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El gobierno está negociando reformas al largamente postergado proyecto de impuesto a la riqueza para no chocar con los grandes empresarios. Ahora más que nunca es necesario implementar un verdadero impuesto que grave a las grandes fortunas y empresas que beneficie realmente a los trabajadores y los sectores populares.

Escribe Diego Martínez

La semana pasada Alberto Fernández estuvo de gira por Formosa y Misiones. En Formosa se abrazó con  Gildo Insfrán, de quien dijo que es un “gran gobernador y persona”. Insfrán gobierna hace veinticinco años una de las provincias más pobres del país como un feudo, estuvo vinculado a distintos hechos de corrupción, entre ellos el caso Ciccone, junto con Boudou, y reprimió a la comunidad Qom en 2010, donde perdió la vida Roberto López. Como se ve, Insfrán dista mucho de ser una persona de la que se pueda destacar su “humanidad”.

Haciendo gala de su doble discurso, en Misiones Fernández declaró que “es una buena oportunidad, después de que esta pandemia pase, para replantearnos seriamente el país. Todas esas cosas deben hacernos pensar cuánto tiempo más resiste una Argentina con tanta desigualdad”. Al mismo tiempo afirmó que “un sistema más justo no es perseguir a nadie, ni esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas y castigar a los ricos” (Télam, 28/5/2020).

 Es un hecho de la realidad que la Argentina es un país con mucha desigualdad. Según datos del Indec, el 10% más rico de la población tiene ingresos equivalentes al 32,8% de toda la riqueza del país, mientras que los ingresos del 10% más pobre representan el 1,5% del total. Ahora. ¿es posible revertir esa desigualdad social sin atacar la ganancia de las grandes empresas?

Una vez más, ¿qué pasa con el impuesto a la riqueza?

El gobierno anunció hace casi dos meses un proyecto para gravar las grandes fortunas. En todo este tiempo las excusas y los rumores se van renovando pero la presentación del proyecto se dilata cada vez más. 

Esta semana Carlos Heller, en nombre del Frente de Todos, declaró: “Estamos esperando que se estabilice el sistema de reuniones virtuales y firmas digitales”. A Juntos por el Cambio y a las grandes patronales que se oponen al proyecto la excusa de Heller les vino como anillo al dedo: “Para los debates más importantes pendientes esperamos que los colegas puedan volver a sentarse en el recinto, porque el debate parlamentario rico es cara a cara”, sentenció Mario Negri (Clarín, 31/5/2020).

Cuando se le preguntó a Heller concretamente cuándo se presentaría el proyecto, respondió “durante el mes de junio”, sin especificar la fecha. Como desde el gobierno no quieren dar “malas señales” a los buitres financieros, a Fernández le habrían aconsejado no avanzar con la discusión del impuesto hasta que se termine la negociación con los bonistas. Tomando esto en cuenta, podría ser que el proyecto entre en comisiones recién a fin de mes, para pasar luego a la Cámara de Diputados y después al Senado, con lo cual, trámites burocráticos mediante, la ley se votaría, con suerte, recién en agosto. Mientras tanto, ya va a haber pasado casi todo el invierno, junto con el pico de la pandemia, sin contar con fondos para aumentar el presupuesto de salud y para resolver los problemas de los trabajadores y los sectores populares. Los trabajadores de la salud atravesarán todo ese período sin los insumos adecuados, en los barrios populares la comida seguirá sin alcanzar y los pequeños comerciantes no tendrán ninguna ayuda real de parte del Estado para subsistir.

Pero lo peor de todo es la discusión acerca de quiénes serían los destinatarios de lo que se recaude con el impuesto. Mientras para nosotros lo que se perciba con un verdadero impuesto a la riqueza, como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad, con capacidad para recaudar 20.000 millones de dólares –cuyo tratamiento fue denegado con el voto del conjunto de los partidos patronales–, debería estar destinado al sistema de salud y sus trabajadores, paliar la crisis social en los barrios y dar subsidios para los pequeños comerciantes, para el gobierno, que está negociando con Lavagna y otros sectores de la oposición, se asignaría a “inversiones productivas”, léase a las grandes empresas. Lejos de “castigar a los ricos”, Fernández busca seguir otorgándoles beneficios. De prosperar esta iniciativa, la famosa “redistribución” se haría solo para los de arriba. Se le sacaría un poco a algunas empresas para subsidiar a otras.  

