Escribe Daniel Báez

Los casos de muertes y aprietes a manos de la policía de Manzur y el ministro de (in)Seguridad Maley se repiten.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le envió una carta al gobernador Juan Manzur para transmitirle la “preocupación por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la policía de Tucumán” y “la falta de respuesta política para abordar este problema” (La Nota, Tucumán, 17/7/20).

Para el CELS, el asesinato de Espinoza “constituye uno de los casos de violencia policial extrema más graves que se registraron a nivel nacional en los últimos años”. El 14 de julio, la familia denunció la liberación de Álvaro González, uno de los civiles involucrados en su desaparición, y exige que la Justicia actúe con rapidez e independencia del poder político.

Los policías implicados en el caso, Claudio Zelaya y Eduardo González Rojas, “fueron señalados por haber participado en otro hecho que aún está impune, golpear a un joven, Alan Andrada, en la comisaría de la ciudad de Simoca en octubre de 2018. Andrada falleció días después producto de una hemorragia por los golpes recibidos”.

La carta también hace referencia al caso de Roxana Monteros, quien denunció el 17 de junio pasado haber sido atacada a golpes y sufrido violencia sexual por parte de los efectivos que protagonizaron el allanamiento violento en su domicilio.

“Una semana después, el 24 de junio, la policía mató por asfixia a Walter Ceferino Nadal”, agrega. La investigación está estancada, ni el estudio anatomopatológico que esclarecerá el hecho fue realizado, denunció la familia.

En estos días se conoció la denuncia por apremios ilegales y golpiza realizados a un abogado en Concepción por parte del comisario y efectivos de la delegación policial de esa localidad del interior provincial.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de todos estos casos y la renuncia inmediata del ministro Maley.

Escribe Daniel Báez

Los cuatro policías de la localidad chaqueña de Fontana, que desde el 9 de junio estaban detenidos con prisión domiciliaria por haber atacado a la familia qom Fernández-Saravia el 31 de mayo, quedaron en libertad. En el contexto del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, con el racismo en la agenda pública internacional, los medios de comunicación porteños dieron espacio a los hechos de Fontana. Sin embargo, la jueza de Garantías Rosalía Zózzoli hizo lugar a la presentación de los abogados defensores y los liberó. El caso mereció numerosos repudios. Los policías continúan imputados pero permanecerán en libertad. La comunidad qom advirtió sobre el riesgo que implica para ellos.

El vicepresidente del Comité contra la Tortura, Egidio García, denunció que “la liberación de los policías se da en un contexto de persecución racial y complicidad judicial”.

El caso de la violencia institucional contra los pueblos originarios es sistémico, qom, wichí, o mapuches sufren la violencia de la policía y los empresarios amparados por los gobiernos provinciales y el doble discurso del gobierno nacional.

Exigimos el cese de la represión sobre los pueblos originarios y los trabajadores y sectores populares. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos.

Escribe Gabriel Schwerdt

En el FIT Unidad nos hemos puesto de acuerdo en concretar la iniciativa de una conferencia virtual de la izquierda y los luchadores para Latinoamérica y los Estados Unidos, a realizarse los días 30, 31 de julio y 1º de agosto (ver cronograma de actividades).

Recordarán nuestros lectores que en marzo, pocos días antes de que comience la cuarentena en la Argentina y en la mayoría de los países hermanos de Latinoamérica, lanzamos la convocatoria de la conferencia de la izquierda y el movimiento obrero combativo para los primeros días de mayo en Buenos Aires, pero la extensión de la cuarentena lo impidió.

La gravedad de la situación por la pandemia hace que retomemos la idea de avanzar con la conferencia, en este caso con un funcionamiento virtual. La agudización de la crisis capitalista hace que sea muy importante que los luchadores avancemos en discutir y coordinar campañas comunes para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Ahora está en curso una pelea, con desigualdades, para que los gobiernos pongan los fondos necesarios para que millones de trabajadores se puedan cuidar del virus del Covid-19, que en la mayoría de los países está haciendo estragos.

Y está la otra pandemia, la social, con despidos, rebajas salariales, precarización laboral y millones de nuevos desocupados. Los gobiernos y las patronales intentan que la crisis que se profundiza a niveles inéditos la paguemos los trabajadores y los sectores populares. Utilizan el miedo al contagio, la represión y la violencia policial para desarticular y contener las protestas. Pero con esto no basta, porque las movilizaciones se abren camino. La rebelión de miles de estadounidenses repudiando el asesinato de George Floyd y las decenas de movilizaciones en las principales ciudades del mundo contra el racismo y pidiendo justicia fueron emblemáticas. También luchan los jóvenes repartidores de las aplicaciones contra la precarización y miles contra los despidos o la rebaja de los salarios.

