Hace más de setenta días que se declaró la cuarentena en nuestro país producto de la pandemia del Covid-19.

La crisis sanitaria por falta de presupuesto para salarios, insumos y reactivos para testeos masivos dejó correr al virus provocando gran cantidad de contagios en barrios populares y geriátricos.

Preocupa también la terrible situación económica que viven millones de trabajadores y los sectores populares. 

Ya son miles los que perdieron su trabajo, así como también quienes vieron reducidos sus salarios a la mitad gracias al vergonzoso pacto de la CGT, los empresarios y el gobierno nacional.

Mientras, la inflación y el aumento de precios no paran. Por otro lado, son los grandes empresarios y multinacionales (como Techint y Clarín, entre otros) los que rápidamente han sido beneficiados con subsidios para el pago de salarios y créditos blandos. 

Mientras tanto, solo queda en el discurso de Alberto Fernández y del Frente de Todos el tratamiento en el Congreso del impuesto a la riqueza, con el cual se podrían recaudar fondos suficientes para combatir con eficiencia los graves problemas de los trabajadores y los sectores populares. Demuestran que no quieren enfrentar a los poderosos. 

En este marco, también son muchos los pequeños comerciantes y cuentapropistas los que han sido ocultados y negados por las medidas del gobierno. No solamente por la imposibilidad de acceder a los inalcanzables créditos a tasa cero, sino también por las trabas burocráticas que exigen los bancos. Ya son miles los pequeños comercios que cerraron definitivamente sus puertas en nuestros barrios y pueblos.  

Los comercios de cercanía son negocios pequeños que generan en promedio hasta 2,5 fuentes laborales por unidad y muchos no tienen empleados. Estos pequeños comerciantes no han podido continuar con los pagos de alquileres, impuestos y servicios. Debieron tomar deuda para pagar indemnizaciones y continuar subsistiendo. Se ha profundizado la crisis anterior.

Incluso en nuestra provincia, que está en la fase 4 de la cuarentena, había sectores de pequeños comercios que no podían atender mientras que a las grandes empresas se las autorizaba a abrir sus puertas, con la consecuente aglomeración de personas. Una vez más, y como siempre, el gobierno de Schiaretti favorece al gran capital.

Tenemos que diferenciar tajantemente a los pequeños comerciantes de los planteos de ciertas “pymes”, que en realidad no son más que una descentralización disfrazada de algunas grandes empresas, muchas de ellas transnacionales. Desde Izquierda Socialista exigimos que los pequeños comerciantes tengan acceso a créditos bancarios a tasa cero, sin trámites burocráticos, exenciones impositivas y suspensión del cobro de agua, gas, luz y los fuertes impuestos municipales y provinciales que pagan en la mayoría de las barriadas populares.

Para resolver estos reclamos, los del pueblo trabajador y de los demás sectores populares, es necesaria la creación de un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y las ganancias de las multinacionales, los bancos y grandes empresarios, junto al no pago de la deuda externa usuraria. Con este dinero se garantizará una cuarentena sin hambre y sin contagios masivos. Para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.

Corresponsal 

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

La pandemia ha profundizado la crisis económica y social. Es el resultado de las políticas de ajuste que los sucesivos gobiernos han descargado sobre los trabajadores y los sectores populares. La centralidad del endeudamiento y el pago de la deuda externa son un reflejo de que plata hay, pero se la llevan los acreedores, en vez de destinarse a salud, infraestructura para hospitales y los barrios populares, donde viven los sectores más castigados. En los últimos días empezó a tomar nuevamente dimensión la crisis del sistema sanitario, que hace años venimos denunciando.

Los contagios en la población van en aumento, el gobierno viene flexibilizando la cuarentena y el riesgo se potencia. Esto refleja la exposición que tenemos a medida que la pandemia se extiende y que desnuda la realidad que atraviesa el sector de los trabajadores de la salud. Coincidimos en que la cuarentena fue una medida correcta en un primer momento. Pero luego de dos meses de aislamiento y de sucesivas flexibilizaciones y aperturas de actividades con más trabajadores exponiéndose, el sistema de salud continúa mostrando la crisis y el abandono de décadas. No se preparó ni reforzó el sistema público después de más de setenta días de cuarentena y de sucesivos anuncios por parte de los gobiernos nacional y provinciales. Los hospitales siguen teniendo las mismas falencias que antes de la cuarentena.

