El documento de Cristina dice: “El presidente Milei debería aprovechar su primera visita oficial a Israel para revisar algunos de sus diagnósticos en relación al rol del Estado y su importancia. En efecto, el Presidente se declara un admirador incondicional de la República de Israel. Sin embargo, sostiene que el Estado aplasta a la gente y exalta al individualismo como el único camino para el ejercicio de la libertad […]. Debería aprovechar su estadía en ese país para comprender que la República de Israel fue creada a partir de la construcción de un Estado fuerte, presente y eficiente […]. Quienes hemos estado en Israel pudimos ver, más allá de los conocimientos históricos y estadísticos, el rol fundamental y omnipresente que cumple el Estado en todas las áreas; desde la defensa hasta la agricultura, desde la tierra hasta el agua […] se podrá enterar que la propiedad de la tierra siempre es del Estado y que este sólo la alquila por un plazo máximo de 90 años”.

Recordamos a las y los lectores que Cristina hace referencia de esta manera al Estado de Israel, al que el pueblo palestino y quienes defendemos su causa consideramos un estado genocida y criminal.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista

Como parte de su brutal ajuste, Milei decidió retener los fondos para educación que Nación tiene que enviar a las provincias. De esta manera, la docencia podría no tener aumentos y vería rebajados sus salarios. Los recortes también son de fondos para conectividad, programas educativos, comedores e infraestructura escolar. La Ctera llamaría a parar el 26 de febrero y varias provincias van a conflictos. Es necesario un plan de lucha y una movilización nacional y el apoyo de todos los trabajadores a la docencia en defensa de la educación pública.

El gobierno de Milei está obsesionado en profundizar el ajuste a la educación pública y a la docencia que desde los años ‘90 con Menem y la provincialización educativa se viene aplicando sin pausa (ver "Hay que renacionalizar el sistema educativo"). Ahora el gobierno decidió no convocar a paritaria nacional y no enviar los fondos a las provincias para “ayuda” a salarios, comedores escolares, infraestructura y programas educativos.

Los salarios docentes son literalmente miserables. La canasta de pobreza está en $595.000, mientras un docente que se inicia percibe menos de $300.000. Monto de miseria en el cual están incluidos los $28.000 por docente que el gobierno nacional envía por el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y donde en varias de ellas se cobra el “Fondo de Compensación Salarial”, un extra para las provincias que no pagan siquiera el mínimo. Además, se han cortado recursos por “conectividad”, algunos programas educativos externos y aportes para comedores e infraestructura. Con este nuevo ataque, en varias provincias se podría llegar a rebajar salarios y jubilaciones. ¿Vamos a permitir que el gobierno condene a la extrema pobreza a la docencia argentina? ¿Qué se siga recortando el presupuesto para pagar la deuda externa y financiar a la educación privada?

El gobierno también profundiza el ataque a los derechos laborales docentes. Ya se quiere implementar en varias provincias (Mendoza, CABA, Córdoba, entre otras) un premio al “presentismo”, con el que se podrá descontar hasta el 10% del salario al docente que falte, aunque sea por enfermedad. Así ataca al derecho constitucional de huelga, los derechos laborales y la salud docente. Lo mismo cuando hipócritamente amenaza con declarar a la docencia como “servicio esencial” ¿Es para garantizar fondos para nombrar todo el personal docente y auxiliar que hace falta? ¿Para salarios dignos, infraestructura escolar, computadoras, tecnología, libros y útiles gratuitos y poder garantizar el estudio cotidiano? No. Sólo es para tratar de quitarle a los trabajadores de la educación el derecho a reclamar, el derecho de huelga, disponiendo que se garantice el 75% del servicio. Algo insólito, por antisindical y antieducativo. A todas las falencias del sistema educativo, aunque se hable de “servicio esencial”, Milei no las quiere resolver sino agravar.  

