Escribe Atilio Salusso

Una de las noticias del verano fue el sorteo de la dieta del derechista Milei. Más de un millón de personas aportaron sus datos personales para participar del mismo (DNI, nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico y celular). La ganó un kirchnerista, quien dijo, “la voy a usar para pagar deudas”.

Milei aprovechó el hecho en un acto político en Mar del Plata. La movida fue cuestionada desde varios ángulos. Algunos denunciaron que bajo la fachada de un sorteo inocente su objetivo fue hacerse de una base de datos con fines políticos (violatoria de la ley 25.326) de cara a las elecciones de 2023. Otros se preguntaron: ¿De qué vive Milei? ¿Cómo paga sus cuentas? Sus seguidores dijeron: “Milei no necesita meterse en política para ganar dinero. Sólo le importa trabajar por el pueblo”.

Milei necesita proyección nacional. Por eso usa estas acciones populistas y golpes de efecto para vender que “es distinto” y no tiene que ver, como él mismo dice, con la “casta política” que nos viene gobernando. Nada más falso.

Milei pone en práctica una vieja receta que usan los políticos patronales, en este caso de derecha con un proyecto neofascista, para tratar de encubrir que su política está al servicio de lo peor del capitalismo, de acrecentar las ganancias de las patronales e ir contra las conquistas del movimiento obrero y de la juventud bajo el slogan de “la libertad”.

Se monta en la desesperación de millones ante el crecimiento de la pobreza y miseria, “donando su sueldo”. Y nada de eso significa que le “devuelve” a la sociedad una dieta que paga con sus impuestos. Lo que no dice Milei es que dejar los impuestos como están es que los siga pagando el pueblo trabajador con el IVA y los grandes capitalistas sigan fugándose la plata con la evasión o poniendo sus fortunas en paraísos fiscales.

Por si valiera hacer alguna aclaración, desde la izquierda revolucionaria somos lo opuesto. Porque proponemos que todo legislador, juez y funcionario gane como un laburante. Presentamos proyectos de ley para eso y lo ponemos en práctica desde nuestras bancas, como parte de una lucha contra los privilegios capitalistas de los políticos patronales. Y porque nuestra política sobre el tema va inscripta en combatir de fondo a una clase social parasitaria y explotadora que saquea al pueblo trabajador, que son las multinacionales, los bancos, el FMI y el imperialismo, sectores para los cuales trabaja Milei.

Milei “dona su dieta” pero es un trabajador a sueldo de las grandes patronales. Vino siendo pagado por el Grupo Eurnekián (Aeropuertos Argentina 2000), que vive de los subsidios del estado tras su privatización. Y recibiendo aportes de esas patronales en sus charlas para defender a los capitalistas o asesorar a grupos de inversión.

Repudiamos la demagogia de Milei y su política de conjunto. Que reivindique a Cavallo y a Menem que entregaron el país, o a Macri y a Patricia Bullrich, demuestra que es más de lo mismo. Un personaje nefasto al servicio del gran capital, tratando de camuflarse con medidas populistas. A no dejarse engañar.
 
 

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys

El gobierno de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña anunció en octubre del año pasado el adelantamiento del inicio del ciclo lectivo para el 21 de febrero. Esta decisión, tomada en una situación sanitaria completamente diferente a la actual, no obedecía a ninguna preocupación o criterio pedagógico sino a una nueva medida de propaganda en el marco de la disputa con el peronismo kirchnerista para ver quién está en mejores condiciones de profundizar el ajuste que venimos viviendo los trabajadores.

Hoy con más de cien mil infectados diarios de Covid-19 el anuncio mediático se sostiene sin ninguna definición en relación a las medidas de protección sanitaria lo que se transforma en un riesgo para estudiantes, trabajadores y familias. Tampoco se garantiza la tarea pedagógica y mucho menos su regularidad en las escuelas de la Ciudad donde probablemente suceda lo mismo que en otros lugares de trabajo que se ven afectados por una cantidad de contagios tal que paraliza la actividad o la reduce drásticamente.

