Escribe Claudio Funes

Ante los primeros días de la ola de calor, a Edenor y a Edesur les saltó la térmica. ¿Quiénes son los dueños de estas  empresas que brindan un pésimo servicio en el AMBA?

Uno de los dueños de la distribuidora Edenor es el ex diputado menemista José Luis Manzano, que vive en Suiza con su familia desde hace un tiempo y no tiene problemas cuando se corta la luz en el AMBA. Es el mismo que en los ´90 declaró: “yo robo para la corona”.
Otro es Mauricio Filiberti, apodado “el rey del cloro”, propietario de uno de los yates más impresionantes del mundo, Attila, de 64 metros de eslora y un valor cercano a los 3 millones de dólares, que el dueño de Transclor S.A. tiene anclado en el Mediterráneo. Es socio de Nicolás Caputo, amigo de Macri, y de Alejandro Mac Farlane, de Gas Camuzzi, con quienes tiene tres aviones de la empresa Patagonia Jet.

El tercero es Daniel Vila, el empresario dueño del grupo de medios América, quien el año pasado ya adelantaba a La Nación que el acuerdo con el FMI traería aumentos de tarifas (“Daniel Vila dijo que ‘seguramente’ subirán las tarifas de energía eléctrica” 27 de junio de 2021).
Entre los tres manejan el 51% del paquete accionario de Edenor que le compraron a Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, en diciembre de 2020. Las sociedades compradoras son Energía del Cono Sur e Integra Capital, todas controladas por los Manzano, Filiberti y Vila.
La otra distribuidora, Edesur, es propiedad de ENEL (Ente nazionale per l´energía elettrica) una compañía multinacional que es un operador integrado líder en los mercados de energía y renovables. Sus propietarios son, entre otros, el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. ENEL está presente en treinta países y distribuye electricidad a través de una red global de más de 2,2 millones de kilómetros. Lleva energía a más de 70 millones de usuarios, con ganancias anuales por más de 2.600 millones de Euros.

ENEL se mantiene a la cabeza de Edesur desde que licitaron la red en los ´90, y también tiene activos en generación termoeléctrica con las centrales Costanera y Dock Sud; generación hidroeléctrica con El Chocón y transporte con Yacylec.  Por más que lloren, ningún capitalista trabaja a pérdida.

Un servicio público indispensable como es la provisión de energía eléctrica hoy es un negocio en manos de capitalistas insaciables. Ellos son los dueños de la luz.                                                                                  

Sigue la tercera ola del Covid-19 en el país con récord de contagios diarios que superaron los 100.000 casos, en pleno verano y con temperaturas extremas. Ante esta situación el gobierno del Frente de Todos se reunió con multinacionales y grandes patronales, tales como la agro tóxica Syngenta, Toyota y Unilever, para llevarles tranquilidad y dar señales al FMI en la aplicación del ajuste.

Frente a la preocupación de los empresarios por el nivel de ausentismo, que en algunas industrias alcanza el 20%, producto del tsunami de contagios de las últimas semanas, la ministra de Salud Vizzotti aseguró que “por ahora no está en los planes del Gobierno cerrar la economía” (La Nación, 6/1/2022) y acordaron una “mesa de trabajo con la CGT”. Es decir, ignorar las medidas de seguridad contra la pandemia.

Hicieron su parte los burócratas sindicales Daer, Caló y Andrés Rodríguez, quienes participaron también en la reunión, para mostrar unidad en “reducir el nivel de ausentismo y que no se pare el crecimiento de la economía”. O sea, desarmar los protocolos laborales que protegen la salud de los trabajadores en beneficio de las ganancias patronales.

De encuentros como este surgieron los distintos anuncios del gobierno sobre los cambios en los protocolos nacionales y los que intentan imponer en cada lugar de trabajo las patronales, en detrimento de la salud. Entre otras cosas: no permiten faltar por contacto estrecho ni para testearse por tener síntomas; si se falta, se descuenta el día y el presentismo.

Enfrentando esta situación, los ferroviarios del Sarmiento tuvieron que tomar medidas para defender los protocolos de los guardas que la gerencia peronista de la estatal Trenes Argentinos quería ignorar.

