Escribe Simón Rodríguez, dirigente de la UIT-CI*

El 20 de abril el ex policía Derek Chauvin fue condenado por el asesinato de George Floyd. Un jurado lo declaró culpable de las tres imputaciones: asesinato en segundo grado y tercer grado, así como homicidio en segundo grado. Se transmitió por televisión la lectura de la sentencia y el momento en que un inexpresivo Chauvin era esposado y retirado de la corte por los alguaciles para ser trasladado a una cárcel. 

Fue indudablemente un triunfo de la rebelión antirracista del verano del año pasado, en cuyo transcurso salieron a las calles más de 20 millones de personas, en marchas gigantescas en cientos de ciudades de todos los estados del país, sobrepasando a la represión policial y de la Guardia Nacional, incendiando locales policiales y derribando estatuas y monumentos racistas.

Se espera que la condena, que debe ser dictada por un juez en las próximas semanas, sea de más de diez años de cárcel. El fallo fue celebrado por la juventud y las comunidades que constataron que con su movilización se pudo abrir una brecha en las prácticas de instituciones racistas hasta el tuétano. Se marcó un hito histórico. Según la Unión Americana para las Libertades Civiles es la primera vez en la historia del estado de Minnesota que un policía blanco es condenado por asesinar a un hombre negro bajo su custodia.

Se estima que poco más del 1% de las denuncias de brutalidad policial derivan en algún tipo de sanción en ese estado. La policía emplea métodos violentos 7 veces más frecuentemente contra negros que contra blancos en el capital estadual, Minneapolis. Pero en el resto del país las cosas no son muy diferentes. Entre 2005 y 2017 fueron asesinadas alrededor de mil personas por año por la policía en EEUU. En todo ese período, solo 29 policías fueron condenados por asesinato u homicidio involuntario (BBC, 15/4/2021).

La movilización derrotó a la impunidad

El primer reporte policial sobre los hechos de aquel 25 de mayo fue un intento de encubrir el asesinato de Floyd. Según ese documento, el arresto se habría realizado sin incidentes, pero al notar los efectivos que el “sospechoso” parecía “estar sufriendo algún padecimiento médico”, solicitaron asistencia médica, lo que no evitó que falleciera luego en un centro médico. 

Pero el asesinato de Floyd, a quien se acusó de haber comprado cigarrillos con un billete falso de 20 dólares, fue grabado en video por varias personas, entre ellas una adolescente, y quedó expuesto ante los ojos del mundo el crimen. Durante nueve minutos Floyd fue asfixiado por Chauvin, con la ayuda de otros tres policías, cuyo juicio se realizará en los meses venideros. Las primeras declaraciones de los fiscales locales indicaban que ningún policía sería enjuiciado. Pero las protestas masivas cambiaron todo. Al final la policía decidió intentar lavar su imagen, testificando contra Chauvin y acusándolo de violar los procedimientos establecidos, algo que casi nunca se ve en los tribunales dada la complicidad corporativa de la policía y su ideología racista.

Alivio y nerviosismo entre los capitalistas

El presidente Biden se mostró “aliviado” por la condena, reflejando la reacción más extendida entre los capitalistas, temerosos de un nuevo estallido de ira popular si el racista Chauvin era absuelto. Para la corriente política liberal de la burguesía imperialista que representa, lo más importante es recomponer la confianza en las instituciones represivas y judiciales, demostrando que el sistema judicial “funciona”. Con un astuto cinismo, Biden incluso pretende ponerle el nombre de Floyd a una ley de reforma policial. Durante las protestas antirracistas del año pasado la recomendación de Biden a la policía era no disparar a matar sino “disparar a las piernas”.

Como parte del esfuerzo por lavar la cara del régimen, el Fiscal General Merrick B. Garland anunció un día después de la sentencia contra Chauvin que se abrirá una nueva investigación a cargo del Departamento de Justicia, que se suma a la investigación federal sobre el asesinato de Floyd, para determinar si el Departamento de Policía de Minneapolis lleva a cabo prácticas inconstitucionales o ilegales, si hay patrones de brutalidad represiva, discriminación u otras prácticas. Normalmente este tipo de investigación se salda con negociaciones de reformas, por lo que su sentido es más político que propiamente judicial. De ahí que Garland insista en el estribillo liberal de que la mayoría de los policías actúan “honorablemente” y están a favor de reformas.

