Escribe Diego Martínez

El de mayor rango será Guillermo Ferraro, nuevo ministro de infraestructura, ex funcionario de los gobiernos peronistas de Duhalde y de Néstor Kirchner.
Otra tanda de dirigentes peronistas se incorpora al nuevo gobierno de la mano de Schiaretti: Osvaldo Giordano, ex ministro de finanzas cordobés (del riñón cavallista) estará a cargo del Anses. Franco Mogetta irá a la secretaría de Transporte y será el encargado de aplicar el tarifazo sobre el transporte urbano. Al frente del banco Nación estará Daniel Tillard, ex director del Banco de Córdoba, quien también responde a Schiaretti.

De la mano de Sáenz, gobernador de Salta, Flavia Royón se incorporó como secretaria de minería.

A instancias de Sergio Massa, quien hasta hace pocos días mantenía duros debates televisivos con Milei continuarán en sus funciones Marco Lavagna, director del Indec, Guillermo Michel, titular de la Aduana y Leonardo Macdur, quien asegurará la continuidad de la entrega al FMI. Daniel Scioli, por su parte, continuará al frente de la embajada de Brasil.
Dejamos para el final a un personaje de terror: Rodolfo Barra, ex ministro de Justicia menemista, con un oscuro pasado nazi y todo un currículum contra los derechos de las mujeres, que será el nuevo Procurador del Tesoro.

Escribe Diego Martínez

Juan Schiaretti, gobernador peronista saliente de Córdoba y ex candidato a presidente declaró: “Queremos que a Milei le vaya bien y estamos para ayudar. Deseo el mayor de los éxitos a Milei como próximo presidente. Su éxito significa que las familias argentinas van a vivir mejor” (Ámbito Financiero, 30/11/2023).  Además  de esto  celebró el afán de Milei por el equilibrio fiscal (léase ajuste) y garantizó que va a contribuir a la “gobernabilidad” del flamante titular del ejecutivo nacional. Acto seguido pasó a aportar funcionarios de su riñón en áreas clave del gabinete de Milei.

Otro que no se quedó atrás fue Gustavo Sáenz, gobernador peronista de Salta, ferviente impulsor de la campaña presidencial de Massa, quien corrió presuroso a reunirse públicamente, foto mediante, con dos de los principales ministros del nuevo gobierno, Nicolás Posse (jefe de gabinete) y Guillermo Francos (ministro de Interior)  un día después de la elección. Allí negoció la integración de Flavia Royón al nuevo gobierno como secretaria de Minería. Será la responsable del saqueo del litio en nuestro país y, más específicamente, en las provincias donde se encuentra ese recurso estratégico, como la Salta de Sáenz.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Aunque la asunción de Milei generó algunas expectativas de un cambio que pueda solucionar la brutal crisis económica y social que deja el gobierno peronista, su discurso en plaza Congreso y los anuncios económicos confirman la preocupación a millones por lo que dijo que quiere hacer, todas medidas que van en contra el pueblo trabajador. ¿Cómo hacer para evitar que Milei nos haga pagar la crisis a las y los trabajadores y sectores populares?

“Plata no hay”. “El ajuste será de shock, no gradual”. “Al menos por dieciocho meses habrá estanflación, inflación, recesión, despidos, baja de salarios”. “El ajuste irá sobre el estado, no sobre el sector privado”. Aunque digan lo contrario, no fueron esas las “promesas electorales” de Milei. Habló de que iba a ajustar a la “casta política” (a quien ahora llamó a sumarse a su proyecto), pero el ajuste será “contra el Estado”, o sea menores salarios y partidas a estatales, médicos, hospitales, docentes, educación, jubilados, desocupados. Y de que “no la iba a pagar la gente” a “no la van a pagar los empresarios privados”, o sea los mismos que se llenaron de plata estos años, seguirán llevándosela en pala.

Esas frases generan preocupación a todos los que la plata apenas nos alcanza para vivir y ni hablar de quienes viven en la miseria e indigencia. Hace semanas que los precios no paran de aumentar, muchos más del 100%. Y el gobierno no quiere hacer nada para frenarlos, aunque millones se queden sin posibilidades de comprar carne y alimentos. Sí vienen anuncios de despidos y recortes salariales y presupuestarios.

A las y los trabajadores no nos queda otra que prepararnos para enfrentar todas estas medidas antipopulares. Y defender los derechos laborales, sociales y democráticos conquistados en décadas, que el gobierno de Milei quiere recortar o liquidar.

Las burocracias peronistas de la CGT y las CTA siguen sin declarar el estado de alerta y movilización ni llaman a los trabajadores a enfrentar estas medidas. Aunque hagan algunas declaraciones, todo indica que su política nuevamente será “acompañar” al nuevo gobierno y “la gobernabilidad”, o sea desmovilizar a los trabajadores, como lo hicieron durante estos últimos cuatro años de gobierno peronista.

Pero la situación social no puede esperar. Es fundamental organizarnos ya para evitar que pasen más medidas de ajuste contra las y los trabajadores. Hay que salir a luchar allí donde quieran despedir, cerrar dependencias y empresas, recortar presupuestos en salud y educación. Hay que exigir la inmediata recomposición salarial, reapertura de paritarias y bonos de fin de año por todo lo que se está perdiendo por la brutal suba de precios. Exigirles a los sindicatos, a la CGT y las CTA que declaren el estado de alerta y movilización y coordinar y solidarizarnos con todos los que peleen, para que no queden aislados y puedan ganar. En cada dependencia, fábrica, hospital o escuela que quieran despedir y ajustar, hay que convocar a asambleas para resolver las acciones necesarias para impedirlo. La Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) ya hizo una declaración en ese sentido y también varios sindicatos combativos como los ferroviarios del Sarmiento, Ademys, ATEN Capital, el Sutna o la coordinación nacional opositora de docentes reunida en Córdoba en la asunción de la nueva directiva democrática de UEPC (ver nota), entre otros y han comenzado a organizarse y movilizarse.

