El pasado 27 de febrero, en medio de la jornada por los presos de Las Heras, los diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de ley que dispone un aumento de salario, el 82% móvil para los jubilados y evitar el flagelo de la desocupación que ya afecta a miles de trabajadores con la prohibición de los despidos por ley. Ver texto completo del proyecto.

El proyecto de ley, como lo dije en la conferencia de prensa junto a Néstor Pitrola, Nicolás del Caño y Pablo López (la bancada nacional que tenemos desde el FIT en el Congreso Nacional) apunta a dos objetivos. Uno, hacer realidad el compromiso que asumimos en la campaña electoral. Es decir, llevar la voz y las necesidades acuciantes de los trabajadores al Congreso.

Dos, enfrentar al gobierno justo en este momento, cuando está dispuesto a imponer salarios a la baja, planteando claramente nuestro proyecto, que es opuesto tanto a lo que quiere Cristina como la oposición de los Macri, Massa o Binner. 

Aumento de salario

El artículo primero dispone “un aumento de emergencia de $3.000 extensivo a todos los trabajadores de la actividad, tanto estatal como privada, o empresas autárquicas, sean efectivos o por cualquier modalidad de contratación registrada, no registrada o defectuosamente registrada”. Es decir, que abarca también a casi el 40% de los trabajadores que lo hacen en negro y a los jubilados. El segundo artículo establece un salario mínimo de $9.000 mensuales, $450 la jornada y $52.02 la hora, en todo el ámbito de la República Argentina el cual se ajustará automáticamente en forma mensual, valor al que alcanza la canasta familiar. La cual es mucho mayor en la Patagonia, donde todo es mucho más caro. Disposición que fiscalizarán los cuerpos de delegados y comisiones internas. A su vez, el proyecto dispone “como jubilación mínima el 82% del salario mínimo fijado en esta ley, con sus actualizaciones”. 

Prohibir los despidos

La segunda parte del proyecto dispone “la declaración de emergencia laboral”, prohibiéndose los despidos para todos los trabajadores del país, cuyo incumplimiento por parte de las patronales implicará la nulidad absoluta de la medida, debiendo proceder a la reincorporación inmediata del trabajador despedido y/o suspendido, en su puesto y condición normal y habitual de trabajo. En caso de no acatar, el Ministerio de Trabajo dispondrá la inmediata reincorporación con el auxilio de la fuerza pública, y frente a cada día de demora en la reinstalación, se aplicará una sanción que no podrá ser inferior a un mes de salario por día que se negase a su reinstalación. Además, en el ámbito de las empresas que aleguen caída de ventas o producción, una “Comisión de Control Obrero” tendrá acceso a toda la información contable. Y si fuese necesario reducir las horas de trabajo, el empleador repartirá

equitativamente las mismas entre todos los trabajadores de la empresa, manteniendo el mismo salario. A su vez, se dispone que se procederá a la estatización, con una indemnización que no podrá ser superior a $1, de toda empresa que cierre.

Hay que imponerla con la movilización

En los fundamentos del proyecto se señala: “Con este proyecto queremos contribuir a un debate nacional en el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones, que establezca un programa y un plan de lucha por estas reivindicaciones urgentes, así como llevar ese debate y esa lucha al ámbito político del Congreso Nacional y de todas las legislaturas”. Como señalé en la conferencia de prensa, este proyecto es un aporte del FIT para luchar por él, empalmando con los reclamos obreros y populares, llamando a los trabajadores a imponerlo por la vía de la movilización.