Escribe José Castillo

Ganó notoriedad el “salto” pegado por los cinco diputados radicales que, después de haber votado a favor la Ley Jubilatoria, se reunieron con Milei, se sacaron fotos y pasaron a votar en contra. Algunos dirigentes de la UCR los acusaron de traidores a la “tradición popular del radicalismo”, un partido que, supuestamente, tendría en sus banderas “la defensa de los jubilados” o de “la educación pública”, por citar otro tema.

Pero la realidad histórica marca otra cosa. Podríamos  retrotraernos a un radicalismo que, ya en época de Hipólito Yrigoyen masacró obreros en la Semana Trágica (1919) o en la Patagonia Rebelde (1922). O que más tarde encabezó la pro-yanqui Unión Democrática en 1946, o promovió el golpe gorila de 1955.

Pero vamos a concentrarnos en el radicalismo “moderno”, el de 1983 a esta parte. Fue el que, con Alfonsín, prometió que “con la democracia se come, se cura y se educa”, para terminar hambreando al pueblo, tras reconocer la deuda de la dictadura y poner en marcha los planes de ajuste del FMI, que terminaron llevando al desastre de la hiperinflación de 1989. El mismo Alfonsín que, en el terreno de los juicios a los militares genocidas, promulgó las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida.

Fue el radicalismo también el partido, ahora de “oposición”, que le dio los votos al menemismo, los que abrieron el camino a las privatizaciones de los ´90. Y que luego, con Alfonsín a la cabeza, firmaron el llamado Pacto de Olivos, el que le garantizó la reelección a Menem. Por todo eso, la UCR perdió en 1995 su condición de segunda fuerza política, a manos del Frepaso.

Los radicales, rescatados justamente por el Frepaso, formaron parte de la Alianza, con la que volvieron al gobierno en 1999. Fue la presidencia del radical De la Rúa, el mismo que, tras ajustar al pueblo como nunca, terminó trayendo de vuelta a Cavallo, el ministro de Economía de Menem, y que terminó echado en la insurrección popular del Argentinazo de diciembre de 2001.

A partir de allí los radicales llegaron a su mínima expresión: en la elección de 2003 su candidato, Leopoldo Moreau (hoy ferviente kirchnerista) sacó apenas el 2,34% de los votos, el número más bajo jamás obtenido por el histórico partido. De la UCR salieron, en esos años, Elisa Carrió, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, formando cada uno su propio partido.

De ahí en adelante, hubo radicales en el primer gobierno de Cristina (su vice fue Julio Cobos). Luego se incorporan a Juntos por el Cambio, dándole la extensión nacional al PRO (entonces una fuerza limitada a la Ciudad de Buenos Aires) que le permitió a Mauricio Macri llegar al gobierno e implementar su propio ajuste.

El año pasado, hubo radicales tanto en las listas de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich. De ahí sale Luis Petri, el actual ministro de Defensa de Milei. Del otro lado, tenemos a Martín Lousteau, actual presidente del partido, el mismo que en 2008 fue el ministro de Economía de Cristina Fernández cuando se dio la crisis de la Resolución 125.

Con todos estos antecedentes, no nos debe llamar la atención la conducta de estos cinco diputados radicales tránsfugas. No es más que un nuevo capítulo de un viejo partido patronal, ya en su máxima decadencia y descomposición. Que obviamente, no tiene absolutamente nada para ofrecer al pueblo trabajador. 

Escribe Adolfo Santos

Al finalizar la votación, como ya es habitual, se produjo la represión de Patricia Bullrich, que una vez más se regodeó pegándole y persiguiendo a las y los jubilados, periodistas y todo el que se le pusiera adelante. Hubo tres detenidos y una docena de heridos, entre ellos una niña de diez años a la que rociaron cruelmente gas pimienta en su rostro a menos de un metro de distancia. Esto fue seguido de una escandalosa afirmación de la ministra Patricia Bullrich: que la niña rociada con gas pimienta lo había sido por los propios manifestantes, fake news que a la noche repitió la viceministra de seguridad en diversos medios presentando imágenes que nada tenían que ver con los hechos. Sin embargo, a la mañana siguiente, aparecieron las verdaderas imágenes demostrando claramente a través de videos, que quien había llevado adelante ese hecho aberrante habían sido las fuerzas represivas. Un verdadero escándalo que llevó a un cruce entre Bullrich y el periodista de LN+, Eduardo Feinmann, un clásico periodista de derecha que había agitado la mentira la noche anterior, a cruzar a la propia ministra, pedir su renuncia y decir que sus afirmaciones eran mentira. Como era de esperar, al día siguiente Feinmann retrocedió y pidió disculpas a Bullrich retomando su papel de periodista oficialista. Un verdadero escándalo, tanto la agresión a una niña, como las mentiras para zafar de la responsabilidad de una ministra que avala los brutales métodos de las fuerzas represivas y que ha transformado cada protesta en un escenario de guerra para meter miedo, reprimir y perseguir a las y los que luchan. Desde Izquierda Socialista, adherimos al proyecto de resolución presentado por nuestra diputada Mónica Schlotthauer, junto a la bancada del FIT-Unidad, exigiendo la inmediata destitución de la ministra Bullrich y demás responsables del “descomunal operativo represivo desplegado el día 11 de septiembre […]”  