Ahora la docencia debe trabajar doble y hasta triple jornada en las escuelas para tratar de llegar a un salario que supere la pobreza, más las horas de trabajo en la casa para planificar y corregir, además debe ir enferma a la escuela si no quiere ser “castigada” por descuentos salariales. A esto se agrega la estafa con las cajas de las obras sociales por parte del gobierno, que recauda los aportes, los utiliza en otros gastos como si fueran parte de su presupuesto y no paga a los prestadores ni a las farmacias. Así la docencia pierde coberturas médicas y farmacéuticas, ante el vaciamiento de las obras sociales.
Son las familias de la escuela pública las que más sufren la pobreza. El 60% son pobres, el 15% son indigentes. La canasta escolar subió casi un 250% (está cerca de $200 mil) y el gobierno otorgaría sólo $70 mil por única vez. Mientras Milei mantiene millonarios subsidios a las escuelas privadas y religiosas, y encima quiere implementar un fondo para subsidiar a las familias para que paguen las cuotas de las privadas.

Este es el modelo educativo y económico de Milei y los libertarios ultraderechistas. No podemos permitir que pase. Quieren poner a las familias contra la lucha docente. No hay que dejarse engañar. Hay que defender que la docencia de las escuelas públicas tenga salarios dignos y derechos laborales, que las escuelas estén en condiciones, que el gobierno nacional invierta todos los fondos necesarios. Es la única manera de defender el derecho de las infancias de acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. ¡Todo el apoyo a la lucha docente en el país!

Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista

Menem hizo un cambio estructural en el sistema educativo liquidando la nacionalización que desde la ley 1420 de Sarmiento había dado un valor y jerarquía a la escuela pública argentina. En los años ‘90 se “provincializó” el sistema. Esto quiere decir que Nación dejó de ser responsable del financiamiento. Menem lo hizo, y los radicales, el PRO y el kirchnerismo lo siguieron sosteniendo a lo largo de los años.
De esta manera la docencia dejó de cobrar el mismo salario. Hoy, por la misma tarea, hay provincias que pagan 260 mil pesos y otras 450 mil. Hay provincias con escuelas sin techos y sin baños, otras con aulas sin puertas ni vidrios, cloacas tapadas, sin internet, paredes rotas, sin ventiladores o estufas, con condiciones insalubres, ocasionando pérdida en los días de clases. Todo al servicio de que el “estado nacional” recorte el presupuesto educativo y lo use para pagar la deuda externa. Este desastre que se impuso con la Ley Federal de Educación menemista, lo sostuvieron todos los gobiernos siguientes, también el kirchnerismo, con su propia Ley Nacional de Educación que está en vigencia.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que hay que hacer lo opuesto a lo que hace Milei e implementaron los gobiernos anteriores. Hay que renacionalizar el sistema educativo, que el Estado Nacional vuelva a ser el sostenedor indelegable de todo el financiamiento, haciéndose cargo de los salarios y una infraestructura digna. Para que no haya ningún alumno sin docentes y ningún docente sin trabajo, y que por ley el presupuesto educativo sea del 25% del presupuesto nacional o el 10% del PBI, sin otorgar ningún subsidio a las escuelas privadas. Todo esto financiado con los fondos que se destinan a la estafa de la deuda externa en beneficio de los usureros y el FMI.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista

La conducción de Ctera estaría por decidir un paro nacional para el 26 de febrero. La conducción de Alesso y Baradel reclaman la paritaria nacional y que se envíen a las provincias el FONID y demás fondos. Es correcto, pero con eso no alcanza ni se resuelven los graves problemas de la docencia y la escuela pública. Es necesario que haya un salario inicial para todos los docentes del país y jubilaciones iguales a la canasta familiar. Fondos para infraestructura, recuperar las obras sociales y los derechos laborales estatutarios. Repudiar y desconocer los intentos de liquidar el derecho de huelga a través de la hipocresía de la “educación esencial”.