Para colmo de males, mientras los trabajadores pagamos el IVA de 21% todos los días e incluso una parte importante del impuesto a las ganancias proviene de retenciones sobre salarios, el presidente se encargó de aclarar esta semana, para tranquilidad de los más ricos, que el “aporte solidario” de las grandes fortunas se cobraría por única vez.

El impuesto a la riqueza no puede esperar

La cantidad de infectados por el coronavirus está creciendo día a día. De igual forma se extiende la otra pandemia, la del hambre y la pobreza. Para que los trabajadores y los sectores populares podamos cuidar nuestra salud haciendo la cuarentena sin pasar hambre, para fortalecer el sistema de salud y pagarles salarios dignos a sus trabajadores y para evitar que los pequeños comerciantes se vayan a la ruina es necesario más que nunca que se imponga un verdadero proyecto de impuesto a las grandes fortunas en el país y, junto con el no pago de la deuda externa, se constituya un fondo de emergencia para que la crisis la paguen las grandes patronales y no los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

La crisis económica y social se ha profundizado a niveles impresionantes producto de la pandemia del coronavirus. Las familias trabajadoras y de los sectores populares conviven con el miedo al contagio, la rebaja salarial, el hambre, la desnutrición y la angustia que provoca la incertidumbre del futuro.

La actual situación se puede describir con números, pero lejos están de mostrar el tremendo impacto que provoca en el ánimo de millones que, a pesar de todo, no se resignan. 

En abril, el endeudamiento total familiar llegó a 1,7 billones de pesos, el 30% es deuda no bancaria y afecta a 1,5 millones de hogares, con un monto promedio de 150.000 pesos cada familia. Dejar de pagar compromisos y acumular deuda es una de las estrategias familiares para sobrevivir sin ingresos, o con recortes salariales durante marzo y abril. Esta situación se agravó en mayo.

La Universidad Católica Argentina (UCA) estima que la pobreza ya llegó a 45% (dato de abril) y abarca cada vez a mayores sectores de trabajadores que han profundizado su situación de empobrecimiento. Esto se debe a que las patronales despiden, reducen horas, quitan adicionales y rebajan salarios.

Un informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo de la Universidad de Salta indica que la pobreza infantil post pandemia llegaría a 58%, y agrega  que en el NOA la cifra alcanzaría al 64 por ciento. Esto quiere decir que las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales llevarían la pobreza infantil a 7,7 millones de niñas y niños y arrojaría a 400.000 a la indigencia. 

Entre los sectores más castigados se encuentran 2,8 millones de jubilados que cobran el haber mínimo, 16.864 pesos. No mucho mejor están los que cobran más de una mínima o dos. ¿Quién puede vivir con estas sumas miserables? 

A estas calamidades debemos agregar la inflación. Los alimentos de mejor calidad nutricional aumentaron 57% promedio durante el último año. El consumo de harinas, azúcares y dulces se hace habitual. La mala nutrición se verifica en el retraso crónico de crecimiento que se expresa en la talla más menuda de los niños.

Ante la pandemia, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos, dinero necesario pero absolutamente insuficiente. En abril lo cobraron 7,8 millones de personas y a otros cuatro millones la Anses, extremadamente meticulosa, les rechazó la solicitud por “no cumplir con los requisitos”.

Un viejo principio griego dice: “La aritmética puede muy bien ser objeto de las sociedades democráticas, pues enseña las relaciones de igualdad, pero la geometría solo debe ser enseñada a las oligarquías, ya que demuestra las proporciones en la desigualdad”. Esto podría aplicarse también al doble discurso del actual gobierno peronista. 

Hablando de las proporciones de la desigualdad, veremos que no todos se sacrifican. 

El gobierno financia con plata de los jubilados el 50% de los salarios –incluyendo abultados sueldos de gerentes– de grandes empresas como Fate, Aluar; el ingenio Ledesma, de la familia Blaquier; de multinacionales como Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz y hasta McDonald’s y Burger King, que en mayo emitió recibos por cero peso, porque el subsidio cubrió el ciento por ciento del salario de sus trabajadores. El Grupo Clarín, que fugó 650 millones de dólares, recibe este subsidio del Estado. También lo percibe la cerealera Vicentín, que estafó al Banco Nación. Todos “cumplen con los requisitos” para recibir el ATP.

El multimillonario Nicolás Caputo, beneficiario de los tarifazos energéticos con el anterior gobierno y “hermano de la vida” de Mauricio Macri, también cobró el ATP para luego volar a Miami en un avión privado.

También lo percibieron todos los directivos y dueños del diario La Nación.  

