Escribe Gastón Godoy, estudiante de la UBA y dirigente de la juventud de Izquierda Socialista.

Opresión y explotación

La juventud es el sector más afectado cuando en nuestros lugares de trabajo la palabra “ajuste” acecha; somos quienes recibimos los peores salarios y siempre nos obligan a pasar por años de trabajo en negro sin derechos laborales; somos, según las propias cifras oficiales del gobierno, la mayor parte de las personas pobres de nuestro país. Sufrimos que sobre nuestros hombros se desplome la educación pública en todos sus niveles debido al desfinanciamiento permanente; jamás recibimos ningún tipo de apoyo de las instituciones educativas cuando queremos denunciar y erradicar la violencia de género; la yuta nos persigue por nuestro color de piel, gorra, o vestimenta; se nos estigmatiza por querer crecer viviendo nuestra sexualidad de forma disidente; somos quienes queremos poder ver una banda o una obra de teatro y recurrentemente nos clausuran el lugar; y para coronarlo, cada vez más vamos percibiendo que cuando nos toque envejecer
va a ser en un mundo completamente destruido por la contaminación del capitalismo.

Hoy se habla de lxs jóvenes como “millennials y centennials”, como identidades definidas por su fecha de nacimiento. Pero el hecho concreto es que la juventud antes que un rango de edad es un sector oprimido dentro de la sociedad. El  sistema capitalista y los gobiernos se paran en nuestra edad, en nuestra ubicación como estudiantes o ingresantes al mercado laboral, para explotarnos aún más. Y los derechos que se suponía teníamos garantizados, como la educación
pública, cada día se ven más bombardeados. La juventud y la niñez son una variable de ajuste permanente para los gobiernos, que sólo nos proponen más represión y baja de la edad de imputabilidad –como impulsa hoy el macrismo y antes el kirchnerismo–.

Nuestra opresión como jóvenes se combina con la explotación en nuestro carácter de trabajadorxs. Obviamente también con otras formas de opresión, si somos mujeres o de alguna identidad disidente la situación se agudiza todavía más. Ni que hablar si somos de otros países. El capitalismo utiliza lo que tenga a mano para súper explotarnos.

Rebelión

Se entiende porqué nos sobran motivos para rebelarnos, para desconfiar de los gobiernos, para estar en las calles. Pensemos que sin el peso sobre nuestras cabezas de la tradición de los partidos que gobiernan hace décadas nuestros países, y con un gran odio hacia todo tipo de burocracia, es la juventud quien patea el tablero de la política a escala mundial.

Repasemos los últimos años

Pensemos en la juventud del Estado Español que copó la Plaza del Sol en 2012. Desde ahí en adelante en ese país nada volvió a ser lo mismo para el régimen político que venía desde la dictadura franquista. Pensemos en la juventud egipcia que, inspirada por lo que pasó en Madrid, copó la Plaza Tahrir y no paró hasta que cayó la dictadura. Pensemos en el joven tunecino que se inmoló porque no encontraba cómo sobrevivir económicamente en su país y con su muerte desató la Primavera Árabe. Fueron las jóvenes de Argentina, con las secundarias a la cabeza, las que primero salieron en el 2015 por #NiunaMenos, dando un ejemplo para el mundo entero, y luego siguieron hasta ganar en las calles el debate por la legalización del aborto con sus pañuelos verdes. Son jóvenes quienes se levantan en Nicaragua y Venezuela contra dos gobiernos que se dicen de izquierda pero son una de las caras más brutales y represivas del ajuste capitalista y el saqueo de los recursos naturales de los países atrasados. Los chalecos amarillos que cada sábado se enfrentan con la policía en las calles de Francia son en gran medida jóvenes. Son estudiantes de educación media europea quienes estuvieron organizando paros y movilizaciones estudiantiles contra el calentamiento climático. Pero al imperialismo también le preocupa otra cuestión. En EEUU el 51 por ciento de las y los jóvenes entre 18 y 29 años tiene una imagen positiva del “Socialismo”; un tercio de la juventud francesa votó en las últimas elecciones por candidatos de la izquierda revolucionaria. Datos a lo largo y ancho del mundo van en ese sentido. Desde el apoyo masivo al FIT en la Argentina por parte de la juventud; hasta estudiantes de colegios secundarios que hace meses en China protestan contra su gobierno dictatorial, argumentando que leyeron cosas de Marx y que no tienen nada que ver con lo que ese gobierno hace. Parte de la inestabilidad política que reina a nivel mundial la explica la juventud: yendo y viniendo en busca de nuevas representaciones políticas y ejerciendo con su accionar una crítica implacable a todos los partidos tradicionales.

