Escribe José Castillo

La inflación sigue por las nubes. Los precios de la canasta familiar crecen a una velocidad muy superior a la de los salarios. El gobierno de Alberto Fernández convalida nuevos aumentos este mes y proyecta otros, como los tarifazos, para el que viene.

La carestía de precios no para. Los billetes cada vez valen menos. Para el conjunto del pueblo trabajador llenar un chango del supermercado se va transformando en una utopía. Ni que hablar de llegar a fin de mes.
Marzo había marcado un récord: 6,8% de inflación, con valores muy superiores en los productos de la canasta familiar. En abril se “clavó” en un 6%, otro número extremadamente alto. El acumulado del primer cuatrimestre, de ese modo, suma 23,1%.

Pero el drama no terminó acá. La inflación en mayo seguirá por arriba de 5%. De acuerdo a diversos relevamientos, la canasta de alimentos y bebidas ya acumula en las tres primeras semanas del mes una suba de 4,1%, con algunos productos muy por encima, como los aceites (7,6%), las carnes (7,4%) y los productos que utilizan harina (panificados, cereales y pastas, 6,8%). Para junio ya están programados, además, los aumentos de tarifas de luz y gas, de al menos otro 20%. Y se vienen los de agua, además de que ya está lanzada con todo la discusión por nuevas subas del precio del transporte en el área del AMBA, mientras los precios de colectivos en el interior ya hace tiempo que están por las nubes, y se programan nuevos incrementos.

La guerra contra la inflación que nunca se vio

Hace ya dos meses, en marzo, el presidente Alberto Fernández anunció con toda pompa el lanzamiento de una “guerra contra la inflación”. Digámoslo con todas las letras: no se hizo absolutamente nada, ni siquiera las tibias medidas que se plantearon en ese momento.

Los “precios cuidados”, ese ya viejo programa por medio del cual voluntariamente las grandes empresas de consumo masivo aceptan poner algunos productos en las cadenas de super e hipermercados a un precio fijo (supuestamente menor) cada vez se cumple menos. El propio gobierno lo reconoció: si siempre el porcentaje de acatamiento era de 75%, ahora bajó a 65. Léase: de cada tres productos cuidados, uno directamente no está en la góndola. El porqué es obvio: jamás se sancionó a nadie por violar este acuerdo. Peor aún, ahora se premia a las mismas empresas que incumplieron estos meses, negociando que, para que vuelvan a poner los productos, se les permitirá aumentar los precios de los mismos.

Ni que hablar de otros programas en su momento también anunciados como grandes soluciones, como el “super-cerca”, que crearía un sistema de precios cuidados en los negocios de cercanía (como los supermercados chinos) nunca se puso en práctica. El motivo es simple: las grandes empresas están desviando el abastecimiento hacia estos negocios, donde pueden poner precios más altos, vaciando las góndolas de precios cuidados. El gobierno conoce todo esto, pero, obviamente, no hace nada.

Hace dos meses también se anunció la creación de un fideicomiso para la harina. Era una medida absolutamente insuficiente: consistía en que el gobierno financiaría a los molinos para que estos subsidien el precio en que la bolsa de harina se vendería a las panaderías. Pasaron dos meses y no se puso en práctica. ¿Porqué los molinos harineros no lo aceptaron, si para ellos era un subsidio? Muy simple, la mayoría compra y vende en negro, e incluso no puede garantizar la “trazabilidad” (o sea de donde viene el trigo y hacia donde va la harina). Todo un ejemplo de cómo funcionan las patronales monopólicas de la alimentación. Mientras tanto, el pan, las facturas, los fideos, la pizza y todo otro producto que dependa de la harina sigue subiendo y transformándose en prohibitivo para el bolsillo popular.

Entre tanto, sigue el sainete en el gobierno, donde los discursos van y vienen, para finalmente decir que, bajo ningún punto de vista se le aumentarán los impuestos (retenciones) a los monopolios exportadores, que siguen embolsando super-ganancias por la suba de los precios del trigo a nivel mundial.

Ahora Martín Guzmán ha anunciado su “nueva” medida. La concentración de la política de precios en el ministerio de Economía, por el pase de la secretaría de Comercio Interior, a la órbita de su ministerio. Ya podemos anticipar el resultado de este pase burocrático: un total fracaso.

La trampa de los acuerdos paritarios

Mientras tanto, el gobierno y la burocracia sindical de la CGT y las CTA nos quieren hacer creer que, con los nuevos acuerdos paritarios, los salarios van a empatarle a la inflación. ¡Mentira! Veamos.

Primero y principal, se están cerrando acuerdos entre el 50 y el 60% anual, cuando todos los estudios hablan de que la inflación de este año va a terminar en el orden del 65-70% como mínimo.

Segundo, los acuerdos, en cómodas cuotas, hacen que los trabajadores vean como los aumentos de precios se van comiendo, mes a mes, el poder adquisitivo de su salario, que luego, “al final”, después de que los salarios se fueron pulverizando durante todo el período, recuperan algo con el aumento. Mientras tanto, las patronales se ahorraron el aumento durante uno, dos o tres meses.

Tercero, ya nadie habla de recuperar los perdido en los años anteriores. Todas los cálculos coinciden en que los trabajadores en blanco, contando desde el 2017 para acá, ya perdieron el 25% de su poder de compra.

Cuarto, hay una enorme dispersión en los salarios. Decenas de miles de trabajadores cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. Los que están tercerizados o en las categorías más bajas del monotributo peor aún. Ni que hablar de los millones de contratados en negro. Sobran ejemplos de puestos de trabajo ofrecidos que pagan entre 30.000 y 40.000 pesos. Una enorme masa está en un promedio de 50.000. Pese a esto, la CGT se niega a reclamar una suma fija que recomponga de conjunto los ingresos y evitar la condena al hambre a todos los que están en estas condiciones. Ni que hablar que el salario mínimo, vital y móvil está constantemente orillando en el límite de la canasta de indigencia.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios no se arregla con discursos, ni con acuerdos que nadie cumple. Mucho menos con aumentos salariales en cuentagotas que ni siquiera recuperan lo perdido. Hay que implementar un programa de emergencia, como el que explicamos más abajo, que ponga como prioridad la recuperación de la capacidad de compra del pueblo trabajador.