Escribe: Sebastián Sancevich (abogado) • Rosario, Izquierda Socialista-FIT

El kirchnerismo viene afirmando que con su modelo económico “sostiene la mesa de los argentinos”, asegurando el “trabajo y la inclusión”, en especial, luego de la devaluación brutal de enero. Y afirma que gracias a él los trabajadores argentinos están lejos de vivir las calamidades que sufren en Europa. La realidad dista mucho de este relato.

Durante el verano se vienen produciendo despidos y suspensiones en diferentes fábricas del país, al calor de la agudización de la crisis económica y de la estampida inflacionaria. Un sector afectado especialmente fueron los trabajadores de las automotrices, que después de tener ganancias siderales durante los últimos años, están recortando horas extras, suspendiendo personal con reducción salarial e incluso despidiendo, al profundizarse la crisis brasilera. Así está ocurriendo en Renault y Fiat en Córdoba. De igual manera empieza a suceder en fábricas de autopartes o insumos para la industria automotriz, como FATE de San Fernando, y Kromberg & Schubert, donde se despidieron a más de 50 trabajadores argumentando “baja de la producción”, aunque el objetivo perseguido por la patronal era descabezar la creciente organización sindical en la planta de Pilar.

Otro sector industrial donde las patronales están generando suspensiones y amenazas de despidos es el de los frigoríficos. La multinacional brasilera Marfrig Group, que compró años atrás Estancias del Sur en Córdoba y el frigorífico de la localidad santafesina de Hughes -entre otros-, aprovechó las vacaciones para suspender a todo su personal, con una brutal reducción salarial, mientras pide fondos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales. Se trata de una multinacional con larga tradición de vaciar empresas y cerrar establecimientos, que nuevamente aprovecha la crisis actual para conseguir alguna prebenda, mientras los trabajadores sufren las consecuencias. Igual suerte estaría por correr el frigorífico Sugarosa de Villa Gobernador Gálvez.

Ante esta situación el gobierno se apresta a salvar a las patronales pagando parte de los sueldos con fondos estatales para “evitar que despidan” con los famosos fondos Repro. ¡Que la crisis la paguen los empresarios, no el estado con fondos públicos! Los trabajadores debemos poner un freno a esta situación, porque una vez más las patronales descargan la crisis sobre nosotros, mientras amasaron fortunas meses atrás, amparados en salarios miserables, tercerizaciones y trabajo precario. Debemos organizarnos para enfrentar estos ataques e imponer con nuestra lucha la sanción de una ley que prohíba los despidos y las suspensiones, y estatice bajo control de los trabajadores a toda empresa que lo haga. Liliana Olivero, como legisladora de Córdoba, fue la primera en presentar un proyecto en este sentido cuando arreciaba la crisis de 2009. Antecedente que los diputados del FIT en el Congreso Nacional deben tomar para presentar una iniciativa similar.