiento del virus, retomando las medidas de aislamiento selectivo. Aplicar nuevamente los protocolos en los lugares de trabajo y todas las medidas de bioseguridad que disminuyan la exposición al virus. Hay que licenciar a los trabajadores de riesgo y subsidiar a quienes el aislamiento impida desarrollar sus ocupaciones habituales, como cuentapropistas, trabajadores en negro y otros.

En tercer lugar, se debe restaurar el sistema de salud completando los planteles, que ya estaban diezmados al comienzo de la pandemia y retomar a todo el personal despedido para poder encarar la doble tarea de combatir la pandemia y continuar con la atención habitual con sueldos dignos y estabilidad laboral.

En cuarto lugar, hay que nacionalizar todo el sistema público y privado de salud para que la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos sean centralizados por el estado nacional. El Estado debe producir las vacunas y los tests, dado que, en el país, existe la capacidad para hacerlo. Éstos se deben proporcionar gratuitamente a toda la población como así también los reactivos y demás insumos médicos.

Para poder financiar este plan deberá hacerse lo contrario de lo que propone el gobierno peronista en materia de finanzas públicas. En lugar de ir ahorrando para aumentar las reservas para pagar la deuda externa, como exige el FMI, habrá que dedicarlas a sostener estas medidas. En lugar de perdonar impuestos a las multinacionales y empresarios millonarios enriquecidos durante la pandemia, habrá que obligarlos a tributar a un fondo especial para proteger la salud del pueblo trabajador. Solo así, con un sistema de salud estatal, financiado por el Estado y controlado por usuarios y trabajadores se podrá garantizar una atención de excelencia para todas y todos.
 

Escribe Martín Fú

El presidente ha estado aislado en Olivos por ser contacto estrecho con una trabajadora de la residencia presidencial y de varios funcionarios que han dado positivo de Covid-19.

Como lo ha definido el diario Cronista fechado el 19 de enero, “Por precaución, aún sin presentar síntomas, Fernández extrema sus cuidados y se realizará un PCR”. El 4 de enero pasado, el gobierno había publicado en el Boletín Oficial una resolución en donde rezaba: “los trabajadores y trabajadoras que tengan diagnóstico de Covid-19 que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus actividades sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta”.

Alberto hace uso de sus privilegios y se aísla, a diferencia de miles de trabajadores que en una situación similar (que se repite día a día) están obligados a ir a trabajar igual. Basta con ver la cantidad de trabajadores de la salud, que siendo contacto estrecho son obligados a trabajar igual. O las patronales industriales y de servicios, para dar unos ejemplos, que intiman a sus empleados con sanciones y descuentos si no se presentan a tomar servicio. Algunas líneas ferroviarias llegan al 75% de su personal contagiado de Covid-19 o siendo contacto estrecho. El “quédate en casa” que tanto usó el gobierno parece ser solo para el presidente, algunos funcionarios y las patronales que gozan de buena salud y atención médica urgente.

El caso del personal de la salud es emblemático: en casi dos años de pandemia donde lo sanitario fue protagonista y demandó esfuerzos enormes de sus trabajadores bajo condiciones muchas veces precarias, sobreexplotados y sin licencias y vacaciones, mientras el presidente de aísla plácidamente en la residencia y bajo cuidados médicos personalizados, a quienes siguen maximizando sus esfuerzos sin descanso y reconocimiento desde la primera línea de batalla contra la pandemia, se les niega el aislamiento preventivo, no sólo poniendo en riesgo su salud, sino la de compañeros de trabajo y público concurrente a los centros de salud públicos y privados.

Escribe José Castillo

Se va terminando el doble discurso del gobierno de Alberto y Cristina, de alcanzar un acuerdo con el FMI “sin ajuste”, “progresista” o “con inclusión social”. El ministro Guzmán reconoció que el FMI exige un mayor ajuste y Cristina en su carta (ver recuadro) dijo que su gobierno pagó más por la deuda de Macri que lo que puso para combatir la pandemia. Ahora el Frente de Todos se apresta a “rascar la olla” de las reservas del Banco Central para pagar en estos días más de 1.100 millones de dólares.