Nuevamente, las organizaciones sindicales no han sido convocadas para discutir las condiciones necesarias para la apertura del ciclo lectivo en el marco de la pandemia. No se conocen los nuevos protocolos ajustados a la actual situación sanitaria. Nada se dice de cómo garantizar la vacunación de los estudiantes de manera masiva, de garantizar que todos los docentes y auxiliares reciban la dosis de refuerzo, de testeos masivos regulares en las escuelas ni de cómo se van a garantizar los reemplazos de aquellos docentes que deban ausentarse por contagio. Sabemos que la regularidad de las clases es prácticamente imposible, ya que con la cantidad de casos diarios no todos ingresarán el primer día ni todos podrán mantener la presencia regular en este marco. Toda esta falta de previsión demuestra el total desinterés por garantizar las condiciones para el desarrollo de la tarea educativa en las escuelas públicas. El gobierno tiene otros objetivos.

Una cuestión que Soledad Acuña había manifestado como prioritaria en 2020 como un elemento de campaña electoral, fue la recuperación de aquellos estudiantes que habían abandonado la escuela. No presentaron ni implementaron ninguna política seria para lograr la vuelta de los pibes como ser partidas presupuestarias especiales para ampliar la cantidad de profesionales en los equipos de orientación escolar, implementar parejas pedagógicas para realizar un acompañamiento serio a las disparidades producidas por la virtualidad o la presencialidad parcial, entrega de materiales a docentes y estudiantes, entre otras cosas. Este vacío lo intentan tapar atacando a los estudiantes, vinculándolos al narcotráfico fundamentalmente. Nada dice de los verdaderos problemas que aquejan a los chicos de los barrios populares, como la necesidad de salir a trabajar en la más absoluta precariedad para colaborar con la subsistencia familiar, el cuidado de hermanos menores que muchas veces impiden la posibilidad de ir a la escuela, el embarazo adolescente entre otras problemáticas que desnudan la tremenda crisis social que es a todas luces previa a la pandemia pero que sin dudas se ha profundizado. La recuperación y retención de la matrícula fue en todo caso fruto del trabajo consecuente de miles de maestras que sí se ocuparon de la escolarización de los alumnos.

La realidad que vivimos en las escuelas es otra. La ministra  propone la explotación laboral sin paga para más de 30 mil alumnos de los últimos años de la secundaria para el 2022, como parte del ajuste y vaciamiento educativo. No está previsto resolver un problema estructural como es la falta de vacantes, ni el hacinamiento en escuelas sin condiciones edilicias antes y durante la pandemia. No incrementó el presupuesto para infraestructura, equipos y conectividad para los pibes. El tema salarial tampoco estará resuelto profundizando la caída de nuestros ingresos tal como exige el FMI y que tanto Fernández como Larreta están dispuestos a cumplir.

En breve estaremos en las escuelas y Ademys alentará las asambleas escolares y convocará a asambleas abiertas unificadas para organizar la respuesta de los trabajadores para garantizar las condiciones sanitarias, educativas y salariales enfrentando nuevamente las medidas de ajuste que nos quieren seguir imponiendo.

Escribe Pili Barbás

La ministra de Educación porteña Soledad Acuña se dedica a estigmatizar a los jóvenes de los barrios populares para esconder su responsabilidad en la gigantesca deserción escolar durante la pandemia, producto de las nefastas políticas educativas en CABA y de la falta de recursos.

La semana pasada fueron noticia los nefastos dichos de la Ministra de Educación porteña Soledad Acuña, que en conferencia de prensa afirmó: “Hoy, 2022, después de dos años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos, esos chicos ya están perdidos, seguramente, en el pasillo de una villa, ya cayeron en actividades de narcotráfico”.

