Al día siguiente de la reciente masacre, una orden judicial permitió secuestrar 15.000 dosis de cocaína. ¿Desde cuándo existía esta información? No caben dudas que los políticos patronales, las fuerzas policiales y la Justicia participan del dinero sucio que el narcotráfico recauda.

Recordemos cuando, en las elecciones de 2015, entre los candidatos peronistas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández y Julián Domínguez (hoy ministros de Alberto Fernández), se acusaban sobre quién era más encubridor. “Hablan de cómo combatir el narcotráfico, que empiecen por no comprarle droga a los transas”, decía Fernández, implicado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez por comercio ilegal de efedrina.

El ex intendente radical de Paraná entre 2015 y 2019, Sergio Varisco, fue condenado en diciembre de 2019 a seis años y medio de prisión como “partícipe necesario” de comercialización de estupefacientes, 317 kilos de marihuana, traídos en avioneta desde Paraguay, dinero con el cual se hacía financiar su campaña electoral.  “La intendencia era un bunker narco”, se decía.

Danna Báez, dirigente de Cambiemos de Misiones, fue presa en el estado brasileño de Paraná por “tráfico ilegal de estupefacientes” al encontrarse cinco kilos de cocaína en su poder.

En el año 2016, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quedó salpicado con una causa vinculada al narcotráfico luego de que cinco funcionarios de la Ciudad fueran procesados por la muerte de 5 personas en la fiesta Time Warp, de Costa Salguero, por consumo de estupefacientes.

Otros antecedentes datan de 2018. Altos mandos de la Policía Bonaerense plantearon que las ratas se habían comido media tonelada de marihuana para explicar la desaparición durante la custodia. En tanto, en la provincia de Salta, se descubrió que 50 kilos de cocaína se habían convertido en 60 kilos de yeso, cargamento había sido secuestrado previamente por gendarmería.

Walter Bento, ex juez federal de Mendoza, se encuentra procesado como líder de una asociación ilícita que exigía dinero a cambio de favores judiciales para los narcos. Bento no es la excepción. El fiscal Claudio Scapolan (estuvo a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro) fue acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a robar cargamentos de estupefacientes y de extorsionar a familiares de narcotraficantes. Se calcula que se apropió de 500 kilos de cocaína. Y así sigue la lista.

Claudio Funes

La diputada Graciela Calderón presentó, desde la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, un proyecto en repudio al secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, que sostuvo públicamente que se deberían dejar sin efecto las acusaciones y juicios contra Isabel Perón, vinculadas a la represión y persecución de trabajadores y estudiantes en el período que gobernó, luego del fallecimiento de Perón.

Presentó este proyecto de declaración para que la legislatura provincial repudie tales dichos y accionar de Piumato, adjuntando en su totalidad el comunicado elaborado por la Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata.
 
No sorprende que la burocracia sindical tenga este tipo de posturas, dejando en claro que no son representantes de las y los trabajadores, ya que buscan lavarle la cara al gobierno peronista de Isabel que posibilitó el accionar de la Triple A y la CNU, dejando un escenario represivo propicio para lo que se llevaría a cabo luego la dictadura militar del ´76.

La misma burocracia sindical que hace poco avaló el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI, totalmente perjudicial para nuestro pueblo.

¡Justicia por lxs compañerxs que fueron víctimas de represión y persecución!
¡Condena a cada unx de los responsables!

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su repudio y rechazo el accionar de Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y Secretario de Derechos Humanos de la CGT, que al pedir el regreso de Isabel Perón a la Argentina y solicitar que queden sin efecto las acusaciones en su contra, intenta encubrir la responsabilidad de la ex mandataria en los asesinatos y persecuciones de trabajadores y estudiantes durante los años 1974 a 1976

FUNDAMENTOS

El 3 de febrero del 2022 Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y Secretario de Derechos Humanos de la CGT, expuso sus intenciones de presentarse ante la Justicia para dejar sin efecto las acusaciones en contra de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón y permitirle el regreso al país de forma completamente impune. Ante este hecho, citamos la declaración pública que emitió la Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, repudiando de forma categórica el accionar y los dichos de Piumato, con la cual acordamos plenamente: .

