Escribe Liliana Olivero

Ismael Sosa viajó junto a su novia para ver a La Renga en Villa Rumipal, Córdoba. Sin embargo, desapareció en la fila de ingreso y apareció sin vida a los dos días en el lago Embalse de Río Tercero. La muerte de Ismael ha despertado una enorme bronca en una parte muy grande de la población.

Indigna la cantidad de paralelismos que se pueden sentar con lo que les sucedió a las 194 víctimas de Cromañón, Walter Bulacio en 1991, Rubén Cabello en 2009 (entre otros). Muertos por ir a disfrutar de un show de rock. Estos no son los únicos casos con los que se emparenta esta muerte. La policía de Córdoba tiene una enorme lista de asesinatos en su haber: Güere Pellico, Jorge Reyna, Lautaro Torres, Exequiel Barraza, Miguel Ángel Torres (por nombrar algunos), todos ellos víctimas del gatillo fácil.

La familia de Ismael sostiene que la “narcopolicía” del gobernador De La Sota (PJ) fue quien lo mató. Testigos les contaron haberlo visto golpeado en la comisaría. El accionar mafioso de la fuerza incluye detenciones ilegales, negociados de la droga, la trata y la corrupción. Y tiene como “marco legal” una serie de leyes que le otorga impunidad: el Código de Faltas, Ley Antinarcóticos y de “lucha” contra la Trata.

De La Sota está en medio de una millonaria campaña (sostenida por el fisco provincial) en la que presenta la seguridad como uno de sus pilares de gobierno. Sin embargo, los sectores populares cordobeses no sólo sufren altísimos índices de inseguridad, sino también el abuso policial. Los jóvenes que quieren disfrutar de algún baile de cuarteto, recital o partido de fútbol deben soportar operativos policiales en los que son maltratados sistemáticamente. Desde Izquierda Socialista denunciamos que el caso de Ismael Sosa no puede ser tildado de “exceso”, es una política del gobierno provincial.

En su carrera presidencial De La Sota se horroriza con la muerte de Nisman y exige al gobierno nacional que se haga justicia. Pero en la provincia que gobierna su partido, el PJ, hace casi 16 años también aparecieron personas “suicidadas” que dejan muchas dudas: Juan Alós y Damaris Roldán, relacionados al narcoescándalo.

Los empresarios del espectáculo son también responsables. Hacen negocios con la diversión, reciben millonarios subsidios al año (vía exenciones impositivas) y son quienes solicitan estos operativos de seguridad que matan.

Para terminar con estas muertes y lograr justica para Ismael y todas las víctimas de la corrupción y el gatillo fácil es fundamental la movilización de jóvenes y trabajadores. El pasado lunes 2 se llevó a cabo una exitosa jornada con más de mil personas en Córdoba capital y otra desde el Obelisco hasta la Casa de la provincia de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de la madre y el hermano de Ismael, Nancy Sosa y Facundo Sosa, respectivamente. Ese es el camino a seguir.

Debemos exigir el desmantelamiento del aparato represivo, terminar con las redes de corrupción y negociados de policías, jueces, empresarios y funcionarios políticos. Hay que derogar el Código de Faltas y las leyes de la impunidad. ¡Ni un pibe menos!

“A mi hijo lo mató la policía”

Esto señaló Nancy Sosa, mamá de Ismael (foto) en la marcha de este lunes en el Obelisco. Y agregó: “No voy a descansar hasta que se haga justicia”. Desde nuestro partido saludamos la valentía de su mensaje, convocando a seguir movilizados por ese objetivo.