Escribe Juliana García, militante de derechos humanos

El plan sistemático de apropiación de niñas y niños fue uno de los rasgos más brutales del terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura cívico-militar. Se comprobó incluso judicialmente que existió una política organizada para apropiarse de las hijas e hijos de personas detenidas desaparecidas y criarlos bajo los valores del régimen. El propio Poder Judicial lo estableció años más tarde en el juicio conocido como “Juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores”.

El terrorismo de Estado asesinó, desapareció, saqueó bienes y, además, robó identidades. Muchas niñas y niños fueron secuestrados durante operativos junto a sus padres y otros nacieron en cautiverio.

Para ello se montaron maternidades clandestinas dentro de centros clandestinos de detención. Las mujeres embarazadas secuestradas solían recibir un trato diferenciado: los represores buscaban que los embarazos llegaran a término. Después del parto, los bebés eran apropiados y las madres, en la mayoría de los casos, asesinadas.

La apropiación se concretaba mediante inscripciones falsas como hijas e hijos propios, con la complicidad de médicos o funcionarios que certificaban nacimientos inexistentes.

Frente a ese horror, la resistencia comenzó desde abajo. En 1977 surgieron las Madres de Plaza de Mayo y, ese mismo año, doce mujeres entendieron que además de buscar a sus hijas e hijos debían encontrar a sus nietas y nietos nacidos en cautiverio. Así nació la organización Abuelas de Plaza de Mayo en octubre de 1977.

Durante años la búsqueda fue casi artesanal: recorrer juzgados, seguir pistas y sostener la memoria en un país atravesado por el silencio y el miedo. En los años noventa el Estado creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para acompañar esa tarea.

Hasta hoy se lograron 140 restituciones, aunque se estima que alrededor de 500 niñas y niños fueron apropiados. La cifra sigue siendo aproximada: varias mujeres embarazadas nunca fueron identificadas o no se sabía que estaban gestando al momento del secuestro.

Todavía hoy se siguen encontrando casos, pero el contexto político actual vuelve más difícil esa tarea. El gobierno de Javier Milei, que ha relativizado los crímenes de la dictadura y reivindicado la teoría de los dos demonios, recortó recursos destinados a las políticas de memoria y debilitó áreas del Estado dedicadas a la búsqueda de las y los nietos apropiados.

Organismos históricos como Abuelas enfrentan dificultades para sostener sus equipos técnicos, mientras la Conadi se encuentra reducida en personal y presupuesto. En un país donde todavía faltan cientos de nietas y nietos por encontrar, ese vaciamiento afecta directamente la posibilidad de restituir identidades.

La historia de las Abuelas demuestra que la búsqueda es también una construcción colectiva. Fue la persistencia de esas mujeres, acompañadas por trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales, la que permitió que muchos nietos y nietas recuperaran su identidad.
Y mientras quede una sola nieta o nieto por encontrar, esa lucha seguirá abierta.

Escribe Mariano Barba

Mientras Estados Unidos perdía la guerra de Vietnam a comienzos de la década de 1970, en América Latina desplegaba la doctrina de la seguridad nacional. Esa estrategia luego se consolidó en el Plan Cóndor, un sistema de coordinación entre dictaduras para fomentar y organizar golpes de Estado en el Cono Sur. El golpe del 24 de marzo de 1976 en Argentina se inscribió en ese marco, con el objetivo de frenar las luchas populares e imponer planes económicos alineados con los intereses del imperialismo.

A comienzos de la década de 1970, las y los trabajadores y los pueblos protagonizaban acciones en distintas latitudes del mundo. Estados Unidos, con Richard Nixon como presidente, vivía grandes movilizaciones internas contra la guerra en Vietnam y sufría derrotas en el campo de batalla que culminaron con su retirada de ese país, lo que significó la primera gran derrota del imperialismo yanqui. Otros países coloniales africanos, como Guinea Bissau, Angola y Mozambique, tras largos años de lucha, conquistaron su independencia de las potencias europeas que los dominaban. Hacia el final de la década, en 1979, una gran revolución democrática en Irán derrocó al sha Reza Pahlevi; ese mismo año, en Nicaragua, se derrotaba a la dictadura de Anastasio Somoza en una guerra civil en la que participó nuestra corriente con la Brigada Simón Bolívar.