Pero otros sectores no pueden ocultar su resentimiento ante el resonante triunfo de la lucha antirracista. El editorial del Wall Street Journal el 20 de abril se lamentó de que la condena de Chauvin no será vista como la demostración de que el sistema funciona, sino como un triunfo de las protestas “ilegales”. Este sector conservador entiende que la lección que millones han sacado de esta experiencia no es la más conveniente para la burguesía.

Mientras habla de reformas y de superar el racismo, el régimen sigue apretando sus tuercas con la aprobación reciente de 29 leyes estaduales represivas que atacan el derecho a la protesta. La cifra de las nuevas leyes antidemocráticas podría subir a un centenar si se aprueban los proyectos pendientes. Una de las leyes, por ejemplo, aprobada en Florida el día antes del fallo contra Chauvin, permite criminalizar a personas que participen en protestas en las que haya violencia, sin que la persona incriminada haya cometido personalmente ningún acto violento.

Las tareas pendientes

Siguen impunes miles de asesinatos racistas tan brutales como el perpetrado contra George Floyd, aunque no todos hayan sido registrados en video. La lucha por llevar a la cárcel a los policías racistas y asesinos continúa, fortalecida por la condena a Chauvin. Tampoco debe olvidarse que durante las protestas antirracistas de 2020 se produjeron miles de detenciones, luego de lo cual cientos de personas han resultado criminalizadas y muchas continúan tras las rejas. Es importante continuar luchando por una amnistía general para todos los luchadores antirracistas. La exigencia de recortar drásticamente los presupuestos policiales para reinvertir el dinero en la necesaria asistencia social en el marco de la crisis económica, también sigue vigente.

Las ilusiones en que la condena de Chauvin marca un viraje, alimentadas por Biden, su gobierno del Partido Demócrata y otros políticos del sistema, no tienen asidero en la realidad. La brutalidad policial racista no se ha detenido. Cerca de la corte donde fue condenado Chauvin, apenas un mes antes, fue asesinado Duarte Wright, un afroamericano de 20 años, detenido por tener supuestamente una matrícula expirada. Casi simultáneamente con la lectura del veredicto contra Chauvin, en Columbus, Ohio, policías asesinaron con cuatro disparos a Ma´hkia Bryant, una adolescente negra que en medio de un altercado había llamado a la policía para que interviniera. Luego del asesinato, un policía gritó “Blue Lives Matter” (las vidas azules importan), consigna utilizada por la extrema derecha para reivindicar la brutalidad policial racista.

La realidad es que hay alrededor de 800 mil agentes policiales en EEUU, un verdadero ejército cuyo enemigo es el pueblo pobre y trabajador, al que los capitalistas necesitan mantener a raya en medio de la abismal desigualdad social, privado de derechos sociales como el acceso a la salud pública gratuita; con salarios miserables y regímenes de precarización laboral. Los sectores más oprimidos y explotados de la clase trabajadora son los afroamericanos, los inmigrantes y los indígenas, contra ellos se ensaña la violencia organizada del Estado capitalista, lo mismo bajo gobiernos demócratas o republicanos.

Ninguna reforma policial puede apuntar a modificar esta función del aparato represivo capitalista. Esto es lo que también alimenta el legítimo odio de la juventud a la policía y el deseo de eliminarla que subyace a la exigencia de abolirla. Pero el gobierno capitalista e imperialista de Biden, por más presión que se ejerza sobre él, no va a realizar una reforma que cambie la función social de la policía, mucho menos va a abolirla y renunciar a una herramienta fundamental para mantener los mecanismos de la explotación en funcionamiento. En Minneapolis, al calor de las protestas, el concejo municipal declaró que eliminaría la policía y la sustituiría por una fuerza comunitaria. Apenas cambió la correlación de fuerzas en las calles, se abandonó el proyecto. 

La rebelión antirracista logró la condena de Chauvin. Fue un factor decisivo para la derrota política y electoral de Trump. Ha sido una fuente de inspiración para luchadores de todas partes del mundo. Todavía no se han terminado de cosechar sus frutos y quedan muchas batallas por delante. La destrucción de la policía es una tarea revolucionaria que solo pueden llevar a cabo los trabajadores, la juventud y las comunidades oprimidas en la medida en que puedan construir sus propias organizaciones políticas y defenderse de la violencia de los capitalistas y sus gobiernos, en última instancia instaurando un poder obrero y popular. Solo entonces podremos decir que se hizo justicia a las víctimas de este sistema de opresión y explotación.