A todo esto hay que recordar que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales peronistas, radicales, y de Cambiemos, incluída CABA, vienen de recortar el presupuesto en salud. Aducen, de hecho, “el fin de la pandemia”, como lo indicaba el proyecto del presupuesto bonaerense enviado por el gobernador Kicillof.

En los últimos meses de 2021 despidieron al personal de salud que habían contratado para atender la emergencia de la pandemia. Ahora, no alcanzan los recursos humanos ni los insumos para testear a los cientos de miles que lo necesitan diariamente, ni para vacunar masivamente. Así se saturó el sistema sanitario.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad sostenemos que para combatir la pandemia, hacen falta medidas de fondo: completar la vacunación, producir tests y testear masiva y gratuitamente; garantizar el aislamiento preventivo; no modificar los protocolos; restituir y agregar de manera urgente a miles de trabajadores de salud con sueldos dignos y centralizar en un único sistema de salud estatal. Para mayor detalle ver la nota de nuestro compañero Reynaldo Saccone, “El gobierno defiende las ganancias de los empresarios a costa de la salud”

Fernández y el gastado doble discurso peronista contra el FMI

Sigue la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, los cortes de luz y aumenta la pobreza, mientras el gobierno prioriza el acuerdo con el FMI. En diciembre Fernández pagó al Fondo Monetario ¡1.900 millones de dólares! y en enero a los bonistas ¡700 millones de dólares! y nos dice que no habrá “ajuste” y que “lo que intenta hacer el Fondo Monetario, una vez más, es imponernos un programa y ahí no estamos de acuerdo”.

Pero más allá de las declaraciones grandilocuentes el objetivo del gobierno es hacer “buena letra” para llegar a un acuerdo con el FMI y garantizar el pago de la fraudulenta deuda externa. Por eso hace meses que negocia con el Fondo la profundización del ajuste y el saqueo.

Ahora hablan de una inflación del 33% para el 2022, que ni ellos se creen. Mientras todos los analistas la prevén cercana o superior al 50% como ya tuvimos en 2021. Encima se vienen tarifazos de servicios públicos, como el 20% de aumento en electricidad y nuevos aumentos de combustibles que seguirán golpeando los bolsillos populares.

También utilizan el doble discurso con el ambiente, mientras impulsan el saqueo de nuestros recursos naturales como la extracción de petróleo “off shore” con la multinacional noruega Equinor y Shell. Una medida que fue repudiada por movilizaciones multitudinarias en la zona costera. El ejemplo es Chubut, donde la rebelión popular frenó una vez más el plan de megaminería. Entre tanto, en once provincias existen incendios masivos de bosques y el gobierno no garantiza la mínima inversión para ayudar a frenarlos. Ver la nota "Del 'Chubutazo' al 'Atlanticazo', contra la destrucción ambiental y el saqueo".

Los macristas de Juntos, por su parte, inmersos en una crisis por quien encabezará en 2023, posan diferenciándose del oficialismo. Pero ya gobernaron y lo hicieron al servicio de las multinacionales, con tarifazos del 3.400%, miles de despidos, inflación y recortes. Van apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario y su proyecto es claramente anti popular.

Hay que enfrentar el plan de ajuste que exige el FMI

El gobierno peronista se reúne con los grandes empresarios, banqueros, con dirigentes del Frente de Todos, burócratas sindicales, con la oposición patronal de Juntos por el Cambio (radicales, Larreta) para mostrarle al Fondo que, más allá de las disputas entre y dentro de cada coalición patronal, hay unidad para aplicar el plan de ajuste y atacar los salarios.

Los trabajadores y sectores populares tenemos que denunciar y enfrentar estas políticas. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad levantamos un programa alternativo, al servicio de los trabajadores y sectores populares. Con medidas como la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa por ilegítima y fraudulenta. Para que ese dinero vaya a salud, educación, vivienda y un aumento inmediato de salarios y jubilaciones, indexado de acuerdo a la inflación. Y para implementar un plan de obras públicas que garantice millones de puestos de trabajo.

