Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

A cinco meses de la asunción de Alberto Fernández queremos compartir sus dichos y los hechos. El peronismo del Frente de Todos viene enarbolando un discurso que no se condice con la realidad. Mejor dicho, dice una cosa y hace otra. Es decir, doble discurso. Veamos.

“Entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados”. Eso dijo Alberto Fernández en campaña. Sin embargo, mediante la ley de emergencia votada a fines de 2019 se les quitó la ley de movilidad provocando un recorte de 100.000 millones de pesos. Luego habló de “cuidar a los abuelos” y los empujó a romper la cuarentena para poder cobrar y no hace nada ante el descontrol y los negociados de los geriátricos.

“Vamos a gobernar para los más vulnerables”. El gobierno dispuso sumas fijas para la asignación por hijo por 3.100 y 10.000 pesos para quienes hacen changas, entre otros anuncios. Una miseria que no alcanza, empujando a miles a romper la cuarentena para conseguir el sustento diario. Se destinaron 89.000 millones de pesos para el bono de 10.000 pesos que es mucho menos de los 132.000 millones que fueron para ayudar a los empresarios a pagar el 50% de los salarios. Además, el gobierno acaba de avalar el pacto de la UIA y la CGT recortando el 25% del salario a millones de trabajadores, reprimió a los obreros de Penta (y ahora un intendente cordobés hace lo mismo con los municipales de Jesús María) y destina solo 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género. ¿Dónde están las políticas para los más vulnerables?

“Hay que combatir a los vivos que especulan”. Sin embargo, no hay ningún preso entre los empresarios, dueños de supermercados, laboratorios, formadores de precios y especuladores que se benefician con los aumentazos. Lejos de hacer cumplir los precios máximos, el gobierno hizo una compra millonaria de comida a valores exorbitantes desde el Ministerio de Desarrollo Social, con grandes sospechas de corrupción.

“La deuda es con el pueblo”. Pero Alberto Fernández retomó las negociaciones de la mano del Fondo Monetario para pagar una deuda usurera y fraudulenta. Tenía la oportunidad histórica de desconocer toda la deuda contraída por Macri y mostrar que en una pandemia la prioridad no puede ser una deuda fraudulenta sino la deuda con el pueblo. El gobierno pagó desde que asumió 4.500 millones de dólares, el equivalente a 3,2 veces más que el presupuesto de salud.

“Seré duro con quienes despidan”. Viendo la ola de despidos el gobierno impuso por decreto la prohibición. Pero en el mismo decreto se permitió despedir personal mediante un “acuerdo de partes” entre empresarios y burócratas sindicales. A tal punto que hoy hay miles de despidos desde que salió el decreto, con el caso emblemático de los 1.450 de Techint homologados por el Ministerio de Trabajo.

“La prioridad es la salud por encima de la economía”. Pero los profesionales y trabajadores de la salud que están en la primera línea y ya cuentan con centenares de infectados piden insumos, protección, testeos y que se los incluya en los comités de crisis para enfrentar mejor la pandemia y no se les da respuesta.

“Vamos a declarar de interés público las clínicas privadas y todos los recursos sanitarios”. Esta medida sería un gran paso para poder centralizar todo el sistema de salud para enfrentar a la pandemia como lo hizo Irlanda. Pero al otro día el gobierno desmintió la noticia. Y no solo eso, sino que empezó a subsidiar y a otorgar amplios beneficios para los mercaderes de la salud privada.

“Vamos a terminar con los privilegios”. Esto lo dijo el gobierno cuando simuló el recorte de prebendas a los jueces. Pero como denunciamos desde el Frente de Izquierda, la ley aprobada en el Congreso mantiene sus elevados sueldos y el 82% móvil, igual que todos los privilegios de los que gozan diputados, senadores, la Corte Suprema y obispos de la Iglesia Católica.

