Escribe Liliana Olivero, legisladora provincial (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El peronismo gobierna la provincia hace veinte años. Es responsable -con la complicidad de los radicales y la burocracia sindical- de una deuda externa de 166.000 millones de pesos (de los cuales el 95% está en dólares) y de una grave crisis económica, ahora agravada por el coronavirus. Por eso emitió 9.000 millones de pesos en bonos para pagar a proveedores, mientras amenaza con lanzar una cuasimoneda provincial, rebajar el salario de los estatales y postergar el pago de jubilaciones. 

En medio de la cuarentena suspendió, sin pago, a 27.000 trabajadores de planes de empleo y capacitación como PPP, PIP y otros. Compañeras y compañeros que hace años cumplen tareas junto a los de planta permanente pero con sueldos de 5.000 a 9.600 pesos por mes. ¡La mitad de la canasta de indigencia!

Ahora Schiaretti rebaja 45% su sueldo y el de la planta política del Ejecutivo y lo imitan los demás poderes. Estamos de acuerdo que todos ellos ganen menos. Cuando en 2002 obtuvimos nuestra banca presenté un proyecto de ley (que fue rechazado por las otras bancadas patronales) para que legisladores y funcionarios políticos ganáramos igual que una maestra con veinte años de antigüedad. Desde entonces, únicamente nuestros legisladores lo cumplen. Por eso denunciamos que lo de Schiaretti es solo un acto demagógico y tramposo, porque igual ganarán mucho más que el monto que propusimos y solo regirá por el tiempo que dure la cuarentena en lugar de ser permanente. Con el peligro que permitirá justificar el diferimiento del pago de jubilaciones provinciales y la rebaja salarial de estatales y docentes. Algo inaceptable. 

Además, ante semejante crisis esta resolución es insuficiente. Mientras el gobierno cede a la presión de las grandes y medianas empresas para volver a trabajar, todos vemos que hoy la mejor protección es la cuarentena. Por lo tanto, miles de trabajadoras y trabajadores, desocupados, los que viven de changas, los suspendidos de los planes de empleo y los de otras actividades no esenciales deben recibir ya una ayuda de emergencia para poder subsistir. Caso contrario, para poder comer se verán obligados a romper la cuarentena aumentando el riesgo de contagio y de perder sus vidas. Asistir a estos trabajadores, además de equipar a los hospitales y a todo su personal, requiere de miles de millones de pesos que se deben obtener a partir  de dejar de pagar la millonaria deuda externa provincial, eliminar toda exención impositiva a las grandes empresas y crear un fondo de emergencia con un impuesto a las mismas,  los bancos y latifundios. Y también a las grandes fortunas, como Roggio, Urquía, Allende y otros millonarios provinciales. 

