Escribe Federico Novo Foti

Pasaron dos siglos de combates contra las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo de 1810, las guerras y la declaración de la independencia en 1816, que sentaron las bases de la nación. Ese camino se truncó por ser nuestro país parte del sistema capitalista imperialista. La división económica y política entre las burguesías americanas impidió avanzar hacia una América Latina unida e igualitaria, como soñaron nuestros libertadores. Argentina y los países surgidos tras la caída de la dominación española y portuguesa fueron cayendo bajo un nuevo dominio.

En 1824, Bernardino Rivadavia tomó un préstamo usurero con el banco inglés Baring Brothers, garantizado con tierras bonaerenses. Esa deuda externa, pagada en 1904, inició el sometimiento. En 1832, bajo Juan Manuel de Rosas, los ingleses ocuparon las islas Malvinas. A fines del siglo XIX, Argentina ya dependía del imperialismo británico y su economía, con la complicidad de gobiernos patronales y la burguesía nacional, quedaba en manos extranjeras.

En 1932, con el pacto Roca-Runciman, “estatuto legal del coloniaje”, Argentina pasó a ser una semicolonia británica. Tras el “Golpe Gorila” de 1955, cayó bajo dominio yanqui. Hoy Javier Milei expresa el servilismo a Donald Trump y al imperialismo yanqui.

A 220 años de la gesta que expulsó a los ingleses de Buenos Aires y a 44 años de la Guerra de Malvinas, el sentimiento antiimperialista pervive entre las y los trabajadores y el pueblo argentino. La selección con la bandera “Las Malvinas son Argentinas” y la movilización contra la extranjerización de la tierra, que derrotó al gobierno, marcan el camino.

Hay que luchar contra el plan motosierra de Milei y el FMI. ¡Fuera ingleses de Malvinas! ¡Fuera yanquis de América Latina! Tras las experiencias de gobiernos patronales, enfrentar al imperialismo exige luchar por un gobierno de trabajadoras y trabajadores que imponga la Segunda y definitiva independencia.
                                          
 
 

Desde UNIR expresamos nuestra más profunda solidaridad con las miles de familias trabajadoras, campesinas, indígenas, afrodescendientes, populares y de sectores medios afectadas por el terremoto ocurrido en el país. En momentos como este, acompañamos el dolor de quienes han perdido seres queridos, han resultado heridos o han visto destruidas sus viviendas, sus medios de subsistencia y los espacios que construyeron con años de esfuerzo y sacrificio.
 
Los terremotos son fenómenos naturales asociados a la dinámica geológica del planeta. La ciencia ha demostrado que no pueden evitarse. Sin embargo, sus consecuencias sociales no son el resultado exclusivo de la naturaleza. La magnitud de los daños y las pérdidas humanas está estrechamente relacionada con las condiciones materiales en las que vive la población, con la calidad de la infraestructura, con la planificación territorial y con las políticas públicas destinadas a la prevención y la gestión del riesgo.

 Por ello, aunque hoy se repita que esta tragedia nos afecta a todos por igual, es necesario señalar que esto no es completamente cierto. Los sectores más golpeados suelen ser las y los trabajadores, los pobres del campo y la ciudad, quienes habitan viviendas precarias, asentamientos informales o construcciones levantadas sin las condiciones técnicas necesarias. También resultan gravemente afectados amplios sectores medios que, pese a años de trabajo, residen en edificaciones que no cumplen adecuadamente las normas de construcción sismorresistente o carecen de mantenimiento y supervisión suficientes. Como ocurre con otras catástrofes, el riesgo y el sufrimiento se distribuyen de manera desigual en una sociedad atravesada por profundas diferencias económicas y sociales.