Organizar la rabia contra el capitalismo y sus gobiernos

La potencia en la lucha de la juventud combate mejor que nada el escepticismo de que el capitalismo “va a durar para siempre y no se lo puede derrotar”. Pero es necesario dar grandes discusiones políticas para poder direccionar los golpes que se dan hacia los pilares de este sistema de hambre y miseria. Muchas veces se dan discusiones, por ejemplo, en procesos de lucha como la defensa de la educación pública o contra la violencia patriarcal, y aparecen quienes dicen que no es necesario “politizar” demasiado las discusiones porque eso podría dividir, o que es necesario hablar únicamente de los “problemas más inmediatos” y no perder tiempo hablando de las causas de fondo, o que la militancia partidaria es una pérdida de tiempo porque toda la política es corrupta. También aparecen quienes, por otra vía, nos dicen que no es tan necesario luchar porque votando a tal o cual candidato de un partido patronal los problemas se resuelven. La Juventud de Izquierda Socialista discute contra esas ideas ante las nuevas generaciones que salen a la lucha. Planteamos que es muy importante luchar por reivindicaciones parciales e inmediatas, pero para que los triunfos se consoliden y sean duraderos, debemos ligarlos a la pelea por transformaciones de fondo y por el poder político que hoy tienen los capitalistas.

Ellos utilizan cada paso atrás de la movilización para arrebatarnos derechos, y esto será así hasta que logremos arrebatarles el gobierno. En Argentina no se puede terminar con el desfinanciamiento educativo sin romper con el FMI y reorganizar nuestro país para terminar con décadas de destrucción de la capacidad productiva. No se puede luchar a fondo contra la violencia machista sin quitarles el poder a las instituciones que sostienen al patriarcado: los partidos patronales, el Estado y la iglesia. Necesitamos pelear contra por transformaciones de fondo. Porque en definitiva es importante politizarse para entender cómo se relacionan cada uno de los problemas que padecemos, y que es imposible realmente cambiar esta historia sin quitarle el poder a los capitalistas, quitarles a las multinacionales imperialistas los principales resortes de la economía nacional, para que gobiernen la clase trabajadora y los sectores populares. Si queremos otro país en el que vivir, la juventud tiene que pelear para que gobiernen quienes nunca gobernaron y no porque vuelvan a repartirse el poder los mismos de siempre. Esa es la perspectiva para la que trabajan Izquierda Socialista y el FIT.
Todos los días peleamos codo a codo en nuestros lugares de trabajo o estudio, en los barrios y en elmovimiento de mujeres, con miles de jóvenes con quienes compartimos asambleas, marchas, cortes de calle y acciones de todo tipo. Nos une el respeto mutuo y la voluntad de triunfar en las peleas que encaramos. Por eso, queremos invitar a quienes lean La Rabia a que den un paso más: militar en un partido revolucionario, como lo es Izquierda Socialista.

Sabemos que existen muchos prejuicios al respecto: si somos otra burocracia, qué posibilidad hay de dar discusiones internas, cómo funcionamos, si para militar hay que abandonar todo lo que uno hace de su vida personal, etcétera. Una buena parte de esas dudas genuinamente se construyeron por la imagen que dejaron de la militancia en la izquierda los partidos comunistas-estalinistas que fueron una burocracia contrarrevolucionaria. Pero nuestra organización es lo opuesto. En Izquierda Socialista cada cual aporta en la medida de sus posibilidades; debatimos y podemos criticar la política del partido y proponer otra, y luego todxs salimos a golpear como un solo puño con lo que definimos de conjunto; votamos en congresos democráticos a quiénes deben tomar mayores responsabilidades; nos financiamos de manera transparente a través del aporte de militantes y no a través de inexplicables “bolsos” que vienen del Estado u empresarios; y a todxs nos une saber que en cada lugar donde cualquier militante de nuestro partido interviene lo hace al servicio del programa que juntxs defendemos. Por sobre todo, además de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, construimos la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional, porque el capitalismo es un sistema mundial y a escala mundial hay que combatirlo para pelear por el Socialismo. Como decía El Che, queremos construir una juventud que sea siempre capaz de sentir en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo.