Sin estas medidas de fondo, lo de Schiaretti es puro verso. Es para no tocar a los usureros ni a los ricos. Ellos obtuvieron estos últimos años fabulosas ganancias que jamás compartieron con sus trabajadores. En cambio, ahora sí quieren compartirles las pérdidas, por eso se niegan a pagar el 100% del salario que es una ínfima parte de lo que embolsaron. Y con la complicidad de la burocracia sindical peronista y el aval del Ministerio de Trabajo siguen despidiendo, suspendiendo y rebajando salarios. Debemos organizarnos para luchar, como se viene haciendo a nivel mundial, y también aquí, en empresas y gremios. Esta crisis la deben pagar los capitalistas, no los trabajadores.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Larreta está impulsando el tratamiento de un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, denominado “ley de Emergencia”, para la atención de la situación económica y financiera generada por la pandemia que, de aprobarse, en lugar de aliviar la situación crítica que aqueja al pueblo trabajador que vive y trabaja en la Ciudad, la agravará.
La iniciativa impulsada por PRO faculta al Ejecutivo para reorientar los recursos económicos y otorgar prioridades sobre la base de descargar la crisis en las trabajadoras y los trabajadores.
Este proyecto, al igual que los anuncios en otras provincias del país, propone que puedan ser congelados los salarios de todas las trabajadoras y trabajadores dependientes del Gobierno de la Ciudad, estatales, docentes, personal de salud, municipales, e incluso pagados en cuotas, algo que no sucedió en la Ciudad más rica del país ni en la crisis de 2001.
En el artículo 17 se expresa con claridad que no se podrán instrumentar retribuciones extraordinarias ni beneficios como premios, incentivos o suplementos salariales en dinero. En el artículo 19 también se faculta al pago escalonado y/o diferido de haberes de sus nóminas salariales.
Para el caso de la docencia, como denuncia Ademys, se puede ver afectada la segunda cuota de aumento que estaba pendiente para el mes de junio. Pero a su vez plantea para todos los trabajadores una imposibilidad para la reapertura de paritarias, necesaria para no ver rebajado el salario toda vez que la inflación pronosticada en un 50% va a desvalorizar más el salario ante este congelamiento.
En otros pasajes el proyecto plantea el congelamiento de las plantas de trabajadores, impidiendo la incorporación de quienes reemplacen a otros por licencias o jubilaciones. por ejemplo. Y menos aún contempla el pase a planta de trabajadoras y trabajadores precarizados.
Incorpora también el recorte a la obra pública, que afectará a los barrios más precarios, de donde provienen la mayoría de los obreros de la construcción que se quedarán sin empleo y porque las obras pendientes se paralizarán.
De avanzar este proyecto, se estaría atacando exclusivamente a los salarios ya de pobreza de las y los trabajadores estatales, docentes y de los municipales en general, mientras no se afecta la propia deuda pública de la Ciudad que ha crecido, no se tocan los intereses de los bancos radicados en la capital ni de las grandes empresas privadas que amasaron enormes fortunas con la especulación inmobiliaria y los negociados. Se privilegian los intereses de los ricos a costa de la pobreza del pueblo trabajador.
Llamamos a los trabajadores de la Ciudad a rechazar este nuevo proyecto ajustador de Larreta.

Escribe José Castillo

Nadie duda que estamos ante una emergencia. Se necesita con urgencia duplicar el monto que se está destinando a la pandemia. Se requiere tanto para atender las demandas sanitarias (más equipos, más insumos, más hospitales, más trabajadores de la salud con mejores salarios y todos los elementos de protección), como también la crisis social que se ha profundizado en estas semanas (más comida en los barrios populares, dinero para los que han perdido sus ingresos, etcétera). Nuestra posición es clara, se requiere un fondo de emergencia financiado sobre la base del no pago de la deuda y un impuesto especial a las grandes fortunas y a las ganancias de los grupos económicos más importantes.

Con respecto a esto último, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad hemos presentado una propuesta: un impuesto de 10% a los cincuenta principales millonarios del país y a las veinte empresas que más facturan. El gobierno hace semanas que también viene planteando un proyecto de impuesto a la riqueza, aunque mucho menos riguroso que el nuestro. Venimos sosteniendo que, más allá del debate de cuál es el mejor para la actual coyuntura, lo importante es que se efectivice ya, que no quede en el mero discurso.

Pero la realidad es que siguen pasando los días, la necesidad de los fondos aumenta y el proyecto va y viene. El gobierno primero argumentó que tenía que “coordinar”  y “unificar” diferentes propuestas de diversos legisladores oficialistas. Luego la discusión derivó en que no se podía “hacer por decreto” ya que todo lo impositivo tiene “necesariamente” que pasar por el Congreso. Ahí se desató una auténtica comedia de enredos, en la que sin duda aportaron los legisladores de la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Se abrió la discusión bizantina de si es válido sesionar en forma virtual o hay que hacerlo indefectiblemente de manera presencial. Se llegó al ridículo de decir que había que hacer una primera y única sesión presencial al solo efecto de cambiar el reglamento para que entonces fuera válido sesionar virtualmente. Por si todo esto fuera poco, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió hacer una consulta a la Corte Suprema sobre la validez de las sesiones virtuales, que la Corte respondió diciendo que no era pertinente la pregunta (en concreto, que primero se realice la sesión virtual y luego la propia Corte vería si había sido legal o no). Finalmente, se acordó una salida “mixta”, en parte presencial y en parte virtual, a realizarse recién la semana próxima.