Esa falta de preparación nos expone todavía más como trabajadores, ya que nos toca vivir en primera línea la pandemia. A pesar del profesionalismo y el compromiso son innumerables los contagios entre compañeros, como en el caso del jefe de Enfermería del hospital Fernández, que fue internado con un cuadro agudo de Covid-19. En el Sanatorio Güemes en los últimos días se detectaron una treintena de casos entre el personal, donde denuncian que cada trabajador debe llevar su barbijo, desinfectantes, antiparras y ropa porque la clínica no los provee. A nivel infraestructura, muchos hospitales bonaerenses están con la capacidad de internación completa por patologías estacionales y habituales, lo mismo que los servicios de terapia intensiva, con ocupación total de camas. El 10% del total de los contagiados somos trabajadores de la salud. Nos exponemos en nuestros trabajos, en el transporte público y en los barrios.

En el hospital Borda un interno murió al ser atacado por una jauría de perros porque se disminuyó, por cuestiones de presupuesto, la cantidad de trabajadores que prestan el servicio de seguridad de quince a cinco para todo el hospital.

Esta es la situación que atraviesa el sector. La ausencia de un presupuesto acorde se traduce en la necesidad de más personal, es por ello que seguimos reclamando e insistimos que a la salud pública le faltan 2.500 profesionales para cubrir cargos. Y también en la relación directa que tiene con los salarios, ya que un ingresante cobra un salario muy magro que no es atractivo para ningún profesional.

Todo esto ha generado una movilización muy importante, así lo vivimos el pasado 28 de mayo cuando el país estuvo atravesado por caravanas de médicos en provincias como Buenos Aires, Misiones, Catamarca, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, entre otras. En el interior de las provincias estas muestras se replicaron. En Santiago del Estero el gobernador peronista Zamora mandó a la policía a impedir cualquier manifestación de los médicos, y en Posadas la policía se dedicó a multar a quienes se manifestaban. En Córdoba la movilización tuvo muchísima fuerza por el repudio al procesamiento de dos médicos, a quienes quieren responsabilizar por el contagio de ancianos en un geriátrico de Saldán. Los reclamos tuvieron eje en la precarización, los salarios, la falta de insumos y el repudio a la persecución judicial de los colegas.

En la Cicop decidimos impulsar y participar de la jornada nacional de lucha que se realizará el 10 de junio junto con otros sectores gremiales y profesionales, acción que se replicará en el interior del país buscando unificar la pelea de los trabajadores de la salud para darle más fuerza a nuestros reclamos.

Nos pronunciamos por más personal con salarios acordes a la responsabilidad de la hora. Exigimos ninguna rebaja salarial, aumento actualizado equivalente a la canasta familiar y condiciones de trabajo dignas.

Y  reclamamos por un impuesto a las grandes fortunas y a las rentas que sirva para financiar el sistema público de salud. Por una salud pública universal, gratuita e igualitaria.

Ya tenemos el reconocimiento de millones que con sus aplausos reivindican todos los días nuestro compromiso con la salud. Vamos a seguir dando la pelea defendiendo la salud pública.

Escribe José Castillo

La renegociación de la deuda externa argentina parece encaminarse a su recta final. Lejos quedaron ya los tiempos en que Alberto Fernández anunciaba que “no se pagaría con el hambre del pueblo”, o incluso que “se hacía una oferta de lo que se puede pagar, y ni un peso más”. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el propio presidente, se cansaron en estos días de anunciar que “están mejorando la oferta” y “negociando de buena fe”. Traducido, no solo se comprometen a pagar, sino que cada día que pasa ofrecen más y mejores condiciones a los pulpos acreedores.

