Escribe José Castillo

Un aspecto central de nuestro programa alternativo es la nacionalización de la banca. Se trata de terminar con la especulación financiera y las superganancias de los bancos, hoy concentrados en apenas un puñado de entidades internacionales, como el Santander y el BBVA (españoles), el ICBC (chino), y privadas nacionales como Galicia y Macro. A esto hay que sumarle, en el período reciente, el avance de las llamadas fintech, con Mercado Pago a la cabeza, de Marcos Galperin. Estas instituciones hacen prácticamente lo que quieren con sus clientes, cobran tasas de interés y comisiones exorbitantes y otorgan o no créditos según su exclusiva decisión, sin otro criterio que la maximización de sus superganancias.

Nacionalizar la banca significa retirarles la licencia para operar en la Argentina. Sus carteras de depósitos y créditos serían tomadas por el Estado, que respetaría estrictamente las cuentas individuales de los sectores populares, y pasarían a formar parte de una red de bancos públicos. Ya existe un piso para hacerlo, empezando por el Banco de la Nación Argentina, que tiene una inmensa red de sucursales en todo el país y llega incluso a muchos lugares en los que a los bancos privados nunca les interesó estar.

A esto deben sumarse otros bancos públicos provinciales, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad de Buenos Aires y el Banco de Córdoba. Los bancos provinciales que fueron privatizados serían reestatizados y volverían a funcionar como bancos públicos provinciales. También se estatizaría al 100% el Banco Hipotecario, que hoy tiene una participación estatal minoritaria, conformando un banco del Estado especializado en otorgar créditos hipotecarios para el acceso a viviendas populares nuevas o para la refacción de las existentes.

Con un estricto control para que sus funciones sociales sean realmente respetadas, a esta red se le podría sumar la actual banca cooperativa, cuyo principal actor es el Banco Credicoop. Todos los bancos, sin excepción, serían gestionados por sus propios trabajadores.

¿Qué haría esta red de bancos públicos?

La primera responsabilidad sería custodiar realmente el patrimonio y el ahorro del pueblo trabajador, garantizando el acceso de todas y todos a los productos del sistema, como cajas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, banca digital y créditos de diverso tipo. No es un dato menor, ya que en la historia de las últimas décadas la timba financiera consistió varias veces en quedarse con el dinero de los ahorristas, como ocurrió en la crisis de 2001.

La segunda función consistiría en garantizar el acceso al crédito para el consumo, la vivienda (hipotecario), la compra de vehículos, artículos del hogar o herramientas de trabajo (prendario), de acuerdo con las necesidades sociales, con tasas de interés subsidiadas y sistemas de cuotas lo suficientemente extensos como para que puedan ser afrontados por el pueblo trabajador. También los bancos públicos servirían para otorgar créditos a iniciativas populares, como mutuales, cooperativas, obras sociales, clubes y cooperadoras escolares, y para financiar obras de desarrollo, sobre todo en zonas postergadas.

La tercera función, no menor, es que, al concentrar la información bancaria, esta banca estatal adquiriría una enorme herramienta de planificación de la economía. Al mismo tiempo, podría evitar la evasión o fuga de capitales que realizan las grandes empresas porque tendría acceso a conocer cuáles son sus fondos y podría, entonces, cobrarles impuestos o multas automáticamente. Una cuestión fundamental para terminar con el abuso de las patronales.

La banca nacionalizada podría fijar estrictamente tasas de interés y comisiones que deberían ser respetadas por otros actores del sistema, como las empresas de tarjetas de crédito, que pasarían a operar mediadas por los bancos estatales.

Lo mismo sucedería para evitar los abusos y las superganancias de las fintech. La banca nacionalizada podría crear un mecanismo estatal de pago digital, similar al que ya tiene Brasil con el PIX, que reemplazaría al virtual monopolio ejercido hoy por Mercado Pago y sus hermanos “menores”, como Ualá, Modo y Tarjeta Naranja.