“Desde la Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, repudiamos el nuevo intento encubridor de Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y Secretario de Derechos Humanos de la CGT, que negando el asesinato de estudiantes y trabajadores, entre ellos judiciales, durante los años 1974 a 1976, intenta desresponsabilizar nuevamente a la ex presidenta Isabel Martínez de Perón. Piumato, en un escrito laudatorio oculta que en su gobierno se violaron los derechos humanos, autorizando a las fuerzas armadas, policiales y parapoliciales a torturar, secuestrar y ejecutar sin juicio a quienes se sospechaba de subversivos. Su ministro de Bienestar Social, José López Rega, considerado virtual primer ministro, fue jefe de la organización criminal Triple A, Alianza Anticomunista Argentina. Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez de Perón, la Triple A fue incrementando su accionar mortífero. Se calcula que en dos años y medio estos grupos fascistas asesinaron alrededor de 3000 personas.
Llegar a procesar a miembros de la Triple A y de la CNU en Bahía Blanca, en Mar del Plata y en La Plata, después de tantos años de impunidad ha sido consecuencia de la lucha de familiares y compañeras y compañeros de las víctimas y las abogadas y abogados que sostuvieron demandas de memoria y justicia. Encontrarnos que hoy alguien argumente el retorno y olvido de la comisión de crímenes aberrantes con el argumento encubridor de que es una pobre mujer de 91 años que no puede retornar a su país es una nueva afrenta a nuestras familias, compañeras y compañeros, asesinados por el Terrorismo de Estado.
Y finalmente repudiamos la reiteración de la complicidad desde ámbitos de la CGT, que en los años de plomo de la dictadura genocida señalaba y entregaba obreras y obreros que no aceptaban el poder mafioso de la CGT ni los planes de terror de los militares.

Por todxs y cada unx de las victimas de la Triple A y la CNU, NO DEJAREMOS DE LUCHAR POR LA JUSTICIA Y LA CONDENA A TODXS Y CADA UNX DE LXS RESPONSABLES DIRECTXS, ENTRE ELLOS ISABEL MARTINEZ DE PERÓN.

Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata”

Por lo antes dicho, desde nuestra bancada solicitamos a los demás bloques y diputados adherir a este proyecto de declaración.

El 4 de febrero decenas de personas comenzaron a llegar a distintos hospitales de municipios del Gran Buenos Aires sin poder respirar, en estado de coma o ya fallecidos. Horas después los médicos descubrieron que estaban envenenados por cocaína adulterada.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, Izquierda Socialista/FIT Unidad

En menos de 24 horas habían fallecido por esta masacre narco más de 20 personas, casi 100 estaban internadas y muchas en terapia intensiva. Más allá de todas las operaciones mediáticas del gobierno, la policía, los ministros de seguridad de la nación (Aníbal Fernández) y de la provincia de Buenos Aires (Sergio Berni), para desviar y confundir sobre las verdaderas causas de esta masacre, se supo que se estaba vendiendo cocaína adulterada, causando una parálisis respiratoria y coronaria casi inmediata.

Aparentemente se habría hecho correr la voz de que se estaba vendiendo muy barato el sobre de dos (2) gramos de cocaína en un búnker de Puerta 8, Hurlingham, que se suele vender en Gran Buenos Aires a $6.000. La cocaína adulterada rápidamente llegó a más de 8 municipios, donde se registraron muertes e internados. No se sabe cuántas dosis de esta cocaína se repartieron ni hasta dónde llegó. Por eso no se pueden descartar nuevos casos.

Esta masacre, en sectores populares y pobres, ha desnudado de manera dramática la magnitud y la gravedad de las adicciones en nuestra sociedad y el impresionante negocio capitalista del narcotráfico en Argentina y en el mundo. Este negocio entrelaza las mafias integradas por funcionarios, policías, jueces, empresarios criminales; el abandono de los gobiernos patronales a los adictos y a sus familias, y la política cómplice de los gobernantes con el narcotráfico.

