Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El pasado 11 de julio seis diputadas y diputados de la Libertad Avanza visitaron a peligrosos genocidas en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Esos militares asesinos están condenados a cadena perpetua por enormes violaciones a los derechos humanos, entre ellos Alfredo Astiz, Raúl Gulielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda. Esto no puede quedar en la impunidad.
 
El escándalo fue mayor cuando se supo que estos denominados “representantes del pueblo” usaron una combi proporcionada por el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem ahora intenta deslindar responsabilidad diciendo que la visita fue por “cuestiones personales”, mientras hay pedidos de que se conforme una comisión investigadora y haya sanciones concretas.

El revuelo impactó en propios y extraños. Hubo críticas hasta de representantes del bloque libertario y políticos amigables del gobierno. ¿Quiénes son las y los diputados que fueron? Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.

Benedit y Ferreyra ya habían ido a visitar a otros genocidas a la cárcel VIP de Campo de Mayo el 15 de marzo, donde los milicos allí alojados cuentan con televisores y cancha de tenis. Entre ellos está el ex capellán de la Bonaerense, Christian Von Wernich, condenado a prisión perpetua por el asesinato de siete personas y más de cuarenta secuestros. ¡Qué bendito capellán!

También visitaron esa cárcel dos funcionarios del Ministerio de Defensa comandado por Luis Petri, quienes fueron, según ellos, a cumplir una tarea que les compete, “observar el estado de las instalaciones”. Algunas versiones señalan que se llevaron un boceto de decreto para liberar a los militares.

A esta altura, con tantas pruebas, hay que hablar sin duda de una “política de Estado” por parte de este gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villarruel para intentar salvar a estos monstruos.
 
Quién es Astiz

Entre los genocidas visitados hay uno emblemático: Alfredo Astiz. Alias el “Ángel de la Muerte”, se infiltró en el grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo haciéndolo desaparecer, igual que a dos monjas francesas, siendo condenado por esto último en ausencia en Francia.

Si bien fue beneficiado por las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida de Raúl Alfonsín, luego fue condenado a perpetua por su actuación en la ESMA, el mayor centro clandestino donde pasaron más de cinco mil personas, muchas de las cuáles fueron arrojadas al Río de la Plata en los denominados vuelos de la muerte.

En 2011 y en 2017, Astiz recibió sentencia por los delitos de privación ilegítima de la libertad (647 hechos), tormentos (651), homicidio (32), sustracción, retención u ocultamiento de un menor de diez años (15), entre otros delitos de lesa humanidad.

Astiz fue declarado “héroe de Malvinas” por quienes lo visitaron. Pero resulta ser que este cobarde, al mando del grupo Los Lagartos, se rindió sin tirar un tiro ante los ingleses, mientras en enero de 1977, en plena dictadura, hirió por la espalda y luego secuestró e hizo desaparecer a la joven Dagmar Hagelin, de diecisiete años de edad, uno de los casos de mayor repercusión internacional.
 
Visita humanitaria no. ¡Reivindican el genocidio!

Benedit, el diputado que organizó la comitiva, dice que se trató de una “visita humanitaria”. Sería según él para pedir por presos inocentes y de avanzada edad. Pero se trató de una visita puesta al servicio de la campaña oficial en defensa de quienes perpetraron el terrorismo de Estado. Lo dejó claro en un chat que envió al bloque de La Libertad Avanza informando del viaje, el que nunca desmintió (ver ilustración).



Ahí se lee claramente: “Fuimos a ver represores, no, fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista//Hay héroes de Malvinas //Los cargos han sido probados: no; muchos son inventados// Vamos al rescate del imperio de la ley con espíritu de justicia//”.

En el prontuario de Benedit figura que fue dirigente de la Sociedad Rural de Entre Ríos y está por la derogación de la ley que conquistó el aborto legal, por ejemplo.

Está claro que el negacionismo de los 30.000 está íntimamente ligado a la política de este gobierno de buscar impunidad para quienes cometieron hechos aberrantes. Por eso hay que mantener la guardia bien alta y seguir movilizados. Ni olvido ni perdón. Cárcel común a todos los genocidas y por lo que falta: castigo a los cómplices civiles de la dictadura, empresarios, políticos patronales, burócratas sindicales y la Iglesia. Que se abran los archivos de la represión 1974/1983. Y, por supuesto, no dejar que esta visita repudiable quede en la impunidad.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Javier Milei y Patricia Bullrich enviaron un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de dieciséis a trece años. Menos que los catorce años de la dictadura de Videla, edad que en 1980 pasó a dieciséis. El gobierno considera que los adolescentes, niñas y niños deberían estar presos, no en una escuela o sin hambre.