La negociación con el FMI entra en su recta final. Se acerca la hora de la verdad. Mientras tanto, esta semana el gobierno pagará al Fondo otros 720 millones de dólares de capital por el préstamo tomado por Macri en 2018; el próximo lunes hará lo mismo con 366 millones por intereses y el 22 de marzo vencerán otros 2.828 millones de dólares. Enormes cifras que deberían ir a combatir los males sociales, pero van  a terminar en manos del FMI.

El pago que debe realizarse en marzo es superior al total de las reservas líquidas del Banco Central. Por eso el gobierno intenta firmar el acuerdo antes de esa fecha.
 
La mentira del “acuerdo sin ajuste”

Está claro que un acuerdo con el FMI será con un mayor ajuste. Decimos mayor porque ya hay un ajuste en curso. El ministro Guzmán acaba de reconocerlo al decir que redujo el “déficit primario del 6,4% del PBI en 2020 al 3% en 2021” (Página12, 22/01/22). Este achique fue esencialmente por el robo a los jubilados con el cambio de la movilidad y porque se eliminaron la gran mayoría de las políticas sociales para atender las consecuencias de la pandemia (como el IFE, que se eliminó totalmente en 2021). Pero el FMI quiere más:el famoso déficit cero para 2024. El gobierno pide que sea para 2027. O sea, no hay diferencias de fondo, solo de plazos. La propia Cristina lo dijo, “con este ajuste perderemos las elecciones del año que viene”. Es que por eso mismo ya les fue mal en las legislativas del año pasado. Eso es lo que le preocupa al gobierno. Que el malhumor social se acreciente en vista al mayor ajuste que tendrá que seguir aplicando para pagar la usura de Macri.

Ya quedaron atrás las fantasías que promovía La Cámpora de un plan de pago a veinte años o de que el FMI iba a rebajar las sobretasas, autocrítica mediante. El acuerdo a firmar será a diez años, donde se deberán pagar intereses semestrales y el capital desde 2026. El periodista Alejandro Bercovich señaló además que el Fondo exige una revisión trimestral del acuerdo, en lo que será una virtual intervención de toda la política económica.

El gobierno quiere vender que está negociando “para que no haya ajuste”. Pero todos los acuerdos del FMI a distintos países (tanto los realizados en plena pandemia como los anteriores) han sido a cambio de fortísimos planes de ajuste. La frase del diputado Carlos Heller diciendo “queremos acordar, queremos pagar, pero sin ajuste”, es parte de los espejitos de colores del doble discurso oficial. Solo sirve para esconder que un acuerdo con el FMI, además de reconocer el pacto firmado por Macri, significará más recorte para los jubilados, trabajadores estatales, docentes y personal de salud con una mayor caída de sus ingresos, mayores tarifazos, reducción de la obra pública (lo que generará más desocupación), entre un largo etcétera.
 
 ¿Hay que apoyar una “buena negociación”?

Las grandes patronales nacionales, los bancos, los bonistas privados de la deuda externa, la Sociedad Rural y los grandes medios como Clarín y La Nación coinciden con el gobierno en que es necesario un acuerdo. Es lo que le fue a pedir de rodillas el canciller Santiago Cafiero al secretario de Estado yanqui Anthony Blinken, sacándole la frase al estadounidense “apoyamos la negociación Argentina con el FMI”. Por supuesto ¿Cómo no va a apoyar si es un gran negocio redondo para el FMI y los usureros internacionales apoyados por el gobierno imperialista?

Algunos hasta dicen “es mejor un mal acuerdo que el default”. Se unen para meter miedo a los trabajadores, argumentando que si se eligiera el camino opuesto (el no pago y el desconocimiento soberano del endeudamiento de Macri), sería perjudicial. Esconden de esta manera que la deuda externa es la hipoteca que sigue hundiendo a la economía argentina desde hace décadas, pagada por todos los gobiernos, sin excepción.

Nosotros sostenemos lo inverso. Si se acuerda con el FMI no hay salida para el pueblo trabajador. Se vendrá un mayor acto de dependencia y sometimiento, mientras se seguirán pagando miles de millones de dólares de intereses y ya en 2026 habrá otra vez una montaña de vencimientos impagables.