22/4/2021

*Unidad Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional

Declaración del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC)

Basta de ajuste a lxs trabajadorxs y el pueblo

Vacunas para todxs ya

Salario igual a la canasta familiar

Estamos en medio del mayor avance de la pandemia del Covid en Argentina. Records de contagios y muertes diarios. Con epicentro en el AMBA, pero que rápidamente se extiende a todo el país. Con un sistema de salud que ya da síntomas de colapso. Y un gobierno que no da ninguna respuesta eficaz a la pandemia.

Por otro lado, sigue la pandemia social, crece la pobreza a niveles históricos, la desocupación, los trabajos en negro y flexibilizados, salarios y jubilaciones por debajo de la pobreza y perdiendo mes a mes con la inflación. Suben los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, la nafta y los servicios.

Pero el gobierno no duda en dónde invertir el dinero de los argentinos. No lo utiliza para resolver la pandemia, en vacunas, ni en ayudas sociales para garantizar una cuarentena sin hambre ni miseria. Tampoco en construir viviendas populares ni obras públicas, ni nuevos hospitales, generando trabajo para todos, ni para aumentar el presupuesto en salud y educación. Mientras, impone paritarias a la baja y no hay aumento general de salarios frente a la gran presión inflacionaria.

El gobierno lo usa para pagar puntualmente miles de millones de dólares de deuda externa e intereses, para subsidiar multinacionales y grandes empresarios amigos del poder. Su política es viajar por el mundo para negociar un acuerdo con el FMI para garantizar el pago de la fraudulenta deuda externa. Y seguir arriesgando la salud y la vida de los trabajadores y sectores populares, obligándolos a ir a trabajar a pesar del alto riesgo de contagio o pasar hambre. Una cuarentena dura, necesaria para frenar el avance de la pandemia en estos momentos, choca además de la aplicación del ajuste que ordena el FMI con los intereses de las patronales de mantener los ritmos de producción.  

Cuenta para esto con la criminal complicidad de la burocracia sindical de la CGT y las CTAs. Estos dirigentes traidores son la principal razón por lo que el malestar y los reclamos sociales no tengan un canal unificado de lucha que frene este ajuste del gobierno y las patronales.

Pero hay un importante proceso de luchas en el país que sí enfrenta los ajustes. Y estas luchas tienen al frente a los sindicatos recuperados, cuerpos de delegados combativos, nuevos delegados y luchadores de fábrica y sectores autoconvocados, que pasan por encima de las traiciones de la burocracia sindical.

Las y los trabajadores de salud están a la cabeza de esta ola de conflictos. Descolla la lucha de los trabajadores de la salud de Neuquén exigiendo aumento salarial acompañada por una verdadera pueblada, por fuera de la burocracia de ATE. También la rebelión docente en CABA defendiendo la salud y la vida, encabezada por Ademys, al igual que los Sutebas Multicolores que paran y se movilizan. El Sutna en plena pelea paritaria, acaba de ganar 54 % de aumento salarial que debe ser referencia para el conjunto de los trabajadores.

Los trabajadores y las trabajadoras de la salud luchan en todo el país. En Río Negro con un proceso de conformación de un nuevo sindicato combativo, la lucha de enfermería por el reconocimiento profesional en CABA encabezada por el sindicato independiente ALE, el Hospital Garrahan, Hospital Moyano, La Matanza, el Hospital Larcade y la Cicop, Córdoba con la UTS y la multisectorial, entre otras provincias, el Hospital Allende y el Materno Infantil de Mar del Plata por aumentos de salarios. El sector de la salud privada también como el Hospital Italiano por el salario, la Clínica San Andrés y la Constituyentes por su fuente de trabajo. También  AGD y la docencia universitaria que ya va por la tercera jornada de paro nacional en defensa del salario, los trabajadores vitivinícolas, los metrodelegados que enfrentan los desafueros por luchar, las trabajadoras de Casas Particulares, los trabajadores portuarios, la juventud precarizada de aplicaciones que se organiza por su reconocimiento como trabajadores, los Tercerizados que luchan por el pase a planta como los ferroviarios de MCM del Roca, del Mitre y del San Martin que hicieron acciones conjuntas en Constitución está semana, o los contratistas de Edesur y Edenor como EMA, Luminitex, ArgenCobra y Rowling que vienen haciendo acciones en la Quinta Olivos. Los Autoconvocados de Latam que pelean contra los despidos hace más de un año. Los Tercerizados de Aerolíneas Argentinas de GPS. Conflictos como en la T5 del puerto y en Arrebeef. Las fábricas ocupadas como Gotan, Madygraf y La Nirva. Y muchos otros que se organizan para enfrentar las distintas caras del ajuste. Todos conflictos que vienen siendo atacados por las patronales y la burocracia sindical

