Cristian Luna pidió a los ciudadanos que se unan en el pedido de mejoras en el sistema de salud.

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Cristian Luna
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Editorial

Estamos ante un 1° de Mayo inédito. Por la pandemia, después de varias décadas no habrá actos multitudinarios en todo el planeta. En nuestro país, ya hace varios años que como Frente de Izquierda levantamos nuestras banderas rojas en la Plaza de Mayo. Este año no podrá ser. Haremos un acto virtual. Pero el objetivo es el mismo. Diremos presente dando nuestro apoyo a todas las luchas obreras y populares, de las mujeres y la juventud en cada lugar del planeta. Y más que nunca vamos a reafirmar la importancia de conmemorar el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores como una jornada de lucha contra el capitalismo imperialista, por el gobierno de los trabajadores y el socialismo. Contra todo tipo de gobiernos patronales, quienes se han encargado a lo largo del mundo de desmantelar los sistemas públicos de salud llevando a que millones no puedan tener hoy esa herramienta clave para combatir el coronavirus. Los mismos gobiernos que se preparan para salvar con millones a bancos, multinacionales y grandes empresarios y permitirles que descarguen la mayor crisis de esta pandemia sobre el pueblo trabajador con despidos, rebajas salariales y más ajustes.

En nuestro país la clase trabajadora y los sectores populares vivimos una situación complicada. Somos los que de verdad defendemos la cuarentena contra las patronales que presionan por reabrir todo para mantener sus ganancias, no importando las consecuencias sanitarias. Contra los despidos, las suspensiones, las bajas salariales y los aumentos de precios.

Mientras todo esto sucede, ¿qué hace el gobierno peronista de Alberto Fernández? Nos hacemos esta pregunta sabiendo que millones de trabajadores siguen teniendo confianza en el presidente pensando que está haciendo “todo lo posible” para enfrentar la pandemia y sus consecuencias sociales. Pero lamentablemente no es así. Porque dice una cosa y hace otra, enarbolando un verdadero doble discurso.

El gobierno habla de “proteger a los trabajadores” y a los más vulnerables. Pero avaló un pacto entre la Unión Industrial, el resto de las patronales y la burocracia sindical para rebajar 25% el salario a todos los trabajadores que actualmente no presten servicios a pesar de que el Estado (es decir el bolsillo del pueblo trabajador), por decisión del gobierno, está pagando el 50% de los salarios a grandes empresarios y multinacionales. O sea, el gobierno paga la mitad de los salarios y a la vez permite a las patronales una quita de 25% vía el Ministerio de Trabajo. Repudiamos este hecho que se hace aprovechándose de la pandemia. Usan el coronavirus y la mayor crisis para aplicar un ajuste sobre millones de trabajadores. Ya antes había ocurrido con los jubilados, quitándoles la movilidad jubilatoria con un recorte de 100.000 millones de pesos. Se está llevando a cabo esta política que ya venían promoviendo desde que asumió el Frente de Todos, de que supuestamente un consejo económico y social entre empresarios, gobierno y dirigentes sindicales iba a “controlar la inflación” o “aumentar progresivamente los salarios”. Con estas frases, que así dichas caen bien, se está llevando adelante esta rebaja salarial que hunde en la miseria a millones.

El gobierno, mientras subsidia a las patronales, regatea la ayuda social: se acaba de informar que los absolutamente insuficientes 10.000 pesos para aquellos que se quedaron sin ingresos no se cobrarán el mes próximo, ya que fue “por única vez”. Sumémosle a esto la falta de comida, o de que en el último mensaje grabado en Olivos el presidente no dio respuesta a los reclamos de los profesionales y trabajadores de la salud por los enormes faltantes de elementos para la prevención en un sector donde se están dando numerosos contagios. Agreguemos que, si bien los diputados oficialistas han anunciado un necesario impuesto a la riqueza, todavía no han hecho público ese proyecto ni deciden cuándo lo van a tratar o implementar. Una medida indispensable para tener fondos suficientes para combatir la crisis del coronavirus y asistir a los más vulnerables. Y el gobierno sigue adelante con la renegociación de la deuda externa para reconocerla y pagarla. Al mismo tiempo no  dispone para atender la emergencia de los u$s4.500 millones que dice que se va a ahorrar hasta fin de año por la postergación de los pagos.

Este 1° de Mayo le daremos el apoyo a todas las luchas obreras y populares que en medio de la cuarentena llevan adelante los trabajadores y los pueblos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias sociales en la Argentina y en el mundo. Exigiendo que haya una cuarentena sin rebaja salarial, suspensiones y despidos; donde haya plata para salud, comida y contra el agravamiento de la desigualdad social. Por eso impulsamos un fondo de emergencia financiado sobre la base de un impuesto a los ricos y a las grandes empresas y al no pago de la deuda externa, como lo hemos plasmado en el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad. Para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Y en este día internacional de lucha de la clase obrera mundial tenemos que plantear la necesidad de dar una pelea más estratégica: avanzar hacia una nueva dirección sindical y política para la clase trabajadora. En nuestro país eso quiere decir una tarea concreta. En lo sindical, batallar contra la burocracia traidora hasta barrerla y reemplazarla por una nueva dirección de lucha y democrática, como está promoviendo el sindicalismo combativo. Y en lo político, superar al peronismo, que hace décadas gobierna para los ricos, los empresarios y los banqueros y ahora lo vuelve a hacer con un doble discurso desde el Frente de Todos. El peronismo gobernante habla contra el “neoliberalismo” o contra la derecha liberal de los Macri o los Piñera, promocionando que con gobiernos supuestamente “nacionales y populares” o progresistas se pueden combatir los males sociales. Pero la realidad demuestra que, con distintos discursos, en todos estos años se siguió pagando la deuda externa, las multinacionales y los bancos hicieron fortunas y se aplicaron de distintas formas ajustes contra el pueblo trabajador. Por eso decimos que el peronismo, y cualquier otra fuerza política patronal, no les sirven a los trabajadores. Atento a ello es que postulamos al Frente de Izquierda Unidad como la única salida que ofrece un programa de fondo para atacar y resolver las más urgentes necesidades populares, un gobierno de los trabajadores. Para dar esta pelea te invitamos a que te sumes a construir y fortalecer a Izquierda Socialista para hacer más grande el Frente de Izquierda Unidad. Esto es lo que vamos a compartir, explicar y debatir este 1° de Mayo. Te invitamos a que sigas el acto por nuestras redes sociales y a que lo difundas para que se sumen tus compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos y familiares.