El Frente de Izquierda Unidad, que integramos desde Izquierda Socialista, ya se coloca como la oposición clara a este gobierno que quiere aplicar el plan motosierra de ajuste del FMI. Reafirmamos que no habrá soluciones a la crisis del país ni se acabará la miseria, pobreza y desocupación, si no se rompe con el FMI y se ajusta a los grandes empresarios y multinacionales que generan la inflación y nos saquean.

Este 20 de diciembre en un nuevo aniversario del Argentinazo, el Plenario del Sindicalismo Combativo, la coordinación opositora docente, el Frente de Izquierda, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, las organizaciones piqueteras combativas y otras organizaciones estudiantiles y sociales, estamos convocando a una movilización nacional para decirle no al plan motosierra de Milei y el FMI. Para exigir que la crisis no la paguemos los trabajadores. Para solidarizarnos con todas las luchas en curso. Llamamos a todas las y los luchadores a sumarse a Izquierda Socialista, para fortalecer al Frente de Izquierda, al sindicalismo combativo, para luchar contra este gobierno ajustador y por una salida de fondo a la crisis, para que la paguen el FMI, las multinacionales, los grandes empresarios y no el pueblo trabajador.

Escribe Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Dijo Milei sobre los ferrocarriles: “cuando fueron privados es cuando mejor funcionaron”. ¿Es así?
Para empezar hay que decir que el 70% de la traza ferroviaria activa (las vías) está en manos privadas. Sólo hay cinco líneas metropolitanas de pasajeros y una de carga que están en manos del Estado. El resto está todo privatizado. Pero, eso sí, la inversión en toda la infraestructura la hace el Estado, desde el gobierno de Duhalde y de manera ininterrumpida hasta la actualidad. Aún, pese a que los contratos fueron incumplidos y se han vencido, todos los gobiernos patronales, desde Menem a esta parte, extendieron las concesiones privadas, incluidos Néstor y Cristina.

Milei miente cuando dice que el mejor momento de los ferrocarriles fue cuando estuvieron en manos privadas.  Las primeras trazas, hacia el oeste inauguradas en 1857 y hacia el norte en 1918, fueron realizadas por el Estado. Posteriormente, cuando más se desarrolló el tendido de vías, cuando se llegó a tener una industria ferroviaria, cuando había carreras específicas, fue cuando el Estado tuvo el monopolio del transporte ferroviario, especialmente entre 1948 y mediados de la década del ´60.

En realidad, las privatizaciones han sido catastróficas. En manos privadas hubo vaciamiento, desguace y todo tipo de negociados corruptos que llevaron a masacres como la vivida en la estación de Once en febrero de 2012, costando la vida a cincuenta y un trabajadores, trabajadoras y jóvenes, dejando centenares de heridos.

En el último año hubo un promedio de 1,5 descarrilamientos diarios. La mayoría en el servicio de carga que está casi todo (90%) en manos privadas, con seguros contra accidentes pagados por el pueblo trabajador y sectores populares a través del Banco Nación.

Está mal que se piense en el ferrocarril en términos de pérdidas o ganancias. El ferrocarril cumple una función social para la comunicación entre localidades, para el transporte económico, seguro y sustentable de la producción y de millones de pasajeros que van a sus trabajos cotidianamente; y lo puede ser para millones de turistas de menores recursos.

En definitiva, es un resorte de la economía nacional fundamental para el desarrollo de economías regionales. La experiencia de la década del ´90 nos muestra cómo a partir de la privatización, los despidos masivos y el cierre de ramales, se condenó a localidades del interior del país a ser pueblos casi fantasmas.

Otra mentira es que pueda llegar a ser redituable para alguien las líneas de pasajeros sin subsidios. Todo el mundo tiene que saber que no existe negocio en las líneas de pasajeros por sí mismas. Si privatizan, van a seguir subsidiando.

Por todas estas razones es que desde el cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento sostenemos desde hace más de veinte años que hay que reestatizar el conjunto del sistema ferroviario, tanto la carga como el servicio de pasajeros. Para que la carga, que da ganancias, solvente un servicio económico de pasajeros.

También sostenemos que el ferrocarril estatal debe estar bajo control de sus trabajadores y usuarios, para funcionar de manera eficiente. Así se puede volver a tener un ferrocarril próspero al servicio del pueblo trabajador y sectores populares y del desarrollo económico nacional.

El Procurador del Tesoro de la Nación designado por Milei no solamente tiene un pasado vinculado al nazismo sino también es un vocero a favor de la penalización del aborto. En su juventud, participó de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, una organización política ligada al Movimiento Nacionalista Tacuara, cuya tendencia estuvo relacionada al nazismo. En los años 90, Barra ejerció como ministro en la Corte Suprema de la Nación durante el gobierno privatizador y hambreador de Carlos Menem. Desde el 13 de mayo hasta el 24 de agosto de 1994, fue Convencional Constituyente Nacional y fue quien propuso que la prohibición del aborto tenga rango constitucional. Desde el 19 de noviembre de 1997 se desempeñó como asesor presidencial para las cuestiones vinculadas a la protección de los derechos de la persona por nacer. Un declarado antiderechos de las mujeres y disidencias.