El propio Berni declaró que diariamente, sólo en el Gran Buenos Aires, se reparten 200.000 dosis de cocaína que, a 6 mil pesos cada una, generan 1.200 millones de pesos por día. Ese es el tremendo negocio narco del que son parte y defienden policías, funcionarios y jueces.

Estos números muestran que millones de personas de todos los niveles sociales consumen y que son los más pobres los que más riesgo corren, ya que mientras más adulterada y “cortada” está la cocaína, más barata se vende. Consumen una porquería que, en su máxima expresión, representa el “paco”, que se hace con los restos de toda la cocaína cocinada y adulterada y tiene un poder de destrucción física indescriptible.

Más allá de los verdaderos motivos por lo que se haya vendido esta cocaína adulterada, lo cierto es que unos asesinos han jugado con la vida de millones de consumidores, causando una masacre que debe ser investigada y castigados todos los responsables, de todos los niveles. Y en la investigación deben participar sectores independientes de los jueces y la policía (muchos sospechados de estar comprometidos con el narcotráfico), como los familiares de los muertos.

Berni y Aníbal Fernández tratan de tirar la pelota para otro lado, peleándose por si hay que aconsejar “tomar de la buena” (Fernández) o “legalizar el consumo” (Berni), tratando que la investigación de esta masacre pase al olvido y no haya clarificación ni castigos. O atrapando al tal “Paisa”, responsabilizándolo de todo y, encima, “expulsándolo a Paraguay”, como parte de un pacto de silencio. Mientras los dirigentes macristas de Juntos como Vidal o Bullrich, tratan de sacar rédito de esta masacre queriéndonos hacer creer que “ellos sí combatieron a los narcos” ¡Caraduras!

A ninguno de ellos les interesa desmantelar estas mafias de narcos que generan fabulosas ganancias, millones de consumidores y adictos, empujan a la marginalidad y a la delincuencia a jóvenes, muchos desesperados por volver a consumir. Ni les interesan las familias que destruyen sus vidas por las adicciones de algunos de sus integrantes.

Todos escuchamos a la madre que tenía su hijo internado denunciando que desde los 14 años era adicto, que ahora tiene 41 años y que nunca tuvo apoyo de los gobiernos para curarlo. Que no hay lugares para internar y tratar la adicción para superarla. Que la policía le decía que, si delinquía, robaba o agredía, ahí sí lo podían detener y ver si lo enviaban a algún sitio para delincuentes adictos. ¡Una barbaridad!

Hay lugares para internarse y superar las adicciones, pero son privados y carísimos. Palito Ortega le financió a Charly García su internación, de donde salió luego haber entrado casi muerto. O el músico Chano, que se trata en un centro de adictos privado y carísimo.

Las adicciones son enfermedades terribles, pero pueden ser superadas. Para eso hay que exigir al gobierno peronista de Alberto Fernández que sean consideradas como enfermedades públicas. Por eso debe haber lugares de internación gratuitos en manos del Estado que sean parte del sistema de salud pública. Hay que hacer verdaderas campañas de prevención, de clarificación y ayuda para evitar entrar a las adicciones, sobre todo para los jóvenes y sectores populares, principal centro de captación de los narcos.

Con la ilegalidad de la venta y distribución de drogas, no hay estadísticas públicas y oficiales sobre las personas que consumen y adictos y no se puede hacer un plan de salud pública científico para curarlas. Dejando claro que combatimos que jóvenes o trabajadores caigan en cualquier tipo de adicciones, sostenemos que la legalización sería un paso muy importante para ayudar a superarlas y desmontar el negocio de las mafias de narcos, policías, funcionarios, jueces, que viven de la ilegalidad y la convierten en uno de los mayores negocios del capitalismo, a un enorme costo en muertes y penurias sociales.

