El 26 de marzo pasado se produjo una huelga general histórica en Paraguay. Unió a trabajadores urbanos y campesinos en una expresión de protesta contra el modelo económico y contra el régimen.

Escribe: Miguel Lamas

Las ocho centrales sindicales, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, barriales y fuerzas políticas, exigieron al gobierno de Horacio Cartes la derogación de la ley de Alianza Público-Privada (APP) y la ley de Defensa (ver más abajo), como también un reajuste salarial del 25%, control de precios de la canasta familiar, defensa del derecho a la organización y la libertad sindical, libertad a los 5 campesinos presos de Curuguaty (que están en huelga de hambre hace dos meses), y la aplicación de una reforma agraria. Pese a la declaración de ilegalidad y amenazas represivas, la huelga fue activa con grandes movilizaciones de obreros, estudiantes, campesinos y maestros en Asunción y decenas de piquetes en todo el país.

El gobierno de Horacio Cortés, del Partido Colorado, fue electo en elecciones generales fraudulentas en abril del año pasado. Estas elecciones fueron convocadas después del golpe parlamentario que destituyó al gobierno del ex obispo Fernando Lugo el 22 de junio de 2012. El pretexto para destituir a Lugo fue la masacre de Curuguaty, donde fueron asesinados diez campesinos y murieron siete policías que habían ido a reprimirlos, por órdenes del presidente Lugo. Pero, mostrando su carácter ultra reaccionario, el Parlamento no destituyó a Lugo por la masacre, sino por ser culpable de “alentar” ocupaciones de tierras. Esta acusación se basa en el doble discurso de Lugo, quien ganó las elecciones prometiendo reforma agraria, en un país donde el 85% de la tierra cultivable está en manos del 2% de terratenientes, entre ellos los “brasiguayos”, brasileños instalados en Paraguay dedicados a producir soja. Lugo fue el primer gobierno distinto al Partido Colorado, partido de oligarcas terratenientes y grandes comerciantes del contrabando, que gobierna el país hace más de seis décadas.

Tras su asunción el 15 de agosto del 2013, el gobierno de Cartes logró la rápida aprobación de un paquete de tres leyes que incluyen la privatización de los bienes públicos y la militarización del país. Cartés envió al Congreso y logró aprobar la modificación de la ley 1.337/99 permitiendo a las Fuerzas Armadas asumir tareas de seguridad interna con la sola autorización del Poder Ejecutivo. Con ello, mantiene militarizados los principales departamentos de la zona norte del país, principal foco de la resistencia campesina contra el avance del agronegocio que está desalojando a los campesinos e indígenas de tierras ancestrales.

Seguidamente, el gobierno hizo aprobar la ley de “responsabilidad y disciplina fiscal”, impulsando el ajuste de los gastos públicos, principalmente en la reducción de los de salud, educación y protección social. Por último, el 28 de octubre logró la aprobación de la Ley de promoción de la inversión en infraestructura pública (APP), que permite la asociación de las empresas públicas con las multinacionales, uno de los principales detonantes de la huelga. Esta ley apunta al dominio transnacional de la producción energética de Itaipú, la principal exportación paraguaya después de la soja.

Después de la huelga el gobierno tuvo que tragarse sus amenazas, formó una mesa de diálogo con las centrales sindicales y campesinas, y aceptó la condición de las centrales para iniciar el diálogo. Prometiendo que no habrá descuentos de salario, ni sanciones a los huelguistas. Sin embargo, es improbable que retroceda en sus medidas de fondo. Sólo la continuidad de la movilización puede imponer las demandas de los trabajadores y campesinos y derrotar al gobierno oligárquico del Partido Colorado.