En América Latina también se desarrollaban grandes luchas en Chile, Argentina y Perú, que cerraban un período de derrotas marcado por el golpe en Brasil y el de Barrientos en Bolivia. En ese contexto, Estados Unidos avanzaba en la formación militar de los ejércitos latinoamericanos a través de la Escuela de las Américas, situada en la zona del Canal de Panamá. Allí se enseñaban doctrinas de contrainsurgencia, es decir, métodos para organizar golpes de Estado, coordinar la represión y formar escuadrones de la muerte. Estas políticas fueron las antesalas del Plan Cóndor, impulsado con respaldo y participación directa del gobierno estadounidense.

Durante las presidencias de Richard Nixon (1969-1974), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y Ronald Reagan (1981-1989), Estados Unidos prestó apoyo técnico, militar y político a los regímenes represivos del Cono Sur. A través de la CIA y el Pentágono se proporcionaban planificación, coordinación e instrucción en métodos de tortura y terrorismo de Estado.

Miles de asesinados y desaparecidos

Hacia 1978, la Operación Cóndor abarcaba ocho de los trece países de América del Sur y había establecido un área de represión e impunidad sin fronteras. El intercambio de información entre las dictaduras permitió operativos conjuntos de grupos de tareas integrados por agentes del país donde se encontraba la víctima y por sus contrapartes del país de origen. Estas operaciones muchas veces terminaban con traslados clandestinos de personas detenidas hacia su país de origen, algo habitual entre las dictaduras de Argentina, Uruguay y Chile.

La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay confirmó en 2003 que los documentos hallados en diciembre de 1992 en la comisaría de Lambaré, en Asunción, prueban la existencia del acuerdo entre las dictaduras para el intercambio de información y prisioneros. Según esos archivos, este plan asesinó a unos 50 mil opositores políticos en América Latina, dejó decenas de miles de detenidos desaparecidos y encarceló a alrededor de 400 mil personas. Esos documentos, conocidos como los “Archivos del Terror”, detallan el destino de miles de latinoamericanos secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La atroz dictadura argentina

El Cordobazo de 1969 y las luchas obreras y populares que continuaron hasta 1976, con picos muy fuertes como la huelga general de 1975 conocida como el Rodrigazo, llevaron a que la burguesía y las Fuerzas Armadas planificaran el golpe en nuestro país en el marco del Plan Cóndor. Un documento desclasificado del FBI de septiembre de 1976 afirma que “los miembros del Plan Cóndor que habían demostrado más entusiasmo hasta la fecha eran Argentina, Uruguay y Chile”.

Quien condujo y orientó políticamente el siniestro Plan Cóndor fue Henry Kissinger, que ejercía simultáneamente como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado de Estados Unidos. Desde allí monitoreaba directamente a los militares y gobiernos de América del Sur y fue un impulsor clave del golpe militar en Chile encabezado por Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno de Salvador Allende e inauguró una sangrienta represión contra las y los trabajadores y el pueblo chileno. Reunido con Pinochet en junio de 1976, Kissinger le dijo: “En Estados Unidos, como sabe, simpatizamos con lo que está usted intentando hacer aquí [...] Mi opinión es que usted es víctima de todos los grupos izquierdistas del mundo”.

Sobre Argentina, Kissinger se reunió en octubre de 1976 con funcionarios de la dictadura y alentó al canciller argentino a que “hicieran lo que tuvieran que hacer lo más rápido posible”. Según el historiador Jon Lee Anderson, documentos desclasificados del Departamento de Estado muestran que dos días después del golpe Kissinger declaró que al nuevo gobierno militar “tendremos que apoyarlos en todas las posibilidades con que cuenten”. Más adelante, invitado por Videla a presenciar los partidos del Mundial 1978, Kissinger “aplaudió los esfuerzos de la Argentina en la lucha contra el terrorismo”.

Este derrotero muestra cómo el golpe militar en nuestro país fue planificado entre distintas fuerzas políticas y militares con el impulso de Estados Unidos y el Pentágono. Tanto dirigentes del radicalismo, como Balbín, como sectores del peronismo, como el empresario Jorge Antonio, y la cúpula de la Iglesia Católica fueron fervientes defensores del golpe genocida argentino.

A cinco décadas de aquellos hechos, la memoria sigue siendo una herramienta de lucha frente a los intentos de negacionismo y los gobiernos de derecha en América Latina. La historia del terrorismo de Estado demuestra hasta dónde pueden llegar las clases dominantes para frenar las luchas populares. Por eso, la defensa de la memoria, la verdad y la justicia sigue siendo parte de una pelea que continúa hasta hoy.