Nacionalizando la banca y articulando esta medida con otras, como la nacionalización del comercio exterior, se podrían cuidar las reservas y planificar qué exportar y qué importar. Junto con la medida elemental de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, tendríamos una poderosísima batería de herramientas para que nuestros recursos puedan ser destinados a resolver las necesidades populares más urgentes.

Por un sistema de bancos públicos que concentre el ahorro popular y brinde crédito accesible para el consumo, la vivienda y los proyectos de desarrollo, con tasas accesibles, condonando las deudas de millones de trabajadoras y trabajadores.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Javier Milei, el FMI y los economistas del establishment suelen poner como “gran ejemplo” de un Banco Central independiente lo que sucede en Perú.

Efectivamente, en ese país hay un mismo presidente del Banco Central que permanece más allá de los cambios políticos y, de hecho, maneja la política económica peruana como si fuera un monarca. Se trata de Julio Velarde, en el cargo desde 2006.

Sin embargo, eso no ha significado ninguna mejora para el pueblo trabajador. Al contrario, el 75% de la población está en la informalidad y la pobreza impera tanto en las grandes ciudades, como Lima y otros centros urbanos, como en las extensas zonas rurales.

Perú está sometido, como pocos otros países, al saqueo minero que depreda su ambiente. El Perú “económicamente exitoso” lo ha sido para las grandes transnacionales, las mineras, los terratenientes y los banqueros, mientras la inmensa mayoría de la población sigue sumergida en la pobreza y la indigencia.

Escribe Atilio Salusso

Coro
Milei y Santilli disolvieron el Coro Nacional de Niños por decreto. El cuerpo artístico llevaba 59 años de labor intachable. Era uno de los organismos estables más emblemáticos de la cultura argentina. De ahora en más, las actividades de formación musical infantil serán canalizadas en un nuevo programa que no se sabe cómo funcionará, su presupuesto, ni la situación laboral de su personal. El periodista Nelson Castro calificó la medida de “indignante” y cuestionó el costo presupuestario que, según él, era “el sueldo de un senador”.
       
Alfajor
El 61% de quienes trabajan saltean comidas, el 78% consume alimentos menos nutritivos y el 83% tiene algún grado de vulnerabilidad alimentaria. Es por eso que el alfajor se ha transformado en una golosina “estrella” para transformarse en una comida. En los kioscos es lo primero que se exhibe con ofertas tales como tres Guaymallén por 1.000 pesos. Pasa que dicha golosina aporta calorías, pero es de baja calidad nutritiva, llevando a aumentar los problemas para quienes tienen factores de riesgo. ¡En el país de la carne, la leche y el trigo!  

Ni-Ni-Ni
Un informe de la UBA reveló que el 48,9% de la población juvenil (entre 18 y 29 años) vive en condiciones vulnerables. Un tercio de ese porcentaje no trabaja, no estudia, ni busca empleo. Esto trae ansiedad, tristeza y depresión. Y lo otro: el 76% entre 16 a 24 años desaprueba a Milei, cuando hace tres años el ultraderechista captaba el 70% de su apoyo (reporte Latam Plus). ¿Las causas del descontento? La falta de trabajo, bajos ingresos y recorte alimentario, entre otros faltantes. Guarismos que crecen entre la juventud de barrios humildes. 

Malvinas
La cacería represiva del jueves 6 se dio con policías a bordo de motos. En un momento rodearon a un hombre con uniforme castrense y bandera argentina portando un sonido con la marcha de Malvinas. Cuando varios se le acercaron cantando “tras su manto de neblinas…” empezaron las balas de goma. La orden la dio la ministra represora Monteoliva, que seguramente se quiso cobrar el papelón al querer prohibir el gesto de dignidad de los jugadores de la selección ondeando el trapo de Malvinas en el Mundial, sin lograrlo. Cantar la marcha no es delito, reprimir sí.
                                                

Escribe Mariano Barba

A medida que avanzan los meses y se aproxima la contienda electoral del próximo año, continúa a todo vapor la pelea interna en el PJ, con declaraciones y contrapuntos. 