Repasemos. Nunca fue cierto que la llamada “oferta inicial” de la Argentina fuera mala para los acreedores. El propio gobierno lo reconoció una y otra vez, la quita de capital era ínfima (apenas 5,4%), por los intereses se seguía reconociendo una tasa mucho más alta que el promedio internacional, e incluso se reducía el “período de gracia” (el tiempo que el país estaría sin pagar nada hasta efectivizar la primera cuota) de los cuatro años que venía anunciando el gobierno de Fernández a apenas tres. Tan cierto era que lo que se estaba ofreciendo era mejor para los acreedores que lo que ellos esperaban, que al día siguiente del anuncio los bonos comenzaron a subir en los mercados internacionales y el riesgo país a bajar. Es que en el establishment de Wall Street se leía lo correcto: el gobierno argentino, más allá del doble discurso, estaba dispuesto a pagar y en forma más que conveniente para los acreedores. En síntesis, los actuales tenedores de los bonos iban a ganar infinitamente más con lo que les ofrecía el gobierno argentino de lo que esos mismos bonos hoy valen en el mercado.

Una partida de póker con cartas marcadas

A partir de ahí comenzó una negociación con idas y venidas. Cada uno jugó su rol. Los acreedores, tras comenzar diciendo que era “inaceptable”, tuvieron que mostrar quiénes eran. Ahí quedó claro, en la mesa no había ningún “jubilado con bonos” o pequeño ahorrista. Eran los “grandes elefantes” de las finanzas mundiales, con BlackRock, Fidelity, Greylock y Pimco a la cabeza. También quedó claro, cuando se fueron agrupando para negociar mejor en “clubes de acreedores”, que no se trataba solamente de “la deuda de Macri”. Ahí estaban los que venían a cobrar los bonos de los canjes kirchneristas 2005 y 2010, tirando abajo el discurso de que esa deuda no existía, ya que “nos habíamos desendeudado”.

Finalmente, y tal como se esperaba, el gobierno dio a conocer una contraoferta, infinitamente más favorable que la primera, a los pulpos acreedores. Pero estos siguen presionando, saben que pueden obtener más. En concreto, y más allá de en qué punto se termine firmando el acuerdo, la realidad es que la quita de capital será menor aún (o incluso puede no existir), se van a reconocer más intereses, se va a empezar a pagar antes de lo planteado en la oferta original y se le va a regalar a los acreedores algún “premio final” para cerrar la negociación, con forma parecida al “cupón PBI” de 2005 (por el que la Argentina se compromete a pagarle a los acreedores un extra cada año que la economía argentina tenga un crecimiento positivo). Todo terminará a pedir de boca de los pulpos, independientemente del doble discurso con que, sin duda, se lo querrá presentar. Así lo confesó una fuente de los bonistas: “Si quiere, le damos todo el crédito político a Alberto Fernández y declaramos que fuimos derrotados y que él se llevó la mejor parte” (Ámbito Financiero, 29/5).

Se asoma Templeton

Uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, Franklin Templeton Investment, había permanecido hasta ahora sorprendentemente silencioso en la renegociación de la deuda externa argentina. Finalmente, emitió un comunicado para informar que “no tiene bonos de deuda argentina bajo legislación extranjera” (lo que se está discutiendo ahora), pero al mismo tiempo agrega que sí son fuertes tenedores de deuda en moneda extranjera bajo legislación local. Claramente, se trata de una advertencia: una vez que se termine esta ronda de negociación con los buitres actuales, el gobierno de los Fernández tendrá que sentarse con Templeton y los otros pulpos tenedores de deuda “con legislación local” y ofrecerles, como mínimo, exactamente lo mismo que se está comprometiendo a pagar a BlackRock, Fidelity, Greylock, Pimco y los otros buitres actuales. Estarán en juego otros 30.000 millones de dólares.