Muchos nos estremecemos hoy al ver las imágenes de edificaciones agrietadas o derruidas en ciudades como Cali, Pereira o Manizales. Sin embargo, esas escenas, por dolorosas que sean, no alcanzan a mostrar toda la dimensión humana y social de esta tragedia. La gran mayoría ni siquiera logramos imaginar el sufrimiento y las privaciones que enfrentan nuestros hermanos y hermanas de las costas del Pacífico colombiano, especialmente en el Chocó, habitadas por miles de familias en comunidades identificadas como las más aisladas y empobrecidas de la región. Allí, donde históricamente han predominado el abandono estatal, la falta de infraestructura, la precariedad de las comunicaciones y la ausencia de servicios básicos, muchas comunidades ni siquiera cuentan con los medios necesarios para informar oportunamente la magnitud de los daños sufridos o solicitar ayuda. Esta realidad vuelve a poner de manifiesto que los desastres naturales no afectan a todos por igual: las consecuencias más graves recaen sobre quienes ya padecían las mayores condiciones de exclusión, pobreza y vulnerabilidad antes de que ocurriera la emergencia.

Frente a esta situación, exigimos que la atención de la emergencia, la recuperación y la reconstrucción se orienten exclusivamente a garantizar los derechos y las necesidades de las comunidades afectadas. Rechazamos cualquier intento del Gobierno Nacional, de los gobiernos departamentales o municipales, así como de los sectores empresariales o políticos, de utilizar esta tragedia con fines propagandísticos, clientelistas o electorales. Los recursos públicos destinados a la emergencia deben manejarse con absoluta transparencia, control social y rendición permanente de cuentas.
La reconstrucción no puede convertirse en un nuevo negocio para contratistas, intermediarios o grupos económicos. Debe estar al servicio de las familias trabajadoras y de las comunidades afectadas, garantizando vivienda digna, infraestructura segura, empleo, acceso a servicios públicos y el pleno respeto de las normas técnicas y ambientales.

Desde la anterior perspectiva, nuestra organización propone que los parlamentarios del Pacto Histórico, en forma ejemplar, destinen el 90 % de sus elevados ingresos durante el tiempo que se extienda la atención de al emergencia, para que se constituya un Fondo Obrero, Popular, Campesino y Comunitario de Solidaridad y Reconstrucción, dirigido a atender las necesidades urgentes de la población afectada. Del mismo modo, que las organizaciones sindicales y sociales, adopten mediante asambleas el aporte voluntario de un día de salario de cada afiliado para dicho fondo, además de víveres y otros elementos que se requieren con urgencia en la actual situación. Este fondo debe ser administrado por organizaciones sociales representativas de las y los trabajadores, las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, barriales y populares, bajo estricta vigilancia de veedurías ciudadanas y mecanismos democráticos de control social que garanticen el uso transparente de cada recurso.

Consideramos que una medida de esta naturaleza constituiría un ejemplo concreto de compromiso con el pueblo trabajador y demostraría que existen alternativas distintas a las prácticas tradicionales de manejo burocrático y clientelar de los recursos públicos.

Desde UNIR reiteramos nuestro llamado a la solidaridad activa, a la organización popular y a la movilización social para enfrentar esta emergencia. La ayuda inmediata es indispensable, pero también lo es la lucha por una reconstrucción democrática, transparente y planificada, que priorice la vida, la seguridad y el bienestar de quienes producen la riqueza del país.

La solidaridad de clase, la organización popular y el control democrático de los recursos son herramientas fundamentales para que la tragedia no termine siendo pagada, una vez más, por las y los trabajadores y el pueblo.
 
Unidad de Izquierda Revolucionaria (UNIR), sección de la UIT-CI
Bogotá 10 de agosto de 2026

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En Tierra del Fuego, Mirgor despidió a 223 trabajadores en la planta de Einstein y otros 73 en Malvinas, la empresa de la familia Caputo busca extorsionar a las familias con vista en aplicar la reforma laboral esclavista.

Ante ésta avanzada contra las y los fueguinos, exigimos que la CGT y las CTA llamen a paro provincial para frenar los despidos, y tirar abajo las pretensiones esclavistas de Milei y las patronales.