Ante esta situación inédita hacemos nuestras las palabras finales de la convocatoria acordada entre los integrantes del FIT Unidad: “La conferencia virtual latinoamericana y de los Estados Unidos se enmarca así en un momento de características históricas, que plantea desafíos gigantescos para los trabajadores, llamando a luchar por medidas de emergencia para combatir la pandemia y los planes de ajuste que golpean al pueblo trabajador, luchar para que la crisis la paguen los capitalistas en la perspectiva de una salida de fondo obrera y socialista. Invitamos a la izquierda que se reivindica clasista, al movimiento obrero combativo, a la juventud que se rebela, al activismo feminista y ambiental y a la intelectualidad comprometida a ser parte de esta conferencia para debatir las bases para luchar bajo las banderas de la independencia de clase, por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista de América latina”.

Cronograma de actividades de la conferencia

● Jueves 30 de julio, a las 18.30 (GMT-3) mesa debate: “Crisis mundial y rebelión en el imperio”.

● Viernes 31 de julio, a las 17 (GMT-3) mesa debate: “El movimiento obrero latinoamericano ante la crisis capitalista y la pandemia”. A las 19.30 (GMT-3) mesa debate: “La situación latinoamericana”.

● Sábado 1º de agosto, a las 14 (GMT-3) plenario general de la conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos con intervenciones de decenas de dirigentes y resoluciones unitarias.

Leé el texto completo de la convocatoria a la conferencia en el-frente-de-izquierda-unidad-convoca-a-la-conferencia-virtual-latinoamericana-y-de-los-ee-uu

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Este 2020 es uno de los años más duros y difíciles para la educación pública y la docencia. A los grandes ataques a la escuela pública, salarios docentes y presupuestos educativos de los diferentes gobiernos, se suma la pandemia del coronavirus.

Batallamos contra el peligro sanitario que significa para docentes, estudiantes y familias iniciar las clases con presencialidad. El ministro Trotta y la burocracia sindical de Ctera minimizaron la gravedad del Covid-19 y querían que los docentes siguiéramos yendo a las escuelas. La fuerte campaña que realizamos desde Docentes en Marcha y la oposición multicolor en todo el país, y el rechazo de las familias a llevar a sus hijos, logró imponer la suspensión de las clases.

Pero ese primer triunfo fue también utilizado por el gobierno para atacar aún más a la escuela pública y los salarios. Mantuvo el mismo presupuesto del macrismo, ¡cuando la inflación de 2019 fue de 50%! No invirtió nada en infraestructura escolar, ni siquiera aprovechando el parate de la asistencia a las escuelas estos meses. No nombró suplentes, reemplazantes o provisionales y miles quedaron sin cargos, o con menos horas, pasando a una situación de miseria mientras el gobierno ahorraba el dinero de los salarios no pagados. Anuló los acuerdos o suspendió las paritarias en muchísimas provincias, quedando los docentes con salarios de 2019, como en Santa Fe. Chubut directamente adeuda meses de salarios. ¡Todo esto mientras la inflación siguió al galope!

Además, siguió atacando las jubilaciones y los derechos de nuestros jubilados y vaciando las obras sociales, robándose la plata para negociados políticos y los empresarios de la salud.

Por otro lado, el gobierno improvisó la mal llamada “educación virtual”. Y, como en todo lo que hace, se desnudó toda la crisis social estructural. Millones de familias sin buena conectividad, o nada, con un solo celular, sin computadoras. Desorganización en planes y desconocimiento en metodologías de trabajos virtuales, pero con el gobierno “conforme” porque “se mantuvo la educación”, aunque millones de pibes pobres quedaron más marginados social y educativamente, y cientos de miles de docentes destruidos física y emocionalmente con el trabajo virtual, super explotados. El gobierno y los diputados y senadores del peronismo y de Cambiemos, igual aprovecharon para modificar el artículo 109 de la Ley de Educación para incorporar la “educación virtual” para todo el sistema educativo, “para situaciones excepcionales”, como podría ser una huelga larga, de las que nos obligan a hacer en diferentes provincias todos los años.

Ahora quieren que volvamos a las clases presenciales después del receso de invierno con un ridículo “protocolo burbuja” de Trotta, que confirma que hay funcionarios que nunca en su vida pisaron una escuela pública. ¡No hay razón educativa para poner en riesgo la salud de la comunidad en pleno ascenso del Covid! Lo que hay que hacer es garantizar la conectividad, insumos, tecnología y servicios gratuitos para docentes y estudiantes para poder avanzar en el seguimiento educativo virtual. Aumento de salarios e inversión presupuestaria y en infraestructura ya. Desde Docentes en Marcha llamamos a todos los docentes y a las familias de todo el país a que juntos rechacemos nuevamente el intento de Trotta y los gobernadores de ir a las escuelas en medio del coronavirus. ¡Con pandemia no volvemos!