Y todavía falta el FMI

El gobierno de los Fernández se jacta de que “ahora” el FMI es amigo de la Argentina. Con Kristalina Georgieva habría llegado, según el relato oficial, una conducción que supuestamente jugaría a favor de nuestro país en la renegociación de la deuda. Le recordamos al gobierno que no es la primera vez que el Fondo da la idea de ser “amigo” de nuestro país, lo mismo sucedía durante la era Macri, cuando la entonces directora Christine Lagarde fue invitada a cenar a la casa de quien era en aquel momento ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Esa “amistad” sirvió para que se nos endeude en 45.000 millones de dólares más. Hoy la única realidad es que el FMI ha emitido un comunicado en el que insiste en que la Argentina “se puede estirar un poco más” en su oferta a los bonistas. En pocas palabras, invita a nuestro país a cerrar el acuerdo con los acreedores privados haciendo un planteo final con mejores condiciones aún para estos pulpos.

Y, lo más importante de todo, todos estos comentarios del organismo internacional no son más que el “precalentamiento” mientras espera su turno. Después de que termine todo este capítulo con los bonistas privados vendrá la renegociación con el propio Fondo, por 49.000 millones de dólares (incluyendo intereses), donde la “amiga” Georgieva ya ha aclarado que con ellos no corre “quita” alguna.

Y, como si todo esto fuera poco, los viejos fondos buitres. ¡Así no salimos más!

Mientras tanto, y como una muestra más de que la deuda no es más que una estafa que no se termina nunca, viejos fondos buitres que quedaron fuera de los canjes 2005 y 2010 aparecieron para exigir una “cuota pendiente” de 230 millones de dólares. El estudio jurídico que se ocupa del caso argentino en Nueva York informó al juez que lleva el caso que el gobierno argentino acepta pagar a los fondos Attestor y Trinity, que reclaman esa suma con intereses punitorios de 9% anual, y que se deberá abonar en las próximas semanas.

Tal como está ilustrado todo lo que relatamos, así no salimos más. Siempre aparecerá alguien nuevo a exigir el cobro de algo. Seguiremos acumulando intereses sobre intereses. Y, lo peor, se continuará pagando hasta el infinito (y no es una exageración, tenemos deuda por los próximos cien años) esta deuda ilegal, inmoral, ilegítima e impagable, nacida en la dictadura y reconocida y aumentada por todos los gobiernos, sin excepción. Frente a la santa alianza de peronistas, radicales, PRO, “progresistas”, burócratas sindicales, cámaras patronales y gobiernos extranjeros, “todos unidos” en la afirmación de que “se pague”, nosotros, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos insistiendo en que la única salida pasa por dejar inmediatamente de pagar toda la deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos al servicio de un fondo de emergencia para atender las más urgentes necesidades del pueblo trabajador. Es eso, o hambre, miseria y ajuste permanente para nuestra generación y las futuras. 

El 27 de mayo se realizó el plenario nacional virtual del sindicalismo combativo (PSC). Miles de luchadores de todo el país siguieron los debates que analizaron la situación de los trabajadores en medio de la pandemia y el ajuste del gobierno y las patronales. Las luchas se dan en casi todas las provincias y en fábricas de decenas de gremios a pesar del pacto de la burocracia de la CGT y las CTA con la UIA y el gobierno. Las encabezan nuevos dirigentes. Es necesario apoyarlas y coordinarlas para que triunfen. También se aprobaron diferentes propuestas de medidas económicas que debemos exigir para que la crisis del coronavirus no la paguemos los trabajadores, sino los grandes empresarios, las multinacionales y el FMI. El 16 de junio una jornada nacional de lucha marcará el inicio de un plan de acción en todo el país.

El Socialista solicitó a algunos de los dirigentes participantes su opinión sobre el plenario.

Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Gran Buenos Aires Oeste, principal referente del sindicalismo combativo:

“El plenario virtual mostró que el PSC pegó un salto en cantidad y calidad. Que hayan estado presentes los representantes de la mayoría de los conflictos que hoy están en desarrollo muestra ese salto muy importante del sindicalismo combativo. Y eso se da en un marco político de abandono por parte de la burocracia sindical, que muestra el verdadero carácter que tienen estas conducciones.

