Jul 18, 2024 Last Updated 6:04 PM, Jul 17, 2024

Escribe Olga Ortigoza, dirigente del Suteba La Matanza

Dolor e indignación se sintió en los hogares de La Matanza al enterarnos que un trabajador del Mercado Central, oriundo de La Tablada y de tan solo 41 años moría por efecto del coronavirus.

Es que uno de los gerentes de la empresa Cruz del Sur había llegado a mediados de marzo desde Chile sin respetar la cuarentena tomando contacto con los trabajadores sin ningún tipo de protección. Los trabajadores  venían reclamando insumos de protección personal y la empresa no les daba respuesta. Cuando se enteraron que uno de sus compañeros estaba infectado por el virus pidieron que las instalaciones de la empresa en el Mercado se cierren hasta que se haga una desinfección total, pedido que fue desconocido por la patronal, como así también por los delegados del gremio de camioneros. Actualmente hay otros trabajadores de la empresa que están internados, posiblemente también infectados con Coronavirus. El municipio, encabezado por Fernando Espinoza, al enterarse de la situación no tomó ninguna medida al respecto.

Desde Izquierda Socialista hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido y repudiamos a la Empresa Cruz del Sur que, como en otras empresas, presionan a sus trabajadores para que trabajen sin las mínimas condiciones de seguridad; y muchos de ellos sin respetar la cuarentena con tal de mantener sus ganancias. Exigimos al gobierno municipal, provincial y nacional que tomen cartas en el asunto, controlando el accionar de las empresas y sancionando fuertemente a quienes incumplan estas medidas.

No a las rebajas salariales en Mc Donalds

En el medio de la crisis del coronavirus la multinacional estadounidense decidió pagar solo entre 2.000 y 2.500 pesos a cada empleado y quitar beneficios como el presentismo. En 2019 Mc Donalds tuvo una ganancia mundial de 6.500 millones de dólares y en la Argentina vendió en el mismo año 150 millones de hamburguesas en sus 227 locales. Como se ve, la empresa no puede aducir problemas económicos para pagar salarios. Actualmente la empresa sigue trabajando bajo la modalidad delivery. Como si no alcanzara con descontar brutalmente los sueldos la patronal obliga a los trabajadores a hacer cursos por internet amenazando con sancionar a quienes no los realicen.

Lo que sucede en Mc Donalds, también se repite en las cadenas multinacionales como Burger King, Mostaza, Wendys y KFC y son un reflejo de las condiciones de precariedad absoluta en la que trabajan miles de jóvenes en el país en empresas como Rappi, Glovo y los call centers.

Nos solidarizamos con los trabajadores de Mc Donalds y del resto de empresas, repudiamos la rebaja salarial y el ataque a sus derechos. ¡Que la crisis la paguen las patronales, no los trabajadores!


Tucumán: trabajadoras de Desarrollo Social no cobran

Los trabajadores de diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social están cansados, de la tercerización, contratos de locación de servicios y al trabajo en condiciones precarias se suma la falta de pago de los sueldos. En la mayoría de los casos la mora alcanza tres meses. Cuando no se pagaba enero ni febrero la culpa era de la crisis económica provincial. Ahora, de la pandemia. Un grupo de trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia no cobra sus sueldos desde julio de 2019. Esta situación se repite en otras áreas dedicadas al cuidado de niños en situación de riesgo y adolescentes en conflicto con la ley. No tienen obra social ni ART, teniendo que desarrollar visitas a barrios periféricos corriendo riesgos de agresiones, robos, etcétera, sin ninguna protección ni cobertura. Se está desarrollando un fuerte proceso de auto convocatoria con el silencio cómplice de los dirigentes de ATE y UPCN, que dejan solos a los trabajadores. 

 


Ferrocarril Belgrano Sur suspendido por caso de coronavirus

El servicio se encuentra interrumpido debido a que una enfermera que realiza tests de alcoholemia a los trabajadores del ferrocarril presenta síntomas de coronavirus. Se trata de un claro caso de negligencia de la patronal que en el medio de la pandemia dispone que se sigan realizando ese tipo de tests, lo que supone un contacto estrecho entre la enfermera y los trabajadores. Alrededor de 162 empleados, entre guardas y conductores de la línea tuvieron contacto con la enfermera, con la gran posibilidad de contagio que esto implica. Actualmente todos ellos se encuentran aislamiento y seguimiento ambulatorio.