 Escribe Mariano Soria

El pasado jueves 12, Pullaro y el Frente “Unidos” (UCR, el Partido Socialista y el PRO) aprobaron una reforma integral del sistema de jubilaciones de los empleados del Estado de la provincia de Santa Fe, las empresas públicas y la mayoría de los municipios. Lo hicieron en medio de denuncias de una votación “trucha” y reprimiendo a quienes estábamos en la puerta de la Legislatura. Es un nuevo ataque, sumado a la eliminación de la paritaria, el presentismo y a los descuentos por días de paro.

Pullaro aprovechó su control de las dos cámaras de la Legislatura, algo poco habitual en Santa Fe. Y cuenta con un peronismo dividido y repudiado, luego del lamentable gobierno de Omar Perotti, junto al no menos desastroso gobierno de Alberto y Cristina. Gobiernos a los que las conducciones burocráticas de los sindicatos apoyaron hasta el último día. Incluso algunos se callaron frente a la reforma, como ATE Provincial (conducida por la Verde y Blanca), UPCN, Luz y Fuerza y Aguas Santafesinas. De esta forma, Pullaro se muestra como un personaje que “pone orden”, incluso reprimiendo fuertemente, y es capaz de hacer el ajuste a fondo, y mejor que el propio Milei. Instalando una reforma constitucional provincial para el año próximo que le habilite la reelección, o incluso a una posible postulación presidencial en 2027.

La reforma de Pullaro (como Milei y su motosierra) termina con los regímenes específicos y el 82% móvil. Ambos gobiernos atacan también, las condiciones laborales de las mujeres, en primer orden, subiendo la edad jubilatoria. En primer lugar, se terminó con la enorme conquista para la docencia, que significa poder jubilarse a los 57 años las mujeres y a los 60 los hombres, ya que solo excepcionalmente se podrá mantener esa posibilidad. El compensatorio 2x1 (dos años de aportes por uno menos en edad) es eliminado. Esto generará que la juventud no acceda a la estabilidad laboral en tiempo y forma, habrá menos horas y cargos disponibles para su ingreso. Tampoco serán consideradas las cifras no remunerativas para el cálculo de la jubilación.

En el ámbito educativo esto es desastroso para las relaciones pedagógicas y de enseñanza. Docentes de nivel inicial, de los primeros grados o de la modalidad especial, afectadas a dar clases hasta los 60 años o más; en el nivel secundario trabajando en varias escuelas y con decenas de estudiantes, con una distancia generacional enorme. Y una barbaridad extender la edad de trabajo de compañeras docentes, que cargan con el mandato patriarcal de las tareas de cuidado de los hogares.

En términos generales, esta reforma establece un cambio en el sistema de cálculo del haber inicial, reduciéndolo, y una pérdida en cuanto a la movilidad jubilatoria, que pasa a ser a los sesenta días de los aumentos a los activos. Además de más descuentos de aportes personales, y a ingresantes y trabajadores que obtengan un ascenso de categoría.

Mientras tanto, Pullaro festeja el superávit de 160.311 pesos en el primer semestre. Además reconoce que la Nación le debe 700 mil millones de pesos. Por otra parte el impuesto inmobiliario rural a los grandes terratenientes es insignificante en la recaudación provincial, igual que Ingresos Brutos a las Cerealeras exportadores. Hay que imponerles fuertes impuestos para cubrir el déficit. Que se deje de pagar la deuda externa, y de beneficiar a las multinacionales. Por otra parte, cargos políticos, diputados, senadores, Jueces y la Policía deben estar fuera de la Caja, porque por los montos de sus jubilaciones, es imposible que se financien con los aportes de docentes, asistentes escolares, médicos o enfermeros.

Por eso es fundamental que la Caja esté administrada por las y los trabajadores, para saber cuál es el déficit real. Necesitamos que todos los sindicatos estatales (pero también la CGT y las CTA) dejen de mirar para otro lado, y enfrentemos esta reforma con un paro provincial y un plan de lucha, para derogarla.