Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Hugo Sigman publicó el 16 de abril una carta pública bajo el título “Algunas aclaraciones sobre la vacuna”. Sigman es el empresario fundador del Grupo Insud, propietario del laboratorio mAbxience instalado en la localidad bonaerense de Garín, donde se producen 24 millones de dosis por mes de la vacuna Astrazeneca que se van a México y a Estados Unidos, sin que ninguna de ellas, hasta ahora, se haya destinado a Argentina y a Latinoamérica como se prometió. El gobierno había anunciado a finales del año pasado un contrato diciendo que entre febrero y marzo de este año llegarían 22 millones de esas vacunas. Pero a pesar de que el propio gobierno compró esa cantidad y habiendo pagado ya el 60% por adelantado (60 millones de dólares), la vacuna no aparece.

Luego de meses de silencio, Sigman tuvo que salir a dar explicaciones. Esto solo se explica por el éxito de la campaña que iniciamos desde hace meses desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, junto a otras organizaciones sindicales, políticas y personalidades de la salud, como la Fesprosa, el epidemiólogo Carlos Ferreyra, el doctor Avila Vázquez, los periodistas Walter Goobar y Rolando Graña, entre otros, denunciando esta situación que tanto el gobierno como Sigman escondían y millones desconocían.

Sigman responde que existe una “intoxicación de noticias falsas”. Trata así de lavarse las manos del ya evidente escándalo público de que no tengamos esos millones de vacunas que se producen en su laboratorio. Pero las noticias falsas son las que dice Sigman. Desmenucemos su carta.
Sigman dice que “El equipo científico y técnico de mAbxience que se encarga de producir el principio activo de la vacuna de AstraZeneca trabaja contrarreloj desde noviembre del 2020” y que puso “toda su capacidad de producción del año 2021 y parte del año 2022”. Está reconociendo que su laboratorio hace la vacuna y que produce millones de dosis desde noviembre del año pasado. Pero esas dosis no llegaron aún al país.

La explicación “técnica” de la “demora” que da Sigman, ya la conocemos: que en México el laboratorio Liomont, del magnate Carlos Slim, tuvo problemas para envasar las dosis. Faltaron “los equipos e insumos específicos”, es decir, faltaron frasquitos y otros elementos. Una respuesta insólita que muestra la irracionalidad del negocio capitalista. Pero ante el reclamo de que se paren los envíos de millones de dosis de Garín y se envasen de emergencia en el país, Sigman responde que eso es imposible. “Prohibir la exportación del principio activo, como reclaman algunos, implicaría poner en cuestión un proyecto que tiene como objetivo garantizar que América Latina acceda a la vacuna de manera equitativa y económica”, dice. Pero el proyecto está cuestionado desde su origen. Si las dosis se mandaron a México para fraccionar y envasar allá y las tenían que reenviar a Argentina, ¿qué pasó? El proyecto fue claramente para fomentar las ganancias de su Grupo.

Sigman agrega: “Hasta donde tengo conocimiento ninguna planta activa hoy en Argentina puede realizar esta tarea de manera inmediata”. Lo cual es una mentira. Hay muchos especialistas que dicen lo contrario. Hay decenas de laboratorios e institutos que lo podrían hacer acá, como el Hemoderivados de Córdoba o el Tomás Perón de La Plata, entre otros. Y en todo caso, si hiciera falta, se podría poner a producir al cien por ciento la industria del vidrio que hay en el país.

Sigman dice que acá no se podría envasar, pero el problema es que en México con el negocio que hizo con Slim y AstraZeneca, no la han envasado. Esto se llama “incumplimiento de contrato”. Y no se trata de un contrato para producir caramelos o alfajores, sino vacunas para combatir una pandemia que lleva millones de contagiados y muertos en Argentina y el mundo. Por eso, ante la emergencia sanitaria y ese incumplimiento, lo que corresponde es incautar los millones de dosis que se producen en Garin y planificar un envasamiento masivo en el país con los laboratorios mencionados, empresas del vidrio y los recursos que hagan falta, junto a nuestros profesionales y científicos. En Argentina se envasan vacunas todos los días y hay personal especializado al respecto.

Sigman dice que la vacuna no se puede terminar acá, pero al mismo tiempo se pisa al reconocer que mAbxience se dedicaba a otra cosa, “pero cuando nos solicitaron reconvertirla para producir el principio activo de la vacuna contra el Covid-19 lo hicimos con entusiasmo”. Es decir, se reconvirtió para producir la vacuna contra la pandemia, mecanismo que podría usar cualquier laboratorio si hubiera una decisión política del gobierno para ello. Ahora ya se anunció que un laboratorio privado empieza a envasar la vacuna rusa Sputnik V, por ejemplo.