El debate es quién controla el aparato nacional para designar candidaturas, empezando por quién será el candidato a presidente. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los referentes del interior del país, hizo declaraciones que luego otros contradijeron.

Quintela fue el anfitrión de una reunión nacional del peronismo que contó con la presencia de varios sectores el 31 de julio, en la previa al acto de conmemoración de los 50 años del asesinato del obispo Enrique Angelelli. Asistieron los senadores peronistas kirchneristas Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio; la diputada del massismo Cecilia Moreau; Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador a nivel nacional; y Germán Martínez, titular del bloque peronista en Diputados, entre otros. El gran ausente fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que envió a Cristina Álvarez Rodríguez, su jefa de asesores, en representación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Más allá de la trascendencia de la reunión, lo más destacable fueron las declaraciones de Quintela al medio El Destape, que generaron bastante revuelo. Prometió que un posible gobierno peronista dará por tierra con las medidas de Milei. “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”. Sin embargo, el resto de la dirigencia peronista lo dejó solo y no respaldó estas declaraciones.

Serían posturas progresivas y creíbles si no salieran de boca de un gobernador peronista que aplica un brutal ajuste en su provincia, donde la pobreza es desgarradora y los sueldos se pagan una parte en pesos y otra con bonos provinciales denominados “Chachos”, aceptados sólo en La Rioja y parcialmente por los comercios de esa provincia. 

¿El peronismo va a revertir las medidas de Milei?

¿Será cierto que, si el peronismo recupera el gobierno del país, nacionalizará y expropiará lo que Milei está entregando? Podríamos afirmar con mucha certeza que nada de eso hará el peronismo, como tampoco lo hizo en relación a los gobiernos anteriores cuando gobernó durante 17 de los últimos 25 años. En 2018, cuando el equipo económico de Mauricio Macri tomó un préstamo con el FMI por 50 mil millones de dólares, el peronismo calificó ese endeudamiento como ilegítimo, fraudulento y que violaba los estatutos del propio organismo para sostener un proyecto electoral. Dijeron además que esos fondos se fugaron del país y agravaron la crisis social y económica. Sin embargo, con la llegada de Alberto y Cristina al gobierno, no solo se reconoció esa deuda, sino que se continuó pagando puntualmente a costa del sacrificio del pueblo trabajador.

Por eso no es creíble Quintela cuando dice: “Yo todavía no comprendo cómo la sociedad argentina ha votado así. Me avergüenza tener un presidente con estas características. Ni una sola política ha aplicado en beneficio de la sociedad argentina, en un solo sector social que se haya beneficiado”. Parafraseando a Quintela, le recordamos, para que “comprenda”, que la derrota del peronismo a manos de Milei se explica por el pésimo gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa, que terminó con cerca del 50 % de pobreza y una inflación anual del 211%. O sea, el peronismo es el principal responsable de que nos gobierne la ultraderecha en Argentina.

Mientras Quintela busca posicionarse como articulador de la unidad peronista de cara a 2027, sus dichos muestran una vez más el doble discurso del peronismo. Cuando gobernó, aplicó los ajustes como cualquier gobierno capitalista, pactó con el FMI, pagó a rajatabla la deuda externa, mantuvo privatizadas todas las empresas públicas desde los ‘90 y deterioró el poder adquisitivo del salario con una inflación galopante. Ahora que no gobierna, aparecen voces como la del gobernador riojano prometiendo cambios que nunca llevarán adelante.

Peor aún, durante los casi tres años de motosierra, el peronismo aportó los votos necesarios en el Senado y Diputados para que saliera la Ley Bases. Con el apoyo de gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), sumado a la complicidad directa de la CGT, se permitió que Milei impusiera la reforma laboral esclavista.

Por eso afirmamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad que el peronismo y sus distintas alas ya no son una salida ni una alternativa para las y los trabajadores y sectores populares. La alternativa es el FIT Unidad, apoyando las luchas, con un programa anticapitalista y proponiendo un gobierno de la izquierda y la clase trabajadora.