¿A dónde va todo esto? Es evidente que las grandes patronales y los propios multimillonarios involucrados están haciendo lo imposible para que no se les aplique impuesto alguno. Para eso embarran la cancha con la inestimable ayuda de la oposición patronal y los jueces. El objetivo es que el tema se alargue y, finalmente, no se trate nunca. El gobierno, por su parte, tampoco hace demasiado por acelerar las cosas.

Queremos ser claros, es absolutamente falso el argumento de exigir el funcionamiento del Congreso en defensa de “la democracia”. La verdadera intención detrás de todo esto es postergar todo lo posible y de ser posible que no se apruebe ningún impuesto a los ricos. Por otra parte, aun cuando el Parlamento llegara a reunirse, ¿qué saldría de allí? Tenemos miles de ejemplos de para quién juega esa cueva de bandidos. Cada vez que se reunió el Congreso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad intervenimos denunciando a los partidos patronales y planteando nuestras propuestas alternativas. Pero no guardamos ninguna expectativa de que de esa “deliberación” de políticos patronales salga algo a favor de los trabajadores.

Esto no quiere decir, tampoco, que le demos un cheque en blanco a Alberto Fernández para que gobierne por decreto. ¡Por supuesto que no aprobamos que se gobierne por DNU! Sabemos que este gobierno, y todos los del mundo, utilizan la pandemia y la cuarentena como excusa para actuar, ahora y siempre, contra los trabajadores. Y que incluso, cuando emiten alguna resolución que aparentemente “favorece” a los trabajadores, como el DNU que prohíbe suspensiones y despidos, dejan espacios para que sea violado por las patronales junto a la burocracia sindical, para que después el Ministerio de Trabajo homologue esos acuerdos.

Por eso insistimos, no tenemos que caer en la trampa de la discusión entre el Parlamento y el Ejecutivo por sus decretos. Nosotros no tenemos confianza en ninguno de los dos. Ni en ninguna otra institución patronal, como la Justicia (tal como lo podemos ver en la intervención en el tema de la Corte Suprema). Solo creemos en la fuerza de la movilización y las exigencias del pueblo trabajador. Esta es la única presión que puede obligar al gobierno a que, por el mecanismo que fuere, salga el impuesto a los ricos. No nos importa la forma, sino el contenido. ¡Basta de dilaciones! Que se imponga ya mismo que las grandes fortunas y empresas tengan que poner su plata para financiar un fondo de emergencia ante la pandemia. Que esta crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. 

Escribe José Castillo

El gobierno acaba de presentar oficialmente en Nueva York la oferta de renegociación. De los 66.000 millones de dólares en debate con los buitres privados se reducirán, como mucho, 30.000 millones. Y aún eso está en discusión. Incluso la fecha de “cierre” de la negociación, el 8 de mayo, también está en veremos.

Termine como termine este capítulo, no es verdad que con esto “se resolvió el tema de la deuda externa”. Porque lo que supuestamente “debemos” llega a 400.000 millones de dólares. Además de esta deuda “en dólares bajo legislación extranjera” queda otro tanto “bajo legislación local”. Más allá de los detalles técnicos hay algo claro, los acreedores son prácticamente los mismos: especuladores internacionales, consorcios de buitres que concentran lo peor del capital financiero internacional.

Y, por si todo esto fuera poco, queda además la deuda con el FMI: los 49.000 millones (entre capital e intereses) tomados durante los dos últimos años de la era Macri y utilizados en su totalidad para financiar la fuga de capitales de los amigos del ex presidente.

Y además tenemos que contabilizar las deudas provinciales y la deuda del Banco Central, que es un negocio redondo de superganancias para los bancos que operan en nuestro país –los mismos que cobran tasas usurarias, se niegan a dar crédito popular y utilizan el propio dinero que le dio el Banco Central para especular con el dólar, haciéndolo subir en estos días–. Y, podemos seguir, tenemos la deuda con el Club de París, con el Banco Mundial y un largo etcétera. Se trata de una bola de nieve que aumenta al infinito. De una deuda que, nunca nos olvidemos, es ilegítima, ya que su origen está en la dictadura genocida; ilegal, tal como lo demostró ya hace casi veinte años el juez Ballesteros en un fallo brillante; y absolutamente inmoral, porque prioriza a buitres chupasangres antes que la vida del pueblo trabajador.