A su vez, Sigman se quiere salvar diciendo “mAbxience no es la propietaria de la vacuna, ni la encargada de venderla, cobrarla, ni de firmar los contratos con los gobiernos o establecer las fechas de entrega”. Sigman debería aclarar entonces quien firmó el contrato con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Sigman acaso no es parte del negocio? ¿Tampoco cobra nada? No suena creíble que trabaje gratis. Su fortuna personal de 2.000 millones de dólares fue difundida en estos días por la revista Forbes, lo desmiente. Sigman trabaja para AstraZeneca. Es con ella y el magnate mexicano Slim con quienes hizo el negocio. Con ellos y el gobierno peronista del Frente de Todos cubren el secretismo del contrato.

Sigman miente cuando en su carta dice que no se puede terminar la vacuna en el país. Defiende de esta manera a su socia, la multinacional inglesa AstraZeneca, y su negocio capitalista, de negar la liberación de la patente de su vacuna. Niega que la vacuna sea un bien público de la humanidad, igual que lo hacen Pfizer, Moderna y demás multinacionales farmacéuticas que marginan de la vacuna a la mayor parte de los pueblos del mundo.

En resumen, la carta de Hugo Sigman no hace más que confirmar lo que venimos proponiendo desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad  junto a médicos y distintas organizaciones, que ese laboratorio debe ser declarado de utilidad pública. Y que se debe proceder a frenar la exportación de las vacunas, envasarlas acá y que el gobierno inicie un inmediato plan de emergencia de producción nacional de millones de ellas para vacunar a todas y a todos en Argentina y en Latinoamérica.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

La insólita afirmación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de que el “sistema de salud también se ha relajado” ha concitado un amplio repudio entre los trabajadores de la salud, sus organizaciones científicas y gremiales y numerosas personalidades, entre las que se destaca el doctor Pedro Cahn, infectólogo asesor del presidente desde el primer día de la pandemia.

El gobierno dice que la gente no se cuida

La afirmación presidencial, maliciosamente, intenta asignar responsabilidad a los trabajadores de la salud en el brutal ascenso de los contagios en las últimas semanas. Estas posturas están en sintonía con numerosas referencias que se publicitan en los medios en el sentido de que las reuniones sociales y en los domicilios ofrecen mayores posibilidades de contagio que los lugares de trabajo, el transporte y las escuelas. En estos últimos días hemos escuchado al ministro de Educación de la Nación decir que la presencialidad escolar no genera circulación viral y al ministro de Trabajo afirmar que las empresas son seguras. Esta campaña busca crear la falsa idea de que “la culpa es de la gente que no se cuida” para eludir la responsabilidad del Estado y los gobernantes de turno. Otra manera de plantear la misma conclusión es decir que “el sistema de salud está al límite”, que no da más, como si fuera una catástrofe natural y el gobierno no tuviera nada que ver con las décadas de descuido que llegan hasta la misma actualidad. Por ejemplo, eso sostiene una declaración producida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires firmada por funcionarios de salud, las cámaras patronales del ramo y los sindicatos ATE, UPCN y Fatsa, con la honrosa excepción de Cicop. Para el gobierno, la solución está en que los trabajadores y las trabajadoras se cuiden individualmente porque el Estado no puede hacerlo, llegó al límite.

Es el gobierno el que no cuida al pueblo

El brusco aumento de los contagios en el último mes y medio no ha merecido una respuesta adecuada del gobierno. Por el contrario, se han sucedido los desaciertos tanto desde el oficialismo del Frente de Todos como por parte de la oposición de Juntos por el Cambio. El ejemplo paradigmático ha sido la presencialidad escolar. El peronismo y sus aliados, así como también la oposición patronal, impulsaron y mantuvieron a rajatabla la presencialidad escolar a pesar de que todos los indicadores epidemiológicos desaconsejan mandar los chicos a la escuela. Solo cuando la curva de contagios alcanzó niveles de catástrofe el peronismo se avino a suspender por dos semanas las clases presenciales.

Se insiste con medidas de aislamiento insuficientes, a ciegas. Los testeos son necesarios para determinar cuáles sectores deben aislarse y cuáles no. La Argentina sigue sin hacer los testeos necesarios, estamos en el puesto 109 en el ranking mundial de los testeos. Una vez determinada la población a aislar, el gobierno nacional y los de las distintas provincias deben disponer la contención social necesaria para garantizar todos los aspectos de un aislamiento eficaz que les permita quedarse en la casa a los trabajadores, empleados, pequeños comerciantes y cuentapropistas que deban hacerlo.