 Por otro lado se ven perjudicados por esta situación los seis mil trabajadores que realizan tareas esenciales y seguían utilizando el servicio, la mayoría de ellos viven en zonas donde el único ferrocarril que circula es el Belgrano Sur. Otro caso de negligencia patronal que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, política que deja correr la burocracia de la Unión Ferroviaria. Opuesto a lo que hace el sindicalismo combativo, como los ferroviarios del Sarmiento que impusieron con peleas a la patronal que disponga insumos, guardias mínimas y que no se realicen los tests de alcoholemia para preservar la salud de los ferroviarios.


Despidos y rebaja salarial en la zona sur

Varios casos de despidos, rebaja salarial y aprietes de distintas patronales se han sucedido durante la cuarentena en la zona sur del conurbano. En el frigorífico Penta, en Quilmes, la patronal cerró sus puertas y dejó a 250 familias en la calle luego del intento de despido de la comisión interna y de veinte delegados. Los trabajadores permanecen cortando Camino General Belgrano en la puerta del establecimiento. En Dánica la empresa despidió a cinco trabajadores aduciendo que se negaron a trabajar horas extras, mientras debe dinero de los sueldos. Los trabajadores realizaron un paro, luego se dictó la conciliación obligatoria y ahora están a la espera de que la patronal decida si acatar o no. En Danone (La Serenísima) la patronal intenta aplicar una reducción de 40% en los sueldos mientras sigue produciendo. En Mascardi la patronal no abonó los salarios de marzo. El lunes 6 las líneas 540 y 553 del Grupo DOTA realizaron un cese de actividades por el pago incompleto del salario y, ante la contundencia de la medida, la patronal finalmente pagó lo adeudado. Estos abusos abren con todo la pelea para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino los capitalistas.


Jorge Macri precariza y despide

El jefe de gobierno de Vicente López, uno de los municipios  más ricos del país, despidió a más de 30 trabajadores del área de Seguridad, quienes realizan tareas de monitoreo o manejan los móviles del municipio. Fueron notificados por email, whatsapp o llamados telefónicos, una informalidad que se refleja en los contratos a 90 días, renovables o no, que Macri somete a casi la totalidad de los empleados municipales. Entre los despedidos había trabajadores con licencia médica o lactancia. Luego denunciar públicamente los despidos y la precarización, el intendente dio marcha atrás y prometió mantener el vínculo laboral por 60 días más.

 


Crisis en el puerto de Mar del Plata

Las pesqueras Angelito, Silomar y otras, no volverían a abrir luego de la cuarentena. Esto se suma a los más de 500 obreros de la pesca que perdieron su trabajo en los últimos meses. Trabajadores del puerto de Mar del Plata denunciaron que el gobierno no tiene contemplada ninguna ayuda para los obreros de la industria pesquera marplatense y que la situación en el sector es cada vez más crítica.


Curtiembre Sadesa despide

La empresa de la familia Galperin, Marcos es dueño de Mercado Libre, ha enviado sendos telegramas de despidos, a hacerse efectivos desde el 5 de abril, es decir, violando el decreto del ejecutivo que prohíbe los despidos y suspensiones.


Acumar: que se pague lo adeudado y se respete la cuarentena

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Infraestructura, viene hostigando a las cooperativas de trabajo que cumplen tareas en los márgenes del Riachuelo a que se reincorporen en sus labores. Es una irresponsabilidad completa que atenta contra la salud de cientos de compañeras/os. Y lo hacen a sabiendas de que está vencido el convenio y hay un atraso de un mes en el pago de las partidas dedicadas a insumos, transporte, seguros, etcétera. Exigimos que se pague lo adeudado, se renueve el convenio y se revierta la postura de romper la cuarentena.


A siete años de la inundación en La Plata

El pasado 2 de abril se cumplió el séptimo aniversario de esa tragedia evitable. Las asambleas de inundados hicimos un recordatorio diferente debido al aislamiento social, fue virtual y difundido por las redes sociales. Hicimos un video donde leímos un documento, se mostraron imágenes de aquel momento y se agregó el listado de las víctimas.