“Llegó la hora de que los empresarios ganen menos”. Los grandes capitalistas nunca dejaron de ganar, a tal punto que, según la revista Forbes (que publica las fortunas de los más ricos del mundo) cincuenta millonarios argentinos acumulan 70.000 millones de dólares, encabezados por Paolo Rocca, de Techint, seguido por renombrados dueños de petroleras, bancos, cadenas de supermercados, laboratorios y terratenientes. A ellos hay que tocar, pero el gobierno demora el anunciado impuesto a la riqueza mientras desde el FIT decimos que tiene que ser implementado ya y de tal manera que permita recaudar 20.000 millones de dólares para destinar a la emergencia.

Decimos, como conclusión, que la frase privilegiada del gobierno “Vamos a poner dinero en el bolsillo de la gente” es parte de su doble discurso. 

Escribe Adolfo Santos

Muchos compañeros de trabajo, de estudio, vecinos o familiares con los que conversamos, nos han manifestado su esperanza de que, con el alardeado “impuesto a los ricos” impulsado por sectores del gobierno se avance en relación con la propuesta de proteger a los más vulnerables, tal como había anunciado el presidente. Sin embargo, pasa el tiempo y la famosa “bala de plata” con que el gobierno haría justicia va quedando cada vez más relegada a segundo plano y probablemente nunca será disparada.

Originalmente, Máximo Kirchner y Carlos Heller elaboraron uno de esos proyectos. Proponían un impuesto de entre 1,25% y 1,75% sobre los cincuenta mayores patrimonios para recaudar alrededor de 1.000 millones de dólares. Otro, presentado por la diputada Fernanda Vallejos, podría elevar esa recaudación a 3.800 millones de dólares. Después se planteó que había que consensuar y unificar ambos proyectos y “otros” del oficialismo, que nunca se conocieron. 

Pasaron las semanas. El gobierno explicó que, como era una cuestión “impositiva”, no podía sacarlo por decreto y que requería que se reuniera el Congreso. Luego se enfrascó en la discusión de si se podía sesionar virtualmente. En las idas y venidas estuvo la “consulta” de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema y la espera de la respuesta. Finalmente, recién esta semana se hará la reunión (mitad presencial, mitad virtual) de la Cámara de Diputados. Senado demorará una semana más todavía. Pero, lo “sorpresivo” (o no tanto) es que en esas sesiones no se tratará el tan mentado impuesto. 

La realidad es que el proyecto oficialista ni siquiera ha sido presentado. El fin de semana hubo trascendidos periodísticos que afirman que Sergio Massa le garantizó a la oposición de Juntos por el Cambio y a los empresarios que el proyecto nunca se aprobaría. “Alberto está en contra”, habría dicho. 

¿En qué quedamos? La realidad es una sola. A la fecha el único proyecto presentado para cobrarle a las grandes fortunas y empresas es el del Frente de Izquierda Unidad. Con su aprobación se podrían recaudar 20.000 millones de dólares y destinarlos inmediatamente a un fondo de emergencia para atender la pandemia. Como venimos diciendo desde hace semanas, nuestro proyecto va más a fondo contra los grandes capitalistas y sus empresas y propone recaudar mucho más que todos los proyectos oficialistas  que trascendieron. Pero no queremos hacer una discusión de números. Nuestra exigencia es bien concreta: si de verdad se proponen presentar un impuesto a los ricos, que lo hagan inmediatamente. ¡Que no se transforme en otra expresión más del doble discurso del gobierno! Las necesidades sanitarias y para enfrentar la miseria no pueden esperar. 

Escribe Claudio Funes

El lunes pasado, tuvimos “la foto” del presidente Alberto Fernández, las principales patronales y la cúpula burocrática de la CGT. Se trata de la expresión gráfica de un pacto que tiene como grandes ganadores a los empresarios, que se llevan millonadas en subsidios y como perdedores a los trabajadores, que ven cómo se reducen sus ya magros salarios. Y, como si todo esto fuera poco, mientras todos se unen para plantear que no hay que caer en default, léase, que hay que arreglar de cualquier modo con los pulpos acreedores y seguir pagando la deuda externa.