Estamos presenciando casos de enfermos de Covid-19 que mueren porque no alcanzan los respiradores o esperando una cama en terapia intensiva. Si el sistema de salud está al límite, hay que ampliarlo con recursos edilicios, tecnológicos y humanos. Tampoco se puede fortalecer el sistema de salud con sueldos que no llegan al nivel de la canasta familiar; con trabajadoras y trabajadores precarizados y, al mismo tiempo, negando las licencias necesarias a quienes están riesgo. No puede ser que los trabajadores de la salud lleven adelante una doble lucha contra la pandemia, por un lado, y por mejorar sus condiciones de trabajo, por el otro. Así sucede en casi todo el país y como ahora lo hacen en Neuquén, donde se movilizan con el apoyo de otros trabajadores y la población. También el gobierno debe garantizar que haya vacunas para todos.
Es necesario centralizar todos los recursos en manos del Estado para fortalecer el sistema de salud y volcarlo a la lucha contra la pandemia.

Para atender todos estos reclamos, la solución es una y clara: dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI e imponer un auténtico impuesto a las grandes riquezas y fortunas. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

El canciller Felipe Solá expresó en su cuenta de Twitter: “Pedimos oficialmente que nos envíen vacunas que están stockeadas en su país”. El tuit, que fue compartido por el propio Alberto Fernández, fue emitido al final de la reunión que Solá mantuvo con Juan González, principal asesor de Joe Biden para el Hemisferio Occidental (Perfil, 13/4/2021). La reserva estadounidense de la vacuna elaborada por AstraZeneca asciende a más de 20 millones de dosis, según personas familiarizadas con el tema (Perfil, 8/4/2021). Espera la autorización de la FDA (la ANMAT norteamericana) para ser utilizada en la campaña de vacunación nacional del presidente Joe Biden. El gobierno peronista, en lugar de ponerse a fabricar la vacuna a gran escala en nuestro país, prefiere pedir a los Estados Unidos lo que, en realidad, se puede hacer aquí.

La respuesta del país del Norte no se hizo esperar. Nos enteramos hace unos días por el propio Boletín Oficial. La Argentina le comprará a los Estados Unidos diez aviones Beechcraft Hurón con destino a la Fuerza Aérea (La Nación, 19/4/2021) por un monto superior a los 16 millones de dólares. El gobierno de Alberto Fernández se apresuró a concretar la adquisición apenas unos días después de la visita del enviado del presidente norteamericano. De las vacunas, ni una palabra. Esa plata, que equivale a cuatro millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, podría haber sido aplicada también a aliviar los múltiples problemas que pesan sobre el agotado sistema de salud. Evidentemente, las prioridades del gobierno no apuntan a satisfacer las necesidades populares.                           

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

La ministra de Salud, Carla Vizzotti declaró a los medios que “el lugar en el que se están generando contagios es en el ámbito social” y “no en fábricas o en aulas…  donde las actividades se rigen con protocolos… Es en los momentos de descanso, cuando bajan los cuidados” (El Economista, 01/04/2021). El ministro de Transporte, Mario Meoni, ante el tremendo hacinamiento en los trenes y colectivos dio como gran solución fijar las ventanillas para que queden abiertas y sin inmutarse agregó: “Eso es bastante sencillo, lo estamos empezando a hacer” (El Intransigente, 14/4/2021). Completando el cuadro, Carolina Castro, ejecutiva de la centenaria entidad patronal Unión Industrial Argentina (UIA) declaró a CNN Radio el 6/4/2021: “Tenemos protocolos en todas las industrias y hemos verificado que dentro de las fábricas no está habiendo contagios…Los protocolos funcionan”.

La realidad es bien diferente. En las empresas hay contagios y, además, los protocolos no se cumplen. Trabajadores contratados de seguridad del ferrocarril Roca denuncian que no cuentan con baño para lavarse las manos, ni con servicio médico; reciben un barbijo cada seis meses y no pueden usar los propios. En Toyota y Volkswagen se han registrado decenas de infectados en las últimas semanas. Por otra parte, no cede la saturación de los medios de transporte. Como dice un compañero ferroviario “cada vagón del Sarmiento en hora pico equivale a una fiesta clandestina”. Con solo multiplicar el número de vagones por formación por el número de trenes de todas las líneas se podrá tener una idea del disparate que significa culpar a las reuniones sociales de la circulación explosiva del virus.                   

Importante intercambio del diputado Juan Carlos Giordano y Liliana Olivero, diputada provincial (m.c.) de Córdoba con Carolina Heidenhain y Josefina Martorell (directoras de Comunicación y general, respectivamente, de Médicos sin Fronteras) en pos de fortalecer la campaña por liberar las patentes de las vacunas Covid-19.