Recordamos cómo el estado abandonó a los vecinos, que nos ayudamos unos a otros. El juicio a los responsables fue una muestra de impunidad, donde Scioli y Bruera ni siquiera fueron acusados, y cómo el intendente Garro miente con las obras diciendo que ya podemos dormir tranquilos, cuando estudios que él mismo encargó a la UNLP dicen lo contrario.

Las asambleas de inundados recordamos esta triste jornada y renovamos nuestro compromiso para continuar la lucha.

Escribe Guido Poletti

Con la excusa de la crisis del coronavirus, cada vez son más las empresas que empiezan a plantear rebajas salariales. Lo hacen con distintos mecanismos, que van desde pagar “ahora” el 50% del salario y el resto más adelante, suspender personal pagando una sola parte del sueldo, no cumplir con los adicionales o bonificaciones, o directamente “rebanar” un porcentaje del salario. 

Es el caso de las automotrices, que se amparan en planes de suspensiones. O Latam, que informó que parte de sus trabajadores cobrarán apenas el 50% de su salario. Las empresas de medios audiovisuales Polka y América también anunciaron que van a pagar el sueldo en dos cuotas. La situación empieza a generalizarse. Incluso entre los estatales se empieza a hablar de recortes salariales: La Voz del Interior anunció que en Córdoba se estudian bajas de hasta 30%. En la provincia de Buenos Aires, municipios como Ituzaingó y Exaltación de la Cruz ya “picaron en punta” anunciando que no pueden pagar los sueldos. 

Se está lanzando una auténtica campaña desde las patronales para que se bajen los salarios con la vergonzosa complicidad de la burocracia sindical (el propio Daer llegó a aceptar que el tema “está en estudio”, aunque  después debió desdecirse por el repudio que ello ocasionó). 

Cacerolazo para que los políticos se bajen los sueldos

En ese marco, el pasado lunes 30 de marzo se produjo un cacerolazo en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires pidiendo que los políticos se bajen los sueldos. También se sintió en algunos lugares del interior, como en Córdoba. El cacerolazo se monta en la bronca popular contra los altos salarios de los políticos frente al robo a los jubilados y la miseria creciente. Todo esto agudizado por la pandemia del coronavirus. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos planteando desde siempre que todos los legisladores y demás funcionarios del gobierno deben cobrar el salario de un docente.  En eso no hay debate con nosotros. Pero debemos advertir que el cacerolazo fue organizado por sectores reaccionarios que responden a los intereses de las grandes empresas y multinacionales. Y que forma parte de toda esa campaña lanzada con el objetivo de que se plantee un recorte generalizado de los salarios, con la excusa que de otra forma lo que seguirá serán despidos en masa.  

Nueva ola de despidos

El caso de los 1.450 trabajadores que intentó despedir la multinacional Techint puso sobre la mesa una cuestión que venía sobrevolando desde días anteriores: empresas que aprovechan la crisis para despedir personal (en algunos casos, la mayoría de su plantel). Amparándose en la excusa legal de una situación de “fuerza mayor”.

No se trató nada más de Techint. La semana pasada la cadena Cinemark Hoyts (empresa que el año pasado reconoció ganancias por 3.300 millones de dólares) avisó por teléfono el despido a sesenta de sus trabajadores. También se verificaron despidos masivos en Norcenter y GPS, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas que llegó a echar a trabajadores que hasta el día anterior estaban en la primera línea de la exposición al coronavirus. A esto hay que sumarle otros en el personal de seguridad del Ferrocarril San Martín, en el transporte de pasajeros en la provincia de Corrientes, en la cadena de quioscos Mc Kio, en diferentes empresas del rubro gastronómico, en YPF, en el frigorífico Agroservice y en Gate Gourmet del aeropuerto de Ezeiza. 

¡Ninguna rebaja salarial! ¡Que se pague el 100% de los salarios! ¡Prohibir suspensiones y despidos!

Las empresas ganan millones a costa del sacrificio de sus trabajadores. Ahora el gobierno llama a “su buena voluntad” para que “colaboren”. Pero deja correr que se empiecen a rebajar los salarios o a pagarlos en cuotas. Las crisis deben ser pagadas por las patronales, que acumulan millonadas, y no por los trabajadores. No hay que aceptar ninguna rebaja salarial. Se le debe garantizar a cada trabajador el 100% de sus salarios de bolsillo, ya de por sí más degradados que nunca por el aumento de los precios de las últimas semanas. La presión popular obligó al gobierno de Fernández a decretar la prohibición de suspensiones y despidos por 60 días. ¡Todos los trabajadores despedidos en estos días deben ser reincorporados! La crisis no deben pagarla los trabajadores, sino los capitalistas, por medio de impuestos a sus super-ganancias y el no pago de la deuda externa.