El PSC tenemos que extenderlo a todo el país. Eso es claro. Y vamos a trabajar para tener una presencia que hasta ahora todavía no tenemos. El gobierno y las patronales pretenden que la actual crisis del coronavirus la paguemos los trabajadores. Y la brutal crisis económica que se avecina también querrán que la paguemos nosotros. Eso va a generar más conflictos y también, lo que es muy importante, la clase trabajadora va a empezar a sacar conclusiones sobre qué rol juegan sus direcciones sindicales y políticas.

El gran desafío nuestro es poder comprender que los luchadores que surgen en cada conflicto son nuevos compañeros que se ponen al frente de cada lucha, sin mucha experiencia, pero con la claridad de que las patronales y la burocracia sindical no son sus aliados. Además, como los integrantes del PSC, nos apoyamos en la democracia sindical, hacemos asambleas para definir los pasos a seguir, lo que le da mucha fuerza a las decisiones y medidas de acción. Por eso se acercan al sindicalismo combativo y tenemos la obligación de ayudarlos a que tengan más fuerzas para ganar las luchas y a que se coordinen, sin tratar de imponerles nada, y que sean la base de una nueva dirección de la clase trabajadora que erradique el cáncer que es la burocracia sindical peronista.   

También el plenario aprobó un programa de reivindicaciones para exigir al gobierno y las patronales, que la crisis no la paguemos los trabajadores y los sectores populares. Un programa que responde a las necesidades de cada sector integrante del PSC, obreros industriales, ferroviarios, médicos, docentes, estatales, del transporte, desocupados. Se sintetiza en la exigencia de un fondo de emergencia ya en base a impuestos a las grandes patronales, multinacionales y banqueros y no pagar un peso más de deuda externa.

Ahora tenemos que organizar el plan de acción que se aprobó, apoyar la jornada de las mujeres luchadoras por el #NiUnaMenos, el 3J. Impulsar y acompañar la jornada de lucha de los trabajadores de la salud el 10 de junio.

Y, sobre todo, coordinar en cada provincia entre todos los integrantes del PSC y los conflictos una gran jornada nacional el 16 de junio. Allí debemos darle visibilidad y coordinación a todas las luchas en curso, fortaleciendo al sindicalismo combativo como polo de referencia para los luchadores antiburocráticos y antipatronales”.

Miguel Ángel Ferreyra, secretario general de aceiteros de Tancacha, Córdoba, y prosecretario gremial de la Federación Nacional de Aceiteros.

“Me pareció muy bueno el plenario. Es notoria la cantidad de trabajadores que tienen ganas de luchar y ver que, lamentablemente, las dirigencias sindicales burocráticas, no saben ni quieren escuchar a las bases.

Creo que el PSC puede funcionar como alternativa para apoyar y ayudar con la solidaridad y la coordinación a las luchas. Y exigir a la CGT, porque sin la participación del sindicato se hace muy difícil. Salvo que logren imponer su propia representación por la fortaleza de la lucha.

Es muy importante la tarea que el Plenario Sindical Combativo hace. La de agrupar a todos esos compañeros, que hoy en día la conducciones de los gremios no han sabido representar, dejando que la patronal destruya cada vez más a la clase trabajadora”.

Fabián Lescano, delegado de la pizzería Cabildo de Morón, gremio de pasteleros.

“El plenario del miércoles pasado fue una iniciativa espectacular. Las patronales tienen mucho poder económico y las direcciones sindicales miran para otro lado. Para poder defendernos es necesario que todos los que luchamos seamos solidarios entre nosotros. Esa solidaridad nos ayudó a ganar nuestro conflicto con los dueños de la pizzería Cabildo, que nos debían dos meses de sueldo y no nos daban respuestas. Tampoco daba respuesta el sindicato. Tuvimos que juntarnos los trabajadores y acampar una semana en la puerta de la pizzería. Pero no tuvimos respuesta hasta que se empezaron a acercar otros trabajadores a darnos la solidaridad. Así logramos más relevancia y ganamos. Nos pagaron lo que nos debían y estamos todos trabajando. Por eso es muy importante llenar ese lugar vacío que dejan los dirigentes burocráticos. Y está bueno que haya quienes se estén dedicando a juntar todos los conflictos para llevar la solidaridad a cada lugar del país donde haya un trabajador luchando”.

