Después de 2 meses de conflicto y más de 8 jornadas de paro, la dirección del Hospital ha tenido que convocar para este jueves 5 a las y los paritarios votados por las asambleas convocadas por la junta interna de ATE. Este paso puede ser una nueva maniobra de un Consejo Directivo que ha buscado incesantemente debilitar la pelea de las y los trabajadores que reclamamos un aumento salarial del 50% en una sola cuota y el reconocimiento de la insalubridad de nuestras tareas.  Pero es una prueba contundente de la fuerza que tiene la lucha que venimos llevando adelante. Como cada semana, en asamblea hemos resuelto los pasos a seguir para seguir fortaleciendo la lucha por nuestros reclamos. Por eso este jueves acompañaremos a nuestros paritarios y paritarias con una concentración en la puerta del Hospital en las horas previas a la convocatoria del Consejo. Y ya hemos resuelto dos nuevas jornadas de paro los días viernes 12 y sábado 13 de agosto. Por este camino de organización democrática y lucha unitaria seguiremos para triunfar.  
                   

Corresponsal

La asamblea docente de Autoconvocados de la provincia se reunió con docentes de Capital, Orán, Irigoyen, Colonia Santa Rosa, Aguas Blancas, San Martín Aguaray, Tartagal, Mosconi, Cafayate, Rosario de la Frontera, Metan, La Viña, Molinos, Rivadavia Banda Norte y Sur, Rosario de Lerma, Quijano, La Silleta, Cerrillos y resolvió paro por tiempo indeterminado desde el pasado lunes 2. Reclaman un 45% de aumento salarial, sin cuotas y con cláusula gatillo con la inflación, el pago de deudas, titularizaciones y otros reclamos. Desde Docentes en Marcha e Izquierda Socialista llamamos a solidarizarnos con esta gran lucha.
      

Corresponsal

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

La semana pasada, miles de personas salieron a las calles en todas las ciudades de Guatemala exigiendo la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, y de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Estas grandes movilizaciones encabezadas por organizaciones indígenas, estudiantiles, de personal de salud y feministas tienen una relación directa con las protestas del año pasado, que llegaron a incendiar el Parlamento.  

La indignación popular estalló esta vez por la corrupción, pero expresó también los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, de los indígenas, de las mujeres ante la violencia impune, de los estudiantes y de la población pobre en general por la desatención del Estado ante el desastre de la pandemia del Covid-19.

Hubo una convocatoria para realizar un paro nacional el jueves 29 de julio que partió de diferentes organizaciones indígenas: los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán, la Alcaldía de Sololá, el Parlamento Xinca y los pueblos kaqchikel o chortí. Un representante del Parlamento Xinca remarcó que “como pueblo de Guatemala estamos indignados por la situación que estamos viviendo y ya no queremos seguir viviendo en un Estado opresor”.

Las movilizaciones tienen un antecedente reciente. En noviembre del año pasado, otra manifestación de masas prendió fuego el Parlamento después de que se aprobara el presupuesto nacional que congeló las partidas de salud (¡en plena pandemia!) y de educación. Se suprimió la ayuda social por la pandemia, pero se aumentaron las partidas para infraestructura en concesiones, a favor de grandes empresarios, en obras que además son hechas habitualmente con sobreprecios y donde circulan coimas para los funcionarios del gobierno.

El movimiento popular en Guatemala es parte de un proceso de rebeliones en Latinoamérica desde 2019, que tuvo su expresión más importante hace unas semanas en Colombia con la lucha del pueblo contra el gobierno de Duque. En los países latinoamericanos las mayorías populares son ajustadas por gobiernos patronales, cada vez más corruptos al servicio del imperialismo, que descargan la crisis sobre el pueblo trabajador.

A la protesta masiva en Guatemala se unieron miles de mujeres que vienen denunciando los feminicidios impunes y la violencia contra la mujer; trabajadores y trabajadoras de la salud que están en la primera línea de lucha contra la pandemia atropellados en sus derechos, sin medicamentos ni vacunas; estudiantes, y otros sectores populares.