La multitudinaria lucha de los movimientos sociales y piqueteros no se detiene ni se detuvo durante meses y sigue reclamando asistencia integral a los comedores populares, aumento del número de planes, un seguro al desocupado equivalente a la canasta básica total frente al hambre en las barriadas y trabajo genuino. Con una juventud que reclama condiciones para la virtualidad demostrando que ni al gobierno nacional ni a los provinciales la educación es lo que les importa. Ante la falta de vivienda las ocupaciones de terrenos muestran un camino como en Guernica, Los Ceibos, Magaldi y otros.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo hemos participado directamente y apoyado todas estas luchas. Buscando la solidaridad, la coordinación, el apoyo económico para que triunfen. Como acabamos de hacer con el acto en apoyo a la gran lucha de los y las trabajadoras de salud de Neuquén el viernes 16 de abril en CABA.

Frente al aumento de los contagios, el PSC sigue reclamando medidas sociales y sanitarias para atacar la pandemia del Covid y la crisis social. Para que se corten los contagios, las muertes, para que todos tengan atención digna, para que la crisis no la paguemos los trabajadores y el pueblo, sino los banqueros, las multinacionales, los grandes empresarios.

Por eso exigimos testeos masivos y cuarentenas con apoyo social universal y preservación del empleo.
Por un sistema único de salud estatal, universal y gratuito. Con presupuesto, personal e infraestructura que se necesite.
Vacunación para todos y todas. Para lograrlo reclamamos la eliminación de las patentes y la incautación de las millones de dosis para vacunas, que mensualmente se producen en el laboratorio MaBxience de Garín y que se van a EEUU, mientras la vacunación no llega al 2% de nuestra población. Avanzando en un plan de nacionalización de los laboratorios para garantizar la producción pública masiva. Por eso impulsamos toda acción y pronunciamiento en este sentido.

Como parte de nuestro pliego de reclamos seguimos planteando:

•    Aumento salarial, de planes sociales y jubilaciones. Salario mínimo de $60.000. Ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza. Inmediata reapertura de las paritarias para recuperar las pérdidas por inflación. Por un salario inicial igual a la canasta familiar y cláusulas de ajuste automática mensual. Reparto de las horas de trabajo sin descuento salarial
•    Prohibición de despidos y suspensiones. Estatización de toda empresa que cierre o despida y su continuidad bajo control de los y las trabajadores.
•    Defensa de los convenios colectivos. No a las tercerizaciones absorción de todas las tercerizaciones bajo el convenio más beneficioso.
•    Por tierra, vivienda y trabajo digno, unidad de las filas obreras.
•    Eliminación de las patentes e incautación de todas las vacunas del laboratorio de MaBxience. Declaración de utilidad pública a los laboratorios para producción de las vacunas.
•    No pago de la deuda externa. Fuerte impuestos a las multinacionales y las grandes empresas.

Para impulsar estos reclamos, es que este martes 27 de abril a las 11 horas realizaremos un acto del PSC y los sectores en lucha que se quieran integrar, frente al Ministerio de Trabajo en CABA, al reunirse el Consejo del Salario, donde gobierno, empresarios y burocracia sindical, quieren ratificar la miseria del salario mínimo.

Y a las 13 horas participaremos en un acto unitario junto a los movimientos sociales organizados en Unidad Piquetera.

Para organizar la acción frente al ministerio, convocamos a los sectores en lucha que quieran participar, a una reunión con la Mesa del PSC el día lunes 26, a las 16hs

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo llamamos a todos los sectores en lucha, dirigentes anti burocráticos, movimientos sociales independientes, las fábricas recuperadas y la izquierda, a confluir en esta actividad.


Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo

El crecimiento de contagios producto de la segunda ola del coronavirus está provocando un auténtico colapso sanitario. Cada vez son más las personas con síntomas que no logran ser atendidas, ante el desborde de los servicios sanitarios. Las unidades de terapia intensiva están al límite. Mientras se dan estas situaciones dramáticas, la discusión de la presencialidad en las escuelas del AMBA desbordó totalmente la manipulación electoral con que pretendieron manejarlo tanto el presidente Alberto  Fernández como el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta. La no presencialidad fue impuesta por la bronca creciente de los docentes, que se reflejó, entre otras cosas, en los paros de la semana pasada. Y cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó la vuelta a la presencialidad se provocó una auténtica rebelión, con paros masivos y asambleas de 1.000 docentes, como la que se dio en Ademys. La suspensión de clases presenciales en provincia de Buenos Aires y la pelea abierta en CABA les dio la razón a las y los trabajadores de la educación que venían explicando que era una locura empujar a millones de alumnos, docentes y padres a estar en las aulas a cualquier costo, en medio del crecimiento de los contagios y cuando las escuelas no estaban preparadas.

Pero mientras Alberto Fernández y Larreta siguen haciendo declaraciones, jugarretas jurídicas y pedidos de intervención de la Corte Suprema, a la vez que miran como todo eso les “mide” en términos de encuestas preelectorales, la realidad se impone incluso fuera del AMBA. Las y los trabajadores de la salud de Neuquén están llevando adelante una fuerte lucha con gran apoyo popular, con movilizaciones en toda la provincia y cortes de ruta en la estratégica zona de Vaca Muerta, rechazando el 15% de aumento que se les quiere imponer después de más de un año sin reajustes. Se trata de trabajadoras y trabajadores de la salud en plena pandemia, dejados solos por la burocracia de la CGT, que no toma ninguna medida de lucha para romper su aislamiento. Una vez más, sólo el sindicalismo combativo y la izquierda se hicieron presentes, llevando su solidaridad y apoyo incondicional.

Ante la evidencia de la segunda ola del Covid-19, Alberto Fernández anunció improvisadamente la semana pasada una serie de medidas totalmente insuficientes y parciales. Lo hace cuando gran parte del sistema de salud ya se encuentra colapsado. Hay que señalar la responsabilidad del gobierno en todo lo que está sucediendo. Hasta hace menos de una semana, el gobierno le venía echando la culpa a la gente que “no se cuidaba”. Cuando desde hace un año tanto el gobierno como la oposición de Juntos por el Cambio habilitaron que se trabaje en prácticamente todas las actividades, provocando las aglomeraciones que vemos todos los días en trenes y colectivos. No es cierto que las patronales cumplan con los protocolos y en las fábricas “nadie se contagia”, cómo afirmó increíblemente el propio presidente Fernández. En Toyota y Volkswagen, por citar dos ejemplos, hubo que cerrar turnos completos por la cantidad de casos positivos.

Alberto Fernández llegó a decir también que hay un “relajamiento del sistema de salud” y la ministra Vizzotti acusó de “irresponsables” a las y los trabajadores del sector. Ante el repudio generalizado a estas declaraciones, quisieron arreglarlo anunciando el otorgamiento de un bono miserable de 6.500 pesos, cuando hay todavía quienes tienen pendiente de cobro el pago anterior otorgado el año pasado.

Los anuncios de medidas para paliar las consecuencias sociales de la pandemia también son claramente insuficientes. Se insiste en que no hace falta reponer el IFE, pretendiendo reemplazarlo por un pago de 15.000 pesos por única vez para la AUH, que representan apenas 100 millones de dólares, ¡cuando pagó de deuda externa 60 veces más desde que asumió! Tampoco hay anuncios para asistir a los talleres, kioscos y pequeños comercios. El gobierno sigue empujando a que millones tengan que salir a buscarse el sustento sin tomar medidas para que se pueda, por lo menos, aminorar la circulación por las calles.

Lo venimos diciendo desde hace meses: hacen falta, ya con carácter más que de urgencia, tomar medidas de fondo. Hay que poner toda la plata que haga falta para fortalecer la infraestructura sanitaria, incorporando más trabajadoras y trabajadores de la salud, pagándole salarios que les permita alcanzar la canasta familiar.