¡Basta de industricidio! ¡Ni un trabajador más sin su puesto de trabajo! ¡Marcha atrás con los despidos! ¡Toda la solidaridad con los trabajadores de Mirgor!

Escribe Ezequiel Peressini, dirigente de la UIT-CI y de Izquierda Socialista de Argentina

3 de agosto 2026. En la porción de Cachemira controlada por Pakistán, llamada Azad Cachemira, desde el mes de junio, masivas movilizaciones se vuelcan a las calles y enfrentan la represión que ha dejado decenas de muertos en una abierta pelea por sus derechos sociales y democráticos. Un nuevo y ejemplar proceso de lucha que retoma las tareas por conquistar la independencia y la autonomía en el subcontinente indio que desde 1949 sufre la opresión colonial de Pakistán, India y China en alianza con las potencias imperialistas.

La pelea por el pan, el salario y el acceso a los servicios básicos busca triunfar y surgen nuevas y potentes organizaciones del pueblo cachemir, mientras el gobierno de Pakistán de Asif Ali Zardari, usa las balas para reprimir y las elecciones para descomprimir las demandas inmediatas e históricas de un pueblo con larga tradición de lucha contra la opresión.

Un largo conflicto que pisotea los derechos del pueblo cachemir

Luego del gran triunfo que significó la conquista de la independencia de la India sobre el imperialismo inglés, en 1947, la independencia de Cachemira quedó sin resolverse. Cachemira, es un valle de fértiles tierras ubicado a los pies occidentales del Himalaya, al norte de India y Pakistán y al suroeste de China. Antes de retirarse derrotados de la India, el Reino Unido delimitó las arbitrarias fronteras en base a las creencias religiosas de la región: así nació la India de mayoría hindú y Pakistán de mayoría musulmana, que a su vez estaba subdividido en Pakistán Occidental y Oriental, que luego de su independencia formaría Bangladesh en 1971. Cachemira fue durante 100 años un principado, cuando la India conquistó su independencia, el Maharajá Hari Singh -quien gobernaba el principado- decidió unilateralmente incorporarse a la naciente India a cambio de su colaboración con el reino para enfrentar un intento de Pakistán para controlar el territorio. La decisión del Maharajá, quien era hindú, se impuso desconociendo la mayoría musulmana del territorio, lo que lejos de resolver el conflicto, abrió la puerta a nuevas disputas. Para imponer una resolución del conflicto, la ONU resolvió en 1949 un alto el fuego y la Línea de Control que dividió a Cachemira en tres: el 45% para la India, el 35% para Pakistán y China se quedó con el 20% del territorio conformado por un extendido desierto salino.

Cachemira quedó, hasta el día de hoy, fragmentada en tres regiones controladas colonialmente. Azad Cachemira y el Gilgit-Baltistán controlados por Pakistán, Jammu Cachemira y el Ladakh bajo control de la India y las salinas de Akasai Chin y el Valle Shakgan son controladas por China. Esta fragmentación artificial produjo diversos y recurrentes enfrentamientos militares entre los tres países, llevando la tensión al máximo luego de que tanto la India, como Pakistán y China sean países con armamento nuclear y los más poblados del mundo.

Azad Cachemira y el surgimiento del Comité Conjunto de Acción de Jammu y Cachemira (JAAC)

En Azad Cachemira, viven cerca de 3 millones de personas, ya que más de 1,8 millón residen y trabajan en el extranjero. Desde 2022, las demandas sociales, democráticas y autonómicas, han comenzado a unificarse y expresarse en grandes movilizaciones para enfrentar la inflación, el costo de los servicios y el deterioro de la calidad de vida y buscan una alternativa que reivindique la soberanía territorial y los recursos naturales.

