Escribe: Juan Rivera 

A seis meses de la toma de Lugano, cuando la ocupación del predio por parte de los vecinos dejó de ser noticia, el gobierno porteño aprovechó para desalojarlos violentamente. Para hacerlo, contó con el apoyo de la Gendarmería de Berni, que responde al gobierno nacional.

El desalojo y las declaraciones xenófobas del jefe de la represión K “contra los extranjeros”, ha empujado a que muchos vecinos apunten su repudio contra los sectores más postergados.

El kirchnerismo denuncia la política privatista y represiva de Macri, pero son socios en el desalojo de las cientos de familias que, por su cuenta, han intentado darle una salida a un problema del cual ambos gobiernos son responsables: la crisis habitacional y la ausencia de un plan de viviendas populares.

En Capital, se estima que unas 240 mil personas viven en las 16 villas de emergencia que existen. Si se contabilizan otros asentamientos precarios, la gente que vive en las calles, conventillos, hoteles familiares o que ocupa un inmueble, las personas que carecen de una vivienda digna suman más de medio millón. Una situación que se replica en otros puntos del país como el conurbano bonaerense.

En 2005, durante la gestión de Aníbal Ibarra, se aprobó una ley que ordenaba la incorporación a un plan de urbanización del predio ahora desalojado. A casi diez años, la única respuesta que ofrecen los gobiernos es la represión.

El déficit habitacional es cada día más grave y no sólo afecta a la población de las villas. Mientras que en 2001 el 22,1 por ciento de los hogares alquilaban, hoy lo hace más del 30 por ciento, y comprar una casa requiere el doble de ahorro que hace diez años. Los trabajadores y la clase media empobrecidos se ven obligados a pagar alquileres cuyos precios, al ritmo de la especulación inmobiliaria, aumentan muy por encima de los salarios.

La contracara de la crisis habitacional es la especulación inmobiliaria, las torres de lujo y los precios exorbitantes, tendencia que se ha sostenido tanto durante el ibarrismo como durante el macrismo.

Repudiamos la represión y la política anti vivienda, tanto de Macri como de Cristina. Y llamamos a luchar por un verdadero plan habitacional que parta de la confiscación de toda vivienda o terreno ocioso y que destine la plata que el gobierno paga puntualmente a los usureros internacionales para la construcción de viviendas populares.