Lo concreto es que cada vencimiento es menos plata para respiradores, hospitales, salarios de trabajadores de la salud, instrumentos de protección, o para comida y dinero para los que se quedaron sin ingresos. Así, solo desde que asumió el actual gobierno, ya se fueron 4.500 millones de dólares.

Alberto Fernández, cuando se presentó la propuesta de renegociación, afirmó que la Argentina “no puede pagar nada” en estos momentos. Si esto es efectivamente así, entonces hay que pasar de las palabras a los hechos. Sino, es puro doble discurso. Y esto, en la realidad, es dejar inmediatamente de pagar toda la deuda externa y romper con el FMI. Ahí está la plata, junto con un impuesto a las grandes fortunas y empresas, para financiar un fondo de emergencia que resuelva las más urgentes necesidades populares.

Escribe José Castillo

Nosotros nunca tuvimos confianza en que el gobierno “iba a priorizar los intereses populares antes que a los acreedores”. Ya desde el año pasado, en plena campaña electoral, explicamos que sin dejar de pagar la deuda y romper el acuerdo con el FMI no había ninguna posibilidad de empezar a resolver las necesidades populares. 

Pero sí es cierto que muchos intelectuales nacionales y extranjeros vieron con buenos ojos los distintos discursos del gobierno acerca de “no pagar con el hambre del pueblo”. Claro que una cosa es lo que se dice “para la tribuna” y otra la realidad. Ahora que se conocen ya los detalles de la renegociación en curso con los buitres acreedores hay honestos intelectuales que aclaran que, así, solo se terminará favoreciendo a los acreedores. 

Hace pocas semanas escuchamos las advertencias de Eric Toussaint, portavoz de Cadtm –red internacional que aboga por la anulación de la deuda del Tercer Mundo–, quien hizo una extensa aclaración protestando porque varios medios difundieron que con su firma estaba apoyando la decisión que tomó el gobierno argentino. Señaló: “Es necesario declarar la suspensión inmediata del pago del capital y de los intereses de todas las deudas soberanas. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández no cumplió con esa acción. Por lo tanto, afirmar como lo hacen algunos medios de comunicación que los firmantes apoyan la estrategia de negociación del gobierno es instrumentalizar una convocatoria con el objetivo de sostener al gobierno. Y es inaceptable”.

También Alejandro Olmos, con una extensa trayectoria en denunciar las terribles consecuencias de sometimiento de nuestra deuda externa, lo ha dicho con todas las letras: “Refinanciar la deuda es continuar por el camino de la decadencia”. 

Es que, más allá de estas voces de autoridad que estamos citando, toda la historia reciente nos avala. No es la primera vez que la deuda “se reestructura” con la excusa de que, a partir de ese momento, el problema está solucionado. El primer canje de deuda lo hizo Menem en los años ´90 entregando el patrimonio nacional a cambio de, supuestamente, bajar el endeudamiento. Ya conocemos el final: nos quedamos sin ferrocarriles, sin teléfonos, sin gas ni petróleo, pero la deuda siguió estando presente, creciendo y llevándonos al abismo. 

Luego hubo otra renegociación, en junio de 2001, llamada “megacanje”, realizada por Domingo Cavallo, ministro entonces de De la Rúa. Todo estalló a los pocos meses. 

Finalmente, tuvimos los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. Todavía está fresco en la memoria cuando se decía que nos habíamos “desendeudado”. Mentira, los Kirchner asumieron debiendo 190.000 millones de dólares, pagaron a lo largo de su mandato más de 200.000 millones y se fueron dejando una deuda de 240.000 millones. Por supuesto, luego vino Macri y llevó la bola de nieve a 400.000 millones.

En síntesis, ni esta ni ninguna “renegociación” resolverá lo que no es otra cosa que una vulgar estafa. Y las estafas no se pagan. Esa es la única conclusión que se puede sacar respecto de esta deuda que, nunca nos olvidemos, es la herencia viva que viene desde la dictadura genocida del ’76.