Escribe José Castillo

La dictadura genocida tuvo un objetivo económico preciso: profundizar la semicolonización del país al imperialismo yanqui e incrementar cualitativamente la superexplotación del pueblo trabajador. Por medio del terror, con desapariciones y detenciones (que mayormente se dieron entre activistas, delegados, miembros de comisiones internas y directivos sindicales) y prohibiendo la actividad sindical, el ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, logró ya en los primeros meses reducir en un 40% los salarios. Le siguieron cierres de empresas, una apertura importadora brutal y una bicicleta financiera que enriqueció a las patronales nacionales y extranjeras “amigas” de la dictadura genocida.

Pero, sin duda, la herencia más macabra fue la deuda externa. Cuando asumió Videla el endeudamiento ascendía a 4 mil millones de dólares. En 1983 era de 46 mil millones. La mitad la habían asumido los propios militares con la excusa de obras faraónicas (como las del Mundial ‘78), compra de armas o directamente para el robo y su enriquecimiento personal. La otra mitad correspondía a deuda de empresas: grupos nacionales como Pérez Companc, Macri, Techint, Fortabat, Madanes, Galicia o incluso filiales de transnacionales que se endeudaron en esos años. Domingo Cavallo, presidente del Banco Central en 1982, “estatizó” esa deuda externa privada, cargándola al Estado argentino.

Lo más escandaloso es que todos los gobiernos posteriores (Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei) la reconocieron y pagaron, aceptando el juego de infinitas refinanciaciones, “quitas”, capitalizaciones y múltiples mecanismos donde los intereses se sumaban, se tomaban nuevos préstamos para pagar los anteriores y así la deuda crecía como una bola de nieve hacia el infinito. Hoy, medio siglo más adelante, debemos más de 500 mil millones de dólares.

La deuda externa fue una estafa en toda la línea. Inmoral, porque la pagó y sigue pagando con hambre, pobreza, miseria y saqueo el conjunto del pueblo trabajador para el enriquecimiento de unos pocos buitres. Ilegítima, porque nació de una dictadura genocida. Ilegal, porque muchos de los fondos originales ni siquiera se pudo probar que existieron como un crédito normal o nunca llegaron al país. Y fraudulenta, como lo demostró el juez Ballesteros en un fallo ejemplar en el año 2000, después de una investigación exhaustiva de Alejandro Olmos (padre). Ese fallo, que declaró culpable a Martínez de Hoz y otros personeros de la dictadura, no tuvo efecto penal alguno porque la causa “había prescripto”. En cuanto a la recomendación, que figura en el propio fallo, de enviar sus resultados al Congreso Nacional, terminó cajoneada y allí duerme desde entonces.

No hay salida para el pueblo trabajador ni posibilidad de desarrollo para nuestro país si no se comienza por dejar de pagar esa deuda, herencia infame de la dictadura. A 50 años de la dictadura genocida, debemos recordar más que nunca que el origen de esta estafa (esa sangría que nos sigue hundiendo) estuvo en las políticas de la dictadura genocida, apoyada por el imperialismo, el FMI y las grandes patronales nacionales y extranjeras.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Javier Milei es un negacionista de la última dictadura militar. ¿Qué significa esto? Que pretende instalar una versión falsa de la historia, negando los hechos, relativizando los crímenes de lesa humanidad y, lo que es peor, reivindicando el terrorismo de Estado. Desde que asumió viene atacando a los organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, desmantelando sitios de memoria (ex centros clandestinos de detención y tortura) y recortando el funcionamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, organismo clave para la búsqueda de bebés apropiados durante la dictadura.

Entre sus mentiras, intenta imponer (con todo el aparato estatal) la idea de que no fueron 30 mil las y los desaparecidos. Sin embargo, existe un informe del propio gobierno de Estados Unidos de 1978 (apenas dos años después del golpe) que ya registraba 22 mil desapariciones, cuando aún faltaban los años más sangrientos del terrorismo de Estado.

Ahora, a 50 años del golpe, lanza una nueva provocación: pretende perdonar a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Los mismos genocidas que cumplen condena en cárceles comunes y que fueron visitados por diputados libertarios, a quienes Martín Menem incluso les facilitó una combi del Congreso. Para avanzar, el gobierno tiene dos caminos: una amnistía aprobada por el Congreso o un indulto presidencial. La primera borra el delito; la segunda perdona la pena. Ambas opciones serían gravísimas.

El antecedente más cercano son los indultos dictados por el presidente peronista Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1990, que beneficiaron a cientos de militares y civiles responsables de crímenes de la dictadura. El repudio popular fue tan fuerte que la Corte Suprema terminó declarándolos inconstitucionales en 2007. Actualmente está vigente la Ley 27.156, que prohíbe indultar o amnistiar delitos de genocidio y lesa humanidad. Pero Milei ya demostró que no tiene reparos en atropellar consensos básicos institucionales o judiciales.