Las patronales de todos los sectores obtuvieron, primero, un multimillonario subsidio, el ATP. Entre el salario complementario de 50% que abonará la Anses a los trabajadores y la reducción de 95% de las contribuciones patronales, este subsidio alcanzará la suma de 132.594 millones de pesos, que quedará en bolsillos de multimillonarios. Cifra muy superior a los 89.630 millones de pesos que se pagarán por el bono de 10.000 pesos a los sectores más postergados. Pero los capitalistas no están satisfechos, pretenden 325.000 millones de pesos para que la ayuda sea efectiva.

Insaciables, los capitalistas fueron por más. El gobierno, la UIA y la CGT negociaron un convenio tripartito: el recorte de 25% del salario para  los trabajadores que están suspendidos. 

A partir de esta negociación las suspensiones se dispararon. A la fecha son más de 1.200.000 en todo el país. Otra traición consumada por la burocracia sindical peronista que nos muestra que, para ellos, el límite no existe.

Para comprender cómo funcionan en conjunto estas dos medidas tomemos un ejemplo del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma: en el mes de febrero el salario promedio de la industria manufacturera alcanzó los 65.000 pesos, que en el bolsillo son 54.000 pesos con los descuentos realizados. Con el ATP la asignación de la Anses sería de 27.000 pesos y la obligación del empleador de 13.500 pesos para totalizar un ingreso de 40.500 pesos correspondiente a un trabajador suspendido. 

Queda muy claro que con estas medidas los capitalistas ganan por ambos lados: con la subvención de 50% del salario (ATP) y con su rebaja de 25 por ciento. Un negocio redondo.

Por ello, tras el acuerdo entre el gobierno, la UIA y la CGT, la UOM de Antonio Caló salió disparando para  cerrar su convenio de suspensión de trabajadores durante cuatro meses. Se benefician Aluar, Siderar –Grupo Techint– y Acindar, entre las más importantes.

También sacarán provecho las grandes multinacionales automotrices como General Motors, Ford, Volkswagen, Renault y otras, que gracias al Smata de Ricardo Pignanelli impusieron recortes de 30% y 40 por ciento.  

Festejan las petroleras que ya han recortado salarios un 40%, como Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Shell y Exxon Mobil, entre tantas. 

Agradece estas medidas la genocida familia Blaquier que suscribió con el Sindicato de Obreros y Empleados de Papel, Cartón y Químicos de la Provincia de Jujuy un acuerdo para poder disponer libremente de convocar o no a los trabajadores con reducción salarial de 30 por ciento. 

El Sanatorio Otamendi también aprovecha la situación sanitaria y paga el 50 por ciento. Se incluyen en este artificio lujosos centros de salud como el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y la Maternidad Suizo Argentina. Todos con una fabulosa facturación.

La Federación de Empleados de Comercio (FAECyS), que encabeza Armando Cavalieri, convino con las cámaras patronales la suspensión de personal. Se calcula que 800.000 trabajadores recibirán una suma equivalente al 75% del sueldo. 

Mientras, el Sindicato de Empleados de Comercio solicita ser contemplado en los términos de ayuda para el pago de salarios de los empleados que se desempeñan en su estructura.

Será un negocio para las multinacionales de comida rápida que han facturado fortunas durante muchísimos años, como McDonald’s y Burger King, que ya en marzo pagaron salarios con descuentos.

Como se puede apreciar, serán las grandes empresas y multinacionales las que más provecho le sacarán a estas medidas. Continuarán ganando con el dinero de los jubilados. 

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad denunciamos que, en plena pandemia y hambre, el gobierno, los insaciables explotadores y la burocracia sindical traidora quieren profundizar el despojo al pueblo trabajador. Una actitud despreciable.

Junto al sindicalismo combativo, que venimos peleando por una nueva dirección de la clase trabajadora,  decimos ¡no a la rebaja salarial! ¡Prohibición efectiva de suspensiones y despidos! Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. 