Llamamos a todos a apoyar a las familias víctimas de esta nueva masacre narco y exigir la clarificación, investigación y castigo de todos los responsables.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Las escalofriantes muertes por consumir droga envenenada en el conurbano o los crímenes diarios en Rosario a manos del narcotráfico, reabrieron el debate sobre cómo combatir de fondo a este flagelo que hace estragos. Sabemos que cuando se habla de narcotráfico y drogas incluye varias aristas, desde el negocio capitalista que implica, la criminalización y el tema salud pública. Desde Izquierda Socialista lo abordamos globalmente. Por eso es que, además de repudiar la complicidad con los narcos de los gobiernos de turno como el peronista actual y el anterior macrista, las fuerzas represivas y los jueces; exigir que vayan a la cárcel los capos y no los perejiles, y que se aborden las adicciones desde el ángulo de la salud pública, decimos que la legalización de las drogas permitiría combatir el problema de fondo, terminar con las mafias y abrir el camino para tratar las adicciones desde el hospital y no desde la cárcel, algo que no ocurre.

Sabemos que la propuesta de legalización puede para ser rara o crear confusión de que podría “fomentar el consumo”. Pero busca lo opuesto. Lo único cierto es que lo que muestra tanto lo que pasa en Argentina como en el mundo, es que el prohibicionismo viene causando estragos, salvando a las mafias criminales y provocando masacres como la que estamos viendo.

La legalización de todas las drogas es para combatir a las mafias y a sus crímenes, en primer lugar, sacándoles el gran negocio capitalista que hacen con la ilegalidad, y a su vez reducir el consumo y disminuir las muertes y hospitalizaciones por adicciones. La legalización y regulación por parte del Estado es lo que terminaría con la terrible red clandestina que produce sustancias sin controles y venenosas, genera violencia, inseguridad y muertes.

El hijo del capo del cartel de Medellín colombiano Pablo Escobar, asesinado en 1993, dijo recientemente que su padre pudo tener el poder que tuvo y hacer lo que hizo por los beneficios de la ilegalidad. Es que el prohibicionismo y la ilegalidad, además de asegurar grandes ganancias a las mafias y grandes empresarios que lucran con el narcotráfico, ha llevado a emprender políticas represivas que han sido un rotundo fracaso. Se persigue a los perejiles y consumidores, no a los capos narcos. Solo el 1% de las causas federales en Argentina apuntan contra algún narco.

Una prueba extrema de lo que apareja la prohibición ocurrió en Estados Unidos cuando en 1920 impusieron la “ley seca”, que prohibía las bebidas alcohólicas. Esto posibilitó el tráfico ilegal y las bandas criminales, como se ve en las películas de la época. El consumo de alcohol, por el contrario, ascendió, con el agravante de que las mafias lo fabricaban adulterado y altamente tóxico. El mercado negro creció, encareció su precio y se incrementó la demanda de drogas. Las mafias (como la del famoso Al Capone) se multiplicaron, dando paso a la violencia, crímenes y corrupción. Todo esto se ha reflejado en novelas y en el cine con recordadas películas como Los Intocables o El Padrino. Pero a pesar del fracaso de la Ley Seca (la cual se terminó anulando en 1933) se siguieron utilizando como hasta ahora los mismos argumentos para justificar la prohibición de las drogas. Precisamente porque muchos capitalistas sustentan sus descomunales ganancias con el “valor agregado” que otorga la clandestinidad, siendo el narcotráfico después del tráfico de armas el negocio capitalista más rentable del mundo, encabezado por Estados Unidos, los cuales usan sus enormes fondos además del lavado de dinero en paraísos fiscales para comprar gobiernos, jueces y policías. Porque cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de un negocio capitalista mundial muy lucrativo. Y la ilegalidad es la forma en que se cobija.

¿Qué sería legalizar las drogas? Que toda la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo pase a ser legal. Es decir, transformarla en una actividad más dentro de las reglas del mercado. Esto implica que paguen fuertes impuestos, su sometimiento a controles de salud pública, que tengan trabajadores en blanco y con derecho a sindicalizarse. Como se ve, no significa para nada fomentar el consumo de drogas (como tampoco los socialistas fomentamos el consumo de cocaína o cualquier otra droga, ni de tabaco o alcohol) como a veces se quiere hacer creer.

No solo lo decimos nosotros. Sectores conservadores del pensamiento económico que nada tienen que ver con la izquierda, han dado argumentos contundentes sobre los beneficios de la legalización. El Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, fallecido en 2006, afirmaba: “La única gente que puede sobrevivir en ese negocio declarado ilegal son las bandas que tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados de traslado de la mercadería.”