Sin embargo, la historia también demuestra que cada intento de garantizar impunidad a los genocidas chocó con la lucha popular. Frente a los avances negacionistas del gobierno, la respuesta debe ser más movilización para defender las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Porque en nuestro país no hay lugar para la impunidad: fueron 30 mil y fue genocidio.

Escribe Francisco Moreira 

El golpe militar estuvo al servicio del plan de las grandes empresas y el FMI. La resistencia obrera y popular terminó derribando a la dictadura en 1982. Pero desde 1983 los sucesivos gobiernos continuaron aplicando los planes de ajuste y saqueo del FMI. La lucha continúa bajo el gobierno de 
Javier Milei.  

En marzo de 1976 los militares dieron el golpe e instalaron el terrorismo de Estado, un régimen de represión generalizada. Fueron suprimidas todas las libertades democráticas, intervenidas las organizaciones obreras y suspendida la actividad de los partidos políticos. La dictadura masificó los métodos represivos que ya se venían aplicando bajo el gobierno de Isabel Perón, impulsados por el siniestro ministro José López Rega, las patotas de la burocracia sindical y la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).¹ Miles fueron a las cárceles, torturados, asesinados y desaparecidos. Así buscaron aniquilar a la vanguardia de luchadoras y luchadores. Por eso gran parte de los 30 mil detenidos-desaparecidos son dirigentes, delegados y activistas sindicales y estudiantiles.

El movimiento obrero y popular fue derrotado, al tiempo que las patronales y el imperialismo lanzaron un ataque implacable para imponer sus planes de hambre y entrega bajo la batuta del general Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Su objetivo era aplicar un plan económico de liquidación de las conquistas sociales y de saqueo del país. El genocidio se puso al servicio del FMI, de los grandes empresarios extranjeros y nacionales como Techint de la familia Rocca, Loma Negra de Amalita Fortabat, Molinos de los Pérez Companc, los Pescarmona o los Macri; también al servicio del capital financiero y de la estafa de la deuda externa.

Mientras esto sucedía, el presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Adolfo Tortolo, convocaba a colaborar con el gobierno de Videla. Hoy, mientras Javier Milei niega el genocidio, los políticos patronales se llenan la boca hablando de “democracia” y repudian a la dictadura, pero en ese entonces acudían presurosos a colaborar. Los radicales aportaron embajadores e intendentes a la dictadura. El justicialista Tomás de Anchorena fue embajador en Francia. Muchos de ellos concurrieron a la confitería El Molino el 1º de diciembre de 1978 a la cena anual del Círculo de exlegisladores. El encargado del brindis fue el mismo Videla y entre los presentes estaban los radicales Ricardo Balbín y Antonio Tróccoli, treinta ex diputados justicialistas y hasta ex diputados comunistas, como Jesús Mira y Juan Carlos Comínguez.²

La resistencia, Malvinas y el fin de la dictadura

En medio de semejante horror empezó la resistencia obrera y popular que finalmente llevaría a la caída de la dictadura. Los militares, que venían para quedarse por décadas en el poder, duraron siete años. En su crisis y caída la clase trabajadora tuvo un protagonismo central.

A pesar de la derrota del golpe, las y los trabajadores empezaron una lenta recuperación. Ya en mayo de 1976, en Renault de Córdoba reclamaban aumento salarial con “trabajo a tristeza”. En los años siguientes hubo luchas de Luz y Fuerza, portuarios, trabajadores de subterráneos y ferroviarios. En 1979 hubo huelgas en Alpargatas, IME, Renault, Ferrum, Galileo, Capea, Santa Rosa (después Acindar) y Siam. Entre tanto, en abril de 1977 se realizó la primera ronda de las que luego serían las Madres de Plaza de Mayo.

En 1980 se produjo una grave crisis económica. Se terminaba la época de la “plata dulce” y sectores de la clase media, que habían paseado por el mundo porque había un dólar barato, comenzaron a entrar en crisis. La dictadura se quedaba así sin apoyo social, con la clase media uniéndose de hecho a la resistencia obrera. Aparecieron acciones populares moleculares cada vez más importantes: movimientos contra la censura de intelectuales y artistas o contra los impuestazos, y fue tomando forma la consigna “abajo la dictadura”. En julio de 1981 se produjo una huelga general parcial de la CGT.