Es un hecho recurrente en estos días. Se suman las denuncias de empresas que obligan a sus trabajadores a concurrir a sus lugares de trabajo aunque no cumplan tareas definidas como “esenciales”. Y otros a los que no se les entregan los elementos mínimos para preservar su salud ante la pandemia.

Escribe Claudio Funes

La escena del miércoles pasado, primer día “hábil” de la cuarentena, lo dice todo: kilómetros y kilómetros de cola en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Se trataba acaso de “veraneantes” que volvían tras haber violado la cuarentena? Seguro que había alguno, pero la inmensa mayoría estaba concurriendo a sus lugares de trabajo. Lo mismo podía observarse en las estaciones de trenes del conurbano con miles de usuarios esperando para abordarlos. Esta escena, que por la cantidad de gente se visibilizaba más en la Capital y el conurbano bonaerense, también se repitió en el resto del país.

¿Qué estaba sucediendo? Muy simple, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores cumple consciente y disciplinadamente la cuarentena, las patronales tratan de violarla por todos los medios posibles. Hay todo tipo de trampas que se sintetizan en considerar como actividad esencial cualquier cosa, obligar todos a concurrir y entregarles a cada uno el “papelito” para transitar. Los trabajadores de Bimbo llegaron a denunciar que los hacen concurrir para elaborar productos congelados de exportación. Incluso se da el caso de empresas como Ledesma, que se niegan a licenciar a los mayores de 60 años

El otro gran incumplimiento, esta vez criminal, por parte de las empresas, consiste en no entregar a sus trabajadores los elementos mínimos para evitar que se contagien, desde barbijos hasta alcohol en gel o lavandina. Esto se verificó hasta en los lugares críticos: clínicas y sanatorios donde los propios trabajadores de la salud tuvieron que reunirse y exigir la entrega de esos insumos. Los ferroviarios del Sarmiento tuvieron que llevar adelante toda una pelea para que esto primero se visibilizara y luego se resolviera.

Las patronales abusan con la complicidad de la burocracia sindical, que deja correr todo esto. Desde el sindicalismo combativo decimos que no hay que dejarlo pasar, hay que hacer asambleas, ruidazos o lo que sea necesario para que todo trabajador no efectivamente esencial permanezca en su casa, con su salario y su puesto de trabajo garantizado. Y que todo aquel que cumple una tarea efectivamente esencial lo haga con absolutamente todos los elementos y garantías de seguridad e higiene que la emergencia amerita.

Escribe Mónica Schlotthauer, cuerpo de delegados ferroviarios del Sarmiento y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

No es la primera vez que la empresa Trenes Argentinos a cargo de la línea Sarmiento muestra una total negligencia ante la seguridad y la salud de trabajadores del ferrocarril y de los mismos usuarios.

Ahora, ante la aparición del coronavirus y el lanzamiento de la cuarentena, esto se multiplicó. Por un lado, se exigió a los trabajadores de todas las especialidades que asistan a sus puestos, amparándose en que eran tareas “esenciales”. Y, a la vez, no se entregaban los elementos mínimos de higiene y seguridad para protegerse de la pandemia.

Frente a esto, el cuerpo de delegados, encabezado por Rubén “Pollo” Sobrero y los compañeros de la Bordó, en constante consulta con la base (y realizando asambleas en aquellos lugares donde fue posible, como en el sector limpieza) definió dos exigencias básicas a la patronal: que en todos los sectores estuvieran los insumos básicos para garantizar la seguridad sanitaria de todos los compañeros y que se organizara la dotación de personal de tal forma de que, garantizando el servicio a los usuarios, la asistencia a los puestos de trabajo fuera la mínima posible, con el resto de los compañeros cumpliendo la cuarentena en sus domicilios. Esto implicaba que no concurrieran todos los que trabajaban en especialidades no directamente vinculadas con lo operativo.

