El ministro de Trabajo Claudio Moroni se animó a un poco más. En medio del indignante ajuste y rebaja de las jubilaciones dijo en un programa de radio que “no sería un disparate” que una mujer se jubile a los 65 años en vez de los 60 actuales. “En algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar pensando en algún sistema gradual”, dijo el titular de Trabajo que supuestamente debe velar por las y los trabajadores.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández quiso mostrar como un dato positivo el índice de precios de enero, que dio 2,3%. Pero no pudo esconder que los alimentos y bebidas subieron 4,7%. Un dato que cualquier trabajador ya podía intuir sólo con ir al supermercado. La carne sigue subiendo; ya hace tiempo que es un artículo de lujo en la mesa popular. Lo mismo pasa con una larga lista de productos. Algunos subieron porque Alberto Fernández repuso el IVA a los alimentos, otros por avivada de los monopolios empresarios, un tercer grupo porque quedó afuera de precios cuidados. Encima, febrero viene con aumentos mayores aún, entre ellos la “liberación del precio de los medicamentos”. Por si fuera poco, Martín Kulfas le acaba de prometer al FMI que de acá a tres meses van a aumentar las tarifas de los servicios públicos.

¿Y los salarios? Esa es la pregunta del millón. Repasemos: durante la campaña electoral el Frente de Todos hablaba de “ponerle plata en el bolsillo a la gente”, de que el día que asumiera los jubilados iban a recibir un aumento de 20%, de que se iba a resolver el drama de los créditos UVA. Nada de eso sucedió: primero se habló de una “suma fija” de 8.000 pesos, a cobrar por todos los trabajadores en diciembre. Luego eso se redujo a 4.000 y luego a que se pagaba en dos cuotas. Finalmente, una enorme porción de la clase trabajadora se quedó afuera incluso de ese aumento miserable: los docentes, los profesores universitarios, los estatales de las provincias. Y por supuesto la enorme masa de trabajadores en negro. Los tercerizados vieron como su salario no sólo no aumentaba, sino que se reducía, con el aumento del 51% al pago del monotributo. Al mismo tiempo también se ajustaba a los jubilados.
Todo esto sucede sobre salarios que ya venían pulverizados por los años de política macrista, donde de promedio se perdió el 30% del valor adquisitivo. Sólo refiriéndonos al año 2019, la inmensa mayoría de los gremios terminaron perdiendo contra la inflación. Hoy el promedio del salario trabajador es de 25.000 pesos (según el Indec el 60% de los trabajadores gana menos de 20.000 pesos), cuando la canasta familiar, calculada por la Junta Interna de ATE Indec ya alcanza los 61.000 pesos.

El gobierno y la burocracia sindical vienen llevando adelante un acuerdo que es letal para los trabajadores (ver nota en esta misma página). En concreto, se quiere eliminar la cláusula gatillo, que le permite a los gremios que la poseen recuperar (aunque sea con retraso y meses después) lo que los salarios pierden por la inflación. También quieren retrasar lo más posible las negociaciones paritarias. Y reemplazar los aumentos porcentuales por “sumas fijas”. Traduzcamos para que se entienda con claridad: el gobierno apunta a que los trabajadores se tengan que “comer” lo que perdieron el año pasado (ni que hablar de los años anteriores), sin recuperarlo. Y para adelante, no garantizar ni siquiera que no habrá nuevas pérdidas salariales para este año.

Los trabajadores, independientemente de las expectativas que muchos sectores sigan teniendo en el gobierno de Alberto Fernández, no podemos esperar. Tenemos que debatir en los lugares de trabajo, hacer asambleas ahí donde sea posible, sacar pronunciamientos de los cuerpos de delegados, planteando lo urgente: un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar, la defensa de las cláusulas gatillos en los gremios que las tienen y su generalización para que los salarios se reajusten automáticamente con la inflación, la reapertura inmediata y sin condicionamientos de todas las paritarias con aumentos porcentuales para recuperar lo perdido por la inflación y no con sumas fijas que no alcanzan para nada y encima “achatan” las escalas salariales. Salarios y jubilaciones deben ser la prioridad, no el ajuste para cumplir con el FMI y los usureros.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández desde el primer día habló de la necesidad de un pacto social con empresarios, dirigentes sindicales y otras supuestas representaciones como la Iglesia Católica. Más allá que formalmente no se avanzó en lo que en algún momento se anunció como un “Consejo Económico y social”, la burocracia sindical tanto de la CGT como de las CTA no tardaron un minuto en cumplir el rol que se le tenía asignado: “moderar” al extremo cualquier planteo de recomposición salarial. Esto incluía desde aceptar sumas fijas hasta, como en el caso docente de la provincia de Buenos Aires, “no hacer olas” ante el no cobro de la suma adeudada del año pasado.

La semana pasada, Alberto Fernández se reunió con Hugo Moyano y al día siguiente con Héctor Daer. El objetivo era garantizar el apoyo sindical (o aunque sea el silencio) ante la realidad de salarios que siguen por el piso.
Ahora Hugo Yasky avanzó un paso más en el rol que el gobierno le tiene asignada a la burocracia. El burócrata de la CTA se transformó en el principal “abogado” de que están mal las cláusulas gatillos, ya que “indexarían la economía y provocarían inflación”. Otros burócratas sindicales, sin tanta explicación, se sumaron al cuestionamiento a dicha cláusula. Luego Yasky dio un paso más en sus declaraciones escandalosas. Ahora ya se pasó directamente a las argumentaciones clásicas de las patronales: los aumentos salariales generarían inflación. Por eso deben “moderarse”. Inmediatamente salió a hacerle el coro Andrés Rodríguez de UPCN.