Editorial

A medida que pasan las semanas, vemos cómo van aumentando los contagios de coronavirus en nuestro país. Los casos se multiplican en los barrios populares, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del conurbano. 

Hay una enorme preocupación en la clase trabajadora y los sectores populares. Miedo al contagio de todos los que están obligados por las patronales a ir a trabajar, con altísimo riesgo en el transporte público, o en los propios lugares de trabajo donde, como le sucede a los trabajadores de la salud, se sigue careciendo de elementos para garantizar las condiciones de seguridad necesarias. Pero también inquieta ver cómo los gobiernos nacionales y provinciales ceden a las presiones patronales habilitando la apertura de más actividades. Preocupa ver cómo se acaba la plata por las reducciones salariales, el aumento de los despidos y las suspensiones, o la inflación, que sigue golpeando sobre los precios de los productos de la canasta familiar.

Es que entre el gobierno de Fernández, las patronales y la burocracia de la CGT se ha gestado un pacto para llevar adelante un auténtico ajuste sobre las espaldas del pueblo trabajador. Sin embargo, y aun en medio de la cuarentena, los trabajadores resisten. Y muchas veces ganan. Así lo vimos con la impresionante lucha de los mineros de Andacollo, en Neuquén, que lograron un gran triunfo frente a la multinacional minera yanqui Trident Southern Explorations. O con la victoria de los obreros de La Nirva y de Fadete. A esto tenemos que sumarle las constantes denuncias que siguen manteniendo los trabajadores de la salud en todo el país mientras siguen en la primera fila de la pelea contra la pandemia. En Córdoba una caravana de autos de diez cuadras de extensión se manifestó para repudiar el intento de criminalizar a dos médicos como responsables de muertes por coronavirus en un geriátrico de la ciudad de Saldán. En la ciudad de Buenos Aires también hubo una enorme reacción frente al contagio por Covid-19 sufrido por el jefe de Enfermería del hospital Fernández. 

A todo esto, tenemos que sumar otros conflictos que crecen y se extienden. Hay varias e importantes luchas en la provincia de Córdoba. Allí, a la de los choferes de UTA se agregó una auténtica rebelión ante el ajuste a las jubilaciones, votado entre gallos y medianoche, impulsado por el gobernador peronista Schiaretti. Pelean y son reprimidos los municipales de Pico Truncado en la Santa Cruz de Alicia Kirchner. En Chubut se movilizan los trabajadores textiles y de la pesca, confluyendo con estatales y docentes que desde hace meses pelean contra el ajuste provincial. Todo esto es solo una muestra de distintos sectores de la clase trabajadora que, pese a la cuarentena, están saliendo a luchar.

El gobierno, las patronales y la burocracia de la CGT están jugados a hacer pasar este ajuste. Quieren que la crisis la paguen los trabajadores. Mientras las empresas reciben subsidios multimillonarios que financian hasta los sueldos de los gerentes de empresas como Techint o Clarín, del otro lado se vuelve a ajustar a los jubilados con un “aumento” con el que, esta vez, pierden todos, sin excepción, hasta los que cobran la mínima. Sigue la negociación de la deuda externa con un gobierno que, cada vez más claramente, dice que está dispuesto a “mejorar” su oferta, léase pagarle más a los pulpos acreedores a costa del hambre del pueblo.

Mientras tanto, la semana pasada vimos, con preocupación, cómo las prácticas más repudiables del aparato represivo siguen presentes en el actual gobierno. Los mineros de Andacollo fueron espiados por personal de inteligencia de Gendarmería Nacional, una forma de actuar que nos recuerda lo que hacía y reivindicaba la ex ministra de Macri Patricia Bullrich cuando asesinaron a Santiago Maldonado. Días después se produjo en Tucumán la desaparición y posterior aparición del trabajador Luis Espinoza asesinado por la policía del gobernador peronista Manzur.