Lo que no dice la ministra en sus declaraciones es que fue ella quién no destinó presupuesto para que les pibis tuvieran en CABA conectividad para acceder a la educación en la pandemia, con la complicidad de Larreta. Les mismes que impulsaron, el año pasado, el regreso a la presencialidad en las escuelas, sin destinar ni un peso para que estén en condiciones sanitarias para cursar, ni para garantizar los derechos laborales de les docentes.Tanto el gobierno nacional de Alberto Fernandez como Larreta en la Ciudad son responsables directos del abandono en el que cayó la educación pública en estos dos años de pandemia, y de los seis millones de jóvenes que tuvieron que abandonar su cursada. Porque el gobierno priorizó juntar dólares para pagar la deuda externa, antes que garantizar los recursos para educación.

Los dichos de la ministra buscan desligarse de cualquier responsabilidad de garantizar algún tipo de vinculación con les estudiantes que no pudieron acceder a la educación en la pandemia. Y están enmarcados en un plan sistemático de ataque a la educación pública impulsado por Juntos por el Cambio. Esto se ve reflejado en varios proyectos, como la Secundaria del Futuro, que busca que les pibis en su último año trabajen de forma gratuita para empresas. O en el avance de la Unicaba en la ciudad.

Pero los dichos de Acuña no solo dejan en claro su poco interés por la educación de les pibis, sino también su estigmatización de la juventud de los barrios populares. Muy en sintonía con las declaraciones de Vidal en campaña electoral del 2021, que había dicho que el problema no es quien fuma un porro en Palermo, si no quien consume en las villas.

En el discurso que pregonan desde el macrismo de Juntos se desentienden de la responsabilidad, de que gobiernan esta ciudad hace quince años y son parte del entramado político que mantiene a las redes de narcotráfico en los barrios populares, con la complicidad de la policía. Y también son quienes, con el gobierno nacional en el congreso, no aprueban la legalización de la marihuana, con lo que siguen manteniendo los negociados del narcotráfico y criminalizando sobre todo a la juventud de los barrios populares.
Son elles mismes quienes no destinan ni un peso para garantizar soluciones de fondo para la juventud.

Les pibis no están perdides, necesitan que se deje de destinar millones de dólares al pago de la deuda, y que esa plata vaya para educación, vivienda, salud y trabajo digno para todes nosotres. Desde la Juventud de Izquierda Socialista seguiremos luchando y organizándonos para que exista futuro para la juventud.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Alberto Fernández ha anunciado la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para el mes de febrero. Recordemos que en dichas sesiones sólo se pueden tratar los temas propuestos por el propio Poder Ejecutivo. De ahí que repasar su listado resulte ilustrativo de las prioridades políticas del gobierno del Frente de Todos.

La gran mayoría de ellas tienen un objetivo claro: promover las ganancias de las grandes multinacionales, ofreciéndoles todo tipo de privilegios, exenciones impositivas y permisos para saquear nuestros recursos naturales. Así, tenemos la creación del régimen de fomento al desarrollo agroindustrial (a medida de los monopolios del agronegocio), de hidrocarburos (al servicio de las multinacionales del gas y petróleo), el proyecto de inversiones para la industria automotriz y electro-movilidad (para las multinacionales del automóvil) y Compre Nacional (donde tercian las grandes firmas proveedoras del estado).

También debemos mencionar lo que “no está” en esta convocatoria a extraordinarias. Lo principal y que entonces significa su pérdida de estado parlamentario es la ley de humedales. Recordemos que el propio Frente de Todos la utilizó en la reciente campaña legislativa. Sin embargo, como ya veníamos denunciando desde Ambiente en Lucha y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, prevaleció el lobby de los grandes intereses del agro-negocio.

El gobierno de Alberto Fernández, con todas estas leyes, busca aumentar los negocios de las multinacionales y en particular las exportaciones, para así obtener algunos dólares de más para poder pagar los vencimientos de deuda externa. De esto se trata la repetida frase de “necesitamos crecer para poder pagar (la deuda)”. “Crecer”, como vemos, es ofrecer nuestros recursos para que se los lleven, saqueando y contaminando, superexplotando a los trabajadores, como ya sucede en Vaca Muerta o en los proyectos megamineros en curso. Y todo al servicio de, al final, poder cumplir con los vencimientos de deuda externa.         