Al mismo tiempo, se tienen que tomar todas las medidas sociales frente a la pandemia social, con el 42% de la población en la pobreza. Es necesario un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, hoy una vez más pulverizados por el aumento de la inflación. Ningún trabajador activo debe ganar menos que el valor de la canasta familiar, ya en 85.590 pesos según los cálculos de la Junta Interna de ATE-Indec y ningún jubilado menos de 64.039, el valor de la canasta de la Tercera Edad. A esto tenemos que sumarle que todo aquel que lo necesite, por haber perdido sus fuentes de ingresos, debe poder acceder a un IFE o salario social de 59.000 pesos. En el marco de esta pelea, el próximo 27, día en que se reúne el Consejo del Salario Mínimo, el Plenario Sindical Combativo realizará una jornada para exigir su aumento y denunciar la traición de la burocracia sindical y su pacto con el gobierno.

Tomar estas medidas elementales requiere de un dinero que existe. Hay que suspender los pagos de la deuda externa y romper el acuerdo con el FMI. E imponer reales impuestos especiales a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas. ¡Ahí está la plata que se necesita ante la emergencia!

Por supuesto, la solución de fondo requiere también vacunar ya masivamente a todas y todos, empezando por los trabajadores esenciales y las personas de riesgo. Para hacerlo, una medida elemental es que las 24 millones de dosis de vacunas por mes que se están produciendo en Garín queden y se utilicen en nuestro país. Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad hemos presentado un proyecto de ley exigiendo la incautación de las mismas y la intervención de la empresa, juntando miles de firmas que entregaremos el próximo jueves movilizándonos al ministerio de Salud junto con personalidades y dirigentes políticos y sindicales.

La segunda ola del coronavirus ha llegado a nuestro país. Es el momento de las grandes definiciones. Este programa de emergencia  que estamos planteando desde la izquierda es más necesario que nunca. Luchemos para imponerlo.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El país sigue, como una telenovela o un programa de chimentos, las chicanas entre Fernández y el peronismo contra Larreta y Juntos por el Cambio por “la presencialidad” en las escuelas porteñas. Pero a ninguno le interesa la educación pública.
Esta pelea desnuda la mentira de la “independencia de poderes” entre el judicial y el ejecutivo, porque cada sector busca a “su juez” para que le dé la razón. Un día “la Justicia” dicta la presencialidad, otro la virtualidad y a la hora da marcha atrás. En el medio están las familias trabajadoras que no saben qué pasará en las escuelas públicas al día siguiente. Mientras que los dueños de las grandes escuelas privadas y las familias que llevan a sus hijos allí no dudan en salir a las calles para que no haya clases virtuales.

Afortunadamente, la amplia mayoría de la docencia porteña está en lucha por el cuidado de la salud y la vida y los paros de Ademys y UTE son masivos. Es que el gobierno de Fernández tuvo que reconocer que teníamos razón cuando denunciamos que la principal causa de la explosión del Covid-19 era el regreso a las clases presenciales, poniendo en movimiento al encuentro con el virus a millones de personas (ver nota en El Socialista N° 496 https://bit.ly/3abkalv). El mismo presidente y sus ministros, que hace una semana nos atacaban, ahora repiten nuestros argumentos. Es que el colapso sanitario en el AMBA parece incontenible porque no se tomaron las medidas necesarias.

Larreta y Juntos por el Cambio se pusieron la camiseta de “defensores de la educación” y por eso reclaman la presencialidad. ¡Qué caraduras! Son los mismos que durante todo el gobierno de Macri y años de PRO en CABA atacaron a la educación pública, impusieron su privatización, dejaron a miles de alumnos en las calles, cerraron escuelas nocturnas y rurales y hace solo un mes achicaron el presupuesto educativo de CABA. ¡No tienen vergüenza! No les interesa la educación sino ganar votos de familias que no saben cómo hacer para sostener la virtualidad sin plata. Quieren que no se cierren escuelas para que nadie falte a trabajar y ningún empresario pierda plata, aunque se sigan llenando los hospitales de pacientes con Covid.

Por su parte, lo de Fernández y el peronismo también es una fachada política, totalmente insuficiente, que no está al servicio de la salud y la educación. Si la preocupación fuera la salud no se entiende por qué no avanza con la vacunación masiva y la virtualidad no se instala en casi todo el país. El índice de contagios supera los 150 cada 100.000, clasificación epidemiológica que el propio gobierno da como referencia. Al contrario, solo lo decreta en el AMBA, donde ya estamos colapsando, y no en Buenos Aires ni en las decenas de provincias que lo superan.