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El jueves 7 de mayo, desde las 11, el gobierno de PRO de Horacio Rodríguez Larreta buscará sancionar la “ley de emergencia económica”, un claro ataque a las y los trabajadores en la Ciudad más rica del país. En un contexto donde se agrava la crisis económica y social y crecen el hambre y la desocupación, se busca imponer un plan de ajuste para congelar los salarios de docentes, estatales y trabajadores dependientes del Gobierno de la Ciudad. Si la ley avanza se podrán permitir los pagos escalonados en cuotas y congelar la planta de empleados y la reasignación a discreción del Ejecutivo porteño (ver El Socialista 457). Y será la luz verde para que los gobernadores avancen en leyes similares en las provincias.

En la Ciudad la situación es crítica, con cerca de seis mil casos de dengue y los mayores índices de contagio de coronavirus, sobre todo en los barrios más populares, con 249 casos registrados y seis muertes. En estos días salió a la luz la situación del barrio Mugica, con 150 casos, ligados a las condiciones de hacinamiento y sobre todo al corte del suministro de agua que viven desde el 25 de abril y del cual todavía no hay respuesta de Larreta. ¡Nos piden que nos lavemos las manos pero no se garantiza el agua potable!
Si avanza esta ley de emergencia se podrá congelar la obra pública que afectará principalmente a las zonas más vulnerables de la Ciudad.

Es importante señalar que durante el debate en la Legislatura el Frente de Todos (PJ y otros) no se jugó por rechazar de plano la ley, a diferencia de la oposición consecuente del Frente de Izquierda. En una nota en Página12 del 30 de abril los legisladores del Frente de Todos aceptaron que hubo un fuerte debate en el bloque y que existe un importante sector “colaboracionista” que, con algunas modificaciones, hubiese votado la ley de Larreta. ¿Será por esto que la denuncia del peronismo solo critica algunos puntos de la ley y no la rechaza de plano? No olvidemos que el gobierno de Fernández viene de avalar vía el Ministerio de Trabajo nacional el acuerdo de rebaja salarial de 25% entre la UIA y la traidora CGT.

Más que nunca, las y los trabajadores tenemos que seguir organizados y en pie de lucha. Llamamos a movilizar este jueves con el gremio docente Ademys, que realizó una numerosa asamblea para convocar a la movilización e impulsar un paro virtual educativo ese día, la junta interna de ATE Garrahan, Ministerio de Economía, INTI y otros sectores estatales combativos, junto con los médicos residentes y trabajadores de la salud como la interhospitalaria, que en la primera línea contra la pandemia vienen denunciando la tremenda situación que se vive en el sistema de salud de la Ciudad.

Lamentablemente, siguiendo la tónica conciliadora del peronismo legislativo, gremios que se han pronunciado en contra de esta ley como ATE Capital, UTE/Ctera, Agtsyp (Subte) y las CTA porteñas se niegan a sumarse a la movilización contra este intento brutal de ajuste. El sindicalismo combativo y la izquierda estarán en las calles en la perspectiva de seguir peleando por un impuesto a las grandes fortunas, los bancos y las multinacionales para que la crisis la paguen los capitalistas.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop

En la compleja y difícil lucha contra el coronavirus, los trabajadores de la salud estamos bajo un fuego cruzado. De un lado por los propios riesgos de contagio que representa estar en la primera línea de combate pero, por otra parte, por la irresponsabilidad con que, en mayor o menor medida, las autoridades de salud pública y los dueños de los establecimientos privados tratan los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia. Tanto es así que mientras la curva de la población en general tiende a achatarse, crece el número de casos de contagios y fallecimientos entre los trabajadores de la salud.

