Graciela Calderón (Sec. Adjunta Suteba Matanza)
Silvia Fernández (Sec. Gremial Suteba Tigre)

La reciente sanción de la Ley de jardines comunitarios en Provincia de Buenos Aires, abre el paso a la implementación en el resto del país de la ya existente gestión social de escuelas en San Luis, Tierra del Fuego y Centros de Primera Infancia en Ciudad de Buenos Aires; que habilitó la Ley Nº 26.206 y que completa el cuadro de privatización creciente de la educación en Argentina.

La ley de jardines comunitarios de la provincia de Buenos Aires habilita a que más de 1.500 jardines y/o espacios que atienden niños pequeños a la fecha, y todos los que se crearen de aquí en más, sean reconocidos como nueva modalidad del sistema educativo. O sea, no se incorporan al sistema público existente, sino que éste cambia, abriendo sus puertas a la gestión social.

Nadie puede discutir que el estado estuvo y está ausente de brindar escuelas a la primera infancia en provincia de Buenos Aires y en todo el país, cuestión que afecta, especialmente a las familias trabajadoras. Basta recordar que la Ley Nº 26.206 estableció la obligatoriedad del estado de brindar la educación a los niños de 4 y 5 años, y que, ocho años más tarde, todavía no se ha satisfecho este derecho. Mucho menos aún, para la niñez de 45 días a 3 años.

Una nueva ley debió haber sancionado la construcción de jardines en toda la provincia en base a un estudio de las necesidades, estableciendo el presupuesto correspondiente. A partir de definir esta perspectiva, pudo haber sancionado una medida de excepción, integrando los jardines de gestión social existentes al sistema educativo, a su reglamentación y direcciones pedagógicas, así como haber reconocido a sus trabajadores derechos laborales a su estabilidad dentro del mismo, como ha ocurrido con otros casos de escuelas o empresas estatizadas. Muy por el contrario, sin establecer una política de construcción de escuelas, se ha legitimado la precariedad educativa de estos espacios, y de sus propios trabajadores que seguirán dependiendo para su designación y permanencia del arbitrio de las organizaciones que las gestionan. Todo lo contrario de lo que reclamamos para que la educación sea pública: concursos públicos para la designación de docentes, reglamentación pública para la asignación de vacantes, entre otros.