La legalización no sólo desplazaría a las mafias. También haría que las drogas pasen a ser un problema de salud pública. Exigiendo a los gobiernos que hagan campaña permanente educando sobre los riesgos de consumir y tratar plenamente las adicciones, poniendo plata y presupuesto suficiente a tal fin. A su vez, exigimos desarrollar políticas preventivas para evitar abusos, rehabilitar a los adictos, reducir los riesgos y daños en el uso de sustancias, generando consumos responsables. Las obras sociales deberían incluir el tratamiento contra las adicciones bajo un estricto control estatal.

La regulación de la producción y distribución por parte del Estado permitiría además determinar qué es lo que se consume y que no, y que aquellos que sufren adicciones reciban tratamiento adecuado en el sistema de salud pública, no dejar librado a que hoy la juventud caiga en manos de los narcos como consumidores o soldaditos del narcomenudeo.

Hoy millones son empujados a consumir compulsivamente, en especial jóvenes hundidos en la pobreza y marginalidad sin futuro, como si fuera la única manera de sobrellevar la tremenda frustración que les impone este sistema capitalista depredador. En vez de levantar una salida de fondo, los distintos gobiernos capitalistas y sus planes económicos de hambre y pobreza empujan a que miles sean víctimas del negocio de la droga, como dealer de los verdaderos narcos, a quienes les pagan miseria, los que terminan en la cárcel mientras los capos siguen en la impunidad. Cosa que si hubiera empleo y buenos salarios, esto no ocurriría, ya que se les sacaría esa mano de obra barata a los verdaderamente narcotraficantes.

La propuesta de legalización, en definitiva, la sostenemos en el marco de la lucha por terminar con todos los males capitalistas, peleando por una sociedad socialista donde no haya explotados ni oprimidos.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados criticando el acuerdo con el FMI. Lo hizo a través de una carta (ver texto Página12, 31/1) generando una nueva crisis en el gobierno y una lógica simpatía entre sus seguidores. Desde Izquierda Socialista en el FIT-U nos sumamos al debate dando nuestra opinión sobre las razones y alcances de su renuncia, que aclaramos es solo como presidente del bloque oficialista, no de su banca como diputado del Frente de Todos. “Dejo un lugar para seguir ayudando”, dice en su misiva.

Después de señalar que no habría que hablar “de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos de beneficios”, el actual diputado y jefe de La Cámpora fundamenta su renuncia por “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. ¿Pero cuál era la “estrategia” que proponía o propone Máximo Kirchner? ¿Acaso desconocer el endeudamiento sideral que nos dejó Macri para financiar la fuga de capitales por 45.000 millones de dólares? Máximo no dice nada de eso. Por eso su omisión revela que sus críticas son parciales e intentan reacomodarse ante un acuerdo que no cae bien entre los luchadores y quienes vinieron reclamando desde sectores críticos del oficialismo “no volvamos al Fondo”.

Somos contundentes. No hay ninguna “estrategia válida” que no pase por desconocer el endeudamiento macrista si de verdad se quiere terminar con la “herencia de Macri”, como pregona el kirchnerismo. El gobierno nacional acompañado por Máximo Kirchner hizo lo opuesto. Desde que asumió “pagó más por la deuda que dejó Macri que lo que se destinó para la pandemia”, según lo reveló la propia Cristina Kirchner.

Máximo lo único que infiere es que habría que haber negociado de otra forma. Con más muñeca política. Con otras exigencias y posiciones “más duras”. Pero las exigencias de Máximo Kirchner y La Cámpora eran conocidas: pedir más plazos de pago, reclamar que el FMI no cobre las sobretasas (1.000 millones de dólares más por año) y que se autocritique del préstamo que le hizo a Macri por violar sus propios estatutos. Pero es lo que hicieron Alberto Fernández y el ministro Guzmán con los resultados conocidos.