En agosto de 2022, surgió el Movimiento por los Derechos del Pueblo (Awami Huqooq Tehreek) que comenzó a entretejer las urgentes demandas sociales en un pliego reivindicaciones centralizadas. En mayo de 2023, se desarrollaron importantes acciones de lucha, que fueron masivas y dieron formas a movilizaciones, sentadas y huelgas con bloqueos contra el atropello del gobierno federal de Pakistán desde su capital Islamabad y el gobierno local títere centralizado en la ciudad de Muzaffarabad.

Durante septiembre de 2023, surgió el Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC) que con la participación del Movimiento por los Derechos del Pueblo amplió la participación a amplios sectores de la sociedad de Azad Cachemira. Las JAAC, impulsaron la creación de una dirección provisoria del movimiento con 30 personas, 3 por cada uno de los 10 distritos de Azad Cachemira, entre las que se encuentran activistas nacionalistas, pequeños comerciantes y también sectores de la izquierda y organizaciones estudiantiles que se reivindican socialistas, como la Federación Nacional de Estudiantes de Jammu y Cachemira (JKNSF).

Las reivindicaciones que el movimiento exigía eran la garantía del acceso a la energía hidroeléctrica al coste de producción y la abolición de los impuestos injustos, el restablecimiento de las subvenciones al trigo y la eliminación de los privilegios de la élite gobernante. Luego de una gran movilización que recorrió las distintas localidades, el gobierno aceptó responder a las demandas y aprobó fijar el precio de la electricidad entre 3 y 6 rupias por unidad y reducir el precio de la harina en mil rupias (aproximadamente 4 dólares) por saco de 40 kg.

Sin Embargo, el resto de las demandas no fue escuchada; por lo que el Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC) avanzó en actualizar las demandas a través de un proceso deliberativo masivo y abierto en la capital, Muzaffarabad, en mayo de 2024. En ello, sin incorporar de manera explícita la demanda por la autodeterminación, el pliego de demandas se amplió para exigir reivindicaciones democráticas de carácter político como la abolición de los escaños del parlamento y el 19% de los puestos de trabajo publico reservados para refugiados cachemires residentes en Pakistán, la gratuidad de la salud y la educación para toda la ciudadanía, el restablecimiento de los sindicatos estudiantiles, entre otras.

2026: un estallido enfrenta la represión colonialista

La falta de respuesta por parte del gobierno de Islamabad y de Pakistán, desplegaron grandes movilizaciones desde septiembre y octubre 2025 -entre nuevos enfrentamientos e intercambio de bombardeos entre India y Pakistán- con el objetivo de conquistar las demandas elaboradas por la JAAC. El nuevo movimiento tomó enormes dimensiones al calor de los levantamientos en los vecinos países como Bangladesh, Sri Lanka o Nepal y puso a la juventud a la cabeza de lucha. Las movilizaciones fueron contundentes, el gobierno respondió a algunas y la JAAC firmó un acuerdo para que se apliquen las medidas sociales a las que se habían comprometido.

Pero, el gobierno volvió a incumplir. Luego de 8 meses sin respuestas, desde junio de 2026, el movimiento volvió a las calles dando apertura al proceso de movilizaciones más grandes de la historia en la Cachemira ocupada por Pakistán para conquistar las demandas. Las grandes movilizaciones se dieron en medio de una fuerte represión y un proceso electoral que comenzó el 27 de julio.