Las luchas, que van en aumento, nos marcan el camino, es posible derrotar el ajuste. No es casual que en todos los casos las posibilidades de pelear y ganar se dan cuando hay direcciones que se oponen o son independientes de la burocracia entreguista de la CGT. Por eso está planteada una tarea impostergable, rodear de solidaridad esas luchas, no dejarlas aisladas, coordinarlas para que se ganen y fortalecer a los nuevos activistas que surjan. Y pelear por lo más necesario, una nueva dirección para la clase trabajadora. 

Ese es el objetivo central de la reciente reunión del Plenario del Sindicalismo Combativo. Un paso muy importante, un hecho inédito que se haya realizado este plenario virtual de luchadores en medio de la cuarentena. Además de los ferroviarios del Sarmiento, el Sutna, Ademys, los Suteba combativos, los Ceramistas de Neuquén, entre otras direcciones que ya pertenecían al Plenario, ahora se incorporaron compañeros que participan de más de sesenta conflictos a lo largo del país. Esto muestra la importancia de la unidad de los luchadores y de ampliarla cada día más. El plenario, entre otras importantes definiciones, votó la realización de una jornada nacional el próximo 16 de junio, que debemos apoyar con todo para que sea exitosa.

La pelea está planteada. ¿Quién va a pagar la crisis del coronavirus? Nosotros, desde Izquierda Socialista y el Plenario del Sindicalismo Combativo insistimos: la tienen que pagar los capitalistas, los banqueros, los pulpos acreedores de la deuda externa. Los trabajadores y los sectores populares defendemos una cuarentena sin hambre, sin despidos ni rebaja salarial. Para eso es necesario conformar un gran fondo de emergencia que atienda las necesidades sanitarias, pero también las urgencias sociales. Financiarlo requiere de un impuesto a las grandes fortunas y empresas. Impuesto que, hasta hoy, el gobierno no solo no presentó un proyecto en el Congreso, sino que incluso los diputados votaron en contra del tratamiento del único existente, el del Frente de Izquierda Unidad. Pero también se imponen la suspensión inmediata del pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI. Aquí está la plata para atender las más urgentes necesidades populares. Pelear contra el ajuste, apoyar todas las luchas y postular este programa es la tarea que tenemos planteada.

Escribe Diego Martínez

Habrá otra sesión esta semana. Se hará para tratar la “ley de economía del conocimiento”, sancionada en abril de 2019 y suspendida a fines del año pasado que, ahora, el peronismo en acuerdo con Juntos por el Cambio, busca reflotar. En su momento, el Frente de Izquierda fue el único bloque que se opuso a esta ley que otorga beneficios fiscales a los grandes pulpos del sector informático, entre ellos Marcos Galperín, propietario de Mercado Libre, cuya fortuna personal asciende a 1.600 millones de dólares. Una vez más el gobierno es muy rápido para dar tratamiento “express” a una ley que favorece a los de arriba, pero el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas sigue sin tratarse.

¿Qué pasa con el proyecto de impuesto a la riqueza?

Carlos Heller, uno de los supuestos artífices de la iniciativa, dice tener el proyecto listo hace tres semanas. También afirma contar con el número para que la ley sea sancionada, para lo cual se necesita el voto de 129 diputados. El oficialismo cuenta con 119 y el apoyo del sector del radicalismo liderado por Ricardo Alfonsín y el de otros diputados. ¿Por qué siguen entonces dilatando hasta el infinito la presentación? 

El gobierno no quiere chocar con las grandes patronales y las multinacionales. Busca presentar un proyecto “digerible” para las grandes empresas y contar con el  mayor aval posible de parte de la oposición patronal. Hay sectores de Juntos por el Cambio que se oponen tajantemente al proyecto, pero también dentro de las filas del propio gobierno peronista. Según trascendidos, el ministro de Economía Guzmán considera al proyecto “irritable” para el empresariado (Clarín,12/5/2020), además de considerarlo “simbólico”. Lo que presentarían Heller y compañía supone una recaudación de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, que lejos está de los 20.000 millones de dólares que proponía quitarle a los ricos el proyecto del Frente de Izquierda Unidad, cuyo tratamiento en el Congreso fue denegado cuando el peronismo se unió con Cambiemos para votar en contra. El monto que propone el gobierno sería insuficiente, pero se sumaría a los 10.000 millones de dólares que dispone para tratar la crisis de la pandemia, de los cuales hasta ahora gastó poco más de 5.000 millones.