La dictadura empezó a tener cada vez más dificultades y a entrar en crisis. En 1982, en un intento desesperado por sostenerse, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, ahora al frente de la dictadura, lanzó la toma de Malvinas. El objetivo era tratar de desviar hacia los ingleses el odio popular creciente contra la dictadura. En ningún momento creyeron que iba a haber una guerra. Insólitamente creían que el imperialismo yanqui los iba a apoyar en una negociación con los ingleses para quedarse con las Malvinas. Cometieron varios errores a la vez. Los yanquis se unieron a los ingleses y la guerra de Malvinas provocó una movilización de masas antiimperialista, nacional y latinoamericana, que fue contra el gobierno militar, que rápidamente capituló. El papa Juan Pablo II vino al país para reforzar la actitud derrotista de la burguesía argentina. El 15 de junio una concentración popular en Plaza de Mayo gritaba: “Los pibes murieron, los jefes los vendieron”. Se produjo un vacío de poder. La dictadura caía. Galtieri tuvo que renunciar y los militares no tuvieron otra salida que irse a las corridas a negociar con los políticos patronales para convocar a elecciones.

De Alfonsín a Milei

La caída de la dictadura fue un inmenso triunfo revolucionario del movimiento de masas. Pero los políticos del sistema se unieron entonces en la Multipartidaria para desviar la movilización popular hacia las elecciones, buscando hacer creer a las masas que la alternativa a sus reclamos de justicia social y libertades pasaba por votarlos a ellos. Los socialistas revolucionarios dijimos entonces que era una mentira y que, aunque participamos en las elecciones, había que seguir la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y por una Argentina socialista, para lograr el no pago de la deuda y los cambios de fondo.

Millones votaron entusiastas al radical Raúl Alfonsín en 1983. Creyeron que “con la democracia se educa, se come y se cura”. Pero las expectativas fueron defraudadas. Alfonsín continuó pagando la deuda y aplicando los planes dictados por el FMI. Luego, con el peronista Carlos Saúl Menem, a pesar de las promesas de “salariazo y revolución productiva”, vinieron las privatizaciones y creció la desocupación. Los gobiernos radicales y peronistas impusieron las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) y los indultos para salvar a los genocidas de la cárcel.

El Argentinazo, en diciembre de 2001, con sus consignas “que se vayan todos” y “sin peronistas, sin radicales vamos a vivir mejor”, fue el punto más alto de repudio a los gobiernos, partidos y políticos patronales tras la caída de la dictadura. Fue una rebelión popular que tiró al gobierno radical de Fernando de la Rúa, impuso la suspensión del pago de la deuda y obligó a retomar los juicios contra los genocidas. Los Kirchner, a pesar de su doble discurso, volvieron a pagar la deuda externa. Cristina Fernández se autotituló “pagadora serial”, pero la deuda continuó creciendo, al igual que la inflación y la pobreza. Mauricio Macri nos volvió a endeudar con el FMI e intentó salvar a los genocidas con el 2x1. Alberto Fernández mintió cuando dijo “entre los bancos y los jubilados, elijo a los jubilados”.

A pesar de las promesas, los gobiernos patronales sucesivos tras la caída de la dictadura continuaron con los planes de ajuste, profundizando el hambre, la entrega y el saqueo. Hoy el gobierno ultraderechista y negacionista de Javier Milei, con su plan motosierra, es la expresión más cruel de ese modelo.

Una nueva dirección para una Argentina socialista

A cincuenta años del golpe, miles y miles se movilizarán en todo el país contra el negacionismo de Milei, para reafirmar el repudio a los militares genocidas, para homenajear a los caídos en la lucha por recobrar las libertades democráticas y para seguir exigiendo el castigo a los represores de ayer y de hoy. Las y los trabajadores y el pueblo no están derrotados y siguen dando pelea contra los planes de ajuste y de reformas al servicio de las patronales y el FMI, por salario y trabajo. El gobierno de Milei evidencia que el sistema capitalista en nuestro país se basa en el saqueo y la subordinación al imperialismo y en la explotación al servicio de las ganancias de los grupos empresarios. No representa una salida para el pueblo trabajador.

Los socialistas seguimos creyendo que para resolver las tareas aún pendientes hay que unir todas las luchas y encaminarlas hacia los cambios de fondo que necesitamos. Luchamos por un gobierno de las y los trabajadores que realmente termine con la impunidad y con el modelo de saqueo y entrega al imperialismo, avanzando en construir una Argentina socialista. Para ello es imprescindible apostar por nuevos dirigentes políticos y sindicales. Ante la bronca que crece contra el gobierno nacional y sus aliados, el peronismo no es la salida. Necesitamos construir un partido socialista revolucionario que contribuya a lograr la unidad de la izquierda, las y los trabajadores y los sectores populares, para que gane cada lucha obrera, democrática y popular.


1. Ver El Socialista Nº 621, 25/02/2026
2. Revista Gente, Año XIII, Nº 698, 07/12/1978.