Escribe: Guillermo Sánchez Porta 

Esta semana se conocieron medidas contra la escuela pública. Son parte de una política nacional que avanza en muchas provincias. Una compañera de Tigre, Cecilia Maristany, fue sancionada por aplazar a un alumno. Se dio a conocer la prohibición de hacer repetir de grado a los alumnos de 1° y 2° y las complicaciones administrativas para evitar que se repita cualquier grado o se lleven materias a rendir (hay que presentar actas, carpetas y fundamentos para justificar que si un alumno no llega a los contenidos no es por responsabilidad del docente...). Se permite que los alumnos pasen de curso con más materias previas y se modifican las calificaciones comenzando por 4, eliminando el 1, 2 y 3, “para no estigmatizar” a los chicos. Se aprueba una ley donde a las “guarderías” particulares que tenían organizaciones territoriales/ barriales, políticas y ONG, se las reconoce como “jardín comunitario de 45 días a 2 años” y habilitan como “maestras jardineras” a militantes que allí trabajen, aunque no tengan título docente. Solo por nombrar las medidas más publicitadas. ¿Por qué pasa esto?

Desde la nueva ley kirchnerista presentada como “antineoliberal”, todas las mediciones nacionales e internacionales mostraron una profundización de la crisis de la educación pública. El kirchnerismo culpó a la década menemista. Ahora decidieron, como si fuera el Indec, ocultar y distorsionar los resultados. Que no haya más aplazos, no repitan alumnos de 1° y 2°, y si se puede, de ningún grado. Los chicos quedarán “incluidos” en las escuelas. Y aquellos cuya deserción no se pueda ocultar, pasarán a estudiar en proyectos “Fines” (cursos en casas, iglesias o unidades básicas, donde en poco tiempo “cumplen” su estudios secundarios con docentes tercerizados). Junto con “pobreza cero”, el país kirchnerista se declarará en “deserción cero”.

Este desastre se da porque Cristina se desentiende del sostenimiento presupuestario. Se mantiene el modelo menemista de que sean las provincias y no la nación las que financien salarios y la infraestructura escolar. Además, promueve la escuela privada, mientras desfinancia a la pública. Recortaron presupuesto en comedores e infraestructura, pagan una miseria salarial a los docentes (¡miles quedan sin cobrar!), no se nombran profesores, preceptores, auxiliares, pero aumentaron los subsidios a las privadas. ¡No sólo en Formosa las escuelas están en estado deplorable! Hasta otorgan “becas” a pibes para escuelas privadas, que no pueden ir a las públicas por falta de aulas o escuelas, o porque están rotas.

En esta situación, miles de familias optan por pagar, buscando que sus hijos tengan mejores condiciones de enseñanza y puedan salir del lugar que el gobierno le asigna a los pobres: una educación para pobres. El gobierno está destruyendo la escuela pública, empujando la exigencia del nivel de conocimiento para abajo, dejando que las escuelas se caigan a pedazos, reconociendo como docentes a quienes no estudiaron ni se formaron para ello y poniendo a las escuelas a competir como “oferta educativa” contra las privadas, cuando la educación es un derecho social.

Para salir de esta crisis hace falta una ley de emergencia educativa nacional, que obligue al gobierno de Cristina a poner plata ya, aunque sea los miles de millones de pesos que su propia ley le obliga y no está cumpliendo. Debía llegar al 6% del PBI y está en 4,8%. ¡Son $130.000 millones faltantes que debería invertir ya, para resolver salarios, infraestructura y nombramientos de docentes necesarios! Que se retiren los subsidios a las escuelas privadas. Se derogue la ley de educación kirchnerista y todas sus normativas. Y se empiece a elaborar con los docentes, estudiantes y trabajadores, una nueva ley que otorgue los fondos, contenidos y mecanismos necesarios para garantizar una educación estatal pública, gratuita, científica, de calidad. Que es necesaria y posible para todos los chicos del país.