Sectores empresariales vuelven a la carga con la idea de que el proyecto de ley, tal cual estaba planteado originalmente, podría considerarse “confiscatorio y violatorio de la propiedad privada” por superponerse con el impuesto a los bienes personales. Tomando como excusa estas versiones, el gobierno busca el diálogo con el empresariado y la oposición para suavizar el ahora denominado “aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia”. De forma vergonzosa, algunos sectores insisten con tomar el impuesto como un crédito a cuenta del futuro pago de aportes patronales, o como anticipo al impuesto a las ganancias, una verdadera burla. 

Una sugerencia novedosa la habría aportado Roberto Lavagna (de muy buen diálogo con Fernández), quien  propone dirigir la recaudación del “aporte” no al sistema de salud, como plantea el gobierno, sino a las pymes (La Nación, 25/5/2020). Nosotros venimos sosteniendo la implementación de un verdadero impuesto a la riqueza como parte de un fondo de emergencia, en primer lugar para fortalecer el sistema de salud, para proteger a los trabajadores y sectores populares de la pandemia, y también para solucionar la crisis social otorgando un verdadero ingreso familiar, a cobrar en tiempo y forma mensualmente, de 30.000 pesos. Más allá de esa diferencia lo de Lavagna es una trampa. El término “pyme” es demasiado amplio. Abarca desde pequeños comerciantes que no tienen empleados hasta grandes empresas con más de un centenar de trabajadores. Estamos a favor de que se tomen medidas para morigerar la crisis de los pequeños comerciantes, pero no de que se utilice la necesaria ayuda a estos sectores como excusa para subsidiar a grandes empresas y multinacionales, algunas ligadas a la principales corporaciones nacionales y extranjeras que operan en nuestro país, como es el caso de tercerizadas que tienen “espalda” para soportar la crisis.

Llegó la hora de tocar a los que más tienen

El presidente Alberto Fernández declaró esta semana que “lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país muy injusto” (Télam, 26/5/2020). Si es consecuente con sus palabras debería dejar de lado las negociaciones con las grandes patronales e imponer un verdadero impuesto a las grandes fortunas que revierta, aunque sea parcialmente, esa situación. Mientras las grandes patronales patalean por no querer pagar un impuesto que implica, en la propuesta del gobierno, como mucho, unos 4.000 millones de dólares, los trabajadores contribuimos en forma mayoritaria con el IVA, el impuesto que más aporta a la recaudación del Estado.  Este impuesto en 2019 generó el 30% de la misma, le siguió seguridad social, con 23%, y luego el mal llamado “impuesto a las ganancias”, con 21%, que en realidad en gran parte lo pagan los propios trabajadores con el robo del impuesto al salario del trabajador (El Cronista 3/1/2020). Mientras las grandes empresas y las multinacionales sacan miles de millones de dólares del país para ponerlos en cuentas ocultas en el extranjero y la renta financiera no paga impuestos, la mayor parte de la recaudación impositiva del país recae sobre los hombros de los trabajadores. Es hora de que se toquen los intereses de los que más tienen: las grandes empresas nacionales y multinacionales, los bancos y los terratenientes que viven amasando ganancias multimillonarias desde hace décadas. Seguimos luchando por un fondo de emergencia basado en el no pago de la deuda externa y en un verdadero impuesto a las grandes fortunas. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

Las grandes empresas se llenan los bolsillos con los jugosos subsidios que les otorga el gobierno, como reconoció la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos. Al mismo tiempo rebajan los salarios, siguen las suspensiones y los despidos y continúan subiendo los precios de los productos de primera necesidad. ¿Cómo se debería responder a esto?