La salida, entonces, pasa por desconocer el endeudamiento de Macri, desligarse de los nuevos lazos que nos atan al FMI, suspender inmediatamente todo pago de deuda externa y volcar los recursos disponibles a atender las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, vivienda, salud y educación. Llamamos a las distintas organizaciones con las cuales el Frente de Izquierda hizo la gran marcha y acto el pasado 11 de diciembre a seguir por ese camino, impulsando acciones comunes y un gran movimiento que repudie al FMI y los pagos de una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta.

Escribe José Castillo

Durante la tarde del pasado martes 18 la vicepresidenta Cristina Fernández dio a conocer una nueva “carta”. Su título “Pandemia macrista versus pandemia Covid-19” apunta a comparar los daños sobre la economía de la gestión de Juntos por el Cambio versus los generados por la pandemia.
Cristina vuelve a denunciar que el FMI le otorgó al macrismo “un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe dónde están esos dólares”. Pero a partir de allí, reconoce que el gobierno del Frente de Todos terminó poniendo más recursos para pagar esa deuda que para combatir la pandemia.

“En el 2021 Argentina pagó -entre capital e intereses- 5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo Stand By que el organismo le otorgara a Mauricio Macri en el año 2018”. Compara esa cifra con los “420.000 millones de pesos que fueron destinados a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia”. La propia Cristina muestra los números finales: durante 2021 se destinó el 1,1 % del PBI a pagarle al FMI y apenas un 0,9 % a los gastos de la pandemia. ¡Todo esto bajo el gobierno que ella presidió junto a Alberto Fernández!

Dicho esto, ¿Cristina propone no acordar con el Fondo o dejar de pagarle? En absoluto. Al decir en su carta: “Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va a acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina”, está mostrando que el peronismo gobernante va a seguir pagando (“nunca que se va a acabar”) cuando tenía la oportunidad de hacer lo opuesto.

Cristina Fernández y el peronismo kirchnerista buscan cubrirse “por izquierda” de ser los responsables del ajuste en curso (y del mayor que se viene). Bajo ningún punto de vista están dispuestos a romper con el FMI y dejar de pagar esa deuda usurera contraída por el macrismo. “Somos pagadores seriales”, como le gusta decir a la ex presidenta.

Escribe José Castillo

Fue un show que ocupó prácticamente las dos primeras semanas del año. El gobierno de Alberto Fernández convocó a los gobernadores para “explicar” cómo van las negociaciones con el FMI. En la práctica, para obtener una foto del apoyo para alcanzar dicho acuerdo.

La oposición patronal de Juntos por el Cambio vio la ocasión para ganar cámara. Pidió que la reunión tuviera carácter “institucional” y se realizara en el Congreso Nacional. El gobierno primero aceptó, luego puso como excusa una declaración ofensiva de Juntos por el Cambio para suspender la reunión. Finalmente, tras varias idas y vueltas, la cumbre entre oficialismo y oposición patronal quedó en la nada. En el medio, por supuesto, quedaron anécdotas de la interna de Juntos por el Cambio, como la discusión entre el gobernador radical jujeño Gerardo Morales y la dirigencia de PRO acerca de quién era responsable de la toma del préstamo con el FMI.

No debemos confundirnos. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio tienen un gran punto en común, que se debe acordar sí o sí con el FMI. La oposición patronal solo busca que el costo político lo pague el gobierno nacional. Pero ha insistido, una y mil veces, en que se debe presentar un “plan económico”, léase un plan de ajuste, acorde con lo exigido por el Fondo.

Hay una “santa alianza” entre ambos, más allá de los fuegos artificiales. Que incluye también a los libertarios de Milei y Espert (este último ha dicho que “si no se firma el acuerdo con el Fondo hay que irse a vivir a Marte”). Solo el Frente de Izquierda Unidad se opone categóricamente y por eso llenó la Plaza de Mayo el pasado 11 de diciembre junto a más de 100 organizaciones para decir ¡No al FMI!