Para frenar el ajuste de Milei y lograr esto es necesario que Ctera llame a un verdadero plan de lucha con continuidad y una Marcha Federal a Plaza de Mayo. Los dirigentes y delegados de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista hemos llevado estas propuestas a las pocas asambleas y plenarios convocados por la burocracia y en donde dirige la oposición, en Ademys, UEPC Córdoba, ATEN Neuquén, SAE La Rioja, Amsafe, Suteba, Adosac, Sutef y otros. Hemos promovido y realizado la coordinación nacional de la oposición, proponiendo impulsar un paro nacional y movilización unificada de todas las provincias en lucha. No aceptamos que los gobernadores, bajo el argumento del recorte de FONID, rebajen los salarios. ¡Que no seamos la variante del ajuste! Que se cobren impuestos a las grandes riquezas de cada provincia para garantizar un aumento salarial. Llamamos a exigirle a Ctera y a las conducciones provinciales estas medidas y a apoyar y coordinar las luchas para poder triunfar.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista FITU

Distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas presentaron denuncias contra el protocolo antipiquetes y la brutal represión del gobierno y la Ministra Bullrich, con operativos repletos de violencia y abusos en Congreso ante la fallida votación de la reaccionaria Ley Ómnibus.

Desde que asumió el gobierno ultraderechista de Milei venimos advirtiendo que el plan de guerra contra las y los trabajadores, las mujeres y los sectores populares solo puede pasar con una brutal represión. Por eso, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo antipiquetes con el objetivo de atacar el derecho a la protesta y generar miedo a quienes salgan a las calles a enfrentar sus políticas de hambre y saqueo. Pero desde el 20 de diciembre la izquierda, el sindicalismo combativo, organismos de derechos humanos, asambleas barriales y sectores de la cultura, entre otros, nos encontramos en las calles enfrentando operativos represivos donde se violan los derechos humanos, como se demostró los días dónde se discutió la Ley Ómnibus.

Tan escandalosa fue la represión, que el juez Casanello tuvo que citar a la Ministra para que dé explicaciones ante el pedido de inconstitucionalidad del protocolo, pidió poner “límites al accionar policial” y que el protocolo se “adecue a derecho y a los pactos internacionales que adhiere Argentina”. Por supuesto, la Ministra defendió la represión amparada en el resultado electoral.

La Comisión Provincial por la Memoria junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura realizó un informe dónde se denuncian más de 285 lesionados y heridos por balas de goma y gases tóxicos, entre ellos 35 periodistas y defensores de derechos humanos. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció que el operativo a cargo de cuatro fuerzas (gendarmería, prefectura, policía federal y de la ciudad) terminó con 23 detenciones, la mayoría de ellas realizadas en forma de casería a personas que desconcentraban o se encontraban en las zonas aledañas a Congreso. También que las fuerzas represivas disparaban balas de goma intencionalmente de la cintura para arriba, incluso a la cara de los manifestantes. Entre los heridos por esta metodología propia de los carabineros de Chile, se encuentra Matías Aufieri de CEPROH, quien podría perder la visión a causa de estas lesiones en uno de sus ojos.

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia denunció “métodos novedosos” en la represión, dónde se rociaba a los manifestantes a mansalva con un gas amarillo que tiene un químico que produce ceguera temporal, broncoespasmos y problemas respiratorios sobre sus víctimas y quemaduras y picazón en el cuerpo por horas. Este gas fue denunciado por ATE e H.I.J.O.S como OC MK-9, que según expertos es mucho más severo y potencialmente letal que el gas lacrimógeno.

Todas estas denuncias fueron parte de la audiencia pública realizada el jueves pasado por las bancas del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso Nacional, de la cual participamos como Izquierda Socialista, donde estuvieron personalidades como Norita Cortiñas de Madres Línea Fundadora y organismos de derechos humanos que presentaron sus informes junto a heridos y víctimas de la represión.
Como demostró el triunfo popular contra la Ley Ómnibus, la movilización y las acciones masivas en la más amplia unidad son el camino para derrotar el protocolo antipiquetes y defender el derecho a la protesta, el DNU y el plan motosierra de Milei. Este 8M y 24M tenemos la tarea de llenar las calles por nuestros derechos.