Todas estas son demostraciones de que no hay salida con estos dirigentes sindicales. Necesitamos, más que nunca, pelear por otra dirección para la clase trabajadora, democrática y combativa. Esta es la tarea para la que se postula el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo.

El próximo 29 de mayo se realizarán las elecciones municipales, el Frente de Izquierda Unidad realizará una campaña para resolver los urgentes problemas sociales que radicales y peronistas provocaron y en defensa de las necesidades del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud.

Escribe Damián Antúnez, candidato a concejal Izquierda Socialista/FIT

La ciudad de Río Cuarto es la segunda ciudad de la provincia, con 170.000 habitantes y una fuerte actividad agropecuaria, la de mayor producción de soja y de maíz de todo el país. Es gobernada desde 1983 por radicales y peronistas que se alternan en el poder para sostener una ciudad al servicio de quienes se enriquecen con la producción agropecuaria mientras los trabajadores soportan altas tasas de desocupación y precarización laboral.

La pérdida de puestos de trabajos, cierres de fábricas y una decreciente actividad industrial liquida la posibilidad de una vida digna para amplios sectores de la sociedad, en particular para la juventud, que se ve obligada a soportar trabajos precarios, bajos salarios y una acuciante falta de vivienda mientras los alquileres de la mano de inescrupulosos negocios inmobiliarios no paran de crecer.

A este panorama hay que sumarle el brutal endeudamiento en dólares que llevo adelante el actual intendente peronista Llamosas. La deuda de la ciudad asciende a 11.170.762,50 dólares (681 millones de pesos) que buscan ser pagados a costa de impuestazos y ajustes con el único objetivo de financiar los negociados con las empresas que se llevan la plata y no garantizan calidad en los servicios como Cotreco en la recolección de residuos, o la monopólica empresa de colectivos SAT, que con el aval del Concejo Deliberante cobra un boleto carísimo por un pésimo servicio e inadecuado a las necesidades de aquellos que dependen especialmente del transporte público. Estas políticas del endeudamiento permanente tienen como contracara el ajuste también permanente al pueblo trabajador, como lo demuestra el cada vez más lacerante déficit habitacional al que el gobierno municipal de Llamosas hace frente a golpe de topadoras, violencia y vulneración sistemática de derechos.

En la Ciudad, también existe una fuerza política de “centroizquierda” llamada Respeto, quienes en estas elecciones se presentan divididos en dos listas tras graves denuncias contra su principal dirigente, Pablo Carrizo. Hoy, ambas fracciones representan una organización sin programa político, que, con un tibio discurso de centro izquierda elude hablar de la falta de trabajo, derechos y servicios ofreciendo acciones colectivas propias que liberan a los gobiernos de sus obligaciones antes que favorecer la más mínima salida emancipatoria.

La importancia de la unidad de la Izquierda

Desde Izquierda Socialista impulsamos la necesidad de presentar listas unitarias de la izquierda. No obstante, y a pesar de reconocer estos desafíos, el MST se retiró de la alianza que semanas atrás habíamos presentado como FIT-Unidad alegando que su único espacio en las listas de izquierda debían ser los primeros lugares. Finalmente, el MST no presentó lista propia, por lo que lo llamamos a votar activamente la lista del Frente de Izquierda.

La unidad de la izquierda es para fortalecer las luchas contra los negociados y el endeudamiento, por el derecho a la vivienda digna, por la salud del pueblo trabajador y en defensa de los derechos humanos, el ambiente, las mujeres y la juventud. Por eso impulsamos la inmediata suspensión de los pagos de la deuda pública para resolver los urgentes problemas de quiénes ya no queremos pagar la crisis que provocaron radicales y peronistas que, desde hace 30 años, gobiernan para los ricos, los grandes empresarios como Cotreco y el FMI a costa de la enorme precarización laboral, la falta de vivienda y servicios públicos a los proponemos municipalizar bajo gestión de los trabajadores y el pueblo.

Escribe Martín Fú

El 19 y 20 de marzo se realizarán las elecciones en el sindicato del neumático, a nivel nacional y en las seccionales. Este sindicato fue recuperado por sus trabajadores hace cuatro años, de la mano de la lista Negra, encabezada por Alejandro Crespo. La Negra actualmente dirige el sindicato nacional y las seccionales de San Fernando y Merlo. En Lavallol, donde conduce la Violeta y en Córdoba, también se renovaran autoridades.

Desde que se logró echar a la burocracia kirchnerista de Wasiejko de la CTA, los trabajadores han avanzado en su organización gremial, cerraron paritarias mucho mejores que las anteriores, y tuvieron varias mejoras laborales, enfrentando los planes de ajuste de las patronales negreras, como la de Madanes Quintanilla  dueño de FATE.

La Negra se conformó con un acuerdo entre algunas agrupaciones (PO, PTS, sectores peronistas que se referencian con Maxi Bronzuoli) y de luchadores independientes, que permitió ganar el Sutna. Ahora se han mantenido estos sectores, inclusive incluyendo compañeros de la Tendencia del PO, sumando muchos activistas y luchadores independientes, sobre todo de Fate, en San Fernando.

Lamentablemente el Nuevo MAS (Marrón), PTS (Granate) y la Roja, con diferentes argumentos injustificables, tienen nuevamente la política de dividir a las conducciones combativas y hacerle el juego a las burocracias y las patronales (como hicieron con la Bordó del “Pollo” Sobrero en el Sarmiento), poniendo en riesgo el triunfo y la continuidad del proceso de nuevas direcciones, frente a la lista Violeta de Wasiejko o sus desprendimientos, la Verde, la Azul y Blanca.
Desde Izquierda Socialista llamamos a todos los trabajadores del neumático a votar masivamente a la Negra en todos lados para enfrentar al gobierno, las patronales y la burocracia sindical.