Ante estos nuevos ataques a la escuela pública y la docencia, los dirigentes sindicales de la agrupación Celeste de Ctera Alesso, Baradel, Yasky y sus aliados provinciales, han apoyado al gobierno y su política. Donde hemos salido a luchar ha sido a pesar de ellos. ¡Estos dirigentes no van más! Necesitamos una nueva conducción democrática y de lucha en todo el país, fortaleciendo la unidad de los luchadores en las listas multicolores, en el Plenario del Sindicalismo Combativo y coordinando la lucha. Como en Ademys, los Suteba Multicolores, las filiales combativas de Amsafe (como Rosario) o de Adosac Santa Cruz, SUTE Mendoza y muchísimas autoconvocatorias por fuera de los sindicatos.

Con Docentes en Marcha hemos realizado plenarios y charlas en diferentes provincias (Córdoba, Buenos Aires, CABA, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro, Rosario y otras). Debatiendo estas situaciones, evaluando salidas, discutiendo sobre los protocolos y la virtualidad, los derechos laborales, el salario, obras sociales, jubilaciones, educación pública y también cómo nos fortalecemos para seguir avanzando con nuevos dirigentes democráticos y de lucha.

Para eso, el sábado 15 de agosto realizaremos un nuevo encuentro nacional de Docentes en Marcha, esta vez de manera virtual. Con plenarios, comisiones temáticas, debates y resoluciones. Llamamos a todos los docentes y estudiantes de magisterio a participar activamente.

Escribe Joel Rojo

El peronista Llaryora venía envalentonado por el ajuste impuesto a los municipales. Les había rebajado en promedio 17% del salario y concretó despidos, entre otras medidas que significaron una importante quita de conquistas.  

En el caso de la UTA, aprovechó la pandemia para amenazar con despedir y rebajar la jornada de trabajo y 12% del salario a los choferes, que venían de no cobrar sus salarios completos desde abril, razón por la cual pararon buena parte de mayo. El paro fue levantado inconsultamente por la comisión directiva que encabeza Carla Esteban, conductora de la empresa Tamse de trolebuses, puesta a dedo en ese cargo luego de la intervención dispuesta en 2017 por Fernández, de UTA nacional. Su política ante la amenaza del intendente siempre fue negociar. La continuidad de la deuda salarial y la bronca de la base la obligaron a retomar el paro el primer día de julio. Fueron más de veinte días de paro, en alguna ocasión con enfrentamientos con la policía del gobernador Schiaretti, y en los cuales se sucedieron movilizaciones de los choferes y algunas de sus mujeres, organizadas en una comisión. El día 20 se cortaron varios puentes de entrada al centro de la ciudad y el 21 el municipio amenazó con poner en la calle un transporte alternativo manejado con carneros, que no dio resultado, y entonces propuso un acuerdo. La UTA Córdoba, otra vez sin consultar a la base, lo aceptó.  

El acuerdo, en esta pelea por imponer un ajuste a los choferes que no ha terminado, significa que este primer round lo ganaron los trabajadores, porque el gobierno acepta pagar toda la deuda salarial con un plazo que vence el 27 de julio, sin descontar los días de huelga. Y no puede rebajar salarios ni despedir trabajadores durante los cuatro meses que dura el acuerdo, que puede prorrogarse por el mismo lapso. 

El punto débil es que en el transcurso del acuerdo hay paz social y que los pagos están supeditados a que los gobiernos, sobre todo el nacional, aporten los subsidios. Además, las empresas podrán otorgar la mitad de los días de vacaciones en medio de la cuarentena y pagarán el aguinaldo en tres cuotas mensuales a partir del 10 de agosto. 

Teniendo en cuenta que el gremio viene de una grave derrota en 2017 y su posterior intervención. Que el gobierno provincial y el municipal, con la complicidad de la burocracia sindical, vienen imponiendo su ajuste. Que este conflicto estaba totalmente aislado por la negativa de las CGT y las CTA de la provincia a convocar al paro provincial, y también por la claudicación de la UTA nacional, podemos decir que este es un primer triunfo obrero que ayuda a recomponer fuerzas en su base y su vanguardia más combativa. Pero para nada está ganada la pelea. El gobierno insistirá con su plan de ajuste, que consiste en concretar sus amenazas. Por eso hizo votar en el Concejo Deliberante la emergencia en el transporte y superpoderes para que el intendente la resuelva. 

Ante esto, los trabajadores de todas las empresas deben unirse y organizarse para imponerles a sus dirigentes que nada se resuelve sin acuerdo de la base, y para eso son fundamentales las asambleas en punta de línea y la asamblea general en la puerta de la UTA. Se le debe exigir a la UTA nacional un plan de lucha para todo el país. Y junto con todo esto, en la provincia, encabezar la exigencia al resto de los gremios de un paro provincial y un plan de lucha para frenar el ajuste de Schiaretti-Llaryora y todos los intendentes.