En ese sentido creemos que el camino para enfrentar los planes de ajuste y saqueo es el que marcó la rebelión popular en Chubut. Impulsamos desde cada sector de trabajo, asambleas, reuniones de activistas y todo tipo de organización para pelear por protocolos de bioseguridad al servicio de la salud, contra la flexibilidad laboral y por la defensa del salario de las y los trabajadores. Así como participamos e impulsamos todas las luchas contra el saqueo y en defensa del ambiente.

Al mismo tiempo seguiremos desarrollando una gran campaña contra el acuerdo con el FMI dando continuidad a la multitudinaria movilización del pasado 11 de diciembre, impulsada por el Frente de Izquierda Unidad junto a más de cien organizaciones políticas, sociales, juveniles, ambientalistas, de derechos humanos, de jubilados y del sindicalismo combativo.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y miembro de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 5 de enero el ministro de Economía Martín Guzmán reunió en un almuerzo a las grandes patronales del agro, el comercio, la industria automotriz y las de consumo masivo. También estuvieron los ministros de Agricultura Julián Domínguez, de Desarrollo Social Juan Zavaleta, de Salud Carla Vizzotti y dirigentes burocráticos de la CGT como Héctor Daer, Antonio Caló y Andrés Rodríguez. Ante ese significativo cónclave los empresarios mostraron su preocupación por el nivel de ausentismo que en algunas industrias alcanza el 20%. La ministra Vizzotti “tranquilizó” a los presentes anunciando que “por ahora no está en los planes del Gobierno cerrar la economía” (La Nación, 6/1/2022) y quedaron en armar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud, las empresas y los sindicatos para “reducir el nivel de ausentismo y que no se pare el crecimiento de la economía”. Dicho más claramente, desarmar los protocolos laborales de bioseguridad que protegen la salud de los trabajadores en beneficio de las patronales.

Un primer paso para lograr un regreso rápido al trabajo de los afectados por Covid-19 se dio hace unas semanas cuando el gobierno acortó sensiblemente los plazos de aislamiento. Los fundamentos de esta medida son controvertidos por muchos especialistas. En Estados Unidos, por ejemplo, la poderosa Asociación Médica Americana se opuso tajantemente a una medida similar.

En otro gesto hacia el empresariado, el gobierno peronista dejó vencer el decreto que incluía el coronavirus como una enfermedad de carácter profesional para la totalidad de los trabajadores dependientes, perdiendo la cobertura que daban las ART. Las empresas deberían hacerse cargo ahora de las ausencias ocasionadas por el Covid-19, pero la habilitación del autotest les permitirá burlar esta obligación. Ninguna patronal pagará los días de aislamiento sin un test positivo. Para obtenerlo el trabajador deberá entonces hacer una cola de horas en el sistema público o comprar el test a 2.500 pesos, con el riesgo aumentado, de obtener un falso negativo y por ende volver infectado al trabajo.

El gobierno del Frente de Todos se desentiende de la salud

El gobierno peronista ha decretado que la pandemia ya no es una preocupación y ha abandonado cualquier tibio intento de combatirla. Ha dejado el sistema de salud a su propia suerte, haciendo caso omiso de los datos de la realidad y los consejos de los científicos. Como no podría ser de otra manera, la cifra de contagios ha alcanzado niveles insólitos. Solamente en los últimos catorce días los infectados sumaron 830.000.

Es cierto que, finalmente y muchos meses después de lo que se hubiera podido, nuestro país ha logrado una alta tasa de vacunación (76% con dos dosis) que mitiga la agresividad viral, pero se duplicaron las muertes en este período y los internados en UTI crecieron de 1.000 a 1.600. Tampoco se debe olvidar que hay siete millones de habitantes que no han recibido ninguna dosis que aportan los dos tercios de ocupantes de las camas de UTI. Cuanto más afectados por el coronavirus haya, más pacientes complicados y más muertes habrá, aunque sea en menor proporción que en la primera y segunda ola.

