La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decretado la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuestionados en su momento por el Grupo Clarín.

Conocemos perfectamente el carácter antiobrero del Grupo Clarín.

Conocemos como “cubre” la luchas obreras, y como persigue la organización sindical de sus propios trabajadores. Pero también sabemos que la ley de medios no traerá la tan citada “pluralidad de voces”. Con el argumento de que se estaba reemplazando una ley de la dictadura, el gobierno busca crear un monopolio oficialista de medios al servicio de su propio proyecto. Desde su sanción en 2009 (y recordemos que todos sus artículos, salvo los dos cuestionados por Clarín, están vigentes), las luchas obreras y populares y de la izquierda estuvieron “fuera de pantalla”, tanto en los multimedios opositores como en los oficialistas. ¿O acaso algún dirigente del Frente de Izquierda fue invitado a 6-7-8? O alguna lucha obrera fue cubierta por Canal 7, Radio Nacional, Telam o sus repetidoras. Más aún, el gobierno ha aprovechado estos años para construir una red de medios con sus empresarios afines, de la calaña de Cristóbal López, Spolsky, Lázaro Báez, o las propias telefónicas. Mientras tanto, a las emisoras alternativas, populares y comunitarias que no están alineadas con el oficialismo, se les niega hasta el mínimo espacio que la propia ley establecía para “organizaciones sin fines de lucro”.

Los socialistas estamos por otra Ley de Medios, donde se reparta democráticamente el papel, el aire, los anchos de banda, y los recursos técnicos para que todas las expresiones obreras y populares, y en especial la izquierda, puedan dar a conocer sus posiciones. Esto está íntimamente unido a la reestatización de las telefónicas, para que a partir de allí se garantice acceso a cable, teléfono e internet a toda la población, con un Triple Play a precio popular.