El 9 de junio una gran movilización comenzó a organizarse en la localidad de Bhimber, con el objetivo de recorrer distintas ciudades, como Rawalakot para llegar a la capital regional, Muzaffarabad. La policía sitió Rawalakot con miles de agentes. Inmediatamente comenzaron los enfrentamientos que dejaron ya decenas de personas asesinadas, entre ellos a algunos importantes dirigentes y el gobierno ordenó el entierro de los cuerpos y su desaparición sin entregarlos a sus familias. El Gobierno federal de Pakistán declaró ilegal a las JAAC y ofreció una nutrida recompensa para encarcelar a sus principales dirigentes. Con la aplicación de la Ley Antiterrorista (acusando falsamente de agentes indios a los manifestantes) buscan encarcelar a 450 personas, se realizaron 150 juicios y encarcelaron a 450 activistas. A pesar de la represión, la movilización continuó y se realizaron decenas de bloqueos en las rutas y sentadas en decenas de ciudades. En Rawalakot, ciudad que nuclea al activismo laico y progresista, los acampes se sostienen durante semanas y las mujeres comenzaron a ocupar un papel de dirección en las actividades y la organización de las jornadas de lucha. Desde el 15 de junio, y de manera sostenida, la región vive en una situación de huelga general y todo se encuentra paralizado por los comerciantes que bajaron las persianas de los comercios, y los choferes del transporte público se niegan a trasladar personas.

Las demandas democráticas y sociales y la pelea por la autodeterminación

Las demandas planteadas por los 38 puntos, son demandas sociales y democráticas fundamentales que el Gobierno de Pakistán se niega a conceder de manera integral porque cuestionan -por sí mismas- el legado y la estructura colonialista de Pakistán sobre Azad Cachemira y demuestran que la relativa y formal independencia administrada desde Islamabad es más que insuficiente, es ficticia. Transformando así, las peleas inmediatas en una lucha por la independencia y autodeterminación de Azad Cachemira y todo Jammu Cachemira.

Demandas tan simples como el derecho al uso del agua y la energía eléctrica no es un punto menor ante esta situación. La principal represa hidroeléctrica de todo Pakistán, la presa de Mangla, se encuentra en Azad Cachemira. Pakistán roba el agua y se niega a pagar regalías e impone altos costos por el servicio ya que la electricidad es “exportada” a Azad Cachemira.

Las demandas democráticas como la anulación de los escaños reservados para refugiados en territorio pakistaní han sido incorporados en el último periodo de tiempo ante las fraudulentas elecciones maniatadas por Pakistán. Los escaños reservados son una maniobra técnica legal con la que Pakistán vulnera la independencia política de Azad Cachemira. Con una limitada capacidad legislativa, el parlamento se encuentra constituido por 53 escaños, de los cuales 12 se encuentran reservados a los 450.00 refugiados que huyeron de la ocupación india de Jammu y Cachemira hacia Pakistán. Las personas refugiadas viven en Pakistán desde hace décadas y forman parte de la estructura política de ese país al tener nacionalidad pakistaní. Además, el gobierno les reserva el 19% de los escasos puesto de trabajos públicos, reduciendo la posibilidad laboral a las personas locales. La JAAC denuncia que Pakistán utiliza los escaños reservados y los puestos de trabajo para sostener el control colonial sobre el gobierno de Muzaffarabad de manera disfrazada. Es por esto, que la JAAC han decidido no participar del proceso electoral si no se cambian las reglas del juego y llaman a boicotearlo.

La JAAC y la movilización popular exige también la inmediata libertad de los presos, el fin de la persecución judicial, la anulación de las listas “antiterroristas” y que se levante la prohibición declarada contra la JAAC y el pedido de captura a sus dirigentes. Ante los asesinatos, la movilización exige que se devuelvan los cuerpos y se condene a los policías asesinos y sus responsables políticos y se esclarezcan las desapariciones.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) nos solidarizamos con estas demandas y llamamos a la solidaridad internacional en apoyo a este movimiento del pueblo de Cachemira y su victoria. Denunciamos la represión y llamamos a las organizaciones democráticas, de la clase trabajadora, estudiantes y de mujeres de todo el mundo, y en especial de Pakistán y la India, a expresar la mayor solidaridad posible en cada uno de los países; como han expresado las movilizaciones de la diáspora cachemir en Londres y en las embajadas y los consulados de Pakistán en diversas ciudades del mundo. Denunciamos los crímenes de Pakistán y su gobierno en el camino de terminar con la opresión colonial y conquistar una Cachemira unida y libre que termine con la opresión de Pakistán, India y China.