Todo esto, con la fuerza y unidad de los compañeros de base y la orientación del cuerpo de delegados, se le fue imponiendo a la empresa. Primero, ya a partir del día 20, se definió que los compañeros de evasión, boletería y CAP (centro de atención al pasajero) permanecieran en sus casas, al igual que los de los talleres Liniers y Villa Luro, que estaban abocados a tareas de mantenimiento que pueden diferirse. En tanto que en Vías y Obras y Señalamiento se formaron guardias mínimas para emergencias.

Inmediatamente, el eje del conflicto se trasladó a la virtual ausencia de los insumos básicos de protección para aquellos trabajadores que, perteneciendo a otras especialidades, debían concurrir a sus puestos. Esto fue particularmente grave en el sector de banderilleros y banderilleras. Allí se denunció la no entrega de los elementos de limpieza y protección personal, ya que solo se había repartido jabón líquido totalmente diluido y lavandina de dudosa procedencia en recipientes no aptos, como botellas de gaseosas o envases de mermelada sin rotulación. Las garitas, por su parte, no contaban con ningún tipo de desinfección. A esto se agrega que las compañeras y compañeros de esta especialidad estaban siendo obligados a concurrir a trabajar cuando la realidad mostraba la nula presencia de vehículos y peatones, cuando todas las barreras entre Once y Moreno, con una única excepción, son automáticas. Es por eso que, ante la falta de respuesta de la empresa frente a estos reclamos, se planteó que toda la especialidad permaneciera en sus casas a partir del día 23 hasta que la empresa solucione el problema.  

Al mismo tiempo surgieron reclamos en el taller de Castelar, los compañeros no eran provistos del total de los elementos requeridos, en particular de mamelucos descartables para la limpieza y desinfección de las unidades. Tampoco se les garantizó la asistencia médica necesaria. El conflicto escaló porque los delegados de las diferentes especialidades, en constante consulta con la base, se fueron negando a realizar determinadas tareas cuando no se cumplían las medidas de higiene y protección que los protocolos indican.

Mientras tanto, la empresa “contraatacó”. Por un lado, mostró una total falta de responsabilidad ante los usuarios, llegando a sacar formaciones sin ningún tipo de desinfección. Al mismo tiempo hizo “propaganda” como si ellos estuvieran defendiendo el servicio ferroviario, sacando un comunicado donde se apelaba a la “mística ferroviaria” y hasta llamando al “voluntariado”. 

Pero los trabajadores del Sarmiento, con su cuerpo de delegados a la cabeza, se mantuvieron firmes, impusieron sus demandas y obligaron a la empresa a ceder. Los elementos de seguridad e higiene tuvieron que aparecer en la forma en que se exigía. La empresa se comprometió a entregar lavandina, jabón líquido, alcohol en gel y un kit de emergencia compuesto por barbijos y guantes que se utilizará si ocurre algún accidente. Todo en envases debidamente rotulados. Se definió que solo se dividirá a los banderilleros en tres grupos, donde se trabaja un día y luego se quedan dos en casa, cubriendo las doce barreras más importantes de las cincuenta y dos existentes. En la unidad de limpieza y material rodante del taller Castelar, donde se limpian y desinfectan los trenes, la empresa terminó entregando los insumos de seguridad especiales requeridos por los compañeros. Los días de las medidas de fuerza no se descontarán y el sueldo se abonará normalmente, acuerdo que el cuerpo de delegados verificará y estará atento a que se cumpla. Se está avanzado con las gestiones en boletería y evasión y en tráfico para garantizar la actividad con el servicio mínimo de compañeros. 

Se ha dado un gran paso al imponer un criterio racional y una planificación del servicio con los trabajadores de cada sector. Máxime si se tiene en cuenta que la situación será cada día más crítica y que las jefaturas han demostrado desidia e inoperancia. Todo en el marco de una pelea que sigue día a día. Una vez más, la Bordó en el Sarmiento deja una enseñanza a los trabajadores, para qué sirve una conducción distinta, la del sindicalismo combativo. Todo un contraste con la política de la burocracia de la Verde, que en los otros ramales expone a los compañeros, siempre en un acuerdo total con la patronal. La Bordó, por el contrario, protege a cada compañero siendo, a la vez, la única que se preocupa de verdad por el usuario y por la defensa de un ferrocarril estatal al servicio del pueblo trabajador.

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