Pero nada les alcanza. La UIA ya está reclamando a través de su presidente, Miguel Acevedo, y el vice de la entidad y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, que la asistencia estatal para abonar la mitad de los salarios  se extienda al medio aguinaldo. 

Dejamos para el final el caso especial de Techint, que también solicitó el subsidio del Estado. Su CEO Carlos Eduardo Bacher, que despidió a 1.450 trabajadores, también se benefició de él. La “gran novedad” que dio a conocer es que renuncia a las ATP del mes de mayo y que hasta devolverá la totalidad de la suma recibida en abril. Ciertas restricciones que dispuso el gobierno para los beneficiarios del programa no le resultan convenientes para sus negocios. Otro tanto harían el Grupo Clarín y otras trescientas empresas.

La resolución del “miserable” Paolo Rocca y demás empresas demuestran lo que venimos denunciando desde Izquierda Socialista: que los grandes capitalistas y las multinacionales estaban en condiciones de abonar a todos sus trabajadores los salarios en término y al ciento por ciento. 

Afirmamos que el subsidio y la rebaja salarial eran solo un negocio que el gobierno de Alberto Fernández le obsequiaba al gran capital con perjuicio directo para al pueblo trabajador y los sectores populares, sobre cuyas espaldas se está descargando un tremendo ajuste. ¡Basta de ajustar al pueblo. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

Escribe Adolfo Santos

Intentando responder a algunas protestas contra la cuarentena, el gobierno quiere generar una falsa polémica. El presidente Alberto Fernández salió al cruce disparando: “No es la cuarentena lo que complicó la actividad, sino la pandemia”. Esa no es la verdadera discusión. La mayoría entiende que debemos cuidarnos de una pandemia que ha costado vidas y, en general, acepta la cuarentena. Lo que el gobierno no hace, y eso es lo que le exigimos, es ofrecer las condiciones necesarias para que importantes sectores de la población puedan quedarse en sus casas. Por esa situación, aunque arriesgando su salud, muchos trabajadores se han visto obligados a salir a ganarse la vida a cualquier costo.

Probablemente una parte del aumento de los contagios tenga que ver con esa lógica. En las últimas semanas se ha visto cómo los sectores más pobres son los que más están sufriendo las consecuencias del virus. El barrio Padre Mugica (ex Villa 31) en la Capital, o las villas Azul e Itatí en el conurbano bonaerense, son una muestra de esta tragedia. Esto no es casual. Es el resultado del abandono sistemático de estas comunidades por parte de los gobernantes. La falta de agua corriente, de cloacas, de centros de atención a la salud, de viviendas dignas y de recursos económicos de la mayoría de las familias que allí viven son responsabilidad de los sucesivos gobiernos, que nunca atendieron estas necesidades básicas.

La “pelea” entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre quién es más responsable de los contagios que acontecen en el área metropolitana de Buenos Aires no pasa de un teatro. Todos ellos son responsables de la precariedad en la que viven millones de argentinos que son los  más vulnerables frente a la pandemia. De los últimos 33 años el peronismo, que hoy encarna Kicillof, gobernó 29 de ellos en la provincia de Buenos Aires, y desde 2007 PRO, de Macri y Larreta, gobierna la Ciudad de forma ininterrumpida. Son estos partidos políticos patronales, junto con la UCR, los responsables de todas las falencias que precariza la vida de la población trabajadora.

Lamentablemente, en medio de la pandemia, insisten en aplicar las mismas políticas erradas de siempre, donde prima el deslinde de responsabilidades para salvar el prestigio político, o directamente la falta de inversión en infraestructura y programas sociales que sumerge a amplios sectores directamente en la marginalidad. Es lo que vimos en la Villa 31 en relación con la falta de agua corriente, o en Azul e Itatí, que han ido creciendo como verdaderas ciudades sin que eso fuera acompañado por la construcción de obras que aseguren una infraestructura mínima. Esas son las condiciones que facilitan la penetración de epidemias y virus como el Covid-19.

Algún compañero nos podrá plantear que no se le puede pedir a Kicillof que haga lo que otros gobiernos no hicieron en cuarenta años. Pero no se puede hacer el distraído: en esas décadas mayoritariamente gobernó el peronismo, el mismo partido del actual gobernador. Y, lo peor, que no tome las medidas indispensables para empezar a resolver los problemas. Así debió haber mandado médicos y enfermeros, con todos los elementos de seguridad personal, ampliar los centros de salud utilizando para ello edificios públicos y clínicas privadas, efectuar testeos masivos, ofrecer abundante material de higiene y alimentación y efectuar un rápido censo de las familias que necesitan ayuda económica. En cambio, el gobierno encaró el problema como una gran operación policial encabezada por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, para controlar la movilidad de las personas. No es casual que surgieran críticas de dirigentes sociales ligados al propio gobierno.