Escribe Adolfo Santos

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad estamos absolutamente en contra de beneficiar a las grandes empresas mientras se rebaja 25% el salario de los trabajadores. La anunciada prioridad hacia los más vulnerables no pasó de buenas intenciones. Los grandes empresarios especulan con la pandemia y presionan todos los días para recibir más fondos de parte del Estado con la excusa de que así podrán “continuar produciendo y evitar los despidos”. Increíblemente, en estas operaciones ya se han descubierto una gran cantidad de fraudes. Denuncias de abogados laboralistas dan cuenta de que las empresas informan jornadas laborales mayores para que el Estado les cubra una porción más grande de los salarios. De esta forma, el subsidio supera más del 50% de los sueldos. Incluso se utilizó este dinero para pagarle a los gerentes de grandes corporaciones. ¡Un escándalo!

El domingo 24 empapelaron la ciudad con afiches que dicen “Salarios 50% pagados por el gobierno nacional”. Es una vergüenza que, en vez de gravar a las grandes fortunas para crear un fondo de emergencia como reclamamos desde el FIT Unidad, el gobierno esté subvencionando a más de 250 empresas de primer nivel, muchas de las cuales han despedido o suspendido trabajadores durante la cuarentena, y que además poseen inmensos patrimonios. Hay que exigirles que acaten la ley que prohíbe despidos y suspensiones, que se hagan cargo con sus patrimonios, construidos con el esfuerzo de los trabajadores, que mantengan las fuentes de trabajo y que retrotraigan los precios al inicio de la cuarentena.

Es inexplicable que empresas como el Grupo Clarín, Techint –del multimillonario Paolo Rocca–, la cerealera Vicentin, acusada de estafas contra el Estado, o las multinacionales Scania o Volkswagen accedan a subsidios solo demostrando que sus ventas de abril cayeron levemente con respecto al año pasado. Así es fácil ser capitalista. Como dijo Juan Carlos Giordano, diputado electo por el FIT Unidad: “A estos ladrones de guante blanco habría que aplicarles el impuesto a la riqueza en vez de que Alberto Fernández les pague la mitad de los salarios”.

Pero esto no es más que doble discurso. Lo que sucedió en realidad es que el gobierno ha sido el garante de la rebaja salarial entre la burocracia sindical y la UIA, le sigue robando a los jubilados con el miserable reajuste de apenas 6% y continúa sin dar asistencia alimentaria y de infraestructura adecuada a las comunidades que sufren más carencias. 

Durante la cuarentena no hubo ninguna sanción para los grandes empresarios que violaron los decretos que prohíben los despidos y las suspensiones, para los grandes formadores de precios que abusaron con los aumentos de los productos de la canasta familiar, o para los que están cometiendo fraude con los subsidios otorgados por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). La propia diputada Vallejos, tras reconocer los enormes recursos que terminan subsidiando a las grandes empresas, propuso como “compensación” que el Estado reciba acciones y cargos en los directorios de esas empresas. Eso no es ninguna salida, ni ninguna novedad. Hoy en día ya existen más de cincuenta directores en las que el Anses, por ejemplo, tiene acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Muchos de estos directores fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri, donde, con la excusa de representar “al Estado” en estas empresas privadas, se embolsan jugosas remuneraciones sin que nada de eso haya mejorado la situación de los trabajadores.

Tenemos que terminar con el doble discurso. Hay que prohibir las suspensiones y los despidos y que toda empresa que viole esta disposición o cierre sea estatizada y puesta a funcionar bajo gestión de sus trabajadores. ¡Basta de rebajas salariales! Hace falta un aumento de emergencia para todos, así como un ingreso real, de al menos 30.000 pesos, para los sectores populares que hoy no lo tienen. Se deben congelar los precios de los productos de la canasta familiar y a toda empresa que viole el control de precios o acapara hay que sancionarla con todo el peso de la Ley de Abastecimiento. Se trata, en definitiva, de que sean los capitalistas, las grandes fortunas, los banqueros, los que paguen la crisis, no el pueblo trabajador.  

Escribe Martín Fú

El gobierno nacional ha prorrogado por quinta vez la cuarentena iniciada el 20 de marzo, esta etapa será hasta el 7 de junio. La hace porque los casos de Covid-19 se multiplicaron en las últimas semanas a un ritmo vertiginoso y aumentan los riesgos de contagios. No es una novedad, el “pico de la pandemia” es esperado por los expertos para el mes de junio.