El detonante de estas masivas protestas fue la destitución y huida del país, porque temía por su vida, del fiscal Juan Francisco Sandoval, que investigaba la corrupción en el Estado. Este fiscal tenía apoyo y financiamiento de los Estados Unidos, lo que muestra divisiones entre los capitalistas por el control del Estado y las obras públicas. Pero otras fueron las motivaciones populares.

El 14 de julio el gobierno decretó el “estado de prevención”, prohibió manifestaciones callejeras y huelgas y ordenó militarizar servicios públicos y universidades, con el pretexto del Covid-19, para impedir las movilizaciones en su contra. Pero no le dio resultado.

En un país de 16 millones de habitantes, donde unos 10 millones son pobres, diez familias controlan las grandes empresas mineras, agroindustriales, comerciales y de construcción y el presidente tiene un salario de 18.000 dólares (además de lo que recibe de coimas).

Para continuar la lucha contra el gobierno corrupto antipopular de Giammattei es fundamental la unidad de las organizaciones indígenas, campesinas, obreras, estudiantiles y feministas, en forma independiente de los distintos sectores empresariales y de derecha, para levantar un programa común para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Hace una semana, el presidente de México, Andrés López Obrador, propuso que se reemplace a la Organización de Estados Americanos (OEA) por un nuevo organismo de todos los Estados de América latina y el Caribe que no sea más “lacayo” de los Estados Unidos.
Esto lo manifestó en el marco de un encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), creada en 2010 e impulsada por el venezolano Hugo Chávez con el mismo supuesto propósito que ahora sostiene López Obrador.

El presidente Alberto Fernández, así como el venezolano Nicolás Maduro, aplaudieron a López Obrador.
Sin embargo, la Celac existe hace doce años solo como un decorado que se reúne cada dos años para hacer algunos discursos. Ninguno de sus países miembros rompió con la OEA, ni siquiera los gobiernos de supuesta “izquierda”, como los de Venezuela, Bolivia, el Ecuador de Correa, o la Argentina de los Kirchner.

Recordemos la definición del Che, alguien que luchó y murió peleando contra el imperialismo y por el socialismo en 1967: “La OEA es el ministerio de colonias de Estados Unidos”.
Si hubiesen roto con la OEA, expropiado a las multinacionales yanquis que se llevan las riquezas latinoamericanas y armado un frente de países deudores para no pagar la deuda fraudulenta, les creeríamos que son antiimperialistas.
Pero López Obrador se desdijo inmediatamente. Después de hablar de “independencia”, reclamó una relación “más estrecha” con los Estados Unidos. El doble discurso de López Obrador se parece al del ya fallecido gran cómico mexicano Cantinflas: “Nosotros preferimos una integración económica con dimensión soberana con Estados Unidos y Canadá a fin de recuperar lo perdido con respecto a la producción y al comercio con China. América latina debe crear una unión política comercial y procurar una relación más estrecha con Estados Unidos para fortalecer al continente”. Es decir, otra vez el repudiado y fallido ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) de Bush. Ahora propuesto por el “antiimperialista” López Obrador ¡Sin dudas superó a Cantinflas! ¿Qué será lo que aplaude Alberto Fernández?
                     

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

El 99,5% de los 2.175 trabajadores miembros del Sindicato Nº 1 de la Minera Escondida resolvieron ir a huelga legal.
La Minera Escondida es la mina privada más importante de Chile y una de las más grande del mundo. Se calculan ingresos por 10.000 millones de dólares para este año.
Una de las peticiones del sindicato es que “se reparta en partes iguales, entre todos los trabajadores, el 1% de los dividendos entregados a los inversionistas extranjeros”.

La organización gremial explicó que la petición es “justa ante el compromiso mostrado por los trabajadores para que Minera Escondida haya seguido funcionando a plena capacidad durante la pandemia”.
En 2017, los trabajadores de Escondida realizaron una huelga de cuarenta y cuatro días, la más prolongada de la historia de la minería chilena. El paro hizo que la compañía dejara de ganar 740 millones de dólares.
Según la restrictiva legislación chilena contra las huelgas, aún habrá de cinco a diez días de negociación obligatoria entre las partes para que la huelga sea legal. El sindicato ya adelantó que si la empresa no cede a las demandas iniciarán la huelga cumplidos los plazos legales.