Escribe Martín Fú

AGEA, la empresa editora del diario Clarín y las publicaciones Olé, Ñ, Viva, entre otras (el conglomerado de medios más poderoso del país), despidió la semana pasada a 65 trabajadores. El llamado “avance digital” y la “reestructuración de la empresa” anunciada pomposamente en dos páginas del diario Clarín en papel del pasado 14 de abril, se cristalizaron en la madrugada del pasado 17 cuando los trabajadores encontraron un cerco policial dispuesto por el gobierno al servicio de la patronal sobre la calle Tacuarí. Ahí se les notificó a las trabajadoras y a los trabajadores quién entraba y quién había sido despedido.

Compañeros con más de veinte años de antigüedad, algunos de los mejores reporteros gráficos, quedaban del lado de afuera. Los trabajadores respondieron con un contundente paro total de actividades, lo que obligó al personal jerárquico a garantizar la salida del diario Clarín. En 2017, la misma empresa, en un año electoral como este y con acuerdo del gobierno, cerró su planta de AGR, que fue ocupada durante meses en una heroica resistencia de gran parte de sus trabajadores hasta su violento desalojo. Ese año, el Ministerio de Trabajo dijo que no podía hacer nada “porque se trataba de un conflicto entre privados”. Ahora vuelve a hacer lo mismo.

Desde un primer momento la lucha se llenó de solidaridad. Este sábado se llevó a cabo el festival “Pascuas en las calles” frente al diario, se creó un fondo de lucha y se seguirán realizando actividades de difusión. Nuestras compañeras diputadas Mónica Schlotthauer y Laura Marrone, junto a Juan Carlos Giordano, Jorge Adaro y Pablo Almeida, en nombre de Izquierda Socialista, se hicieron presentes llevando el apoyo de nuestro partido.

Escribe Adriana Astolfo, Secretaria general Adosac Pico Truncado

El fuerte ajuste que impone el gobierno de Alicia Kirchner en los salarios y condiciones laborales de docentes y estatales, activos y pasivos, va de la mano de la criminalización de la protesta que, por otro lado, cuenta con una larga historia en los gobiernos peronistas kirchneristas de la provincia.

Hace pocos días se conoció la decisión de la Justicia de Santa Cruz de llevar a indagatoria el 16 de agosto a diez jubilados agrupados en Jubilados Unidos en Acción, quienes habían sido denunciados por el estado provincial de provocar daños en edificios públicos cuando protestaban en defensa del cobro de sus jubilaciones en tiempo y forma en 2018, reclamo que aún no fue satisfecho. La demanda es económica y supera los 300.000 pesos.

Asimismo, la jueza Rosana Suárez imputó a tres docentes: Juan Manuel Valentín, dirigente de PO-Tribuna Docente; Diego Barrionuevo, entonces parte de la Comisión Directiva Provincial de Adosac; Claudio Wasquin, dirigente de Alternativa Docente-MST, y dos trabajadores estatales, Hugo Jerez y Gabriela Ance, por daños y perjuicios durante la protesta por el reclamo de pagos de salarios frente a la Casa de Gobierno en el año 2017.

La persecución del gobierno de Alicia Kirchner incluye además la intervención en las juntas de clasificación docente, separando del cargo a los tres vocales electos en la junta de inicial y especial, por no avalar los listados truchos con la incorporación de los tres puntos de presentismo e iniciar sumarios administrativos a dos compañeras dirigentes de la filial de Adosac Río Gallegos por manifestarse con “cornetas” durante los actos públicos de ofrecimientos de cargos, precisamente porque el Consejo Provincial de Educación pretendió realizarlos con estos listados que rechaza toda la docencia.

Como quedó demostrado el 15 de abril en el juicio a los petroleros de Las Heras, el único objetivo es acallar las voces de quienes salen a luchar para hacer pasar el ajuste y la precarización laboral. La unidad y solidaridad de los sectores gremiales y políticos hará que estas causas caigan.

Escribe Gabriel Massa

“Tal cual anticipó en distintas reuniones con funcionarios de gobierno, el Consejo Directivo de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) ha resuelto no prestar servicio el 1º de Mayo en conmemoración de Mártires de Chicago. La CATT viene reclamando en contra del impuesto al trabajo”. Este es el comunicado oficial de los gremios del transporte anunciando vía Twitter su insólito “paro” en un día feriado, que ni siquiera se trataría de eso, sino de una “retención de servicios”.

Pero estos burócratas -que hacen una protesta inédita contra el impuesto a las ganancias sobre el salario- lo que no dicen es que todos los políticos patronales que ellos apoyan ¡están a favor que los trabajadores y jubilados lo sigan pagando! Massa, Urtubey y Lavagna están de acuerdo. Y también Cristina y Kicillof. A tal punto que en 2015, cuando se fue el gobierno anterior, 1.175.478 pagaban ese impuesto. Kicillof siempre dijo que era un impuesto “progresivo” cuando en los doce años kirchneristas no se aplicó ningún impuesto a la renta financiera. Ahora con Macri, quienes pagan ese impuesto nocivo llegan a 1.878.757 personas (Clarín, 27/4) y hasta la Corte dictó un fallo en defensa de un jubilado. Solo la izquierda propone anular el impuesto al salario y, en cambio, cobrarle a los que verdaderamente ganan, los grandes empresarios, los banqueros, los terratenientes y las multinacionales.

El 11 de abril los trabajadores de Autobuses Buenos Aires pararon exigiendo la reincorporación de Alejandro Medina (chofer de la línea 542/551) y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

En horas de la madrugada una patota con armas de fuego, dirigida por delegados del Grupo DOTA y afines, intentaron carnerear el paro amenazando a los trabajadores con golpes y disparos. Pero la patota fue expulsada por los choferes, logrando que el paro sea un éxito. Fue un gran paso adelante de los compañeros que lograron evitar que la patota quebrara el paro y por la tarde se dictara la conciliación obligatoria.
La pelea sigue. A principios de mayo vence la conciliación obligatoria. La patota de DOTA-Bustinduy va a volver a intentar que el paro no se haga y la burocracia de Fernández va a seguir jugando al desgaste para que el conflicto muera. Hay que seguir exigiendo que Alejandro tiene que estar manejando. Y tomar medidas para que sea reincorporado definitivamente.
Desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo nos pusimos a disposición desde el primer momento y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a que Alejandro vuelva a ser chofer de la 542/551.

Desde el 3 de abril Pablo Varriano, Emanuel Lázaro, Luciano Fiocchi y Sebastián Mac Dougall, ex choferes de la línea de colectivos Este de La Plata, se encuentran detenidos. La medida fue impulsada por la fiscal Virginia Bravo en una causa que inició hace dos años por las cual los trabajadores nunca fueron notificados. Se los acusa de “coacción agravada y daños” por una lucha que protagonizaron en 2017 en reclamo de mejoras laborales y contra los despidos.

En aquella ocasión los choferes habían soportado la brutal persecución laboral del patrón Corvelli, la represión policial y el abandono por parte de la UTA de Pedroza. El despido de los choferes garantizó, en ese entonces, la continuidad de terribles condiciones laborales. Ahora la detención busca cerrar el círculo represivo para evitar nuevos reclamos. Pablo, Emanuel, Lucho y Sebas son presos políticos de Macri, Vidal y el intendente Garro, que criminalizan a los trabajadores. Desde Izquierda Socialista estamos participando en todas las iniciativas de solidaridad de la comisión de familiares hasta lograr la inmediata libertad de los ex choferes de la Este.