Todo esto es parte del permanente doble discurso empleado por el gobierno. Mientras por un lado se presenta como el abanderado de la protección de la población defendiendo la cuarentena, por otro la flexibiliza cediendo a la presión de los grandes empresarios. Multinacionales como Volkswagen o Toyota y muchas otras grandes empresas que están trabajando con pleno apoyo del gobierno. Fue justamente en el retorno de los trabajos de la transnacional japonesa que el presidente se defendió contra los ataques a la cuarentena y elogió la responsabilidad de los empresarios que vuelven a producir “cuidando a sus trabajadores”. Como si esto fuese cierto.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad venimos defendiendo la cuarentena porque entendemos que ayuda a evitar la propagación del virus. Decimos ¡cuarentena sí!, pero que el gobierno al mismo tiempo ofrezca las condiciones para que el pueblo trabajador pueda cumplir con esa medida. La cuarentena solo es posible si las familias cuentan con recursos para no pasar necesidades, si el gobierno garantiza la ayuda a los trabajadores desempleados, cuentapropistas y pequeños comerciantes, si le exige a las patronales que cumplan la ley que prohíbe despidos y suspensiones, si no se reducen los salarios. No es esta la política que hoy está llevando adelante un gobierno que prometía en sus discursos defender a los más vulnerables.

Hace más de setenta días que se declaró la cuarentena en nuestro país producto de la pandemia del Covid-19.

La crisis sanitaria por falta de presupuesto para salarios, insumos y reactivos para testeos masivos dejó correr al virus provocando gran cantidad de contagios en barrios populares y geriátricos.

Preocupa también la terrible situación económica que viven millones de trabajadores y los sectores populares. 

Ya son miles los que perdieron su trabajo, así como también quienes vieron reducidos sus salarios a la mitad gracias al vergonzoso pacto de la CGT, los empresarios y el gobierno nacional.

Mientras, la inflación y el aumento de precios no paran. Por otro lado, son los grandes empresarios y multinacionales (como Techint y Clarín, entre otros) los que rápidamente han sido beneficiados con subsidios para el pago de salarios y créditos blandos. 

Mientras tanto, solo queda en el discurso de Alberto Fernández y del Frente de Todos el tratamiento en el Congreso del impuesto a la riqueza, con el cual se podrían recaudar fondos suficientes para combatir con eficiencia los graves problemas de los trabajadores y los sectores populares. Demuestran que no quieren enfrentar a los poderosos. 

En este marco, también son muchos los pequeños comerciantes y cuentapropistas los que han sido ocultados y negados por las medidas del gobierno. No solamente por la imposibilidad de acceder a los inalcanzables créditos a tasa cero, sino también por las trabas burocráticas que exigen los bancos. Ya son miles los pequeños comercios que cerraron definitivamente sus puertas en nuestros barrios y pueblos.  

Los comercios de cercanía son negocios pequeños que generan en promedio hasta 2,5 fuentes laborales por unidad y muchos no tienen empleados. Estos pequeños comerciantes no han podido continuar con los pagos de alquileres, impuestos y servicios. Debieron tomar deuda para pagar indemnizaciones y continuar subsistiendo. Se ha profundizado la crisis anterior.

Incluso en nuestra provincia, que está en la fase 4 de la cuarentena, había sectores de pequeños comercios que no podían atender mientras que a las grandes empresas se las autorizaba a abrir sus puertas, con la consecuente aglomeración de personas. Una vez más, y como siempre, el gobierno de Schiaretti favorece al gran capital.

Tenemos que diferenciar tajantemente a los pequeños comerciantes de los planteos de ciertas “pymes”, que en realidad no son más que una descentralización disfrazada de algunas grandes empresas, muchas de ellas transnacionales. Desde Izquierda Socialista exigimos que los pequeños comerciantes tengan acceso a créditos bancarios a tasa cero, sin trámites burocráticos, exenciones impositivas y suspensión del cobro de agua, gas, luz y los fuertes impuestos municipales y provinciales que pagan en la mayoría de las barriadas populares.

Para resolver estos reclamos, los del pueblo trabajador y de los demás sectores populares, es necesaria la creación de un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y las ganancias de las multinacionales, los bancos y grandes empresarios, junto al no pago de la deuda externa usuraria. Con este dinero se garantizará una cuarentena sin hambre y sin contagios masivos. Para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.

Corresponsal