Pero tampoco les interesa la educación. No han repartido a todos los estudiantes y docentes computadoras o celulares para que puedan estudiar en virtualidad. Ni resuelven la falta de conectividad, dejando a miles sin educación. El gobierno de Kicillof dice que las escuelas estarán abiertas con wifi para que los chicos puedan ir a conectarse para estudiar. ¿En qué quedamos, van o no van? También pide que los negocios y comercios pongan wifi libre. ¿Por qué no decreta la gratuidad para estudiantes y docentes para la conectividad para las clases? Porque no quiere que las telefónicas pierdan plata.

Tampoco se nombran docentes para los cargos faltantes. Hay alumnos sin profesores y docentes sin trabajo. ¡Que los nombren ya! Y los salarios están por debajo de la línea de pobreza. ¿Dónde está el interés del gobierno en la educación? ¡Hace falta un inmediato aumento de salarios para que la docencia salga de la línea de pobreza!
Hay que salir a reclamar por la virtualidad en todo el país, con insumos y conectividad gratuita. Vacunación para todos, docentes y familias trabajadoras, para acabar con esta situación insoportable. Nombramientos de docentes y aumento salarial. Estas medidas son necesarias para defender la salud y la educación.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys

Desde Ademys hace tiempo que venimos reclamando la suspensión de las clases presenciales como una medida central para atacar el salto exponencial de la pandemia, fruto de la política criminal del gobierno de poner a millones de personas en la calle. Exigiendo además la vacunación masiva, computadoras y conectividad gratuita para estudiantes y docentes para garantizar las clases virtuales. En asamblea resolvimos llamar a un paro el 14 de abril en unidad con los Suteba Multicolores y autoconvocados del Gran Buenos Aires y movilizar en caravana al Ministerio de Educación de Trotta.
Pese a la tremenda campaña en contra de estos reclamos de Larreta-Acuña, Trotta, la burocracia Celeste de Baradel, del frente docente de Suteba, FEB y Udocba, la docencia del AMBA tomó con fuerza la medida. En CABA logramos que, después de muchos llamados públicos, UTE se sumara y el paro fue masivo. En Buenos Aires también se hizo sentir, incluso en los distritos dirigidos por la Celeste, y hasta obligó que Udocba pare, quebrando el frente interburocrático.

Este paro fue la gota que le rebasó el vaso a Fernández, que esa misma noche decidió pasar a clases virtuales en el AMBA media hora después de que sus ministros Trotta y Vizzotti dijeron que las escuelas “serán lo último que se cierre”. Es por eso que Trotta y Baradel están desaparecidos, porque no pueden dar la cara y asumir que fue la docencia quien impuso esta medida.

Pero Larreta y Acuña, junto con sus jueces amigos, la Iglesia y los dueños de las escuelas privadas, decidieron seguir jugando con la vida y la salud de los porteños, docentes, auxiliares, docentes y estudiantes avisando el domingo a medianoche que el lunes había que presentarse en las escuelas. Mostrando, además, un total desprecio hacia las familias trabajadoras.

Desde Ademys llamamos al paro junto con UTE, con una adhesión de 90 por ciento. Y el mismo lunes hicimos una asamblea de mil docentes, inédita, que muestra el estado de rebelión de la docencia contra Larreta y la enorme fuerza que está tomando Ademys. Allí votamos seguir con el paro 48 horas y movilizarnos el jueves al Ministerio de Salud exigiendo vacunación para todos, la eliminación de las patentes y que se incauten las vacunas de Garín. Larreta quiere quebrar el paro con descuentos para que el docente deba optar por pasar hambre o encontrarse con el virus. Una canallada más.  

El martes la adhesión siguió altísima. Entre Larreta y Fernández están en una guerra judicial y quieren que la docencia y las familias la miremos por TV. Los docentes ya le dimos clases a Larreta y Acuña de cómo se defienden la salud y la vida. El jueves es el examen para Vizzotti y Fernández, cómo conseguir vacunas. Y a Trotta tendremos que ir a buscarlo porque desapareció y no por no tener conectividad, como les ocurre a miles de estudiantes por su responsabilidad.