El caos del sistema de salud

El gobierno nacional y los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, junto con centenares de intendentes de todo pelaje político, han quitado de los presupuestos las partidas destinadas a la emergencia creada por la pandemia. Así, con el apoyo de la burocracia sindical, han dejado en la calle a miles de trabajadoras y trabajadores contratados mientras los de planta permanente, deben enfrentar el aumento de la demanda con sueldos de hambre. Sin reposición de los faltantes históricos, la carencia de recurso humano ha llevado al caos el sistema de salud. Esperas prolongadas, turnos alejados y la casi imposibilidad de ser atendido por las complicaciones del Covid-19 (una vez recibida el alta epidemiológica) afectan a millones.

Como el recurso humano, los insumos también se están agotando. El brusco crecimiento de la demanda de testeos ha llevado a la crisis del insumo. El gobierno ha optado por cargar en los bolsillos de los usuarios su costo dándoles un ultimátum: “o hacés colas de horas en los hospitales o lo pagás en el privado”. El único test diagnóstico certero, la PCR, casi no se hace en los hospitales, pero se ofrece desde 7.000 pesos en la industria privada, suma difícil de pagar para la mayoría de los trabajadores y sectores populares. Tests que podrían ser producidos en el país en laboratorios estatales y entregados gratuitamente a la población. Al habilitar su provisión privada, se corre otro riesgo: perder el control de la vigilancia epidemiológica y anarquizar el seguimiento de la pandemia.

Para terminar con largas horas de colas en los hospitales y combatir la pandemia se necesitan medidas de fondo

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad venimos planteando que es necesario centralizar todos los recursos para una respuesta unificada en todo el país y que al mismo tiempo sea igual para todos y todas. En primer lugar, completar la vacunación de toda la población. No se trata solo de citar y esperar que la gente se presente. Habrá que vacunar en los lugares de trabajo y en los domicilios mientras se desarrolla una campaña informativa sobre los beneficios de la vacunación.

En segundo lugar, testeos masivos para rastreo y seguimiento del virus, retomando las medidas de aislamiento selectivo. Aplicar nuevamente los protocolos en los lugares de trabajo y todas las medidas de bioseguridad que disminuyan la exposición al virus, como por ejemplo la lucha de los ferroviarios del Sarmiento impidió que la empresa anulara un protocolo de seguridad que los trabajadores habían obtenido. Licenciar a los trabajadores de riesgo y subsidiar a quienes el aislamiento impida desarrollar sus ocupaciones habituales, como cuentapropistas, trabajadores informales y otros. En tercer lugar, restaurar el sistema de salud completando los planteles y retomar a todo el personal despedido afectado a la pandemia para poder encarar estas tareas con sueldos dignos y estabilidad laboral. En cuarto lugar, nacionalizar todo el sistema público y privado de salud para que todos los recursos humanos y tecnológicos sean centralizados por el estado nacional. El Estado debe producir los tests y se debe proporcionar gratuitamente a toda la población como así también las vacunas, reactivos y demás insumos médicos.

Para poder financiar este plan deberá hacerse lo contrario de lo que propone el gobierno peronista en materia de finanzas públicas. En lugar de ir creando reservas para pagar la deuda externa, habrá que dedicarlas a sostener estas medidas. En lugar de perdonar impuestos a las multinacionales y empresarios millonarios enriquecidos durante la pandemia, habrá que obligarlos a tributar a un fondo especial para proteger la salud del pueblo trabajador. Solo así, con un sistema de salud estatal, financiado por el Estado y controlado por usuarios y trabajadores se podrá garantizar una atención de excelencia para todas y todos.

Escribe Pablo Almeida, legislador electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde el 29 de diciembre hasta el 4 de enero más de 190 mil usuarios fueron afectados por los cortes de energía en el AMBA. Los mismos vecinos recuerdan que es algo repetido en cada verano, por lo que hartos de soportar esta situación, realizaron cortes de calles en distintos barrios de CABA y en algunos puntos del conurbano. En el punto más alto de las protestas una nutrida movilización cortó por horas la General Paz a la altura de Emilio Castro nucleando por primera vez vecinos de la zona de Liniers, Villa Luro y Mataderos.