Hoy vemos como los contagios crecen exponencialmente en los barrios más vulnerables. Primero fueron las villas de la Ciudad de Buenos Aires (Padre Mugica, ex villa 31 de Retiro, villa 1-11-14). Ahora apareció un brote masivo en Villa Azul (zona sur del conurbano bonaerense), con serio riesgo de extenderse sobre la vecina y mucho más grande Villa Itatí. Quedó a la vista la falta de atención sanitaria, de los más elementales recursos de infraestructura (agua potable, cloacas, baños en las viviendas) y del acceso a comida y elementos de limpieza e higiene para los habitantes de estos barrios. Que se suma al hacinamiento y al drama que viven los que tenían necesariamente que salir a trabajar de cualquier modo, para conseguir unos pocos pesos en la máxima precariedad. Los gobiernos de Kicillof y Larreta, y, por sobre todo el gobierno peronista nacional de los Fernández, son los responsables de esta realidad. A la que en el caso de la Villa Azul se le ha respondido peligrosamente actuando con el aparato represivo, creando un “ghetto” de pobres, e incluso estigmatizando y “culpando” a los vecinos.

La conjunción de pobreza y virus parece ser un cóctel explosivo que pinta la situación social, donde el ajuste y la crisis económica heredada y reciente revelan la radiografía de la realidad, lo que tienen que soportar los sectores más desprotegidos y postergados. En Villa Azul, donde se ha dado una explosión de contagios, la principal decisión del gobernador Kicillof fue “aislarla”. ¿Pero cómo se puede controlar  una pandemia en barrios donde miles no tienen acceso al agua y pasan hambre? En el barrio Padre Mugica (ex Villa 31) de la Ciudad de Buenos Aires, donde los contagios crecen, los vecinos tienen que salir a la periferia a buscar agua porque hace años los gobiernos de Larreta y el nacional le vienen negando una infraestructura de agua corriente que pueda satisfacer las necesidades de los cuarenta mil habitantes, mientras garantizan el agua para la terminal de micros, su lavadero o McDonald’s.

A todo esto tenemos que sumarle que a medida que se van incrementando los casos, la cuarentena se flexibiliza y más trabajadores tienen que volver a sus puestos a pesar de tener rondando el virus en sus barrios y el peligro de contagio en el transporte público o en los propios lugares de trabajo. Esta es la consecuencia de la presión de las patronales y de las “autorizaciones” para funcionar que se lanzan desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Se vienen las semanas más duras, con aumento de los contagios. Es más necesario que nunca defender la cuarentena. No podemos permitir que se sigan abriendo actividades, priorizando las ganancias de las patronales por sobre la salud de los trabajadores. Mucho menos que se continúe con los despidos, las suspensiones y las reducciones salariales, avaladas por el pacto entre la CGT, la UIA y el gobierno. 

Pero para que podamos cumplir con el aislamiento, hay que resolver el drama económico que acecha a las familias trabajadoras. El 80% de ellas están endeudadas. En los barrios populares faltan comida y elementos de limpieza e higiene básicos. Los  precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo. Y todo esto mientras los contagios entre los trabajadores de la salud van en aumento y muestran cómo este sector, esencial, no tiene las garantías mínimas cubiertas ni los recursos necesarios. Las promesas de bonos tampoco se han concretado. Las ayudas económicas para los trabajadores con menores ingresos, monotributistas o sectores populares son escasas. Los 10.000 pesos que otorga el gobierno ni siquiera han llegado a todos y son absolutamente insuficientes. Los jubilados han sido “ajustados” una vez más.

Estamos en una emergencia. Tenemos que garantizar la cuarentena, mucho más en las próximas semanas. Que efectivamente se prohíba todo despido o suspensión. El gobierno nacional tiene que responder a todos los requerimientos para que se pueda sostener el aislamiento social.  Es necesario plata para todos los recursos necesarios del sistema de salud: más respiradores, más camas, más elementos básicos de higiene, más puestos para trabajadores de la salud con salarios dignos. Pero también para resolver la emergencia social: hay que asegurar comida para los barrios populares y un ingreso mínimo para todos los que lo necesiten, que no puede bajar de 30.000 pesos. Para llevar todo esto adelante volvemos a insistir en la necesidad urgente de crear un fondo de emergencia, financiado con un impuesto especial a las grandes fortunas y las riquezas de las mayores empresas del país y con el no del pago de la deuda externa.