Por eso decimos que tenemos una doble pelea, la que nos exige la profesión, protegiendo a nuestros pacientes, y la que tenemos que dar en defensa de nuestros derechos, comenzando por el de nuestra propia vida. Ya son nueve los muertos entre los que trabajamos en el sistema de salud. Si a esto le sumamos los casi ochocientos casos de contagios confirmados, nuestro país registra uno de los mayores índices de trabajadores de la salud afectados por el coronavirus. Como expresaban los residentes y concurrentes del hospital Penna en una reciente protesta: “Vamos a la guerra desnudos”. La dirección de ese hospital amenaza sancionar al personal que llegue a contagiarse por supuesto incumplimiento de las normas de bioseguridad. Sin embargo, no lo provee de equipamiento adecuado. Es el propio personal quien hace colectas para comprar elementos de protección como barbijos o camisolines, que no alcanzan o son de mala calidad.

Por eso el aumento de infectados y fallecidos entre los trabajadores del sector no es casual, es el resultado de la crisis instalada en la salud en las últimas décadas y de la desidia con que las autoridades públicas y privadas tratan el problema originado por la pandemia. Los bajísimos salarios, por ejemplo, han generado la necesidad del pluriempleo. De esta forma, además de las extenuantes jornadas, los trabajadores debemos tener varios trabajos para cubrir nuestras necesidades básicas, deambulando por varios centros de salud, muchos de los cuales no respetan de forma estricta los protocolos impuestos para la pandemia, expandiendo la posibilidad de contagio.

Fue de esta forma que la semana pasada falleció el cardiólogo Félix Ramírez Sosa, de 61 años. Trabajaba en la clínica General Belgrano de Quilmes y en cinco salitas de primeros auxilios. Es un caso emblemático porque responde a los problemas que denunciamos permanentemente. Pertenecía a un grupo de riesgo por su edad, pero el Ministerio se Salud se niega a cumplir con este protocolo. O sea, en vez de quedarse en casa cumpliendo con el aislamiento social, Ramírez Sosa estaba obligado a trabajar, además de verse exigido a recorrer varios centros de salud con la posibilidad de contagiar tanto a pacientes como a compañeros de trabajo.

Son “tragedias anunciadas” que, aunque no son de ahora, se agravan frente a la pandemia y la falta de equipamiento de protección. Por eso esa doble pelea. En todo este tiempo hemos tenido que mantener una lucha constante contra estas políticas irresponsables que nos exponen al peligro. Solo después de muchos reclamos hemos logrado, desde la Cicop, que las compañeras embarazadas puedan ser licenciadas. Hemos multiplicado las denuncias, las protestas y las exigencias para conseguir pequeños avances en nuestros reclamos. Así como en el sistema público el gobierno se niega a invertir en equipamiento de protección personal, en el ámbito privado las empresas sanatoriales, defendiendo la sacrosanta ganancia capitalista, continúan resistiéndose a proveer estos elementos y, además, están bajando los salarios. Tal es el caso de Galeno, el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, la Clínica del Sol, el Sanatorio Otamendi o la Clínica Bazterrica.

Esta pandemia ha puesto en evidencia la falencia del sistema público de salud, algo que siempre hemos denunciado, pero además ha servido para demostrar la necesidad de acabar con un sistema privado cuyo objetivo central es la ganancia y no la salud. Hay que estatizarlo bajo control de las trabajadoras y los trabajadores. Es necesario que mantengamos la movilización que ya empezó. El 7 de mayo hay en Buenos Aires una convocatoria a la Legislatura del personal de los hospitales públicos y circulan en las redes llamados a la lucha para el 15 de los profesionales de clínicas privadas.

Movilizados, continuaremos exigiendo la provisión de elementos de protección de calidad para todos los trabajadores del sector independientemente de la función, test periódicos para controlar los posibles contagios y el funcionamiento de los comités de crisis en cada establecimiento público o privado (formados por la dirección con participación de los trabajadores) para evaluar la evolución de la pandemia y las medidas de protección a ser adoptadas. Pasa a ser primordial la lucha por el aumento salarial, el rechazo a los descuentos tanto en el ámbito privado como en el público, como está empezando a suceder. Junto con esto seguiremos exigiendo un mayor presupuesto para la salud pública que permita una atención adecuada a la población y salarios dignos para sus trabajadores, en base a impuestos especiales a los grandes empresarios, multinacionales y el no pago de la deuda externa.