Escribe Joel Rojo

El gobierno de Schiaretti igual que el de Fernández, busca renegociar una deuda externa provincial impagable de 172.000 millones de pesos, 95% de la cual está en dólares. Hay vencimientos en 2021 por mil millones de dólares. Por eso ajustan a trabajadores activos y a jubilados, obligándolos a romper la cuarentena, que cínicamente dicen que hay que cuidar. 

El pasado miércoles, luego de retroceder el aislamiento de la fase 4 a la 3, entre gallos y medianoche, y rodeando la legislatura con un gran operativo policial, le hizo votar en soledad al PJ, otra reforma por la cual los próximos jubilados cobrarán el 67% del sueldo de un activo. Así “armonizó” la caja de jubilaciones provincial con la nacional. Pero el ajuste empezó antes, con la suspensión sin pago de 27.000 trabajadores precarizados de los planes de empleo, como “Primer Paso” y otros. Avaló la rebaja salarial de municipales capitalinos, de Jesús María y otras localidades. Y ahora en cuarentena obliga a los estatales a tomarse vacaciones y francos que en su momento les negó. Una verdadera estafa.

Además, mientras en tiempo record resolvió y pagó el 50% del sueldo a los empleados de los grandes empresarios, todavía no les pagó a los trabajadores de salud los 5.000 pesos anunciados hace dos meses. Así podríamos seguir relatando hechos de este ajuste, que cuenta con la complicidad de la burocracia sindical.

Empezó la resistencia

Lo más importante de esta situación, es que los trabajadores comienzan a presionar a sus dirigentes obligándolos a movilizar. Hubo marchas de municipales en dos oportunidades por rebaja de salarios y de los choferes de UTA, en huelga desde hace casi un mes, por falta de pago. Los de media distancia hace dos meses que paran por lo mismo. Los docentes hicieron un “apagón” de computadoras por 24 horas y ese día se movilizaron agrupaciones de oposición como Docentes en Marcha y otras. El 25 de mayo hubo una enorme caravana de autos a lo largo de 30 cuadras, de los equipos autoconvocados de salud, que se repitieron en muchas ciudades del interior. El día del Cordobazo hubo otra gran caravana de docentes, que también se replicó en otras ciudades, otra de Luz y Fuerza y una concentración frente a la Caja de todas las agrupaciones de jubilados. Hubo paro de 24 horas de bancarios y de 48 de judiciales. El domingo 31 una enorme caravana con casi 250 autos de docentes, bancarios y el equipo de salud, concretó un bocinazo en Villa Dolores exigiendo la derogación de la reforma previsional, cosa que en general hicieron todas las luchas posteriores a su aprobación. Esto muestra que en la base hay disposición para luchar. Pero los dirigentes de los sindicatos, de las dos CGT y las dos CTA, hacen todo lo posible para no movilizar, y cuando son obligados a hacerlo, las dividen como hasta ahora, movilizando por gremio y en días distinto, o peor aún, saliendo el mismo día pero a horas y lugares diferentes. Son los cómplices fundamentales de este ajuste. Ahora más que nunca hay que obligarlos a convocar a un paro provincial y a un plan de lucha, tomando todos los recaudos de bioseguridad. Por la derogación de la nueva ley jubilatoria para recuperar el 82% para los jubilados, por un inmediato aumento salarial de emergencia, por la reincorporación de los despedidos en pandemia. Ninguna rebaja salarial. Subsidio de 30 mil pesos a toda familia que lo necesite y por créditos a tasa cero para los pequeños talleres y comercios. El dinero para todo esto debe salir del no pago de la deuda provincial y de un impuesto a los ricos y a las grandes empresas de Córdoba.