Recordemos que el gobierno de Macri aplicó aumentos de 3.400% a 5.500%, “dolarizando las tarifas”, diciendo que ese dinero iría a inversiones y se terminarían los cortes, una mentira más. El gobierno del Frente de Todos no retrotrajo ninguno de esos aumentos manteniendo la estafa al pueblo trabajador. Ahora, mientras está negociando un acuerdo con el FMI, otorgará a las privatizadas un aumento de tarifas de hasta un 20% sin solucionar ninguno de los problemas de fondo. Solo en 2021 las privatizadas de la energía recibieron subsidios por más de 9.000 millones de dólares, según el Instituto Mosconi. Este nuevo golpe al bolsillo es parte de las exigencias del Fondo, por eso decimos “No al FMI” y “No al pago de la deuda externa”, como reclamamos en la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo del 11 de diciembre.

Desde las privatizaciones con el peronismo menemista, todos los gobiernos han mantenido el saqueo de las privatizaciones. El objetivo de estas empresas es maximizar sus ganancias sin importarles cumplir con el rol social de servicio público, ser eficientes para la población trabajadora y sectores populares. Perpetúan el pésimo mantenimiento y reclaman siempre aumentos en tarifas o en subsidios, amparadas por todos los partidos patronales.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad reclamamos soluciones inmediatas para resolver urgentemente la falta de luz en los barrios. Aplicando todas las soluciones técnicas necesarias, como generadores, refacciones inmediatas e indemnizaciones a los damnificados por las pérdidas de alimentos y electrodomésticos. Pero a la par de estas exigencias inmediatas, para evitar los próximos apagones decimos que hay que cortar con los negociados de los servicios privatizados. Las multas a estas empresas, que nunca se cobran, son solo una distracción. Hay que terminar con las privatizadas y reestatizarlas conformando una única empresa estatal, bajo gestión y control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Así se pondrá en primer lugar el objetivo de cubrir las necesidades de las y los trabajadores y sectores populares. Para que haya tarifas accesibles y se realicen las obras necesarias en todo el sistema eléctrico y, en particular, en la distribución.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop, miembro de Izquierda Socialista

Las cifras del ministerio de Salud de la Nación no dejan dudas sobre el crecimiento vertiginoso de los contagios de Covid-19: 34.000 contagios el 28 de diciembre, cuando a principios de octubre rozábamos apenas los 1.000. El crecimiento de infectados en los últimos catorce días fue de 295%, una cifra sin antecedentes en nuestro país. Es cierto que, finalmente y muchos meses después de lo que se hubiera podido, nuestro país ha logrado una alta tasa de vacunación (73% con dos dosis) que mitiga la agresividad viral, pero, aunque en menor proporción, la mortalidad por Covid-19 ha aumentado un 5% en el mismo período. Cuanto más afectados por el coronavirus haya, más pacientes complicados y más muertes habrá, aunque sea en menor proporción.

Estamos en pleno ascenso de la tercera ola en el país. La irracionalidad capitalista, manifestada en el monopolio de las patentes, ha impedido la producción de vacunas en cantidad suficiente para garantizar con rapidez la inmunización de la población mundial. Esto permitió el desarrollo de nuevas cepas de alta contagiosidad como la Delta y la Ómicron. Nuestra corriente internacional, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) ha venido sosteniendo, junto con un amplio movimiento mundial, la liberación de las patentes para romper ese monopolio de las multinacionales farmacéuticas y poder producirla en todos los países que tengan la capacidad de hacerlo. Como en nuestro país, se demostró la capacidad de por lo menos dos laboratorios (mAbxience y Richmond) que pueden producir, fraccionar y envasar las vacunas para gran parte de América Latina.

El gobierno del Frente de Todos proclamó de hecho el fin de la pandemia

Desoyendo abiertamente los consejos de los científicos, el gobierno de Alberto Fernández, se lanzó por el camino de la liberación de restricciones y el levantamiento de las medidas de prevención. Decretó de hecho el fin de la pandemia. Se ha apresurado a quitar del presupuesto nacional y de los provinciales las partidas destinadas a combatir la pandemia y reducir el de salud. Tanta prisa se explica en la necesidad de cumplir las pautas del acuerdo, todavía no cerrado con el FMI.