Participá del acto del FIT Unidad y ayudanos a difundirlo

Este viernes, en una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, desde el FIT Unidad vamos a realizar un acto virtual, internacionalista y de lucha. Porque aunque estemos en cuarentena los reclamos de los trabajadores están más vigentes que nunca. Para que el peso de la crisis, que se profundiza por la pandemia del coronavirus, la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Como es nuestra tradición, comenzaremos la jornada (a partir de las 16.15) con saludos internacionales de dirigentes de los partidos hermanos de la UIT-CI. A las 17 continuaremos con el acto del Frente de Izquierda.

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Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Los recientes contagios y fallecimientos ocurridos en geriátricos de todo el país llevaron al primer plano a un sector de la sanidad en gran crecimiento que habitualmente pasa desapercibido: las residencias geriátricas. “Tenemos 150.000 camas y unas 3.800 residencias geriátricas en todo el país, de las cuales solo unas 2.000 tienen papeles en regla. Las personas mayores residentes son las más vulnerables y, además, muchos médicos o empleados trabajan en varios lugares y pueden llevar y traer el virus”, advirtió la semana pasada Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad en la Defensoría del Pueblo porteña. “El geriátrico que está habilitado es una bomba de tiempo a la vista, el que no lo está es una mina subterránea; en ambos casos pueden explotar”.

La muerte de adultos mayores residentes en geriátricos es un problema internacional. La experiencia recogida en China permitió establecer que la mortalidad por coronavirus aumenta con los años de edad. De los 50 años en adelante se duplica cada diez años de edad. Cifras correspondientes a la ciudad de Nueva York mostraban hace dos semanas que el 72% de las muertes por esta virosis corresponden a mayores de 65 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó el jueves pasado que más de la mitad de las 110.000 muertes por Covid-19 registradas en Europa eran de personas que vivían en residencias para mayores. Una “tragedia humana inimaginable”, aseguró un funcionario sobre lo que está pasando.

Un negocio de miles de millones

Karl Kluge, responsable para Europa de la entidad, insistió en que “el personal de los centros para mayores debe tener mejor acceso a equipamiento de protección y una apropiada remuneración por sus largos horarios de trabajo”, que les permita vivir dignamente sin acudir al multiempleo, agregamos nosotros. Hace varias semanas, un protocolo elaborado por la Organización Mundial de la Salud estipulaba, además de lo mencionado, testeos para residentes y para trabajadores de estos institutos.

Ninguna de estas disposiciones se cumple en Europa ni en los Estados Unidos, menos aún en la Argentina. Los geriátricos se han convertido en un negocio que mueve miles de millones en todo el mundo. La gran mayoría, 70% o más, según el país, son empresas privadas. España, en su franja soleada mediterránea, se ha convertido en un foco de atracción para fondos de inversión internacionales que instalan geriátricos para recibir no solo residentes locales sino también de otros países europeos.

En nuestro país las últimas cifras accesibles indican que más del 80% de las camas de residencias geriátricas son privadas. En la ciudad de Buenos Aires representan el 96%, mientras que en muchas provincias los geriátricos privados son los únicos. Aunque sigue habiendo una gran cantidad de pequeños propietarios se está produciendo una importante concentración de capitales en este ramo del negocio de la salud, incluso con la radicación de capitales extranjeros europeos y norteamericanos.

Mala atención y bajos salarios para la ganancia empresarial

Para obtener ganancias las empresas pagan bajos salarios y precarizan al personal de todas las profesiones. A los internados les brindan prestaciones deficientes, hacinamiento y descuido. La pandemia hizo visible y puso al rojo vivo todos estos males sostenidos por la voracidad empresaria. El mejor ejemplo es el geriátrico de Belgrano, en Capital, donde cada residente pagaba 180.000 pesos mensuales, lo que hacía presumir un servicio de excelencia. Sin embargo, catorce adultos mayores y cuatro trabajadores resultaron contagiados por el coronavirus. 

También la pandemia pone al descubierto que los gobiernos de las distintas jurisdicciones no cumplen con los controles sobre estos establecimientos. Tardíamente, el gobierno de Larreta denunció penalmente al geriátrico de Belgrano. ¿Pero por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué no hubo controles previos? Esa es responsabilidad absoluta del gobierno de Larreta. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires con el geriátrico de Moreno, o en Córdoba con el de Saldán, donde le daban al personal un rollo por día para secarse las manos.

No hay nada que inventar en cuanto a la seguridad sanitaria. Se trata de cumplir estrictamente los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Medidas higiénicas para los residentes, elementos de protección personal para trabajadores y residentes, testeo al personal y residentes para determinar la presencia del virus, comité de crisis en cada establecimiento con participación de los trabajadores. Pero esta mezcla de explotación e irresponsabilidad patronal, por un lado, y, por el otro, de corrupción y complicidad de los gobiernos, debe cortarse. Es necesario estatizar los geriátricos, bajo control de los trabajadores, para poder brindar la atención equitativa y de calidad que nuestra población mayor merece.