Diputadas y diputados del gobierno visitaron a peligrosos genocidas en la cárcel ¿Y ahora Milei dice que la inseguridad la generan los menores de trece? ¿Hay algún tratado internacional, especialistas en el tema u organismos de derechos humanos que aconsejen esto? No. En cambio, sí aconsejan garantizar fondos para educación, salud, fomentar clubes de barrio o culturales para sacar a los chicos de la calle y evitar ser soldaditos de los narcos. Pero Milei hace lo contrario, destinando por ejemplo cien mil millones de pesos a los espías de la SIDE.  

Este proyecto es para criminalizar la adolescencia (al estilo Bukele), mientras los delincuentes de guante blanco son beneficiados con el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas y mafiosas.
El gobierno dice que Argentina está atrasada respecto a otros países del continente que bajaron la edad. Catorce años en Chile, Perú, Colombia; trece en Guatemala y Nicaragua; doce en Brasil, México y El Salvador, o la locura de llevarla a siete años en Granada y Trinidad y Tobago. ¿En estos lugares hay más seguridad? No. Y está probado que la cantidad de adolescentes que cometen delitos es mínima.
Todas las reformas anteriores, de mano dura, limitar excarcelaciones, más poder a la policía o aumento de las penas, como las Leyes Blumberg impulsadas bajo el gobierno peronista kirchnerista en 2005, trajeron más inseguridad y hacinamiento en las cárceles, no menos.

El caldo de cultivo de la violencia está en la pobreza, la marginalidad y desigualdad social, por un lado. Y la complicidad de los gobiernos, fuerzas de “in” seguridad y la Justicia con las bandas delictivas, por otro. Las políticas represivas no van. Hay que terminar con todo esto tomando medidas de fondo, combatiendo el plan motosierra de Milei y eligiendo a los comisarios y jueces por el voto popular para, entre otras cosas, no ensañarse con los pibes.
          

Escribe Pili Barbas, dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) y Secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA)
 
Del 2 al 6 de septiembre serán las elecciones de consejeres y gremios estudiantiles en las trece facultades de la Universidad de Buenos Aires. Se realizan después de dos años y medio sin la posibilidad de elegir.
 
Hace dos semanas se votó en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires el cronograma electoral para el  claustro estudiantil de consejeres superiores, directivos y de junta de carrera. A este calendario se le acoplaron las elecciones de los centros de estudiantes y sus respectivos delegados a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

Las últimas elecciones fueron en abril del 2022, cuando recién se regresaba a la presencialidad en las universidades. En ese momento primó la despolitización de miles de estudiantes a la cual abonaron las conducciones burocráticas en manos de la UCR y las variantes peronistas. En general avanzaron las fuerzas políticas del rectorado. Sólo en Filosofía y Letras de la UBA, el Frente de Izquierda quedaba a pocos votos de volver al CEFyL. Luego de eso, la Franja Morada junto con la UES, cambiaron el estatuto de los centros de estudiantes y las elecciones pasaron de ser todos los años a ser cada dos.
Esta votación se da en un marco completamente diferente. Primero, porque gobierna Javier Milei. El ultraderechista se la pasa declarando a la universidad pública y gratuita como uno de sus focos de ataque. Mintiendo acerca de que en las universidades hay adoctrinamiento. Claramente, el gobierno ajustador es un riesgo constante a la continuidad de la universidad como la conocemos. Y segundo, porque venimos de un conflicto que sigue abierto. En sintonía con el discurso del gobierno, la educación no es ninguna prioridad económica del modelo libertario. Por eso en el primer cuatrimestre se desarrolló un conflicto histórico que en la marcha del 23A consiguió el presupuesto para funcionamiento. Pero eso no es todo, la universidad sigue en peligro ya que nos falta todo el presupuesto para salarios docentes y no docentes, además de becas, boleto y condiciones de cursada.
 
La unidad de la izquierda y los sectores independientes

Desde la Juventud de Izquierda Socialista consideramos fundamental la conformación de listas unitarias del Frente de Izquierda, los sectores de izquierda e independientes, para conquistar centros de estudiantes y consejeres que se la jueguen a fondo en la defensa de la universidad. Tanto las conducciones en manos de la Franja Morada/Nuevo Espacio (UCR) que responden al rectorado, así como las peronistas kirchneristas que están con los decanos, no son opción. Ya lo demostraron después de la marcha del 23A, cuando le sacaron el pie a la lucha, dejando de convocar asambleas y organizando a les estudiantes. Mientras nuestros docentes no consiguen el presupuesto salarial ni conseguimos los derechos básicos estudiantiles para mantener una cursada en tal contexto de ajuste.