Esta restricción presupuestaria llevó a dar de baja al personal de salud que se había incorporado de manera precaria durante la pandemia. En estas medidas, el gobierno nacional fue acompañado no solo por los gobernadores peronistas sino también por los mandatarios radicales y de Pro junto con centenares de intendentes de todo pelaje, quienes dejaron en la calle a miles de trabajadores y trabajadoras de salud que habían enfrentado los riesgos de la pandemia. Para esta tarea contaron con el apoyo inapreciable de la burocracia sindical que no movió un dedo en defensa de la estabilidad laboral tan justamente merecida. En el colmo del cinismo, el gobierno de Cambiemos de Larreta está llamando a concurso para cubrir centenares de cargos de enfermería, que apenas son un tercio de los que quedaron en la calle y sin reponer los faltantes históricos. Esta carencia de recurso humano es la explicación de fondo de la desesperación de usuarios que reaccionan violentamente hacia el personal de salud como pasó en el hospital Santojanni de la CABA.

Como el recurso humano, los insumos también se están agotando. El brusco crecimiento de la demanda de testeos ha llevado a la crisis del insumo. En estos días se llegó en muchos establecimientos al agotamiento de reactivos para la detección de antígeno, lo que hace las delicias de la medicina privada. Hoy se ofrece el análisis de antígeno a 4.000 pesos y el de PCR a 7.000. La industria farmacéutica privada, por su parte, se prepara para lanzar al mercado kits de reactivos de funcionamiento similar al Evatest. Estos insumos pueden, también, ser producidos a bajo costo íntegramente en los laboratorios estatales y entregarse gratuitamente al pueblo trabajador.

Se necesitan medidas de fondo para terminar con la pandemia

El gobierno peronista no toma las medidas necesarias para resolver este flagelo porque éstas lo llevarían a enfrentarse con la patronal, las multinacionales y las exigencias del FMI. Desde Izquierda Socialista decimos que es necesario tomar las medidas que centralicen todos los recursos para garantizar una respuesta unificada en todo el país y que al mismo tiempo sea igual para todos y todas. En primer lugar, es necesario completar la vacunación de toda la población. No se trata solo de citar y esperar que la gente se presente. Habrá que vacunar en los lugares de trabajo y en los domicilios. Al mismo tiempo desarrollar una campaña para informar y educar sobre la necesidad de la vacunación.

En segundo lugar, implantar los testeos masivos para rastreo y seguimiento del virus. Esto, además, permitirá retomar las medidas de aislamiento selectivo. Al mismo tiempo, deberán volver a aplicarse los protocolos en los lugares de trabajo y todas las medidas de bioseguridad que disminuyan la exposición al virus, como por ejemplo en los medios de transporte público. Licenciar a los trabajadores de riesgo y subsidiar a quienes el aislamiento impida desarrollar sus ocupaciones habituales, como cuentapropistas, trabajadores en negro y otros. En tercer lugar, habrá que restaurar el sistema de salud completando los planteles y retomar a todo el personal despedido afectado a la pandemia para poder encarar estas tareas con sueldos dignos y estabilidad laboral. En cuarto lugar, será necesario nacionalizar todo el sistema público y privado de salud para que todos los recursos humanos y tecnológicos sean centralizados por el estado nacional. Lo mismo con la producción de vacunas, reactivos y demás insumos médicos.

Para poder financiar este plan deberá hacerse lo contrario de lo que propone el gobierno peronista en materia de finanzas públicas. En lugar de ir creando reservas para pagar la deuda externa, habrá que dedicarlas a sostener estas medidas. En lugar de perdonar impuestos a las multinacionales y empresarios millonarios enriquecidos durante la pandemia, habrá que obligarlos a tributar a un fondo especial para proteger la salud del pueblo trabajador. Solo así, con un sistema de salud estatal, financiado por el Estado y controlado por usuarios y trabajadores se podrá garantizar una atención de excelencia para todas y todos.

 28/12/21