Escribe Claudio Funes

Barrios enteros de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense vivieron el drama de los cortes de energía eléctrica en los peores días de calor. Miles pasaron sus fiestas de fin de año sin electricidad y se dieron casos con vecinos a los que no se les devolvió el suministro eléctrico durante más de cinco días. Un escándalo más, repetido todos los años, de la desidia y el saqueo de Edenor y Edesur.


Llegó el verano y con él la falta de luz. Desde el 29 de diciembre y hasta el 4 de enero más de 190 mil usuarios fueron afectados por cortes de energía en el AMBA. Pero las cosas siempre pueden empeorar, más si hablamos de Edenor y Edesur: el 11 de enero un corte masivo dejó sin servicio eléctrico a más de 700 mil usuarios. Los vecinos, furiosos, recuerdan que es algo repetido cada verano.

Recordemos que el gobierno de Macri aplicó aumentos de 3.500 a 5.500% “dolarizando las tarifas”, mientras aseguraba que ese dinero iría a inversiones para acabar con los cortes de luz. Algo que, por supuesto, nunca sucedió.

El gobierno del Frente de Todos no solo no retrotrajo esos escandalosos tarifazos sino que en los dos últimos años los subsidios energéticos llegaron a los 11.000 millones de dólares. O sea, que Alberto Fernández los duplicó.

Ahora, mientras negocia con el FMI, otorgará a las privatizadas un aumento de tarifas de hasta el 20%, pero seguirá sin solucionar los problemas de fondo. Este nuevo golpe al bolsillo popular es parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, por eso decimos: “No al Fondo” y “No al pago de la deuda externa”, como lo reclamamos en la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo el 11 de diciembre.

Desde las privatizaciones con el peronismo menemista, todos los gobiernos han mantenido ese saqueo. Entre 2002 y 2020 los subsidios a la energía sumaron 143.000 millones de dólares. (Infobae, 10/10/2021). Una suma que supera en más de tres veces la deuda que el gobierno está negociando con el FMI.

Con temperaturas notablemente más bajas, el pasado jueves 20 de enero más de 104 mil usuarios todavía permanecían sin energía eléctrica. En CABA, los barrios más afectados fueron Caballito, Parque Chacabuco, Villa Devoto y Almagro. En tanto, en el Conurbano Bonaerense entre los municipios castigados estaban Almirante Browm, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora, San Vicente y Quilmes. (Página 12, 21/01/2022).

¿Por qué sucede esto?

El objetivo de estas empresas es maximizar sus ganancias sin importarles cumplir con el rol social de servicio público, ser eficientes para el pueblo trabajador y sectores populares. Así, perpetúan el pésimo mantenimiento y las casi nulas nuevas inversiones, de esta manera lo único que garantizan son los cortes. Por otro lado, reclaman permanentemente aumentos de tarifas o subsidios, con el amparo de todos los partidos patronales.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad reclamamos soluciones inmediatas para que vuelva la luz a los barrios. Se deben aplicar todas las soluciones técnicas necesarias, como generadores y reparaciones inmediatas junto con las indemnizaciones correspondientes a los damnificados por la pérdida de alimentos y electrodomésticos.

A la par de estas exigencias, para evitar los próximos apagones decimos que hay que terminar con el negociado de los servicios privatizados. Las multas a estas empresas, que nunca se pagan, son solamente una distracción. Hay que terminar con esta estafa y re estatizarlas, conformando una única empresa estatal eléctrica bajo gestión de sus trabajadores y las organizaciones de usuarios. Así se pondrá como prioridad el objetivo de satisfacer las urgentes necesidades de las y los trabajadores y sectores populares. Para que las tarifas sean accesibles y se realicen las obras necesarias en todo el sistema eléctrico y, en particular, en la distribución.