La única manera de enfrentar a Milei es con un programa de lucha e independiente, que se plantee la conquista del presupuesto y la democratización de las universidades. Para conseguir plata para salarios docentes y no docentes, condiciones de cursada, triple franja horaria, con comedores y un boleto educativo que permita la permanencia. Y fundamentalmente que acompañe todas las luchas que da la clase trabajadora contra el gobierno Milei. En esa perspectiva vamos con todo a las elecciones de la UBA.

Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

A partir de una propuesta que llevamos junto a compañeres de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) y en articulación con numerosas asambleas socioambientales, lanzamos la campaña plurinacional contra la adhesión al RIGI, que rápidamente cosechó el apoyo de comunidades indígenas, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas de todo el país. Así de necesario era construir una respuesta unitaria frente a este paquete de condiciones para el saqueo, votada recientemente por el Congreso Nacional.

La pelea contra el RIGI aún no está definida, sino que todavía debe ser votada por cada provincia y municipio. Por ahora sólo la provincia de Río Negro, apresurada por disputar la planta de GNL de YPF, votó la adhesión provincial. Aunque muchas provincias desde entonces debaten hacer lo mismo. En particular Buenos Aires, que rapiña esa misma inversión con Río Negro. La campaña implica una exigencia concreta hacia los representantes de los espacios políticos, en particular del peronismo, que se llenaron la boca hablando contra el RIGI cuando se trató en el Congreso y ahora estarían abriéndole las puertas en sus provincias.

Desde el movimiento socioambiental salimos a denunciar que el RIGI no significa ningún progreso, sino destrucción ambiental, profundización de las desigualdades y de los conflictos en los territorios. Este régimen de beneficios para las empresas contempla la jerarquización de sus actividades extractivistas para el uso del agua, la energía y el suelo, por encima de las necesidades de los pueblos, su gente y sus actividades productivas locales, que también se verán afectadas.  

Este paquete es además inconstitucional, ya que violenta derechos reconocidos en la Constitución Nacional como la “no regresividad en materia de ambiente”, así como tratados internacionales vinculados a derechos ambientales, de acceso al agua y de derechos humanos. Vulnera también el derecho a la consulta libre e informada a las comunidades indígenas que habitan los territorios (convenio OIT), el derecho a la información y participación en la toma de decisiones de los pueblos sobre los territorios donde viven (Acuerdo de Escazú), y pretende pasar por encima de legislaciones locales de protección ambiental conseguidas con décadas de lucha.

La Campaña convoca a realizar acciones en cada territorio del 1 al 7 de agosto para visibilizar esta importante pelea. Reforcémosla en todo el país para exigir a diputados y legisladores que rechacen este paquete armado a medida de las multinacionales y el extractivismo.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Acá debería estar Cata” dice el cartel que cuelga sobre una silla vacía dentro de un aula en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo escribieron las amigas y compañeras de cursada de Catalina Gutierrez, la influencer de veintiún años que fue asesinada el pasado 18 de julio por Néstor Soto en Córdoba, quien confesó que la mató porque era “el amor de su vida”. Hasta el momento, es el único detenido e imputado por el delito de “homicidio agravado por alevosía calificado por haber mediado violencia de género”.

La cifra de femicidios en el primer semestre del año según la Defensoría del Pueblo de la Nación es de 147. Es decir que, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, se registró un femicidio cada veintinueve horas. En el mismo periodo, el gobierno ultraderechista de Milei que niega la brecha salarial prohibió la perspectiva de género en la Administración Pública, cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad reduciéndolo a una subsecretaría primero dentro de Capital Humano y luego, despidió a sus trabajadoras y trabajadores, desmanteló la línea 144 de atención telefónica a las víctimas de violencia de género.

La lucha por Ni Una Menos en la era Milei

El desmantelamiento de las políticas de acompañamiento en situaciones de violencia de género llevadas adelante por el Gobierno nacional, no sólo aumenta el riesgo para mujeres y disidencias sino que tiene un claro objetivo: decir que la violencia de género “no existe”. Así lo expresó el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, hace dos meses cuando le consultaron por el triple lesbicidio de Barracas. “Es muy injusto sólo hablar de este episodio cuando la violencia es más abarcativa que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo y hay muchas mujeres y hombres que lo sufren y no puede seguir pasando”. Negar las especificidades de los crímenes por razones de género es atacar directamente al movimiento feminista que con la movilizacion logró poner en agenda la problemática social de la violencia de género con grito colectivo: Ni Una Menos.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, no sólo decimos que la violencia de género existe, sino que es constitutiva del propio sistema capitalista y patriarcal. Por eso somos feministas socialistas. Mientras exigimos a los gobiernos políticas públicas con presupuesto para combatir y erradicar la violencia de género, peleamos por una sociedad distinta a la actual, que sea socialista y en la que no haya lugar para la opresión ni para la explotación.