El jueves 13 de febrero se realizó un nuevo abrazo al Indec, organizado por sus trabajadores denunciando las estadísticas truchas. Pero esta vez era distinto: se cumplían siete años de la intervención. En el acto, que fue acompañado por numerosas personalidades y organizaciones solidarias con la lucha, nuestra compañera Marcela Almeida, miembro de la Junta Interna de ATE-INDEC, afirmó “el salario mínimo de cada trabajador tiene que ser con un piso de 9.113 pesos. Nosotros aportamos el número, pero sabemos que ese aumento lo tenemos que defender en la calle. Necesitamos un plan de lucha, un paro general, unificarnos por ningún trabajador con menos de 9.100 pesos.”

Un rato más tarde, el ministro de Economía Axel Kicillof dio a conocer el “nuevo” Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPC-NU). Al hacerlo, “reconoció” la mayor suba mensual de precios de los últimos 12 años: 3,7%.

Inmediatamente comenzó el debate y las interpretaciones: el gobierno, por primera vez, había reconocido la existencia de inflación. ¿Por qué lo hizo? Una primera y obvia lectura es que, tras la devaluación de enero y la feroz suba de precios que la siguió, no había forma de esconderla. El “discurso” de que no existía, o hablar de un “reacomodamiento de precios”, ya no se sostenía por ningún lado. Claro que ese reconocimiento fue sólo en parte: todas las mediciones dicen que la inflación de enero fue, como mínimo, del 4,5%. Y cualquiera que va al supermercado o a la farmacia encuentra que la inmensa mayoría de los artículos de consumo crecieron en un 20, 30, 40 o 50%. A la vez, el gobierno sigue “escondiendo” la pobreza: las canastas total y básica, que marcan los límites bajo los cuales se cae en la pobreza o en la indigencia, respectivamente, no fueron informadas.

Pero la “aparición” del nuevo índice tiene otra razón, sin duda la fundamental: venía siendo una exigencia del Fondo Monetario Internacional imprescindible para “normalizar las relaciones”. Kicillof viene, desde su asunción en noviembre, lanzado a conseguir nuevos préstamos (léase reendeudar a la Argentina), para tratar de salvar la meteórica caída de reservas del Banco Central. Por eso empezó a pagar deudas por los juicios perdidos en el Ciadi (Tribunal del Banco Mundial), viajó a “acelerar” la renegociación de la deuda con el Club de París y se apresta a pagarle a los buitres que quedaron fuera de los canjes de deuda de 2005 y 2010. En todos los casos se chocó con una exigencia: que primero haya un aval del FMI. Y el FMI exigía “el nuevo índice”, entre otras cosas para beneficiar a los acreedores internacionales con bonos que se ajustan por CER (tasa de inflación).

Fueron las dos postales de un mismo día: de un lado, los trabajadores del Indec denunciando que la canasta básica superó los 9.000 pesos y exigiendo que se reincorpore a todo el personal desplazado por la patota; del otro, Kicillof, Ana Maria Eldwin y Norberto Itzcovich (los responsables de la intervención, el vaciamiento del Indec y los índices truchos) cumpliendo como cortesanos las órdenes del FMI.

J.C.