Máximo pone en evidencia los límites de sus críticas cuando dice: “Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad”. Solo critica “los errores y abusos” del FMI. Lo mismo propondría hacer el diputado Moreau cuando se trate la ley en el parlamento, modificarla para que no sea tan perjudicial.
En definitiva, las críticas de Máximo no van en función de desconocer ningún acuerdo con el FMI ni de dejar de pagar una deuda fraudulenta. Por eso aclaramos que su postura no “se acerca a la izquierda”, como han señalado algunos medios.

Máximo esperó que se consumara el acuerdo gobierno-FMI para criticarlo y desmarcarse haciendo creer que “podía haber una negociación más beneficiosa”. Pero los acuerdos que se han pactado con el FMI bajo todos los gobiernos desde 1983 a esta parte han sido perjudiciales para el pueblo trabajador. Más ajuste, saqueo, dependencia y sometimiento.

Máximo reivindica como salvadora la “cancelación histórica de una deuda de 9.800 millones de dólares” de Néstor Kirchner. Pero lo cierto es que luego de que la rebelión del Argentinazo impusiera el no pago de la deuda al grito “que se vayan todos” -lo que permitió usar esa plata para impulsar planes sociales de emergencia-, fue el peronismo kirchnerista el que reanudó los pagos, le pagó de contado al FMI (nunca rompió con ese organismo) y lejos de desendeudarnos nos dejó una deuda de 200.000 millones de dólares luego de pagar durante los 12 años un monto similar. No hubo ningún acto liberador por entonces.

Tampoco Máximo Kirchner ha dado señalar de ninguna “ruptura” con el gobierno, como se insinúa en algunos comentarios periodísticos. En su carta reconoce que vino acompañando todas las políticas sobre la deuda: “Les recuerdo que como jefe de Bloque acompañé la sanción de la Ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera a pesar de estar en profundo desacuerdo con algunos de sus artículos”. Es decir, avaló el pago a los bonistas-usureros internacionales que vienen haciendo negociados tras negociados en el país. Agregamos que también votó la movilidad jubilatoria a la baja para cumplir con el FMI (algo que fue reivindicado por el propio Fondo Monetario) y vino apoyando la política central del Frente de Todos, los salarios a la baja, la inflación del 50%, los despidos y el trabajo precarizado, la reducción en las partidas en Salud o la quita del IFE. Temas por los cuales nunca levantó la voz. Por eso en la carta tampoco se explaya sobre los “resultados” que critica del acuerdo, porque tendría que mencionar la palabra “ajuste” que tanto espanto genera en el Frente de Todos del cual es parte. ¿Máximo se opone o denuncia el actual ajuste? No lo hace. Aumentó la nafta, se vienen nuevos tarifazos (como parte del acuerdo con el FMI) y la burocracia sindical se apresta a firmar de nuevo aumentos salariales en cuotas por debajo de la inflación, lo que traerá más pobreza e indigencia. Mientras se pagaron otros 1.100 millones de dólares tras el acuerdo. ¿Dijo algo Máximo de esto? Nada.

Máximo hace críticas. Está claro. No quiere perder parte de su base social que repudia al FMI y ve que ahora vuelve con más ajuste de la mano del Frente de Todos que votó. Pero no propone ninguna salida alternativa ni llama a movilizar en repudio. No hay que dejarse engañar. Lo mismo hizo Cristina cuando publicó una carta después de las PASO criticando a sectores del gobierno para no quedar pegada a la derrota electoral.

Máximo en un pasaje de su carta dice “al fin y al cabo el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza”. Por esa misma razón, no se trata de “hacer entrar en razones al FMI” como propone, sino combatirlo con la fuerza de un pueblo movilizado que repudie los pagos, rompa los lazos que nos atan a ese organismo imperialista y vuelque los millones de dólares que genera nuestro pueblo trabajador a combatir los males sociales que se han agravado en estos dos años de gobierno peronista, como primer paso para imponer un plan económico alternativo, obrero y popular. Para ello llamamos a marchar el 8 de febrero desde el Frente de Izquierda Unidad junto al sindicalismo combativo y cientos de organizaciones, convocando también a todos los sectores descontentos con el gobierno que se quieran sumar, para repudiar el acuerdo con el FMI y luchar por una salida de fondo. Esta es la propuesta que levanta la izquierda, no es la de Máximo Kirchner.